¿Qué ocurrió en el estado de México? ¿Fuenteovejuna? (La Jornada, Contraportada)
LA VIOLENCIA en el sur del Estado de México dio ayer un giro preocupante en el municipio de Texcaltitlán cuando pobladores respondieron a la agresión de criminales que los extorsionaban, hecho que dejó 14 muertos: 11 presuntos delincuentes y 3 ciudadanos.
QUIZÁS lo más grave es que se trata del mismo lugar en el que apenas en junio del año pasado hubo una balacera entre integrantes del crimen organizado y policías con un saldo de 11 muertos.
LA ZONA lleva años prácticamente tomada por La Familia Michoacana y todo indica que, ante la omisión de las autoridades estatales y federales, los ciudadanos se hartaron y tomaron el asunto en sus manos.
¿Y LA gobernadora morenista Delfina Gómez? Pues anduvo ayer de gira con Andrés Manuel López Obrador anunciando nuevas becas y otros programas sociales. Se nota que hay prioridades.
CÓMO han cambiado las cosas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2021, cinco magistrados se rebelaron contra el entonces presidente José Luis Vargas y lo destituyeron para poner en su lugar a Reyes Rodríguez.
DOS DE los votos que decidieron la suerte de Vargas fueron los de Felipe de la Mata y Felipe Fuentes y, vaya casualidad, ahora esos mismos magistrados tocayos junto con Mónica Soto exigen la renuncia de Rodríguez.
¿PUES qué habrá pasado en estos dos años para que ahora quieran quitar a quien ellos mismos pusieron? Es pregunta llena de fe… lipazos.
QUIENES saben cómo se manejan las cosas en el IPN advierten que el recientemente señalado jefe de Administración, Javier Tapia Santoyo, tiene cuentas pendientes en esa institución educativa.
EL MIÉRCOLES se dio a conocer que cuando fue funcionario del ISSSTE estuvo involucrado en una trama de posibles desvíos de dinero público.
Y EN EL Poli acusan a Tapia de manejo poco claro de recursos de la Fundación Politécnico que, además, está fuera del alcance de la Auditoría Superior de la Federación por su carácter de asociación civil. ¿Será?
AHORA que se ha puesto de moda el término “Fosforena” para referirse a una posible alianza legislativa entre Morena y Movimiento Ciudadano hay quienes de plano proponen cambiarle el nombre al partido naranja si es que se va a convertir en otro satélite en la órbita de la 4T.
LA IDEA es que ahora MC se llame Moreniento CiudadAMLO y que, de una vez, Dante Delgado, cuyo partido apoyó las candidaturas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, reconozca que quiere formar parte de la Cuarta Trans”fosfo”rmación. Es chiste, parezca lo que parezca. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
En Texcatitlán estalló el hartazgo por los “abrazos”
Nos hacen ver que autoridades federales y mexiquenses tomaron nota de lo ocurrido ayer en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde pobladores se organizaron para defenderse de integrantes del grupo criminal Familia Michoacana que llegaron a exigirles el pago del derecho de piso. Once personas murieron, ocho de ellas de la organización que pretendía extorsionarlos. Los videos de los hechos muestran cómo los comuneros armados con palos, hoces y algunos rifles enfrentaron a los delincuentes que tenían armas de alto calibre. Nos recuerdan que esa zona en el sur de la entidad, colindante con la llamada tierra caliente de Guerrero, lleva muchos años siendo foco de violencia. Luvianos, Tlatlaya, Coatepec Harinas y Texcaltitlán han sido escenario de matanzas y los criminales controlan la vida de las comunidades ante la ausencia del Estado. Ni la guerra contra el narco ni los “abrazos, no balazos” han cambiado esa realidad. Ahora que los equipos de campañas presidenciales hacen proyectos de seguridad, harían bien en echar una mirada a esa tierra de nadie.
Quieren otra presidencia fugaz en el Tribunal Electoral
Mientras organizaciones civiles y la oposición denuncian mano negra en la crisis del Tribunal Electoral a menos de seis meses de los comicios presidenciales, nos hacen ver que los magistrados que buscan destituir a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia de ese órgano judicial buscan que sea Mónica Soto quien lo sustituya. Los amotinados en contra de don Reyes dicen que doña Mónica representaría una “alternancia de género”. Nos cuentan que el periodo de la magistrada en la Sala Superior termina en 2025, así que sería otra presidencia breve en un tribunal que lleva cuatro presidentes en cinco años, pese a que son elegidos para cuatrienios.
¿Reunión cumbre de fosforena en Monterrey?
Nos cuentan que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará el primer tramo del Tren Maya, el viernes en Campeche y al día siguiente viajará a Monterrey para dar el banderazo inicial a la tercera etapa del Acueducto El Cuchillo II. Será ese acto, nos detallan, el que reunirá al Presidente de la República con el gobernador Samuel García, a quien los mal pensados adelantan que apapachará luego del fiasco de su efímera candidatura presidencial y el choque del que no salió muy bien librado con el PRI y el PAN, partidos que ya se refieren al programado encuentro como “reunión cumbre de fosforena”, entre los líderes de Movimiento Ciudadano y Morena.
Siguen pateando el bote con el tema Notimex
Nos cuentan que el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, José Antonio Álvarez Lima, a pesar de la instrucción presidencial de resolver el caso de la liquidación de los 86 periodistas agremiados en el sindicato de Notimex, optó por patear el bote para la última semana de sesiones, cuando se le pidió incluir en la minuta un transitorio que garantice los recursos para pagar las obligaciones laborales y evitar que el conflicto de huelga se extienda. Así las prioridades en la Cámara alta del Congreso. (El Universal, A2, p2)
Que Ricardo Anaya, Ana Teresa Aranda, Enrique Vargas y Laura Esquivel, entre otros, tendrán que esperar la decisión que tome el Consejo Nacional del PAN el próximo 16 de diciembre para saber en qué lugar quedan en la lista para el Senado, en la que la comisión permanente de ese partido ya resolvió ayer por lo pronto, por unanimidad, que el primer lugar sea para el presidente del CEN, Marko Cortés, mientras que la posición cuatro va para la hoy senadora Lilly Téllez y la séptima para el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.
Que como van las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aún encabeza Reyes Rodríguez Mondragón, se quedará con cinco integrantes enfrentados, ya que en el Senado no prevén aprobar los nombramientos pendientes de dos integrantes y tampoco saldría en este periodo que termina el próximo viernes la designación de un magistrado en la Sala Especializada. ¿Cuál es la prisa?
Que el plan en el Senado, eso sí, es votar el 13 de noviembre la segunda terna para cubrir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, y las dos salas regionales a las que también les falta un magistrado, y es que el puente guadalupano hará que no sesionen el próximo martes 12 de diciembre y esperan cerrar el ordinario el 14, iniciando no solo el maratón Lupe-Reyes, sino el receso que terminará hasta febrero. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador suspenderá su mañanera por la festividad religiosa.
Que no solo el Tribunal Electoral vive en turbulencia, pues en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también están incompletos y divididos y está complicada la elección de su nuevo presidente para reemplazar a Blanca Lilia Ibarra, a celebrarse el domingo, luego de que los comisionados Josefina Román, Julieta del Río y Adrián Alcalá se postularon, lo que significa que tendrán que negociar y lograr un gran acuerdo de unidad para no debilitar más al instituto. (Milenio, Al Frente, p.2)
TEPJF, crispado y chimuelo
Y hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta que la crisis en la que éste se encuentra por las fuertes diferencias que mantienen sus actuales integrantes no será el único asunto espinoso que enfrentará al cierre del año. Porque el otro tema que trae pendiente, esto es, que se designen dos magistraturas para completar el pleno de la Sala Superior, conformado por siete, tampoco se resolvería en el actual periodo de sesiones del Senado, que termina el próximo 15 de diciembre. Al menos eso explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. “Nosotros vamos a actuar con mucha sensatez y con profesionalismo legislativo y vamos a esperarnos a un momento en el siguiente periodo ordinario, a partir del 1 de febrero”, refirió sobre el tema, porque, explicó, “no tenemos un consenso al interior del grupo de Morena”. Así que el máximo Tribunal Electoral, además de crispado, seguirá chimuelo. Uf.
Todos quieren la presidencia del Inai
Con la novedad de que todos los comisionados elegibles, tres, para ocupar la presidencia del Inai se anotaron en el proceso interno del que, este domingo, saldrá el relevo de Blanca Lilia Ibarra. Hablamos de Adrián Alcalá, Julieta del Río y Josefina Román. Será a las 13:00 horas cuando se efectúe una sesión extraordinaria, en la que se presentarán los programas de trabajo de cada uno de los aspirantes, para luego pasar a las votaciones. Al final ganará quien obtenga al menos tres votos a favor de los cuatro integrantes del pleno. ¿Qué pasa si no se logra la votación mínima? Ah, pues que se abre una segunda o hasta una tercera ronda. Y si en esta última nadie logra la votación requerida entonces viene una cuarta en la que sólo participan los dos con el mayor número de votos. Si hay empate, quien presida la sesión podrá emitir un voto de calidad. A juzgar por los tiempos que vive el Inai, nos dicen, a ver quién se saca la rifa del tigre.
El caso de Mariana vs. Fox
Y hablando de temas electorales, resulta que el tribunal electoral tiene previsto desechar la impugnación que presentó MC, luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso electoral del INE determinó desechar la queja que la influencer Mariana Rodríguez presentó contra el expresidente Vicente Fox, por violencia política de género. La propuesta de resolutivo, que habrá de ser votada en próximos días, perfila confirmar que el INE no tiene competencia para atender el asunto. Lo anterior, porque, se señala en la propuesta de resolución, los señalamientos misóginos del expresidente no tienen un trasfondo electoral, pues no involucran el goce o ejercicio de derechos políticos electorales. Nos hacen ver, sin embargo, que eso tampoco quiere decir que el exmandatario se quede en la impunidad, porque el Conapred tendrá que resolver finalmente sobre el asunto, en el que se señalan actos de discriminación cometidos por particulares. Ahí el dato.
Dio permiso el elefante
En buen momento, nos comentan, el elefante reumático que en diversos momentos se ha apropiado de los procesos de autorización de Cofepris, dependencia a cargo de Alejandro Svarch, permitió que se avalara la comercialización entre particulares de las vacunas de Moderna y Pfizer que sí son capaces de proteger contra las nuevas variantes de Covid-19, como la BA.2.86 y la JN.1. Con ello, esas firmas internacionales, se han puesto las pilas para que a la brevedad puedan ser distribuidas y aplicadas. Reconocidos médicos han dado cuenta de que los nuevos biológicos de ambas firmas pueden ayudar a proteger contra enfermedades graves en tiempos en los que se dan muchas reuniones por las fiestas de fin de año.
Caso Segalmex en juzgados
Y fue un juez federal el que determinó dictar prisión preventiva contra René Gavira, quien se entregó el jueves pasado para enfrentar una serie de acusaciones por desfalcos cometidos contra Segalmex. El exfuncionario deberá permanecer en el Reclusorio Norte porque, independientemente de haber acudido por decisión propia ante la justicia, el juzgador valoró que existe el riesgo de que se pudiera dar a la fuga. Hasta ahora, se ha informado, ha sido cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Gavira, quien fuera director de Administración y Finanzas en la dependencia que tenía a su cargo Ignacio Ovalle, aunque hasta el momento no hay acusación alguna en su contra.
Amarran senaduría
Así que el dirigente del PAN, Marko Cortés, ya se hizo de un lugar en el Senado de la República en la siguiente Legislatura. Y es que la Comisión Permanente Nacional dio a conocer quiénes ocuparán algunos de los lugares de la lista plurinominal en los que lleva mano. Así, el líder albiazul se hizo del lugar 1; en el cuarto, nos comentan, quedó la senadora Lilly Téllez y en la séptima el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Se espera que el próximo 16 de diciembre complete la lista el Consejo Nacional, para lo cual barajan nombres como el de Ricardo Anaya, exdirigente panista que actualmente se encuentra en Estados Unidos, o el diputado local mexiquense Enrique Vargas, también Ana Teresa Aranda. En la lista final se deberá respetar la alternancia de género y las acciones afirmativas determinadas por el INE para integrar a personas con discapacidad, migrantes e indígenas. Pendientes. (La Razón, La 2, p.2)
Mientras las candidatas presidenciales se afanan y se desgañitan para ver quién de las dos es la más popular y simpática, la sangre de los mexicanos sigue corriendo en el río incesante de la violencia del narcotráfico; durante las casi tres semanas que llevan las precampañas presidenciales, los hechos de violencia en toda la República no se han detenido y siguen escalando la violencia criminal, ya casi cotidiana, en la que viven la mayoría de los mexicanos en la República.
En tanto ellas prometen un México mejor, con un presunto “segundo piso” a la transformación, u otro país libre de la “amenaza de Morena” a la democracia y a las libertades de los mexicanos, el sonido de las balas del narcotráfico, disparadas desde sus armas automáticas y de alto calibre, sigue aterrando y angustiando a millones de mexicanos. Desde los estados de la República, que parecen haber sido abandonados a su suerte por las fuerzas de seguridad federal, muchos ciudadanos se tienen que agachar y doblegar ante el poder de los grupos criminales cada vez más violentos, sádicos y crueles, que actúan impunemente ante la orden presidencial de darles a esos sanguinarios y asesinos, “abrazos, no balazos”, lo que en la realidad significa una patente de corzo para que los narcotraficantes dominen y gobiernen territorios, usurpen funciones constitucionales del Estado como el de la seguridad y el cobro de impuestos, mientras siguen intoxicando a los jóvenes mexicanos, que ahora son su principal mercado, ante la legalización de algunas drogas en Estados Unidos y la recomposición del mercado de las drogas con las drogas químicas y sintéticas.
Prácticamente ya no hay día en este país en el que no ocurra o se reporte en las redes sociales primero, y luego en los medios de comunicación, uno o varios hechos de violencia graves como desapariciones y masacres de jóvenes estudiantes, el enfrentamiento violento entre militares y policías y sicarios armados del crimen organizado, la rebelión de un pueblo en la sierra mexiquense que con hoces y machetes enfrentaron a pistoleros narcos que los querían obligar a pagar derecho de piso por sus negocios, terrenos y hasta por comerciar o producir legalmente en su propio pueblo. La mayoría de esas muertes y asesinatos de mexicanos en muchos casos inocentes se vuelven noticia de un día para los medios, morbo más duradero para las redes sociales, y muy rara vez llegará a ser tema que comenten las señoras candidatas presidenciales.
¿Qué clase de país es el que se están disputando las dos abanderadas de Morena y de la oposición? ¿El México real, en el que ya vive la mayoría del territorio nacional, con violencia e inseguridad cotidianas, ausencia de autoridad y economías locales movidas por el dinero sucio del narcotráfico? ¿El México de la impunidad donde las víctimas son los ciudadanos mientras a los varones del narco no se les toca ni se les molesta desde el gobierno federal? ¿O el México que, con la mayoría de mexicanos honestos y trabajadores, lucha y exige para salir adelante y rectificar el rumbo y la situación del país?
Porque ninguno o si acaso uno de esos Méxicos llegan a aparecer en las campañas y los discursos políticos. En una de las campañas presidenciales se habla de un México muy feliz y casi idílico, en donde la violencia no se ha agravado, las medicinas y tratamientos no escasean en la salud pública, y la corrupción desapareció por obra y gracia del sermón matutino presidencial. En el México de Claudia Sheinbaum no existe mayor prioridad, urgencia o necesidad que “consolidar la transformación”, poniéndole un segundo piso tan imaginario y abstracto como los resultados y efectos visibles de dicha transformación. En tanto que en el México de Xóchitl Gálvez predomina el México que se siente agraviado por el discurso de odio desde la Presidencia de la República, y que ve amenazadas libertades y conquistas ciudadanas como el acotamiento del poder presidencial y el fortalecimiento de los otros dos poderes de la Unión, la transparencia, la libertad de expresión y el derecho a aspirar a una superación personal, económica y social.
Pero la agenda de la violencia criminal en México, que tan sólo esta semana que concluye le costó la vida a 6 estudiantes universitarios de Guanajuato, 3 campesinos que enfrentaron al narco en Texcaltilán, Estado de México, entre muchos otros homicidios dolosos que a veces ya pasan desapercibidos, no se detiene y sigue perfilando un país descontrolado, cada vez más anárquico y en el que la presencia física de las autoridades militares y de seguridad que ha crecido en todo el territorio con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, es sólo una pantalla para ocultar la decisión de un gobierno de no molestar ni incomodar —salvo en casos estrictamente necesario y que soliciten desde los Estados Unidos— a las mafias del narcotráfico.
Ese es el país que le tocará gobernar a la primera mujer presidenta en la historia de México como república federal independiente. Un país que se divide y se debate entre el empuje hacia el desarrollo y el futuro, con oportunidades históricas como el “near shoring”, y el intento de consolidar un nuevo sistema político autoritario y de Partido de Estado, casi idéntico al que se instrumentó en los 75 años del priato, en el que una mayoría política controle a los tres poderes del Estado, al INE y a los órganos autónomos, menosprecie e ignore a la oposición política, satanice y persiga incluso con cárcel a periodistas críticos o a activistas disidentes, y trate de imponer una sola visión política del país.
Definitivamente no van a ser las encuestas las que decidan cuál de las dos candidatas gana la presidencia; van a ser los votantes mexicanos los que, también polarizados entre las dos visiones de país que se confrontan, tomarán partido en una elección plebiscitaria que definirá el rumbo político y económico del país en los próximos seis años, y definirán con su voto cuál de esas visiones debe imponerse desde el gobierno de la República. Pero mientras, en los seis meses y medio que le faltan a las campañas presidenciales, seguiremos escuchando discursos que prometan un país mejor y más seguro, mientras el México actual y el de la realidad que viven millones de mexicanos, se desangra en el dolor de las muertes y desapariciones.
NOTAS INDISCRETAS…
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirma muy seguro que en su estado: “ya no hay absolutamente ninguna área, absolutamente ninguna área bajo el dominio de algún grupo criminal. Eso se acabó”, pero los habitantes de varias regiones de la entidad sonorense denuncian y comparten en redes sociales la presencia de grupos y facciones armadas de distintos cárteles del narcotráfico, que controlan y gobiernan en varios municipios sonorenses. Una de esas es la región de Santa Magdalena, Altar, Caborca, utilizada como un paso estratégico del tráfico de drogas a Estados Unidos, en donde hay dos grupos fuertemente armados en una guerra por controlar esos territorios.
También está la denuncia que circula en redes sociales sobre el cambio realizado de un batallón completo del Ejército mexicano en Caborca que tuvo que ser reubicado de municipio y de estado, porque los militares les habían vendido protección a los narcos. En toda esa región, y en medio de las disputas de cárteles, la presencia de las autoridades federales y militares existe, pero no hace nada para combatir o confrontar a los grupos criminales.
Entre las denuncias ciudadanas y las afirmaciones temerarias del gobernador, francamente resultan mucho más creíbles lo que dicen los sonorenses, porque al señor Durazo se le escuchó decir lo mismo del país, cuando fue secretario de Seguridad Federal, y prácticamente no hizo nada para detener la violencia y el avance del narcotráfico en toda la República…Los dados cierran con Escalera Doble. Se rompió la mala racha.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. (Salvador García Soto, El Universal, Online)
Con la integración de un equipo de coordinadores de foros o consultas, la inminente candidata lanza un importante primer mensaje sobre su futura campaña y gobierno. Amplio, incluyente podrían decir algunos, pero lo realmente importante es que es un mensaje claro sobre el futuro. Y aparece en la educación, un territorio clave que, además, la Cuarta decidió ceder en mucho al pasado panpriísmo.
Cuando en 2013 el PRI se lanzó a la aventura de la reforma educativa, el PAN y sus diputados se unieron al PRI, que les abría la puerta y al poco ya estaban exigiendo y consiguiendo ir lo más lejos posible en las leyes secundarias. Así ocurrió en puntos como la evaluación y despido de los y las maestras, la creación del INEE, el rechazo a que las y los maestros tuvieran derechos laborales plenos y la negativa rotunda a que se les diera su lugar en el sistema educativo a los egresados de las ya de por sí perseguidas normales públicas. Y ahora, en 2023, uno de esos diputados y ex gobernador del PAN ya tiene su lugar en la mesa del diseño del país para el sexenio de la doctora. Se dice que esto es transitorio y que no se anticipa cargo alguno para ellos, pero si ese diputado y colegas ya estuvieron en 2013 junto con el PRI haciendo leyes y luego también estuvieron en 2018-2021 redactando leyes junto con la representación de Tv Azteca en la SEP, y ya son invitados en 2023. Es un mensaje y un símbolo muy fuerte, ¿por qué no podemos pensar que también ahora se les abre la puerta y sin necesidad de dar portazo alguno, pueden comenzar a hacer el boceto de lo que será el país de aquí a 2030? Porque no es una aparición ocasional y sin significado la que ahora vemos, sino una trayectoria de continua presencia del sector conservador en las habitaciones exclusivas donde se decide lo fundamental.
Y si se les invita una vez más, con todo derecho ellos asumen que es precisamente por su postura histórica. Por eso en el sexenio de la doctora podemos anticipar que gracias a esa presencia, se respetará la herencia del PAN ahora ya profundamente trenzada en las leyes de educación de la Cuarta, y que en la educación superior no habrá real derecho a la instrucción ni a la gratuidad, ni cesarán los exámenes tipo Ceneval, ni se dejará de impulsar la comercialización de las instituciones, y que en la educación básica no se tocará una coma de las leyes que dieron lugar a distorsiones tan profundas como la Usicamm, por mencionar sólo un punto. Tampoco se cumplirán las promesas de Guelatao que se hicieron frente a miles de profesores de Oaxaca en la campaña de 2018. Ahí se habló claro y contundente del derecho de los estudiantes a la educación y a la gratuidad (y no del derecho de las burocracias a determinarla en la forma que más convenga) y claro, también se dijo que ahora sí los maestros estarían sentados en la mesa de diseño de una nueva formación.
Hoy, sin embargo, la presencia del ex rector de la UNAM como encargado general del conjunto de coordinadores puede interpretarse como una inclusión de lo decente del PRI (¿Zedillo?). Pero también viene la advertencia de que el pasado no necesariamente es color de rosa. Y que simbólicamente con él se incluye en el grupo la parte más hostil del Estado contra las y los estudiantes. Un millar de alumnos, mujeres y hombres, encarcelados y sujetos a proceso en prisión precisamente por demandar gratuidad, acceso sin exámenes discriminatorios a la educación, y la persecución a los académicos y académicas (de dentro y fuera de la UNAM) que se colocaron al lado de las y los estudiantes. Pero, además, en este conjunto de coordinadores aparece otro personaje del pasado más reciente. Y de nuevo se hace presente ese Estado que desaparece a 43 estudiantes, tragedia que sigue sin resolverse. Finalmente, una política regiomontana integrante del equipo de campaña aparece ahora demandando penalmente a un columnista de La Jornada. Y éste fue aprehendido y presentado frente a un juez en Nuevo León.
Todo esto viene a confirmar lo evidente: sí es posible el discurso de la inclusión y amplia participación, pero en condiciones como éstas no tiene sustancia, los prejuicios y lealtades originarias de clase están presentes y no sólo como símbolo; también actuarán poderosamente a la hora del diseño del futuro inmediato del país. Ellos son símbolos del pasado del país, pero, como se ha dicho una y otra vez, se trata precisamente de no repetirlo. Son presencias que no traen lo que para toda campaña es indispensable: la fuerza y la inspiración para construir juntos un futuro. Por eso también seguirá apareciendo terca la historia de resistencia y los testimonios de que en educación desde hace décadas falta lo principal: la voz y la presencia decisiva de estudiantes y maestros.
PD No se incluyen nombres, porque con lo de Jalife el clima ha cambiado radicalmente. (Hugo Aboites*, La Jornada, Opinión, p.12)
Los abrazos no funcionan
Y no es cuestión de cómo se presenten los datos. El gran fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Orador es la violencia, la impunidad, los feminicidios, los asesinatos de periodistas y los desaparecidos.
Su gobierno -lo he dicho antes- es el más violento de la era moderna, desde la Guerra Cristera y la Revolución. Y eso no es poca cosa. Desde el 1o. de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre del 2023 han sido asesinados 161,518 mexicanos, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, estos números los saqué del propio gobierno de México.
Lo más grave es que el propio Presidente no reconoce que es un problema muy serio y en las mañaneras se ha dedicado a alabar una estrategia fallida. Y eso confunde a la gente.
La última vez que fui a una mañanera (en septiembre del 2022) le demostré a AMLO con datos que en su gobierno ya había más homicidios dolosos que en las presidencias de Enrique Peña Nieto (124,478) y de Felipe Calderón (121,683).
Él dice, con razón, que ha bajado la tendencia de los asesinatos. Por ejemplo, de 34,719 homicidios dolosos en el 2019 a 30,971 en el 2022. Pero, aun así, el total de muertos es muy superior al de otros gobiernos.
Mi argumento es muy sencillo: no son solo números, son mexicanos asesinados, con cara, familia y apellido. Y si en lo que queda del 2023 y en el 2024 mueren tantos como en el 2022 -unos 84 muertos por día- entonces el gobierno de AMLO podría terminar, en 11 meses más, con cerca de 190 mil muertos.
Eso es una tragedia nacional.
Pero AMLO no va a cambiar. Va a seguir topándose con la misma pared. Esta semana, cuando le preguntaron al Presidente sobre el asesinato de seis estudiantes de medicina en Celaya, Guanajuato, culpó al consumo de drogas por el incidente y repitió su filosofía para enfrentar los hechos de violencia. “Evitar eso. Y eso solo con amor”, dijo. “Con atención a los jóvenes. Con apapacho. Que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio”.
Suena muy bonito Pero los apapachos no han funcionado en un país tan violento como México. En ningún país del mundo se pueden presentar más de 161 mil muertos como un triunfo.
La próxima Presidenta de México, sea quien sea, tiene que hablarnos con la verdad. No hacer malabares con las cifras y las palabras para hacernos creer que las cosas están bien. No lo están. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo (después de Gaza), los niveles de impunidad son altísimos, casi todos los días se reportan feminicidios y hay un verdadero vacío de información sobre las decenas de miles de desaparecidos.
La próxima Presidenta tiene que romper radicalmente con la estrategia de abrazos, no balazos. Como millones de mexicanos, estoy esperando de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez un programa muy específico, claro y comprensivo para reducir los asesinatos en el país.
Pero habrá que esperar. AMLO se sigue chupando todo el aire en la política mexicana y no va a ceder ni un poquitito de poder en su último año en la Presidencia. Y eso significa que no habrá cambio de rumbo y que morirán decenas de miles de mexicanos más. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
El pasado jueves fue detenido en Miami, Florida, René Gavira Segreste, director de finanzas de Segalmex durante los dos primeros años de la actual administración. Este sujeto se encuentra en el corazón de una trama urdida para estafar, a través de distintas estrategias, una cantidad extraordinaria de recursos públicos.
Se calcula que los actos de corrupción cometidos durante los primeros veinticuatro meses de vida de Segalmex superarían los 20 mil millones de pesos. (Se trata de un monto que excede en un 25 por ciento a los dineros que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso arrebatar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación).
René Gavira es uno de los 22 sujetos imputados por esta conspiración. Es el primero que podría ser procesado, entre los cinco cabecillas responsables de la estafa. Los otros son Manuel Lozano, ex director de comercialización, Carlos Dávila, ex director jurídico, Bernardo Fernández, ex director de operaciones de Liconsa e Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue creada el viernes 18 de enero de 2019 como un organismo público cuya misión es la distribución de productos básicos en las comunidades rurales más pobres del país.
Robar es detestable, pero robar a las personas más vulnerables es un acto de crueldad. La red de corrupción operada al más alto nivel merecería el peor de los castigos precisamente por la vileza, que significa haber tomado dinero que debió haber beneficiado a las comunidades desprotegidas.
Esta trama criminal se tejió a partir de un rosario largo de desfalcos de distinto nivel y proporción. Entre ellos destaca el hurto de las inversiones financieras realizadas por la tesorería de Segalmex, el fraude para la contratación de personal fantasma, el desvío en la producción y venta de lácteos, el robo de 16 mil toneladas de azúcar, la compra de 800 millones de pesos en carne echada a perder y la venta de maíz subsidiado para beneficio de empresas privadas.
La primera denuncia la presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año de 2020. Al principio esa autoridad habría encontrado un desfalco por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos. A partir de entonces, también la Secretaría de la Función Pública emprendió investigaciones que, según Roberto Salcedo, titular de esta dependencia, hoy incluye 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y más de 618 expedientes abiertos en contra de funcionarios y particulares.
El caso más sonado que implica a René Gavira es la inversión que el ex director de finanzas hizo por más de 850 millones de pesos en documentos bursátiles a través de la institución financiera CI Banco. (Alguna parte de este dinero fue a su vez ilegalmente prestado a una desarrolladora inmobiliaria de Chiapas).
Gavira no estaba autorizado para realizar esta inversión, ya que de acuerdo con la norma, los recursos pertenecientes a organismos públicos únicamente pueden obtener réditos mediante la compra de papel gubernamental (como por ejemplo Cetes). El principio asegura que no se tomen riesgos innecesarios con el dinero administrado por funcionarios públicos.
Si bien, mediante una negociación política con CI Banco, Segalmex logró recuperar estos fondos, nunca se entregaron al organismo los intereses acumulados por dicha inversión. La pérdida derivada de este manejo fraudulento superaría los 100 millones de pesos.
Es importante precisar que Gavira jamás habría podido desviar tales recursos sin la autorización del director jurídico, Carlos Dávila, y del director general, Ignacio Ovalle.
Gavira tendría también que ser procesado por la contratación de mil 960 personas, a través de la empresa TIM Outsourcing, que en realidad nunca trabajaron para Segalmex. Si bien el organismo pagó sueldos, en promedio de 9 mil pesos mensuales por empleado –durante los meses de noviembre de 2019 a febrero del 2020– no existe evidencia de que esas personas se hubiesen presentado a laborar en los almacenes del organismo. De comprobarse este otro delito, el daño al erario por tal concepto superaría los 70 millones 500 mil pesos.
El tercer escándalo relacionado con esta trama criminal implica a la distribuidora de leche Liconsa y a dos empresas particulares. Liconsa adquirió 900 millones de litros de leche a pequeños productores que posteriormente fueron procesados para volverles polvo por la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y por el Grupo Vicente Suárez 73.
En el proceso de desecación de la leche se produce una cantidad ingente de mantequilla que, al parecer, las empresas privadas conservaron sin pagar un solo centavo. En esta otra operación fraudulenta habrían participado Bernardo Fernández, exdirector operativo de Liconsa y Manuel Lozano, ex director de comercialización de Segalmex. También habría estado involucrado Alejandro Puente, un intermediario corrupto vinculado con Lozano.
El cuarto fraude está relacionado con la compra de azúcar e involucra, de nuevo, a Manuel Lozano, exdirector de comercialización. Este individuo operó la adquisición de 19 mil toneladas de azúcar, de las cuales únicamente tres mil fueron distribuidas en los almacenes del organismo. Existe evidencia de que se habría obligado al personal de Segalmex para que falseara la información con objeto de encubrir este miserable timo.
El quinto expediente implica la compra de 800 millones de pesos en carne que se echó a perder por haberse operado con negligencia la cadena de frío. De nuevo, el ex director responsable de esta extraordinaria merma es Manuel Lozano.
Por último, cabe relatar el escándalo que significó, durante la administración encabezada por Ignacio Ovalle, la venta de maíz subsidiado a la empresa Maseca en vez de a las comunidades rurales vulnerables.
René Gavira llegó a Segalmex recomendado por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía. Manuel Lozano es compadre de Ignacio Ovalle, ya que el segundo es padrino de su hijo César. Carlos Dávila, ex director jurídico de Segalmex, fue durante 12 años secretario particular de Ignacio Ovalle. Bernardo Fernández fue contratado por Ovalle, a pesar de haber estado involucrado con una empresa acusada de corrupción durante el sexenio pasado.
Exculpar al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, argumentando que lo engañaron es engañarse a sí mismo. Si él no fue la cabeza de esta trama criminal, entonces habría que buscar responsabilidad en quien lo nombró. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)
¿Qué ocurrirá con la política de salud durante la administración 2024-2030 después del nombramiento del Dr. Kershenobich como integrante del equipo responsable de los Diálogos para la Transformación (3/12/23)? Enfrenta cuatro grandes desafíos: activar efectivamente la atención primaria de la salud, mejorar sustancialmente los servicios clínicos, detonar una estrategia de cuidados frente al envejecimiento (sólidamente financiada) y consolidar los avances del IMSS-Bienestar.
Sólo en materia de este último se deberá atender el legado y sello propio de Zoé Robledo, director general del IMSS, quien, por instrucción del presidente AMLO, armó una primera improvisación para brindar servicios médicos asistenciales a la población sin seguridad social.
¿En qué consiste esa improvisación? El 13 de octubre pasado, Robledo comunicó que para el 21 de marzo de 2024 (celebrando a Benito Juárez), espera lograr basificar a más de 100 mil trabajadores de la salud que, en los últimos 20 años han laborado en total inseguridad (La Jornada). Durante la conferencia de prensa del 24 de octubre pasado aseguró que para el 21 de marzo próximo se dispondría de aproximadamente 50 mil basificaciones. El problema de fondo con esta basificación es que la 4T legará a la próxima administración cinco diferentes pisos de pago salarial sectorial, no obstante que todos ellos desempeñan el mismo trabajo. No cumple la máxima: a trabajo igual, salario igual.
En segundo término, Robledo aguarda que, para esa fecha, habrán quedado firmes las bases para el nuevo sistema sanitario federalizado OPD-IMSS-Bienestar, sin que exista riesgo de que corra la suerte del Insabi porque tiene la gran ventaja de contar con el respaldo y la experiencia del Seguro Social además de un andamiaje legal. El problema es que se trata de las bases de su primera improvisación. Queda completamente abierto el destino, ajustes, corrección o profundización que hará la próxima administración de esas bases en el marco de un ofrecido segundo piso de la propia 4T.
En tercer lugar, Robledo precisa que el propósito que tenemos, de aquí al 21 de marzo es que 707 hospitales en 23 estados y 13 mil centros de salud sean incorporados y se implemente ahí el modelo de atención para el Bienestar para que reciban instrumental y equipamiento, y agregó que el OPD será un sistema preventivo con mucho enfoque en el primer nivel de atención. El problema en que ese modelo es híbrido y ecléctico, sumando diversos ingredientes –más del salubrismo clásico y la salud colectiva– que de la estricta APS y que ordena muy difusamente los diferentes tramos de responsabilidad político-administrativas. Como modelo, queda muy lejano del reto para cubrir poblaciones rurales dispersas, semiurbanas y urbanas. Además de que Robledo concentra la prevención en el primer nivel.
Sin restar méritos, su improvisación se estructura en torno a basificación, acciones rehabilitatorias y equipamiento de la infraestuctura y atención médica con prevención en el primer nivel atención. Es decir, no privilegia la APS para establecer un auténtico cambio de régimen sanitario transitando de la atención de la enfermedad a la ausencia de la misma.
Para activar la APS, el segundo piso de la 4T y la nueva administración deberán entonces formar comités sanitarios para elaborar diagnósticos locales de salud, acción comunitaria-promoción/prevención de la salud para operar sobre el primer nivel de atención, distritos de salud y redes integradas de servicios. Es decir, deberá ahondar el paquete de estrategias alternativas para consolidar mejoras en el estado de salud y efectivas de todos los servicios y la gobernanza sectorial.
Como si no fuera suficiente, la nueva administración deberá también vincular el ya referido modelo con el modelo de formación de recursos humanos para la salud que, hasta ahora, avanza con una ruta propia con mallas curriculares que poco se ajustan a la APS vía las universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad de la Salud.
Además, las demandas de la población respecto a las urgentes mejoras de los servicios clínicos serán la prioridad del segundo piso de la 4T. La prioridad, de acuerdo a la cual, por el bien de México, primero los pobres, generó un efecto sectorial desigual. Puso en ruta la federalización, pero no mejoró la calidad de los servicios médicos a la población con seguridad social. Este desenlace debe ser atendido por la nueva administración.
Finalmente, la nueva administración deberá también abrir el debate sobre la participación complementaria del sector privado para establecer diseños y esquemas innovadores preservando la rectoría del Estado y construir con todos los actores involucrados los cómos del futuro inmediato del Sistema Nacional de Salud.
Así que frente a la primera improvisación de Zoé Robledo –ciertamente, no desdeñable– la administración 2024-2030 deberá asumir más de un complejo desafío innovador. (Gustavo Leal F.*, La Jornada, Opinión, p.12)
Cada fin de año, miles de personas reflexionamos acerca de los avances y logros que tuvimos en este ciclo, pero también sobre aquellos momentos que nos marcaron. Para la sociedad civil, este año estuvo marcado por la violencia, la guerra, la deshumanización, el racismo, la xenofobia, entre otras situaciones que generaron la pérdida de miles de personas en todo el mundo. Ante ello, es importante recordar que en el siglo pasado se vivieron atrocidades que fueron condenadas y pactadas por la comunidad internacional para no volverse a repetir nunca más a través de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, el 9 de diciembre se estableció como el Día Internacional de las Personas Defensoras y el 10 de ese mes como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Después de 75 años de esa declaración, es importante preguntarnos algunas cosas: ¿cuál ha sido el avance real en la protección y ejercicio de los derechos humanos? ¿Cómo han abonado los derechos humanos a la construcción de paz? ¿Cuáles son los retos y los obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para ejercer su labor en México? ¿Cuáles son los escenarios futuros para los derechos humanos, la justicia y la paz ante el avance de la ultraderecha en América Latina y el mundo?
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2023, del Institute for Economics and Peace, la paz mundial ha sufrido un deterioro de 0.42 por ciento en comparación con el año pasado, y se suma a la preocupación de su detrimento en los últimos años. Esta situación se ha atribuido principalmente a los conflictos entre países, las movilizaciones civiles, así como la inestabilidad política y financiera a nivel regional y global (https://acortar.link/1Z4gOI). En cuanto a la defensa de los derechos humanos, la organización Global Witness ha reportado un incremento significativo en torno a los crímenes hacia personas defensoras en los últimos 10 años, siendo un total de casi 2 mil defensores y defensoras asesinadas. El 88 por ciento de estas muertes tuvieron lugar en América Latina, donde México ocupó el segundo lugar con mayores incidentes hacia personas defensoras (https://acortar.link/jzTqHO). En el marco de la conmemoración de estas figuras en materia de derechos humanos, es pertinente recordar que el Estado tiene como obligaciones respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos para las personas, así como generar acciones afirmativas hacia los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad y combatir las situaciones de discriminación y violencia estructurales.
Sin embargo, durante los últimos años ha habido un retroceso en la agenda de derechos a través de la simulación de actos de reconocimiento, sin haber una transformación significativa de las estructuras ni condiciones. Por un lado, esto ha implicado un cierre del espacio público; una disminución en el diálogo con organizaciones de sociedad civil, personas defensoras y periodistas, quienes han sido estigmatizadas y criminalizadas por su labor; una mayor falta de voluntad política por atender las problemáticas de las víctimas, y un incremento de decisiones que atentan no sólo contra los derechos fundamentales, sino que perpetúan las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, el debilitamiento del entramado institucional; la ausencia de la perspectiva de derechos humanos y de género en el proceder gubernamental, así como los vacíos en el actuar de organismos autónomos encargados de velar por los derechos humanos; son algunos de los obstáculos para la búsqueda de justicia, paz y dignidad en el país.
Para contrarrestar esto, la labor de las personas defensoras se vuelve indispensable para la construcción de paz y de condiciones dignas para vivir, pues sin su apoyo a quienes más lo necesitan, sin su incansable búsqueda de justicia ante las violaciones a derechos humanos y sin su cercanía con las comunidades para acompañarse a transformar la realidad, nuestro país estaría aún más herido. Por tanto, es importante que rememoremos el quehacer de las personas defensoras y sus aportaciones en los cambios transformadores y significativos en el país para vidas más dignas. Y sobre todo, reconozcamos que los derechos humanos son el principal vehículo para exigir mejores condiciones de vida y así llegar a ese mundo más digno y justo que buscamos todas, todes y todos. (Mariana Bermúdez, La Jornada, Opinión, p.12)
El ambiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es el más propicio de cara a la madre de todas las elecciones que tendremos en junio del 2024.
No sólo su Sala Superior está incompleta, sino que tres de los cinco magistrados en funciones ya pidieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de ese órgano especializado del Poder Judicial.
Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes están en plena rebeldía. No sólo dejaron plantado a Reyes en su Informe, al que asistieron ministros de la Corte, sino que ahora lo quieren echar de la presidencia, antes de que concluya su periodo. ¿El pretexto? No le tienen confianza y están inconformes con la forma en la que toma decisiones. Sin ellos, Reyes se queda en minoría. No parece tener alternativa.
¿A qué intereses sirven los magistrados rebeldes? ¿Quién mueve la cuna? ¿Es una disputa interna por el poder? ¿Una mezcla de todo? De entrada, nos dicen que los dos Felipes han generado la división a partir de decisiones que ha tomado Reyes Rodríguez. Fuentes que conocen el funcionamiento del tribunal agregan que Felipe Fuentes quiere retomar el control administrativo (la contraloría interna y el área de compras) que le quitó Reyes.
El poder de De la Mata es la escuela judicial, que tiene casi cien empleados, y allí el comisionado presidente empezó a meter a su gente. Mónica Soto es el fiel de la balanza y, de consumarse la destitución, no tienen duda que ella será la próxima presidenta del tribunal.
¿Influencias externas? A Reyes lo vinculan con el Frente opositor, por su cercanía con Roberto Gil Zuarth. A los dos Felipes y a Mónica los asocian con Morena. “El exministro Zaldívar presume el control de la mayoría”, aseguran.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, ve en la rebeldía de los magistrados una intentona de abogados, exmagistrado y, exministros que andan de “queda bien” con la “aprendiz de emperatriz” –en referencia a Claudia Sheinbaum– y están moviendo sus hilos en el tribunal electoral.
* El espectáculo de los magistrados inquieta al círculo rojo. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que agrupa a 36 organizaciones de la sociedad civil, hizo público un pronunciamiento en el que manifiesta “preocupación” por la crisis que se vive en el TEPJF. El intento de remoción, en un pleno incompleto, violenta la gobernabilidad del órgano garante y mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales y pone en riesgo la integridad del proceso electoral”, advierte.
El pronunciamiento incluye un llamado al diálogo a magistradas y magistrados, instándolos a privilegiar la estabilidad institucional del TEPJF y la certeza del proceso electoral en curso.
* Al Senado no le corre prisa para nombrar a los dos magistrados que cubrirán las vacantes dejadas en el TEPJF por los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante. Algo incomprensible en época preelectoral.
El senador de Morena Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo, pateó el bote hasta febrero próximo. Las elecciones son en junio. El argumento es que la mayoría oficialista aún no se pone de acuerdo a quien apoyar de las dos ternas que le envió la SCJN. ¿O no les dieron luz verde en Palacio Nacional? Es pregunta.
* El Inai también está incompleto por obra y gracia de YSQ. Les faltan tres comisionados de los siete que integran el pleno. Blanca Lilia Ibarra, su presidenta, deja el cargo este fin de semana. No se registró para reelegirse.
La presidencia recaerá en alguno de los tres comisionados(as) en funciones que sí se registraron: Julieta del Río, Josefina Román yAdrián Alcalá.
Allí también son “tiempos de zopilotes”, diría el clásico. Hay golpeteo en medios, en redes y en mensajes a senadores, particularmente en contra de Alcalá.
Lo acusan de ocultar información sobre el uso de tarjetas corporativas American Express en bares y table dance, con cargo al erario. El tema data de hace nueve años. El antro se llama Curazao. El uso de la tarjeta lo hizo el excomisionado Óscar Guerra. Alcalá, entonces coordinador de Acceso a la Información, nos asegura que él no estuvo en el Curazao, y que Guerra reintegró al Inai el dinero firmado.
Pero la comisionada Del Río utiliza el tema para declarar que su par no es “moralmente apto” para presidir el instituto.
* Recibimos anoche una llamada del exsenador Juan José Rodríguez Prats, panista de abolengo. Lo sentimos enojado.
No le gustó que entre los tres senadores de lista a los que tiene derecho el CEN del PAN, Marko Cortés ocupe la posición número uno, Lilly Téllez la cuatro y Mauricio Vila, la siete. “En los primeros lugares debe de estar gente que conozca la doctrina del PAN. Marko maniobra para impedir que al Congreso llegue gente sobre la cual no tiene autoridad”, nos dijo.
Tuvo el cuidado de aclarar que Lilly, “a quien respeto”, debe seguir en la Cámara alta, pero como senadora de mayoría o de primera minoría. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Hace una semana, los diputados de Morena estaban listos para evidenciar la resistencia de algunos representantes del Frente opositor a la reforma que reduciría la jornada laboral.
Sin embargo, una declaración del presidente López Obrador pronunciándose por continuar consultando las posiciones sobre la reducción de 48 a 40 horas frenó de tajo la pretensión morenista.
Por la vía de los hechos, el jefe del Ejecutivo terminó coincidiendo con la postura del PAN, alegando que deben atenderse las razones de los sectores que alertan sobre los riesgos que podría traer la reforma.
Son cálculos electorales que cuentan. Porque una cosa es declarar que arriba los de abajo y abajo los de arriba, y otra muy distinta agitar el avispero empresarial a medio año del relevo presidencial.
En la oposición, en el Frente que encabeza Xóchitl Gálvez persistían diversos puntos de vista, destacando la definición de la precandidata de que éste no era el momento de hacer la reforma.
Mientras en la coalición que lidera Claudia Sheinbaum lo importante, hasta ahora, es seguir la conducción presidencial, independientemente de las posturas personales o de grupo.
La preponderancia de López Obrador en el timón de la contienda escaló en el inicio de diciembre a un nivel superior cuando tomó en sus manos la promoción y la defensa de la precandidatura presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por Movimiento Ciudadano.
Los posicionamientos del Presidente de la República en torno a la fallida participación del mandatario estatal regio confirmaron la importancia que para Morena tiene el terciar la elección del domingo 2 de junio, evitando así la polarización que podría abrirle paso al voto útil.
De manera complementaria, Movimiento Ciudadano pospuso el anunció de su nuevo abanderado, pero le subió volumen al cuestionamiento frontal al frente opositor, sumándose al escenario que el gobierno y su partido buscan, favoreciendo la continuidad y duplicando a los adversarios que deberá enfrentar Xóchitl Gálvez.
Así que, independientemente del nombre que MC postule, en la boleta presidencial habrá de dos: continuidad del proyecto presidencial o cambio.
De un lado, el abanderado del logo naranja dirá que la de la Coalición Fuerza y Corazón por México responde a la vieja política y éste deberá capitalizar la idea de que votar por MC es hacerlo por López Obrador.
¿Cómo procesarán los electores ambas ofertas con respecto a los ciudadanos que, sin titubeos, irán por la continuidad?
A esta duda que habrá de despejarse dentro de medio año se suma una más urgente: cómo procederá el grupo político aglutinado en torno al gobernador Enrique Alfaro, quien en julio habría abogado por analizar posibles rutas para participar de manera unificada con la coalición del PAN, PRI y PRD.
Esa postura giró en septiembre, cuando el mandatario de Jalisco viajó con el presidente López Obrador en el Tren Maya a inicios de septiembre.
Existen versiones de que, gracias a ese paseo, se dio la endeble operación cicatriz del gobernador Alfaro con la dirigencia de Dante Delgado, artífice de la ruta de MC de terciar el voto.
No queda claro si fueron peticiones o sugerencias, pero en Jalisco se tomó nota de los dos deseos presidenciales: impedir que Marcelo Ebrard fuera candidato naranja y apoyar a Samuel García.
En el Congreso estatal, PAN y PRI tuvieron la capacidad de elevarle el costo a la licencia del gobernador regio para irse de campaña, obligándolo a quedarse en el cargo.
Este éxito coyuntural de la oposición fortaleció la alianza de facto del presidente López Obrador con Dante Delgado, su gran amigo de otros tiempos.
MC se ha opuesto a la agenda de la militarización y austeridad asfixiante del Presidente. Pero, en los hechos, ha decidido darle el sí al señor Presidente en su apuesta electoral.
Es un “sí, señor Presidente” que la candidata Sheinbaum lleva hasta sus últimas consecuencias con un mensaje cotidiano de campaña que lo reivindica como el constructor de su oferta, la continuidad.
El análisis semántico no miente. La precandidata de la coalición gobernante asegura diariamente que López Obrador es el mejor presidente de la historia y concluye su discurso con un viva para él.
Es sabido que el tema de los deslindes, al menos matizados de Sheinbaum con la agenda presidencial, preocupa a sus colaboradores. Pero la disciplinada exjefa de Gobierno prefiere esperar.
Mientras tanto, López Obrador quiere centralizar lo que queda del presupuesto federalizado, decapitar el Poder Judicial, capturar el INE, tener afines en el Tribunal Electoral y seguir en la restauración del presidencialismo.
Ante esa concentración de poder, el gran dilema de la oposición no continuista es con quién debe la precandidata Gálvez contrastarse: con su contrincante o con su jefe de campaña.
Es un hecho que, a diferencia de lo que sucede con algunos dirigentes de la coalición opositora, Xóchitl no le teme al Presidente y ha decidido asumir que, cuando compite con Sheinbaum, está peleando con él.
¿Tiene futuro decirle no al Presidente? Ésa es la duda que despejarán las urnas. (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.7)
La crisis política en Nuevo León es un caso paradigmático que permite a ciudadanos, autoridades, candidatos y partidos entender el valor que tienen la legalidad y el régimen republicano de división de poderes. La crisis se conjuró a partir de una determinación judicial de la Corte y la actuación responsable y ejemplar del Congreso Local y del gobernador interino, quienes hicieron su parte para que las cosas regresaran a la normalidad.
Más allá del juicio que como político o gobernante merece el gobernador Samuel García, es necesario analizar el tema desde el punto de vista planteado por la legalidad. Él tenía derecho a buscar la candidatura presidencial, aunque eso pusiera en entredicho su compromiso de no abandonar el cargo por otra aspiración. Tampoco sus formas y modos son relevantes, ni el hecho evidente que su incursión significaría dividir el voto opositor. El tema central fue la designación del gobernador interino en los términos que establece la ley.
El gobernador García intentó por diversos medios judiciales dejar un gobernador afín a él. En otras condiciones, la negociación política sería el cauce, sin embargo, la polarización y el enfrentamiento alentado por el joven mandatario la hicieron imposible. El gobernador denunció extorsión de los diputados y que por tal consideración no podía ceder, señalamiento dudoso, al igual que el documento al que remitía.
Que el gobernador se resista al acuerdo es su derecho, no así desconocer la Constitución local que le concede atribución al Congreso para designar al gobernador interino si la ausencia del mandatario es mayor a un mes. No se puede pretender que por la vía judicial se anulen las responsabilidades del órgano legislativo. El gobernante lo intentó y fracasó, aunque lamentablemente resoluciones por la vía del amparo complicaron lo que era claro. También confundió una resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral que invocaba consenso en la votación del Congreso. Correspondió al ministro Javier Laynez poner en claro la salida estrictamente legal del asunto y dar cauce a la normalidad.
Lo acontecido es un mensaje relevante para la elección de 2024. Salvaguardar la independencia de la Corte resulta fundamental para la legalidad y para la salud de la República. (Liébano Sáenz, Milenio, Al Frente p.2)