El fenómeno migratorio en los últimos años tiene contra las cuerdas al gobierno mexicano, pues al tratarse del cuello de botella a través del cual se puede acceder a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, el número de personas que ingresan diariamente se ha incrementado a ocho mil, mismos que carecen de las garantías para un traslado digno a su destino final.
De acuerdo con Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cooperación entre los diferentes países es primordial para disminuir los riesgos a los que se ven orillados a someterse los migrantes, sin embargo, las relaciones político-económicas dificultan la posibilidad de resolver este problema mundial. Este ha sido el caso de México con Estados Unidos, basta recordar cuando el gobierno de Donald Trump en 2019 amenazó con imponer aranceles a productos nacionales si México no lograba reducir la migración ilegal en la frontera, por lo cual el gobierno de la 4T se vio obligado a tomar medidas extraordinarias para reducir la afluencia y garantizar resultados en tan sólo 45 días.
El gobierno obradorista ofreció Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), entregando en los primeros cuatro meses de aquel año 21 mil 197 documentos; así se buscó que los migrantes permanecieran en territorio nacional en lugar de seguir su camino rumbo a Estados Unidos. La medida que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero calificó como un ejercicio exitoso señalando que el 90 por ciento de migrantes decidieron quedarse en territorio nacional y solo 10 por ciento continuaron su recorrido, para el gobierno norteamericano representó una invitación para los centroamericanos a moverse cerca de su frontera.
Sin embargo, cumplir con la encomienda de frenar el flujo migratorio ha dificultado garantizar los derechos humanos, como expertos en materia migratoria lo han hecho notar a lo largo de los diferentes sexenios.
Pues para detener el paso de los migrantes, las autoridades han usado duras medidas, encerrando a decenas de personas en espacios pequeños en condiciones precarias; lo cual quedó al descubierto con el incendio en el albergue de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron seriamente heridos al permanecer encerrados cuando inició el fuego. Por este hecho están bajo proceso tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), un agente de seguridad privada y el migrante que presuntamente comenzó el fuego.
Mientras diversas organizaciones pedían la destitución del Comisionado Francisco Garduño, éste permanece en su puesto pero bajo investigación para deslindar responsabilidades.
Una vez que Alicia Bárcena tomó el mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó nuevos acuerdos con Estados Unidos, que permitieran agilizar mecanismos legales, ordenados y seguros a través de dos nuevas vías que para julio de este año habían conseguido que 166 mil personas obtuvieran permisos humanitarios y 106 mil estuvieran dentro del programa CBPOne que permite ingresar a través de una aplicación la información para solicitar asilo en territorio norteamericano.
El plan presentado por la canciller incluye la atención de los migrantes en el suroeste México, la posibilidad de empleo en las obras públicas de aquella zona, así como la repatriación digna, misma que desde el 1 de diciembre ha quedado detenida debido falta de recursos por ajustes presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se especifique todavía la fecha de reactivación de esta medida. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 6)
“Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”, decía Emiliano Zapata, y es la idea tras el hartazgo en Texcaltitlán con todo y los 14 muertos que dejó el enfrentamiento entre la comunidad y los extorsionadores del grupo criminal La Familia Michoacana que los tuvieron subyugados por años, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto.
El problema no está sólo ahí. En esa zona del sur mexiquense junto con la zona de Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero y Morelos, donde los comuneros cultivan con mucho esfuerzo aguacate, avena, haba y maíz, el cobro de derecho de piso es una práctica generalizada. En el lado guerrerense, más de 100 pueblos han tenido que enfrentar a los criminales, quienes han impuesto con su violencia hasta el precio de alimentos y combustibles para llevarse la mayor parte del producto del trabajo de la gente.
¿Por qué el Estado mexicano está tan desbordado que se limita a reaccionar ineficaz y tardíamente? Revisemos números. De acuerdo con el INEGI, las policías estatales suman 222 mil 727 elementos, que son demasiado pocos. La media nacional es de 0.9 policías preventivos, muy mal pagados y capacitados, por cada mil habitantes.
La excepción es la CDMX donde hay 95 mil 161 efectivos, 3.7 por cada mil habitantes. Esos policías han recibido aumentos de salario de 9 por ciento anual, capacitación y han logrado bajar en 57 por ciento los delitos de alto impacto.
En contraposición, un análisis detallado del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana dice que en 11 entidades hay más militares que policías civiles: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Estados donde la violencia del crimen organizado tiene amplia presencia y los policías locales no suelen pasar los controles de confianza.
El INEGI también documenta que 10 estados no tienen policías de investigación, lo que también explica por qué, a falta de la especialización indispensable, muchas escenas del crimen son contaminadas, pruebas dañadas y no hay carpeta de investigación que pase la prueba del debido proceso, lo que termina en impunidad para los delincuentes.
¿Y los políticos? Su ineptitud y preferencia por verse lo menos involucrados posible en la seguridad de sus ciudadanos es un factor clave, pero el de mayor peso es el de los presupuestos. El de 2024 retrata fielmente el desequilibrio: mientras para las instituciones de seguridad civil habrá 88 mil 772 millones de pesos, las instancias militares tendrán 2.8 veces más, llegando a los 402 mil millones, de acuerdo con el análisis del think tank México Evalúa.
La Guardia Nacional tiene 104 mil 207 elementos adscritos, en su gran mayoría provenientes del Ejército y la Marina. El gran problema es que las dimensiones de la institución no dan para vigilar fronteras y migrantes, combatir todas las modalidades de crimen organizado y proteger a la población de todas las formas de extorsión y violencia que sufren tantas comunidades.
Si a eso sumamos los señalamientos crueles e injustos con que a veces se revictimiza desde el poder, la situación se ve muy lejos de una solución tan necesaria como urgente.
Hablan mucho de regenerar el tejido social, cuando ni siquiera hay hebra. Familias separadas por la pobreza y la migración, violencia dentro y fuera del hogar, ausencia de oportunidades. ¿Qué tiene que pasar para dejar de vivir de rodillas? (Adriana Delgado Ruiz, El Heraldo de México, País, p. 8)