En respuesta al creciente uso ilícito de drones por parte de la delincuencia organizada, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló ayer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de aeronaves pilotadas a distancia para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional, así como con fines de espionaje o extorsionar a las autoridades o particulares.
La reforma prevé también cárcel de 10 a 20 años para quien ataque a la población o sus bienes con drones cargados con explosivos o con químicos que por sí solos o combinados sean susceptibles de ser empleados como explosivos y, cuando el artefacto pertenezca o ataque a las fuerzas armadas, la pena será de hasta 30 años. (Alma E. Muñoz y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 6)
Madrid.- Homero Magallanes González, a quien se le sitúa como uno de los operadores más importantes del clan del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva, fue detenido el pasado 20 de septiembre en la capital de España, en las instalaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando intentaba volver a la Ciudad de México en un vuelo comercial.
El hallazgo de la detención trascendió hasta hoy, si bien ya se abrió un proceso judicial de extradición en la Audiencia Nacional de España a petición del gobierno de Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia estarían detrás de la localización y detención del presunto narcotraficante mexicano. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Política, p. 8)
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ni el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) ni el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ordenaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. “Si por cuestiones políticas e ideológicas la consigna es: ‘fue el Estado’ y ‘fue el Ejército’, y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir: ¡claro que fue el Estado! Sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras”, aseveró.
El Ejecutivo aseguró que la desaparición de los normalistas tuvo que ver más con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba esa región. Expresó que si esa delincuencia tuvo vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado o no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa a que el gobierno, desde arriba, “Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes, no”. (Alberto Morales, El Universal, Nación, p. A2)
El ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva que ordena al gobierno federal no realizar ningún comentario incriminatorio o condenatorio hacia su persona, mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso Ayotzinapa.
Hace un mes, el ex funcionario promovió un nuevo juicio de amparo en el que solicitó que le prohíban al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que lo señale públicamente de ser torturador y crear la verdad histórica, a pesar de que las autoridades lo acusan por su presunta responsabilidad en delitos de tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 6)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no puede obligar al Senado” a realizar los nombramientos pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez.
En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena adelantó que los candidatos aprobados en comisiones para ser nombrados comisionados del Inai no reúnen los requisitos de confianza y de neutralidad, por lo que quedarán fuera y se lanzará una nueva convocatoria. Además, el legislador chiapaneco, acompañado por los integrantes de su grupo parlamentario, informó que Morena propondrá nuevos perfiles que sean “más independientes y más neutrales”. (Eduardo Ortega, El Financiero, Nacional, p. 32)
Tras una supuesta disputa por rutas de venta de gas, tres hombres fueron asesinados a balazos en un predio a la altura del kilómetro 11 de la Carretera Toluca-Naucalpan. Ayer, cerca de las 11:30 horas, sujetos armados llegaron en un auto al lugar que es utilizado para estacionar pipas y otros vehículos, en la Colonia Ejido del Castillo, para atacar a los tres hombres que se presume trabajaban como repartidores de gas.
A las tres víctimas les dispararon en la cabeza. Uno de los cuerpos quedó en la parte exterior del predio entre varias botellas vacías de pet y junto a una pipa de gas rotulada con el logo de Gas Tomza. (Samuel Luna, Reforma, Nacional, p. 11) .
La relocalización de empresas en México y la instalación de nuevos parques industriales incrementaron la demanda eléctrica, lo que llevó a los desarrolladores a coinvertir con la CFE para garantizar el abasto. Jonathan Pomerantz, Chief Investment Officer (CIO) del fondo inmobiliario Meor, detalló que antes destinaban sólo 1 por ciento de su presupuesto para desplegar líneas de transmisión, reforzar subestaciones de CFE, pero actualmente emplean hasta 10 por ciento de sus fondos para este mismo propósito.
“La generación de energía sí existe y en la mayoría de las plazas es suficiente, lo que no hay es transformación de energía de alta a media o baja, que es para lo que se necesita dentro de los parques y no hay líneas de transmisión suficientes. Nosotros estamos reforzando subestaciones de transformación de la CFE y estamos tendiendo cableado para llevarlo a nuestros parques”, dijo. (Fernando Navarrete, El Financiero, Empresas, p. 18)
Bruselas.- A lo largo de la presente administración, México se ha ido alejando de los compromisos globales para combatir las responsables del calentamiento del planeta, sostiene un informe del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea. El documento científico diseñado para medir el progreso de todos los países en materia de emisiones contaminantes sostiene que los principales gases de efecto invernadero aumentaron en el país en 3.7% en el periodo 2020 y 2021, y 7.1% en 2021 y 2022.
Tomando en consideración el rango de variación de los datos y el progreso registrado en 2019 y 2020, cuando los indicadores contaminantes cayeron en 6.5%, el balance de los primeros cuatro años de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (periodo de 2019 a 2022) es negativo, las emisiones crecieron 3.7%. (Inder Bugarin, El Universal, Mundo, p. A13)