En el INM no leen los contratos que firman
No estaría mal que en el Instituto Nacional de Migración leyeran los contratos que firman. Tras la publicación en este diario de la nota sobre la contratación de personal armado en las instalaciones migratorias en Tabasco, el INM afirmó que sus agentes no portan armas de fuego, cosa que en ningún momento se afirmó, pues se refiere al personal contratado. Migración negó que en la estación en Villahermosa personal armado vigile a los migrantes, pero en el contrato CS/INM/047/2023 se indica textualmente en las páginas 7 y 8 que habrá un elemento de seguridad en la sección de hombres y otro en la de mujeres, quienes apoyarán a los agentes del INM para evitar intentos de fuga y resguardarán los accesos a baños, dormitorios y pasillos. Migración afirmó además que no se permiten “puertas cerradas con llave”, pero en la página 7 del contrato se indica textualmente que los elementos de vigilancia “mantendrán cerradas con llave” todas las puertas de acceso. Como decía la vieja campaña de alfabetización de los gobiernos priistas: “¿Qué no saben leer?” (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p. 2)
De enero a agosto de este año, la Unidad de Política Migratoria registró 402 mil migrantes en situación irregular en diferentes regiones del país. De las capturas, 70 por ciento se hicieron en tres estados del sur: Chiapas (32 por ciento), Tabasco (27 por ciento) y Veracruz (10 por ciento). Podríamos confirmar que el principal esfuerzo de contención se da en la región fronteriza y Veracruz.
En la frontera norte, las detenciones suman en total 15 por ciento, en Baja California Norte, Coahuila, Sonora y Chihuahua. El resto, otro 15 por ciento, en las demás entidades de lo que se ha llamado la frontera vertical. Si dividimos los meses de enero a agosto (ocho), se puede decir que la capacidad operativa del Inami permite procesar a unos 50 mil extranjeros irregulares al mes.
A su vez, la patrulla fronteriza logra capturar y/o procesar a unos 130 mil al mes y a unos 60 mil mexicanos en la misma condición (2022). En otras palabras, logran pasar 2.5 veces más de los que México pudo detener, pero en realidad, sólo pudo devolver –o deportar– a unos 3 mil al mes. Los demás esperan en el tapón de Tapachula o en otros lugares para finalmente dirigirse a Estados Unidos o quedarse en México a solicitar refugio, algún tipo de visa o permiso de salida.
Para México, los deportables en ese lapso fueron los centroamericanos, unos 33 mil (86.8 por ciento) y los ecuatorianos, unos 4 mil (9 por ciento). Los demás, como se dijo, se van a Estados Unidos o se quedan en México. A esto hay que sumar los 30 mil extranjeros que, por convenio con Estados Unidos, nos deportan al mes y que provienen de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Ahora los migrantes indocumentados llegan por la frontera sur, y por la norte, de rebote. Aunque, ¿son realmente irregulares? En realidad, han reingresado de manera legal, de acuerdo con un convenio bilateral. Están en el limbo, a miles de kilómetros de sus países; no pueden permanecer en Estados Unidos y no quieren quedarse en México. Ahora, ellos mismos piden que los deporten.
La procedencia regional de los 402 mil extranjeros registrados en situación irregular denota un cambio muy relevante. En primer lugar, figura Sudamérica, con 176 mil, que supera a las regiones centroamericana y caribeña juntas (140 mil y 30 mil, respectivamente); en tanto, de África se reportan 28 mil y de Asia 26 mil.
De Sudamérica, el foco rojo se concentra en Venezuela, con 110 mil viajeros irregulares en este periodo, seguido de Ecuador con 37 mil; Colombia, con 13 mil, y Brasil, con 8 mil. El caso de Venezuela se complica porque en la ruta y en el país debe haber otros 100 mil, que ya no podrán pasar a Estados Unidos, situación realmente grave. En 2022 se deportó a 126 venezolanos desde Tapachula a su país, pero no hay más información.
En el caso de Centroamérica, Honduras sigue siendo el principal expulsor poblacional y quizá de los que están en situación más vulnerable (70 mil), seguido de Guatemala, con 48 mil, y El Salvador con 12 mil. Es importante notar que los procesos migratorios pueden ser reversibles. El Salvador fue un caso muy relevante en el siglo XX, pero ahora los flujos son mucho menores y destaca la reunificación familiar.
En el Caribe, el foco rojo está en Haití con 17 mil expulsados, lo que indica que persisten los flujos desde Sudamérica y esa isla. Cuba sigue expulsando personas (8 mil), pero tiene más recursos económicos y legales que los haitianos. A su vez, el flujo de dominicanos por la ruta de Panamá a México sigue presente (4 mil).
Si comparamos el Caribe con Asia y África, los números totales son bastante mayores para el segundo, lo que debería ser un llamado de atención. Los flujos que provienen de China e India, con 7 mil y 6 mil viajeros irregulares, respectivamente, son los más importantes. Ambos países son los más poblados del mundo, con una añeja tradición migratoria y presencia muy relevante en Estados Unidos, por lo que la ruta de Centroamérica a México es, y será, una opción para la llegada irregular. No obstante, son más de 30 países de Asia, los que mensualmente se reportan con personas en situación irregular.
De África, destaca Senegal, con 6 mil; Mauritania, con 5 mil, y Angola, con 3 mil en el periodo señalado de ocho meses; no obstante, son más de 30 los países con presencia recurrente. De manera mensual se registra a cientos de extranjeros irregulares de estos tres países; en promedio mensual, unos 800 de Senegal, 500 de Mauritania y 400 de Angola. Son rutas totalmente consolidadas, numerosas y recurrentes. ¿Dónde están ellos ahora, tres meses después de que fueran registrados como número estadístico?
Se sabe que el comisionado del Inami deportó a varios cientos de migrantes de India, cuando cacareó, el 22 de octubre de 2019, que iba a deportar a todos los extranjeros irregulares, así sean de Marte, pero no ha vuelto a abrir el pico.
Se trata de un panorama complejo, acuciante para miles de personas atrapadas frente al muro fronterizo y al muro de silencio sobre los acuerdos con Estados Unidos. Hay que atender las causas, pero también la coyuntura. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 21)
Prevén acuerdo migratorio
Importante acuerdo en materia de migración se prevé signar hoy en la Cumbre de Palenque, que encabezará el presidente López Obrador. Cinco mandatarios confirmaron su asistencia: Nicolás Maduro, de Venezuela; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Gustavo Petro, de Colombia; Xiomara Castro, de Honduras; y Ariel Henry, de Haití. (Sacapuntas, El Heraldo de México, p. 2)
MEDIO LLENA o medio vacía, la cumbre migratoria de Andrés Manuel López Obrador no estará completa hoy.
DE LOS PAÍSES de Centroamérica que fueron invitados, sólo estará la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pues los mandatarios de Costa Rica, Guatemala y El Salvador enviaron representantes.
ESO SÍ, el Presidente puede presumir la presencia del colombiano Gustavo Petro, el cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro, cuyo país es el principal expulsor de migrantes ilegales a EU en el continente. ¡Vaya éxito! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Palenque
Y para celebrar una reunión inútil, pero de harto empaque populista; nuestro bienamado presidente se reúne con los dignatarios (algunos sin dignidad) de América Latina, para hablar de fenómenos tan incontenibles e irresolubles como los movimientos migratorios impulsados por la miseria, la inestabilidad política o el sofocamiento de las libertades.
¿Llegarán a alguna conclusión importante? No. Puro parlamentarismo de papagayos (menos nuestro bienamado presidente). Las causas de la miseria son los bloqueos del capitalismo, la injusticia, bla, bla, bla…
Palenque, con su finca de sonoro nombre… allá se van todos. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 2)
Al referirse a la cumbre sobre migración que tendrá lugar hoy en Palenque, AMLO dijo: “tenemos que buscar opciones (…) para que la gente (…) no se vea en la necesidad de emigrar”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, politólogo (Oxford) e internacionalista (El Colegio de México), se ha dedicado a investigar la tensión que existe entre lograr gobernarnos democráticamente y crecer económicamente. Su más reciente libro, Los de adelante corren mucho: Desigualdad, privilegios y democracia, discute esta tensión para el caso del continente americano. Es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Para atender las causas primero hay que identificarlas, y ver de dónde provienen aquellos que deciden abandonar sus hogares. Hoy, Venezuela es el país que más gente expulsa. De una población total de 28 millones, 7 millones 320 mil están en el extranjero. Cuando Chávez asumió el poder en 1999, el ingreso promedio por habitante, es decir el llamado PIB per cápita, a precios del 2018, era de 7 mil 100 dólares, y gracias al boom petrolero, en 2008, llegó a 9 mil.
El PIB de Colombia, en cambio, era en 1999 de 4 mil 200 dólares y los colombianos emigraban hacia el entonces rico país vecino. Ahora Venezuela es el país pobre, con un PIB per cápita en el 2018 de 4 mil 500 (no hay datos más recientes), y Colombia es el país rico, con un PIB per cápita en el 2022 de 7,300 dólares. La brutal caída del ingreso en Venezuela, que suele asociarse con una guerra o un cataclismo natural, no da cuenta de la escasez y violencia que se viven en el país. Más de 2 millones 800 mil venezolanos han emigrado a Colombia.
La causa de este desastre tiene nombre: revolución bolivariana. Si, como dice AMLO, su pecho no es bodega, debería explicarle a Maduro la necesidad de tener elecciones libres y equitativas para que los venezolanos puedan elegir a un gobierno más competente. Pero Maduro ha priorizado mantenerse en el poder, aunque ello implique una mayor destrucción de la economía de su país y la salida de más connacionales. Finalmente, si se van, no votan en contra.
AMLO entendió algunos principios económicos básicos que nos han evitado seguir la ruta de Venezuela: la integración con América del Norte no sólo es inevitable sino deseable; y unas finanzas públicas sanas que evitan grandes crisis macroeconómicas. El ojo está puesto en terminar bien el sexenio. Lo que venga a partir del 2024 es problema de quien venga después. Con todo, dada la cercanía geográfica con Estados Unidos, los mexicanos son el mayor contingente de quienes cruzan la frontera norte.
El 29 de julio de 2019, en una entrevista concedida a John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, AMLO dijo que “la gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad. Va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos, porque el mexicano va a tener trabajo y va a ser feliz en donde nació”. No ha sucedido. En el 2018, el gobierno de Estados Unidos regresó a 203 mil mexicanos; en el 2022 fueron 258 mil. El problema no es sólo la asimetría entre el salario en México y el de Estados Unidos, sino el grave deterioro de la seguridad en muchos de nuestros municipios pobres y rurales.
Si se aprovecharan las oportunidades del nearshoring, si la inseguridad fuera disminuyendo, si el esfuerzo gubernamental no estuviera enfocado en colonizar al Poder Judicial sino en fortalecer el Estado de derecho, la economía mexicana crecería más y por tanto la salida de mexicanos descendería. Ha sido enorme el costo fiscal de subsidiar a Pemex y a la CFE y de destinar recursos públicos a una refinería en lugar de asignarlos a becas para estudiantes o tantas necesidades pendientes. Si AMLO quiere ver inversión manufacturera en el sur, tiene que resolver la inseguridad carretera, pues entre más lejos de la frontera con Estados Unidos, más costoso es mover mercancías de fábricas localizadas en el sur.
En un país con el dinamismo económico que podríamos tener, menos mexicanos se verían obligados a dejar sus hogares y los migrantes que hoy atraviesan México tendrían incentivos para quedarse. Su talento y energía serían favorables para el país. No serían un problema con Estados Unidos, sino una oportunidad para nosotros. (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, Opinión, p. 11)
El Presidente se ha empeñado en hacer creer a todos que no son iguales.
Para frenar migración y a cárteles locales, 13 mil millones de dólares.
Si bien es verdad aquello de que del dicho al hecho hay mucho trecho… lo cierto es que las denuncias sobre eventuales casos de supuesta o real corrupción y consecuente impunidad protagonizados por funcionarios del más alto nivel del gobierno de la 4T, familiares de Andrés Manuel López Obrador algunos de ellos, no sólo no contradice la popular conseja, sino que además como asegura un clásico contemporáneo, le viene “como anillo al dedo”….
Y esto, porque si bien desde el púlpito mañanero el tabasqueño se ha empeñado en hacer creer a todos aquello de que “nosotros no somos iguales”, lo verdaderamente innegable es que ante el incesante cúmulo de denuncias sobre el punto, más que convencer sobre ello tiende a imponer la reveladora frase de “la corrupción somos todos” en que apenas iniciar su gestión al frente del Ejecutivo, la picardía nacional tradujo el creativo lema de campaña de su innombrable antecesor José López Portillo (1976-1982), sucesor a su vez del populista-socialista Luis Echeverría Álvarez.
Apenas el pasado jueves, en efecto, en medio del enfrentamiento entre los coordinadores Ignacio Mier Velazco del lopezobradorismo y Jorge Romero Herrera (cacique) del blanquiazul, el tema se tornó en abierta confrontación entre las focas aplaudidoras de Morena y aliados en San Lázaro, y legisladores de la oposición tripartidista que, encabezados por la panista mexiquense Ali Sayuri Núñez Meneses, en esta ocasión, no dudó en acusar de corrupción a la familia del Presidente: igual a sus hijos José Ramón (“consiguió una mujer para disfrazar beneficios que obtiene de proveedores de Pemex”) y Andrés (“coloca a sus cuates en puestos clave y hace millonarios negocios”), que a sus hermanos Pío y Martín, a quienes recordó recabando decenas, cientos de miles de pesos en efectivo “en apoyo del movimiento” o a un par más de sus primas.
Lo anterior, coincidentemente, al tiempo que en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda debió aceptar dejar temporalmente su cargo para enfrentar una orden de aprehensión supuestamente girada en su contra por “órdenes” del impresentable Américo Villarreal, gobernador, por haberse atrevido a exigir el desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de López Obrador, luego que ésta fuera exhibida a través de un video difundido vía redes sociales, cuando pedía moches a proveedores. En fin…
Parecería pues que al paso de los días y semanas, al tiempo que se acerque el final de la actual administración federal, debates como el que nos ocupa ahora se multiplicarán y darán paso a señalamientos específicos y demandas judiciales formales, incluso, como parte de lo que no pocos identifican como un necesario, incuestionable y urgente ajuste de cuentas con quienes, de manera impune e ignorando la ley, en no pocos casos, han arrasado con cuanta institución oficial y órganos autónomos —el permanente y aún inacabado embate contra el Inai es un caso más que revelador, o el del Poder Judicial renuente a aceptar las consignas del Ejecutivo— han encontrado a su paso…
Veámonos aquí mañana con otro asunto De naturaleza política. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 17)
Los cambios que suceden en la burocracia mexicana me llevaron a trabajar en el asunto migratorio después de casi 13 años en el sector financiero. Fui invitado por mi entonces jefe y amigo, Jesús Silva Herzog Flores, a sumarme a su equipo en la Embajada de México en Washington.
La oferta se pudo concretar gracias a que el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, estuvo de acuerdo en que yo abriera una oficina de representación de esa dependencia para actuar como enlace con las autoridades migratorias de ese país. La decisión no fue muy bien recibida en la Cancillería que veía como una invasión a sus atribuciones que un extraño, no miembro del Servicio Exterior, fuera a hacerse cargo de tan importante tema. El asunto lo zanjó el canciller José Ángel Gurría, con quien había sido compañero en la SHCP, de manera que yo reportaría a ambas dependencias y haría equipo con dos funcionarias de carrera que ya estaban en nuestra embajada.
Era 1986, año en que el Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma más profunda a las leyes migratorias en varias décadas, abrió oportunidades para que millones de residentes en ese país legalizaran su situación migratoria, a la vez que castigaba a los empleadores de indocumentados. Cerca de 80% de los beneficiados con esta decisión fueron mexicanos.
Han transcurrido 37 años sin que los legisladores de EU logren un consenso para actualizar sus leyes en esta materia. Coinciden en que son obsoletas y no responden a las necesidades de hoy, pero demócratas y republicanos chocan en el cómo hacerlo. Obama en campaña ofreció atender los legítimos reclamos de la comunidad hispana y ordenó deportar masivamente a todo aquel extranjero que no tuviera los papeles en regla. Los líderes de la comunidad mexicana lo llamaron el “jefe de la deportación”. Trump hizo de la migración uno de sus temas de campaña, los difamó, insultó y prometió a sus seguidores “cerrar en definitiva la frontera con México”. Generó un ambiente de hostilidad a los paisanos y hubo varios incidentes de violencia física en su contra. No nos extrañemos que vuelva en su campaña electoral a repetir los mismos mensajes, ante los aplausos de sus entusiastas seguidores.
Biden ofreció en su campaña promover la más ambiciosa reforma migratoria, sin embargo, no le fue posible por la crisis económica que ocupó toda su atención, más la imposibilidad de que la Cámara de Representantes de mayoría Republicana, la fuera a apoyar. Por el lado de México, el presidente López Obrador anunció la apertura de la frontera sur y la defensa de los derechos humanos como ejes de su política. La misma provocó la inmediata reacción de Washington señalando que era responsabilidad del gobierno mexicano no permitir el libre tránsito de personas sin los permisos para migrar.
El anuncio provocó enormes caravanas de nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala que, engañados por traficantes, pensaban que podrían cruzar la frontera con EU y reunirse con sus familiares ya residentes en ese país. Al escribir estas líneas, hay un número indeterminado de esos migrantes que se vieron obligados a quedarse en las ciudades fronterizas mexicanas en condiciones de enorme vulnerabilidad frente a las bandas criminales que operan en ellas.
Los párrafos anteriores son una apretada (y seguro incompleta) descripción de la enorme complejidad política que el tema migratorio despierta en EU. Surgen varias preguntas: ¿Cuál es la política migratoria mexicana? ¿Detener a los migrantes que buscan llegar a la frontera norte? ¿Negociar con Estados Unidos para que apoyen con recursos financieros la devolución de los migrantes a sus lugares de origen? ¿Aumentar el despliegue de la Guardia Nacional como responsable ahora de la política de contención migratoria? ¿Apoyar de manera activa la legalización de nuestros paisanos?
Me temo que para legitimar estas acciones se requería respetar la dignidad de cada migrante que cruce por México, con independencia de su estatus migratorio, ser intolerantes frente a actos de abuso o corrupción de cualquier funcionario público que trabaje en este tema. Fortalecer lo más posible la red consular en EU, liquidar el INM y crear una nueva institución con un personal renovado, capacitado, y sujeto a un estricto control de confianza y cero tolerancias a cualquier acto de corrupción. Tal vez este breve listado peque de ingenuo, pero difundir los derechos de protección consular, atacar a las bandas de traficantes, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente en la asesoría y apoyo a los migrantes, son algunas de las acciones que no requieren grandes presupuestos, pero que en su lucha diaria cambian el destino de mujeres, niños y hombres que lo único que buscan en una oportunidad de mejorar sus vidas. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p. 10)
Exige paz y justicia social para los migrantes colombianos
El nodo México del movimiento Colombia Humana expresa su más amplio respaldo al próximo encuentro de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro Urrego, quienes buscarán coordinar acciones para incidir en la eliminación de las causas de la grave crisis de migración que enfrentan nuestros países.
El derecho a vivir en paz y en condiciones de justicia social y económica está siendo vulnerado para nuestros conciudadanos, quienes se están viendo obligados a migrar hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida.
Al igual que nuestros presidentes, consideramos que hoy más que nunca se debe luchar por mejorar la vida de nuestros ciudadanos en los territorios de origen.
El nodo México del movimiento Colombia Humana pide también que se hagan las gestiones necesarias para disminuir el número de colombianos expulsados que, en los distintos aeropuertos mexicanos, son rechazados y obligados a regresar a la patria. (Héctor Fernández, La Jornada, Editorial, p. 2)
Anfitriones

(Obi, Reforma, Opinión, p. 10)
Entrenamiento para el campeonato dominical de rollos y mentiras en Palenque, Chiapas

(Falcón, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 2)
Trofeos
