En los últimos años la migración de menores ha alcanzado máximos históricos en América Latina y el Caribe. Si mundialmente la niñez representa menos que el 15% de la población migrante, en esta región alcanza el 25%. Cada vez son más los menores que se embarcan en un peligroso viaje hacia Estados Unidos, escapando de la pobreza, la guerra, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.
Según el último reporte de La Infancia en peligro, de la UNICEF, en 2022, de los 250 mil migrantes que cruzaron la selva del Darién, 40 mil fueron niños; más de 60 mil han cruzado en los primeros ocho meses del 2023, siendo la mitad de ellos menores de 5 años. Por su parte, el CBP norteamericano estima que más de 149 mil niños cruzaron a Estados Unidos en el año fiscal 2021, y más de 155 mil en el 2022. En los primeros siete meses del 2023, han ingresado al país más de 83 mil. El caso de México no es menos dramático. Según la Unidad de Política Migratoria (UPM), el año pasado fueron detectados alrededor de 70 mil menores.
La niñez es el sector más vulnerable del fenómeno migratorio. Su experiencia en movilidad está marcada por el desarraigo y la adultez precoz, además de todos los peligros acrecentados por su edad: abusos, chantaje, discriminación, secuestro, reclutamiento y adversidades naturales. Las niñas y adolescentes migrantes son más propensas a sufrir abusos sexuales, violaciones y explotación sexual. Según la encuesta realizada por Plan International México en 2023, 7 de cada 10 niñas, adolescentes y mujeres migrantes han sido testigos de situaciones de explotación, violencia sexual y trata de personas durante su viaje.
En el caso de México, los menores se exponen a numerosos peligros, siendo uno de los más graves el reclutamiento del crimen organizado, con el objetivo de realizar actividades criminales en ambos lados de la frontera. Se exponen al trabajo esclavo, el tráfico de sustancias como “mulas”, las redes de explotación sexual, el sicariato, y el “coyotaje”. Este es el caso de los denominados “niños de circuito”, menores que lideran los cruces de indocumentados por la frontera. Este delito, castigable en ambos países, es improcedente en el caso de los menores de edad. Retenidos por un tiempo, posteriormente son liberados, por lo que pueden reiniciar el circuito, haciendo de este un negocio extremadamente rentable para las organizaciones criminales que los “emplean”.
Las legislaciones existentes no han logrado atender el problema correctamente. Ya en 2020 se publicó una reforma a diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en b. Se estableció que ningún menor debería ingresar en una estación migratoria, quitando así la custodia al Instituto Nacional de Migración. Consecuentemente, la atención a la niñez en contexto de migración pasó a ser atribución del DIF nacional. Sin embargo, según el propio informe de la UPM, dicho grupo aparece únicamente como “canalizado”, y en el 2020 y 2021, el DIF nacional sólo atendió al 28.6 y 59.9%, respectivamente, del total de niños, niñas y adolescentes migrantes que les fueron canalizados por autoridades migratorias, por lo que es presumible que buena parte de estos menores quedan en el limbo.
Debemos reconocer la atención de la niñez migrante como una emergencia nacional al tiempo de revisar las vías migratorias seguras y regulares para niños, incluidos mecanismos de reunificación familiar y refugio. También fortalecer procesos fronterizos y de recepción para atender adecuadamente a esta población. Es necesario poner en marcha mecanismos de protección para salvaguardar a la niñez migrante de la explotación y la violencia por parte de las organizaciones criminales. Los menores viajan guiados por sus circunstancias y con la idea de un futuro prometedor que lamentablemente no siempre alcanzarán. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. A11)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sancionó a tres personas y 13 empresas del país vinculadas directa o indirectamente al esquema de fraudes con propiedades de tiempo compartido que opera el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Este golpe a la organización delictiva se suma a los asestados el 2 de marzo y el 27 de abril de este año, cuando fueron sancionadas ocho empresas, y siete personas y 19 firmas, respectivamente.
El 22 de noviembre fue detenido El Nini, jefe de seguridad de los hijos de El Chapo, líder histórico del cártel de Sinaloa actualmente preso en Estados Unidos. Tres días después, cayó Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, jefe de plaza del CJNG en Tapalpa, Jalisco, y presunto responsable del homicidio del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. El día 29, efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, César Alejandro Silva Delgado, El Tartas, identificado como jefe de plaza del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Todas estas acciones, así como los históricos decomisos de cocaína, fentanilo y otras sustancias que han tenido lugar a lo largo del presente sexenio, muestran la determinación de las autoridades para frenar el tráfico de estupefacientes y llevar ante la justicia a los principales generadores de violencia. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que este tipo de esfuerzos tienen un impacto muy limitado mientras no van de la mano con el combate a las estructuras usadas por el crimen organizado para mover su dinero y para convertirlo en poder económico e incluso político.
En este sentido, queda claro que las fiscalías tienen mucho por hacer en materia de actualización y especialización de su personal para afrontar los retos a la seguridad pública en un contexto de trasnacionalización del crimen organizado, diversificación de sus actividades y sofisticación de los esquemas usados para eludir la justicia. Asimismo, han de reforzarse las facultades y la coordinación con la UIF, instancia clave para detectar y desactivar las operaciones de lavado de dinero. Por último, la del narcotráfico es una de las problemáticas que demuestran de manera más incontrovertible la urgencia de reformar a fondo el Poder Judicial, pues las sentencias aberrantes de jueces y magistrados suelen ser la vía más rápida para la impunidad de los delincuentes.
A estas alturas, la lucha contra los cárteles significa mucho más que un tema de drogas y seguridad: aunque éstos sigan siendo aspectos fundamentales, la contaminación de todas las esferas de la economía por la criminalidad es una amenaza para el conjunto de la sociedad. Destaca que entre las 13 empresas sancionadas por Washington haya al menos seis del ramo inmobiliario y dos dedicadas a la minería, es decir, que la delincuencia organizada pone en riesgo la seguridad de las construcciones, tiene el potencial para impedir o descarrilar la planeación urbana, y puede estar involucrada en los despojos de tierras y las muertes de activistas defensores del territorio. En este espacio se ha insistido en las evidencias que vinculan la minería con los asesinatos de líderes comunitarios que se oponen a las prácticas nocivas de la labor extractiva.
En suma, deben reforzarse las tareas de inteligencia para desenmascarar y desmantelar a las empresas que se escudan en operaciones pretendidamente legales para blanquear y multiplicar los recursos provenientes del crimen.
Los antecedentes de las agencias estadunidenses como la DEA y la CIA han dejado patente que la seguridad mexicana no puede ponerse en manos de nuestro país vecino del norte. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 2)
Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, que, formalmente tendrá ese carácter hasta dentro de algunas semanas cuando se terminen de obtener los permisos para que reciba vuelos desde el extranjero.
Es por ello que aerolíneas como Delta, United y American Airlines están planeando volar hasta el tercer mes del próximo año a ese destino, cuando, además, deberán estar las autoridades migratorias y de otras especialidades.
En números redondos, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibe más de 30 millones de pasajeros al año y una pregunta que se resolverá en el futuro es si el de Tulum, con una capacidad para 5.5 millones de pasajeros anuales, tendrá un efecto incremental en el turismo de Quintana Roo o si le quitará esos viajeros al de Cancún.
Bajo cualquier escenario será un proceso paulatino y la respuesta dependerá de muchos factores.
Entre ellos, el impulso comercial que tenga el de Tulum, y el apoyo que reciba de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para abrir nuevas rutas y generar frecuencias.
Hay grandes diferencias entre el Aeropuerto de Tulum y el, hasta ahora fallido, Aeropuerto Felipe Ángeles, comenzando porque hay un interés creciente de los viajeros por visitar los atractivos de la región sur de Quintana Roo.
Cerca del Aeropuerto de Tulum están, por ejemplo, Puerto Aventuras, Akumal, Xel-Há, Cobá, Bacalar y Mahahual.
Es cierto que a estos últimos también se puede llegar por el Aeropuerto de Chetumal, aunque éste no tiene la pista para recibir mega aviones con la que contará Tulum, con 3.7 kilómetros de largo de concreto hidráulico, y que, además, tiene una vocación burocrática.
Algunos touroperadores y mayoristas ya están viendo el potencial del nuevo aeropuerto y en este espacio se hizo referencia a la oportunidad que significaba un charter que ofreció un touroperador brasileño si se arreglaba el problema de las visas electrónicas, lo que no ha sucedido.
Pero, definitivamente habrá que promover el aeropuerto y ésa no es una actividad en la que haya destacado especialmente el Ejército mexicano, como lo ha demostrado en el AIFA.
El Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR) no se quedará con los brazos cruzados y seguirá haciendo su trabajo comercial para defender sus rutas y seguir buscando nuevos mercados.
Aunque Tulum es un destino de moda, no hay que pensar que las aerolíneas y las empresas de turismo se volcarán a tocar la puerta para volar al nuevo aeropuerto y allí hay un reto.
También en la calidad de los servicios, la capacidad de atender las demandas de los clientes y de solucionarles sus necesidades, otras razones sobre la inconveniencia de darle al Ejército una tarea distinta para la que fue creado.
Si todos hacen bien su tarea, tampoco hay que descartar que Quintana Roo, el único estado que tendrá cuatro aeropuertos internacionales como ha dicho la gobernadora Mara Lezama, podrá realmente seguir incrementando de forma más acelerada el número de turistas nacionales e internacionales que recibe anualmente.
DIVISADERO
Herencia de Xcaret. Francisco Gutiérrez, quien desde esta semana dirige el Grupo Lomas, buscará incluir el transporte, las actividades y experiencias gastronómicas dentro de su concepto todo incluido.
Algo que ha hecho con éxito Xcaret, de donde viene, mientras que aquí sumará el Parque Acuático Nickelodeon, un rancho ecuestre y su importante oferta de restaurantes. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 5)
La ansiedad demográfica es un estado mental o afectivo desagradable que se vive como aprensión ante el crecimiento o el decrecimiento de la población. El término fue posicionado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en 2022, al llegar a 8 mil millones de habitantes en la Tierra.
Fue hacia la mitad del siglo XX cuando el mundo se encontró frente a un rápido crecimiento de la población, por el descenso de las tasas de mortalidad y el crecimiento en la esperanza de vida. Entonces se impulsaron campañas para reducir las tasas de fecundidad y el tamaño de las familias enfocándose principalmente en países que mantenían altas tasas de fecundidad (en África, América Latina y Asia). Se llegó a calificar como explosivo y catastrófico el crecimiento de las poblaciones y se achacó al rápido crecimiento poblacional la causa del cambio climático, sin considerar las diversidades regionales ni llamar a cuentas a quienes generan la mitad de las emisiones de dióxido de carbono (el 10 por ciento más rico de la población mundial).
El informe titulado 8 mil millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y las libertades (www.unfpa.org/es/swp2023) da cuenta de características demográficas que son expresión de la geopolítica y de los diversos niveles de pobreza o de riqueza de los pueblos. Se estima que la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 se concentrará en ocho países con tasas altas de fecundidad, entre ellos Nigeria 5.2 hijos/mujer, Tanzania 4.7, Etiopía 4.2, Pakistán 3.5, Egipto 2.9. En contraste, Europa es la única región en que habrá una caída global de población de aquí a 2050; dos tercios de la humanidad residen en países con baja fecundidad, como Taiwán 1.02 hijos/mujer, Singapur 1.17, Italia 1.24, España 1.29, Bosnia y Herzegovina 1.3, Japón 1.39 hijos/mujer. Se ha intentado reducir el crecimiento de la población violentando los derechos de las mujeres mediante esterilizaciones forzadas o anticoncepción coercitiva, y ante la baja fecundidad se han lanzado programas para motivar a que las familias fueran más numerosas a cambio de incentivos financieros y recompensas para las mujeres y sus parejas; de manera extrema se han violentado los derechos reproductivos al cerrar servicios de salud reproductiva para promover los nacimientos o volver a penalizar el aborto.
En los países africanos la población sigue creciendo rápidamente, pero en América Latina se ha logrado regular el crecimiento demográfico, alcanzando tasas cercanas a uno por ciento. En México, el cambio en la política de población pasó de una narrativa de gobernar es poblar a la de la familia pequeña vive mejor que dio origen al nacimiento del Consejo Nacional de Población (Conapo) en 1974. Las proyecciones de población del Conapo señalaron que de mantener las altas tasas de fecundidad (siete hijos/mujer) llegaríamos a ser 150 millones de habitantes en 2000, pero que si se impulsaban campañas y servicios de planificación familiar podríamos llegar al cambio de milenio con una población cercana a 100 millones (considerando también la migración internacional). El despliegue de acciones de difusión, planificación familiar y educación sexual logró reducir la velocidad del crecimiento de la población; para 2000 el censo registró 97.4 millones de personas. Una política de población muy certera que estuvo acompañada del incremento del acceso de las mujeres a niveles de mayor escolaridad y al trabajo remunerado, movilidad social y ejercicio de sus derechos reproductivos. En el siglo XXI México presenta un panorama muy diferente al del siglo pasado. Hay un freno de la fecundidad en todas las entidades federativas, con una tasa de 1.9 hijos por mujer y un descenso de 50 por ciento en la tasa de embarazo de adolescentes (aunque es alta, 60 nacimientos/mil adolescentes). El crecimiento de la población mexicana es lento (0.88 anual) y alcanzaremos el máximo volumen en 2053, con 147 millones. Hoy la mayoría de población está en edad escolar y laboral y comenzó el envejecimiento poblacional (en 20 años se doblarán los mayores de 60 años). No se ha regulado la movilidad interna (17 ciudades millonarias y más de 180 mil comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes) y los escenarios de migración internacional son cambiantes y crecientes, lo cual a largo plazo podrían compensar la falta de población en edad laboral.
En el último informe del UNFPA se aboga por dar un giro de 180 grados a la visión catastrófica de los cambios de población. Habría que prescindir de los relatos exagerados y valorar la capacidad de adaptación de las sociedades, y sobre todo evitar que se vulneren los derechos de las mujeres.
En vez de angustiarnos, toca anticiparse y ser creativos. Para que las nuevas generaciones quieran tener hijos sería necesario cambiar las condiciones laborales y operar un sistema de cuidados, cortar y flexibilizar los horarios laborales con igualdad salarial para mujeres y hombres, servicios domésticos y de cuidados accesibles, generalizar la educación inicial y básica de tiempo completo, ampliar el acceso a la media superior y superior, incluyendo educación integral de la sexualidad en todos los niveles, medidas impopulares por amenazar intereses empresariales y por la gran inversión que requieren. Otra opción es aceptar vivir con baja fecundidad e integrar a las y los jóvenes migrantes. (Gabriela Rodríguez, La Jornada, Opinión, p. 14)

(Magú, La Jornada, Política, p. 3)

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 12)