Horas contadas en INM
Y hablando de humanizar, nos hacen ver que el que pudiera tener las horas contadas en el cargo es el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien se ha mantenido de bajo perfil en esta oleada de migrantes hacia EU. Al funcionario ya le traen marca personal en el Congreso y tiene pendientes judiciales.
Mensaje en la ONU
La que dejó con el ojo cuadrado a más de uno en la ONU fue la Canciller Alicia Bárcena, quien de manera firme dijo que, ante el fenómeno de movilidad humana, México tiene claro que se debe trabajar con el objetivo de humanizar la migración, así como cambiar el paradigma de desarrollo que redistribuye el poder y la riqueza. El tono y la forma gustó mucho, nos dicen. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Salimos de una bronca con EU y estalla otra
Nos cuentan que en Palacio Nacional están muy contentos porque la extradición de Ovidio Guzmán les compró oxígeno para todo 2024 con Washington en el tema del combate al fentanilo pero, nos hacen ver, mientras festejan no se ve una respuesta integral del gobierno frente a la crisis que rápidamente se sale de control en el país y que es el segundo tema de fricción con Estados Unidos: el imparable flujo migratorio. Nos detallan que además de presionar la frontera norte, la situación tiene ya visos de crisis humanitaria en ciudades que van desde Tapachula hasta Ciudad Juárez, pasando por la Ciudad de México, con un campamento de personas en busca de refugio afuera de la Central Camionera del Norte. Mientras, el director de Migración, Francisco Garduño, anda muy ocupado queriendo zafarse de su proceso penal por el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)
La visa es una medida coercitiva al libre tránsito. Los estados coartan y dosifican los ingresos de extranjeros por medio del requisito de la visa. En ese sentido, los pasaportes que no requieren visa para entrar a muchos países, especialmente los del primer mundo, se distinguen como buenos pasaportes, por ejemplo, el de Japón y Singapur, que se consideran los mejores, ya que no se les impone visa en 193 países.
Un país como México, que requiere del turismo, tiene que adecuar su política de visas de acuerdo con sus intereses. Ciertamente, las restricciones no favorecen el turismo, pero no es posible abrir la puerta a todo el mundo. Porque, lo que realmente interesa, no es el número de turistas, sino cuánto gastan.
Y en ese rubro, México es deficitario, ocupa el sexto puesto en cuanto al número de visitantes que recibe –después de Francia, España, Estados Unidos, China e India– con 38 millones en 2022, pero ocupa el puesto 29 en cuanto al gasto promedio, estimado en sólo 620 dólares al día por persona.
Por otra parte, México tiene que tomar en cuenta su posición geopolítica, dado que muchos turistas llegan a México con la intención de pasar a Estados Unidos, nación que presiona para que limite el acceso de las personas provenientes de países centroamericanos y sudamericanos, con gran número de inmigrantes, entre otros. Pero tampoco se puede hacer una política de visas que afecte el turismo y los negocios.
Por eso México tiene una política pragmática que acepta a todo migrante que tenga una visa estadunidense. Paradójicamente los guatemaltecos, hondureños y otros que tienen visa de Estados Unidos pueden ingresar a México, los demás tienen que ir a solicitarla a los consulados. Guatemala ha puesto en práctica la misma medida con los ciudadanos de India, que pueden llegar sin visa si cuentan con la de Estados Unidos.
Por ejemplo, se presionó a México para imponer visa a los brasileños, debido a los crecientes flujos migratorios que llegan a Cancún para luego dirigirse a Monterrey y de ahí a Estados Unidos. Algo similar hacen los colombianos. Se dice que agentes de Estados Unidos operan en Cancún como filtro para migrantes sudamericanos que vienen al país como turistas playeros, pero después se enfilan hacia la frontera norte.
Trabajo sucio, sumisión, chantaje o como quieran llamarlo, las cosas han estado así durante los gobiernos panistas, priístas o de la 4T, da lo mismo. La política migratoria mexicana depende de la coacción de Estados Unidos. Pero tampoco es posible una política de apertura de fronteras, como pretendió hacerlo Ecuador y como lo hizo el gobierno de México los primeros seis meses de la administración de López Obrador, hasta que llegó el chantaje de Trump con los aranceles.
Se trata de un equilibro complicado, en nuestro caso la geopolítica no perdona. Guatemala puede dejar pasar a cientos de miles de migrantes y no le pasa nada, lo mismo Honduras o Nicaragua. Pero México es vecino de Estados Unidos y ese detalle no puede soslayarse.
Hace unas semanas Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y llegó a acuerdos con China, y entre las facilidades acordadas se estableció la del libre flujo de migrantes, sin necesidad de visa. En pocos meses vamos a presenciar un incremento de migrantes chinos en la frontera y el territorio nacional. Estados Unidos no puede apremiar a Nicaragua, pero sí a México. Veremos qué pasa.
Por otra parte, Nicaragua tampoco pide visa a los cubanos, lo que ha redundado en el creciente flujo de migrantes de ese país, que luego se dirigen a México para cruzar a Estados Unidos.
En este juego, un país llamado socialista le hace el juego a otro, de igual signo, que requiere de una válvula de escape para sus disidentes, que le crean problemas internos.
La visa es una medida restrictiva, pero también es un arma política, Nicaragua sabe que, si libera el requisito de visa para los cubanos y los chinos, éstos no se van a quedar, lo que sí puede afectar indirectamente a terceros, como sería el caso de México y Estados Unidos.
México aceptó a miles de ucranianos que llegaron a Cancún sin visa, pero Estados Unidos no levantó la voz. Las guerras generan migraciones y abrir o cerrar fronteras a los involucrados es parte esencial de la geopolítica.
No obstante, en la actualidad, este tipo de restricciones son una falacia, los centroamericanos entran a México sin visa y de manera irregular, como lo hacen los cubanos, haitianos o africanos. En el caso de los países vecinos, es fácil proceder a la deportación, pero es casi imposible en el caso de los otros, sea por razones políticas, legales, humanitarias, financieras.
Aquello que alguna vez dijo Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, de que iba a deportar extranjeros irregulares hasta Marte, quedó en verborrea. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 15)
Instantáneas:
Las imágenes son cotidianas, pero no dejan de ser surrealistas: hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y bebés montados en el techo del tren; cansados, sin asearse, hambrientos, con las manos heridas por estar sujetas a un cordón o mecate que evitará que caigan de “las bestias”.
En algún otro lugar de México —que podría ser Chiapas o Juchitán en Oaxaca, o Huehuetoca en el Estado de México, o Ciudad Juárez, Chihuahua, o Tijuana en Baja California— las estampas son las mismas: grupos de migrantes acampando en la estación de autobuses o afuera de un Oxxo o de un comercio con Western Union, en las banquetas o en deportivos habilitados como refugios.
Duermen en el suelo, sobre cartones; comen lo que se puede —Maruchan es lo más común—, pagan 10 pesos para cargar por una hora la batería de su celular; deambulan durante todo el día; piden limosna…
Los migrantes tienen dos caras: son víctimas y victimarios. Sobre ellos se cuentan mil historias. Son extorsionados, secuestrados, amenazados, abandonados y también son delincuentes, flojos y abusivos.
Algunos dependen de las limosnas de los mexicanos, pero otros reactivan la economía de los lugares a donde llegan. Los que reciben transferencias de dinero —en dólares, principalmente— pagan la comisión por el retiro, compran las sopas instantáneas y los refrescos en las tiendas de conveniencia, imprimen documentos y pagan las recargas en las tiendas locales y los “afortunados” pagan una noche en el hotel del pueblo, como en Juchitán, por ejemplo.
Los menos afortunados son asaltados por los conductores de moto-taxis o transportistas que ofrecen “avanzarlos” por la carretera, pero luego los despojan de sus pertenencias y abandonan en caminos desconocidos para los migrantes.
La tragedia de inseguridad o pobreza de sus países de origen, de la que huyen, los persigue en territorio mexicano. Y peor aún, llegar a Estados Unidos les implica pagar un costo enorme —no sólo en dólares para el pollero o para la extorsión del crimen organizado o del agente corrupto de la Guardia Nacional o de Migración—, la desintegración familiar. Se pierden hijos o hijas en el camino, se venden o regalan recién nacidos.
De eso, ninguna autoridad habla, ni siquiera hay un registro de datos de mujeres embarazadas que dan a luz en nuestro país. Nadie sabe qué pasa o dónde se quedan esos recién nacidos. Algunos son regalados o vendidos, porque la madre parió en la carretera o bajando del contenedor del tráiler o del techo del ferrocarril y está débil. Ella está sola —en la mayoría de los casos—, enferma, anémica, agotada por las condiciones del viaje, quizá con otro hijo y teme por su vida.
Están en el Istmo de Oaxaca y aún faltan meses para llegar a la frontera norte del país, no hay dinero y sí mucha incertidumbre. Esa mujer regala a su hijo porque sabe que ella no podrá alimentarlo ni mantenerlo a salvo. ¿Cuántos casos hay así?, ¿se corre el riesgo de que esta problemática se convierta en un mercado negro de recién nacidos o venta clandestina menores de edad? ¿Qué autoridad vigila e impide esto?
La migración es una crisis humanitaria y para esta administración no es tema, porque ellos no votan, no definen una elección, no se les puede comprar con programas sociales. Están de paso y quién sabe si lleguen con vida o íntegros a Estados Unidos.
La miopía que existe en las autoridades de gobierno no les permite ver que esta oleada de migrantes implica retos en materia de seguridad y derechos humanos. La omisión ayuda a que el crimen organizado se fortalezca operativa y económicamente con cada extorsión o rescate que cobra al migrante o su familia, con cada cuota que pide para “pasarlos” a Estados Unidos.
La ausencia del Estado de derecho se nota en cada imagen que se difunde de migrantes arriba de un tren o dentro de un contenedor o huyendo; se evidencia con los “narcobloqueos”; con las quemas de establecimientos; con las mantas y videos de ejecuciones; con los secuestros, con las desapariciones de personas y “cobros” de piso.
Aunque las imágenes se vuelvan cotidianas y ya no “sorprendan” o la miopía gubernamental las ignore, ahí está la realidad que avergüenza a México y deteriora la calidad de vida del ciudadano mexicano. (Fabiola Guarneros Saavedra, Excélsior, Nacional, p. 4)
Parece que fue ayer cuando Olga Sánchez Cordero, en su calidad de secretaria de Gobernación, declaró en diciembre de 2018 que el gobierno de la Cuarta Transformación había resuelto la crisis en materia de migración en los primeros cinco días de la presente administración.
Lo cierto es que el problema no ha hecho más que agravarse, al grado que hace unos días la empresa de ferrocarriles más importante del país –Ferromex– tuvo que parar operaciones en 60 trenes de carga por la presencia de más de 4 mil migrantes en los vagones y en las vías para llegar al norte del país. Esto, después de que se registraron casos de lesionados y fallecidos.
Para entender cómo llegamos a semejante situación basta recordar que fue el presidente López Obrador, cuando fue electo, quien abiertamente invitó a los migrantes a nuestro territorio y les aseguró trabajo y vivienda.
Incluso, en su paso por Gobernación, la ministro en retiro Sánchez Cordero afirmó que la presente administración tendría la capacidad para dar empleo hasta a un millón de migrantes provenientes del Triángulo Norte Centroamericano. Qué equivocada estaba, para no variar.
A finales de mayo de 2019, con el problema desbordado por su falta de atención, el gobierno tuvo que dar un golpe de timón en su política laxa al ser amenazado con aranceles por Donald Trump, y las fuerzas federales comenzaron a perseguir a los migrantes. Fue tan patético el episodio que incluso Trump declaró que “nunca había visto a alguien doblarse de esa manera”, al referirse al Presidente de México.
Pasó lo que se podía esperar. Violación de derechos humanos, organizaciones criminales dedicadas al negocio millonario de los migrantes y miles de ellos asesinados, alimentando las fosas clandestinas que están a lo largo del territorio nacional.
Por mencionar un ejemplo, hace unos días se confirmó que fueron policías estatales los que el 21 de enero de 2021, en la comunidad de Santa Anita, del municipio de Camargo en Tamaulipas, asesinaron y calcinaron a 17 migrantes.
Otro caso emblemático fue el ocurrido en la noche del 27 de marzo de 2023, cuando en un incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, a unos pasos de Estados Unidos, 40 migrantes perdieron la vida mientras las autoridades del Instituto Nacional de Migración olvidaban dónde estaba la llave del candado.
Como era de esperarse, Epigmenio Ibarra no pidió un pase de lista para los migrantes. Tampoco fue removido de su puesto Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración y amigo del presidente López Obrador.
Y la desgracia ocurre todos los días. Ahora, los cadáveres de cuatro hombres, presuntamente migrantes, fueron localizados a unos metros de la frontera México-Estados Unidos, en una parte del muro fronterizo cerca la carretera Tijuana-Tecate.
La realidad es que, a cinco años de la –autodenominada– Cuarta Transformación, nada se ha resuelto. Violencia, pobreza y violación de derechos humanos,son la constante de este gobierno, que se distingue por su opacidad e inexperiencia.
Así como se ha exigido que rindan cuentas los responsables de tragedias como la Guardería ABC, Olga Sánchez Cordero y Francisco Garduño deberían estar defendiendo su inocencia y no estar cubiertos con ese manto de impunidad que les otorga ser parte del gobierno del presidente López Obrador. (Ricardo Alexander Márquez, Excélsior, Nacional, p. 8)
La oleada migratoria sobrepasa las capacidades del país, como admite la canciller Alicia Bárcenas, tanto como la pauta consistente de ignorar una crisis humanitaria de gran envergadura. También la “ola” supera el silencio cómplice oficial. El parón de trenes tomados por migrantes y la presión del control estadunidense en la frontera recorren la cortina a la evasiva oficial de creer que el problema desaparece si no se nombra.
La norma de actuación del gobierno mexicano cuando es incapaz de proteger los derechos de los migrantes es silenciar el problema, con aquello de: lo que no se declara, no existe. Hasta que su condición se destapa incontrolable y revela las desgracias de miles de errantes vulnerados por la corrupción de las autoridades y la violencia criminal en el país. Pero cuando la crisis llega a la agenda pública ya no se puede mirar hacia otro lado para ignorarla y evitar ver la violación de sus derechos. Las imágenes de 60 trenes inmovilizados, pasos fronterizos cerrados y caos de transporte en las aduanas corren el velo de la creciente presión migratoria. Y más grave, desvelan que no hay plan alternativo a la política de contención, tan superada como los 34 mil efectivos asignados a contener la “contingencia”. Es entonces cuando no queda más que descubrir la crisis y reclamar a otros, la ONU o a EU, su pasividad para atender la problemática, como hizo esta semana López Obrador, a pesar de cobijarla con su política migratoria.
Las pérdidas económicas por el parón, inédito, de trenes de Ferronales visibilizaron a los migrantes, pero la crisis no puede reducirse a las afectaciones o a la presión de EU con declaraciones de emergencia en ciudades de Texas. Es sólo un pequeño cuadro del reto gigante que significa la llegada, sólo en agosto, de 232 mil 927 migrantes a la frontera norte; hacia donde huyen y los recibe “el fanatismo de la indiferencia”, como llama el papa Francisco a la actitud de los europeos con los migrantes. Su situación en México no es distinta, aunque las historias negras de masacres en el país sí marcan diferencias. Sólo en los últimos seis años se contabilizan los 72 de San Fernando, en Tamaulipas, y en Camargo, 19 quemados vivos. Todas ignoradas e impunes. La última, por la muerte de 40 migrantes encerrados en un centro de detención de Juárez, incluso se trató de cerrar con la exigencia del responsable del Inami, Francisco Garduño, de desechar las acusaciones por su responsabilidad en la tragedia. Y ahí sigue inmutable, cobijado por el Presidente. Aparte de esto, la emergencia humanitaria se quiere apagar bajándolos de los trenes o convenciéndolos de no viajar en ellos como polizontes, sino legalmente; aunque no sirva más que para echarlos a los brazos de la trata y la extorsión del crimen y la policía.
La impasibilidad del gobierno comenzó desde que aceptó fungir en la práctica como tercer país seguro en acuerdos inconfesables con EU, aunque ahora le reclama la misma pasividad que acusa su política migratoria. Frente al repunte inocultable del trasiego de personas, otra forma de mirar para otro lado es culpabilizar a la ONU por asistir a la tragedia como un “adorno, un florero”. Cabría preguntarse qué hacer aquí si la pasividad del “elefante reumático” del Estado esta rebasado sin alterar la política de austeridad que ahoga sus capacidades operativas. La política de contención con la Guardia Nacional y el INM no tiene ningún viso de resultados. Aun así vuelven las medidas de presión de EU para obligar a México a redoblar esfuerzos y servirle de vaso regulador de los flujos. El reforzamiento de los controles en la frontera recuerda las medidas disuasivas de Trump, aunque ahora ante los reclamos de los republicanos a Biden de revertir las políticas migratorias de línea dura contra México. La respuesta del gobierno mexicano es la misma desde hace cinco años: endurecer los controles migratorios y tratar de acallar la crisis como parte de las negociaciones y acuerdos de la agenda bilateral. La más grave consecuencia de mantener esta política es que nadie busca otras salidas. Los planes de crear una coordinación nacional de asuntos migratorios desmilitarizada para sustituir al INM fueron distractores. Maniobras que salen a escena para alejar la atención de la crisis, hasta que irrumpa una nueva tragedia. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional p. 14)
Hay al menos ocho albergues de la Ciudad de México saturados y en donde las aceras cercanas se han convertido en lugar de acampada de migrantes. Ciudades en la ruta a la frontera norte empiezan a vivir lo mismo. Lo dicho por la representante mexicana ante la ONU es un avisa de primera mano para que las naciones entiendan que los esquemas de atención a la migración fallaron y es tiempo de cambiarlos. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
El jueves viajé a Xilitla, la Perla de la Huasteca, a visitar los jardines surrealistas de Edward James. Una maravilla que nadie debe perderse. El viaje duró más de lo esperado. Un accidente en el kilómetro 144 de la autopista México-Querétaro paralizó el tránsito por varias horas.
Mientras esperaba, pensé que es una desgracia no contar con trenes de pasajeros, como sí lo tienen los países europeos e incluso varios latinoamericanos. También en los miles de migrantes que utilizan los trenes de carga para llegar a Estados Unidos.
En buena medida el futuro del transporte en México está en el resurgimiento de los ferrocarriles. La opinión pública puede o no estar de acuerdo con la construcción del Tren Maya, el Tren Transístmico o con la terminación, por fin, del Tren a Toluca, pero en el gobierno de López Obrador volvió a hablarse de los trenes como medios de transporte de pasajeros, después de que fueron privatizados en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Hasta el trenecito de Chapultepec desapareció.
La apuesta de los gobiernos panistas y priístas fue a favor del transporte terrestre por carreteras y en la construcción de un frustrado nuevo aeropuerto de la CDMX, del cual Enrique Peña Nieto sólo pudo construir el 30% en sus seis años de gobierno.
Paralizan a la bestia. Los trenes de carga se convirtieron en el medio de transporte de los indocumentados. Los sueños viajan en el lomo de las bestias de carga. Los medios de comunicación, el cine y la literatura, han documentado el drama humano del desplazamiento en condiciones deplorables de mujeres, hombres y niños, que son víctimas de los abusos y de la corrupción; también de la solidaridad de muchas personas que viven a lo largo de las vías y que los apoyan con alimento y agua.
Esta situación llegó a un límite y hace unos días, Ferronales suspendió por varios días sus operaciones por el gran número de migrantes que pretendían transportarse en los techos de al menos 60 trenes. Urge encontrar salidas humanitarias a este fenómeno.
Una decisión estratégica para el siguiente gobierno, debe ser la creación y reactivación del sistema ferroviario mexicano, que va de la mano de la recuperación del plan maestro del Metro, ya no de la CDMX, sino de la zona metropolitana.
¿Qué debe incluir este sistema? Trenes de cercanías que comuniquen a la CDMX con Toluca, Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Querétaro. La construcción de más líneas de Metro, hasta llegar a 20, como estipulaba el plan maestro del Metro, elaborado en la década de los años ochenta.
Los trenes que prometió Andrés Manuel López Obrador ya circulan, al menos en forma inicial. Su apuesta no sólo fue con base en la rentabilidad política, sino recordando la historia. Algunas de las páginas más sobresalientes de nuestra vida nacional se escribieron en el ferrocarril. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? (Onel Ortiz Fragoso, El Heraldo de México, Estados, p. 9)
En el primer semestre de este año, mucho antes de iniciar la merma de su poder político (eso fue la transferencia del indigenista “Bastón de Mando”), nuestro señor presidente ocupó 120 kilómetros de vías concesionadas a una empresa privada (Ferromex). Pocos días después, el 24 de mayo para ser preciso, la prensa internacional, desperdigaba esta información por medio mundo:
“…El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Ferrosur no recibirá la indemnización millonaria que pidió por la expropiación de 120 kilómetros de vía férrea en el Estado de Veracruz.
“López Obrador ha declarado este miércoles en su habitual conferencia de prensa que existen negociaciones en curso con la empresa del millonario mexicano Germán Larrea y van por buen camino, sin embargo, descartó que el acuerdo implique el pago por parte del Gobierno de una compensación, aunque previamente él mismo había revelado que la compañía le exigió más de 9 mil 500 millones de pesos, unos 530 millones de dólares, para hacer uso del tramo ferroviario…”
De entonces a la fecha las relaciones entre Germán Larrea y el presidente de México quedaron encerradas en una congeladora. El único magnate expulsado del paraíso, al parecer.
Por otra parte y sin relación aparente, las oleadas de migrantes se han intensificado. Hondureños, salvadoreños, haitianos venezolanos, cubanos y de otros muchos otros lugares del mundo, incluido este, colman la plataforma mexicana con la idea de saltar al norte. Al verdadero norte.
Durante mucho tiempo “La bestia” y otros trenes, propiedad (casualmente de Ferromex-Larrea- Grupo México), servían para el propósito último de la movilidad: llegar a bordo de un convoy hasta la frontera sur de Estados Unidos, pero ahora el señor Larrea ha entendido el valor geopolítico de sus ferrocarriles y ha cancelado sesenta de ellos.
Ya no pueden los migrantes viajar a lomos de bestia de acero y la política migratoria de los demócratas, acosados por los Republicanos, en vísperas electorales y con este tema como punto central de sus disputas; tiene un elemento más de discordia, porque el patio vecino se abigarra de trashumantes, exigentes de paso.
Razones de seguridad para ellos, dice el boletín, cuyo texto, como el de todos los boletines, es falso. La piedad no es un activo financiero para nadie.
Y casualmente, junto a todo este asunto cuyo aroma de venganza los olfatos finos perciben, el gobierno aviva un tema histórico contra el Grupo Larrea: insiste en el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, accidente cuya vejez —como todas las de este gobierno—, no impide su actualización demagógica.
La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde ha generado esta información:
“ (SE).- Los tiempos serán ajustados dentro del Plan de Recuperación de Restos en Pasta de Conchos, no suspendidos, señaló ayer en la Región Carbonífera la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
“El Gobierno federal dio varias fechas previas a las familias de los trabajadores, pero, a 17 años de distancia, la recuperación de los restos humanos no se ha concretado. Esta vez, aseguró Alcalde, no habrá pretextos.
“En reunión con viudas de los trabajadores, a la que se sumó el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, la funcionaria dio un informe sobre la construcción de rampas y lumbreras para acceder a la mina que la madrugada del 19 de febrero de 2006 explotó por acumulación de gas metano..
“Para el primer trimestre del 2024 se iniciará el rescate de los 63 mineros (¿?) atrapados en la Mina 8 de Pasta de Conchos, no habrá ningún atraso, ya que para diciembre del presente año, se concluirá con la preparación de las galerías y se da paso a lo más importante, que es la búsqueda de los restos”, comentó.
Esto no tiene otra finalidad sino insistir en la versión del “homicidio industrial” esgrimida por Napoleón Gómez Urrutia —influyente senador de Morena, y amigo del señor presidente—, en su interminable pleito contra Germán Larrea con una millonada dólares en el medio. (Rafgael Cardona, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
CARTONES

(Obi, Reforma, Opinión, p.10)