Alrededor de 5 mil personas provenientes, en su mayoría, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba partieron el lunes de la ciudad fronteriza de Tapachula con el doble propósito de alcanzar el territorio estadunidense y, en el camino, hacerse visibles a las autoridades mexicanas. De acuerdo con los migrantes y organizaciones que los acompañan, esta nueva caravana se realiza debido a las dilaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgarles permisos de tránsito y otros documentos que requieren para tomar autobuses y moverse con apego a las normas a través de México.
Los integrantes de la movilización, que en tres días y 45 kilómetros de recorrido habría crecido hasta sumar 8 mil personas, refieren que sus circunstancias son desesperadas, pues deben esperar entre seis meses y un año para obtener papeles migratorios, en una zona donde no hay empleo ni apoyos para ellos. Asimismo, indican que su contingente es apenas una muestra de los más de 100 mil migrantes que se quedaron atrás a la espera de que su estancia sea regularizada.
Las demandas de la más reciente caravana migrante imponen dos consideraciones. Por una parte, las autoridades locales y federales tienen que atender el clamor de auxilio y proveer todo lo necesario a fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos de los extranjeros, ya sea que pretendan quedarse aquí (caso de una minoría) o que hayan llegado a México como última parada en su periplo hacia el sueño americano. Es cierto que en estos momentos la devastación causada por el huracán Otis absorbe las capacidades logísticas, materiales y humanas de la administración pública federal, pero no puede negligirse una tragedia para responder a otra, máxime cuando ignorar a estos grupos los deja en la indefensión y los expone a extorsiones, secuestros, agresiones sexuales y otros ataques del crimen organizado.
Por otro lado, los migrantes deben cobrar conciencia de que recibir los documentos que exigen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM tendrá una influencia muy limitada en sus perspectivas de ingresar a Estados Unidos, emplearse allí y reunirse con sus familiares: poco o nada puede ayudarles México en la consecución de este objetivo, puesto que el mayor obstáculo a sus deseos se encuentra en la política antimigrante del gobierno federal estadunidense y, Sobre todo, de administraciones estatales controlados por el Partido Republicano que han hecho de la xenofobia y el miedo inducido a una supuesta “invasión” de indocumentados su principal bandera política y caballo de batalla electorero.
En este sentido, las personas y organizaciones que persuaden a los viajeros desesperados de que la falta de colaboración de las autoridades mexicanas es la única o principal dificultad para ingresar a Estados Unidos actúan de manera irresponsable e incluso criminal, pues exponen a los migrantes a todos los peligros que supone el cruce hacia el norte, desde las barreras flotantes instaladas en el río Bravo hasta los grupos extremistas de vigilantes armados, pasando por las alambradas de púas y las fuerzas policiales que ya han jalado el gatillo contra las personas que son sorprendidas en la frontera. Es preciso recordar que el gobierno ultraderechista del texano Greg Abbott ordena a los agentes de la policía fronteriza empujar de vuelta al río a toda persona sorprendida en el intento de cruzarlo, incluidos niños pequeños y bebés que son amamantados por sus madres.
En suma, es sabido que la crisis migratoria no podrá resolverse mientras sea objeto de mezquinos cálculos electorales y de posturas racistas e intransigentes entre la clase política y un importante sector de la población estadunidense, pero la inhumanidad imperante en ese país no puede ser pretexto para desatender a quienes requieren la protección del Estado. Al mismo tiempo, ha de denunciarse la falta de escrúpulos de quienes manipulan a los migrantes y les hacen creer que basta con llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para ser recibidos por Washington. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 8)
Hay muertes que pesan más que otras. Los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados y ejecutados en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 son recordados con movilizaciones políticas cada mes, pero no los 39 migrantes quemados vivos en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023 o los 33,287 asesinados de 2022, 91 cada día. La gobernadora de Guerrero afirmó ayer que la cifra de fallecidos por el huracán Otis se mantiene en 46, aunque hay que sumar 58 desaparecidos. Su partida ha sido profundamente dolorosa. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Migrantes climáticos, una realidad en México
Los efectos del cambio climático ya causan estragos entre la población mundial y aquello que parecía lejano en el tiempo, ya es una cruenta realidad que cobra vidas y altera la faz de la tierra.
La gestación del huracán Otis categoría 5 fue vertiginosa y aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó al gobierno mexicano en tiempo y forma, este no detonó los protocolos de emergencia para proteger a la población civil.
La combinación del efecto climático y la ineptitud de los gobiernos causan que las víctimas humanas aumenten exponencialmente, al tiempo de que, por desgracia y como siempre, se ven más afectados los sectores de la sociedad más vulnerables.
La tragedia de Acapulco ha generado miles de desplazados que a diario salen del puerto para buscar mejores condiciones de vida ante la escasez de alimentos, agua potable y fuentes de trabajo, entre otros insumos básicos.
Los cálculos optimistas en cuanto a la recuperación de Acapulco son improbables de concretar, ya que no hay forma de que por lo menos en dos lustros se normalice la situación, por varios factores, entre ellos, la falta de recursos económicos del gobierno federal y las pocas oportunidades de trabajo para, por lo menos, 500 mil damnificados.
En el pasado, ante la devastación de los huracanes y tormentas tropicales en Acapulco, los presidentes en turno casi a diario visitaban la zona del desastre e incluso pernoctaron durante varios días en el puerto para supervisar personalmente los avances en la reconstrucción, ahora el presidente dice que ha ido tres veces y en una de esas veces, la mayor parte del tiempo estuvo literalmente en el lodo.
Pero, bueno, a esos desplazados que migran a otras ciudades, hay que sumarle los miles de migrantes que se quedan en el país, al verse frustrados sus sueños de llegar a Estados Unidos y que aunque son dos fenómenos diferentes, la inmigración y los migrantes climáticos, causan serios problemas en donde pretenden asentarse, que van desde una excedida demanda de servicios públicos, de salud, educación vivienda, trabajo, alimentos, hasta todo aquello que implica el bienestar en la vida cotidiana de las personas.
Esos miles de desplazados de Acapulco y comunidades afectadas –se calcula que a siete días del embate del huracán han sido del orden de 100 mil personas– buscan incorporarse a la actividad productiva en otras ciudades de Guerrero, Morelos y por supuesto la CMDX y zona metropolitana, principalmente.
La degradación medioambiental y las catástrofes naturales provocan el desplazamiento forzoso de sus habitantes.
De acuerdo con la información emitida por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), que depende del Norwegian Refugee Council, se han desplazado 24.9 millones de humanos en 140 países y territorios y esto tan solo en 2019, seguramente esas cifras aumentan cada año, hasta conformar un nuevo diseño poblacional y urbano.
Los migrantes climáticos generalmente se desplazan a otra región de su propio país, para poner a salvo su vida.
En México y en el caso que nos ocupa, el de Acapulco, no se necesita tener habilidades de adivinador para adelantar que se seguirá padeciendo el impacto de los huracanes y estos serán más destructivos, si es que no se revierte el cambio climático, lo que significa que este sitio turístico se mantendrá bajo el asedio de los meteoros.
Paradójicamente, los países más afectados por las variaciones en el clima son los llamados emergentes y estos son los que menos esfuerzos hacen para combatirlo, como es el caso de México, que en la actual administración se han incrementado las emisiones de contaminantes a la atmósfera en relación con los últimos 30 años.
Los compromisos contraídos por México para revertir el cambio climático, no solo no se han cumplido, sino que hay más emisiones de gases efecto invernadero por parte, principalmente, de las termoeléctricas y la permisividad gubernamental que es omisa ante las industrias contaminantes.
Los gobiernos mexicanos han suscrito diversos acuerdos con la comunidad internacional para combatir el cambio climático, como el Acuerdo de París, en el cual se contrajo el compromiso de evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta no supere los 2 grados centígrados, respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados.
La reducción de gases efecto invernadero es la meta inmediata y para ello, el gobierno de AMLO se comprometió a que el 35 por ciento de la energía generada para el 2024, y el 43 por ciento para 2030, sea limpia, empero, vamos rezagados en esas metas.
El plan gubernamental de 20 puntos para activar la reconstrucción de Acapulco no atiende el tema de los migrantes climáticos, al tiempo de que los 61 mil millones de pesos que meterá supuestamente el gobierno para atender la crisis, sirven de muy poca cosa. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 27)
Misión de Bárcena en Washington
En representación del presidente López Obrador la canciller Alicia Bárcena inició una gira en Washington D.C. La visita es para participar en la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, donde impulsará la inclusión de América Latina y el Caribe en ese foro. Y se reúne hoy mismo con el mandatario chileno Gabriel Boric. (Redacción, El Heraldo de México, LA 2, p. 2)