¿QUÉ SE le habrá caído al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que lo buscaba tan afanosamente debajo de la mesa durante la reunión bilateral con representantes del gobierno de EU realizada ayer en Washington?
HAY QUIENES dicen que fue el aparato para escuchar la traducción simultánea y otros creen que andaba buscando el documento que acredita que, a pesar de estar sujeto a proceso penal por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en el que murieron 40 migrantes, sí puede viajar al extranjero. No se lo fueran a pedir. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se tuvo que aventar la bronca de discutir migración y seguridad en la reunión con los funcionarios estadounidenses de primer nivel previa a la reunión de alto nivel que se tendrá en ese país. Dos horas se aventaron y lo que se da a conocer, lo que se puede hacer público, es por medio de las redes sociales oficiales, pero la realidad, lo que no se puede poner son los raspones que hubo en ambos lados porque las demandas de Estados Unidos sobre “la movilidad humana” básicamente es deténganlos y desde acá es ¿Cómo? La reunión en el Departamento de Estado con el secretario de Estado, Anthony Blinken y la canciller mexicana, Alicia Bárcena terminó en acuerdos que no convencen a nadie, la posición mexicana es que no hay manera de detener a una masa que prefiere arriesgarlo todo y que como consecuencia genera enormes zonas de silencio donde el crimen manda y los viajeros pierden. Las conversaciones empezaron el año pasado y, por un poco de suerte y un poco de malicia, fueron obligadas porque las autoridades estadounidenses fueron rebasadas en la línea fronteriza y en ese caso las respuestas que se quedaron a deber fueron responsabilidad del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Por parte de Estados Unidos estuvo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el embajador en México, Ken Salazar.
Lo que nos dicen es que hubo un apartado especial sobre el asunto de seguridad en donde participaron los meros meros de la seguridad mexicana. Ahí estuvo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, los tres, por cierto, recibieron un trato preferencial en muchos sentidos. La cooperación en este sector es una herencia de la época de Carlos Salinas y la firma del TLCAN. En el mismo sector, pero del lado de Estados Unidos estuvo la asesora presidencial de Seguridad Interior, Elizabeth Sherwood-Randall y la fiscal general Adjunta, Lisa Monaco; entre otros. Por cierto, lo que nos cuentan es que se extrañó la presencia del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero. (Red Compartida, La Prensa, p. 02)
“Cambios masivos”
Y hablando de migración habrá que estar pendientes de las decisiones que en esa materia se tomen en Estados Unidos en los próximos días, porque, nos cuentan, pueden tener impactos relevantes para México. Fue el presidente Joe Biden quien ayer refirió que se requieren “cambios masivos” en las normas de migración, que pueden incluir, según las primeras especulaciones que su declaración ha generado, a ajustes radicales. “Mi equipo ha estado en la mesa durante semanas con un grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo, que incluye la frontera, porque creo que necesitamos cambios políticos significativos en la frontera, entre ellos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos las autoridades que necesitamos para controlar la frontera. Y estoy listo para actuar”, declaró ayer Biden. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Que a juzgar por los informes de ambos lados de la frontera, la “productiva” reunión de altos mandos de Estados Unidos y México en Washington no quedó en mayor cosa a lo ya acordado en otros encuentros, si acaso con el apunte de que las delegaciones encabezadas por Antony Blinken y Alicia Bárcena pactaron visitas conjuntas a Centro y Sudamérica para conocer las necesidades de la región y combatir mejor las causas de la migración. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
La imagen del joven Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido en Jalisco hace 14 años, interpela desde hoy a quien ocupe el Palacio Nacional. El joven hondureño es uno de los más de 113 mil desaparecidos en México, específicamente uno de los migrantes que no ha vuelto a casa y que el Estado se niega a buscar. Ahora su foto recordará todos los días a las autoridades mexicanas, las que sean que ocupen el cargo, que las familias no se rinden y continuarán exigiendo la presentación con vida de sus seres queridos.
A temprana hora de este viernes, se trasladó y colocó un memorial a un costado de Palacio Nacional, del lado de la Catedral Metropolitana. Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio y fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, acompañada por el abogado Sandino Rivero, quien está a cargo del proceso legal de la búsqueda de su hijo, y Jorge Verástegui, familiar de dos desaparecidos y defensor de derechos humanos, encabezó la colocación del sitio de memoria y exigió que no se quite, que no se atrevan a moverlo.
Ana, convertida por la vida en defensora de los derechos humanos de los migrantes, denunció que durante las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no se ha atendido la problemática de desaparecidos en el país, por lo que hoy tienen una gran deuda con las familias mexicanas y migrantes de todo el mundo que tiene que pasar por aquí.
Las y los migrantes vamos a seguir cruzando por México, porque migrar es un derecho, dijo Enamorado, quien exigió no más masacres y no más madres desesperadas. Los familiares, insistió, vamos a seguir levantando la voz.
El memorial por Oscar Antonio y los miles de migrantes desaparecidos en su paso por México, se une en el mismo Zócalo al busto de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua asesinado en 2019, y al Antimonumento 68, escultura que denuncia que hasta hoy no hay verdad ni justicia por la conocida masacre de Tlatelolco. El problema no es que se coloquen sitios de memoria viva a lo largo de todo el territorio, lo alarmante es que ayer y hoy se sigan atropellando los derechos humanos en México. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p. 8)
Apoyo a la candidatura de Cipriana Jurado
Los firmantes, miembros fundadores de Morena, luchadores sociales y profesionistas comprometidos con la 4T, nos dirigimos a ustedes con el propósito de expresar nuestro decidido respaldo a la candidatura de Cipriana Jurado Herrera para el cargo de diputada migrante por la primera circunscripción, por ser una aspirante excepcional cuya trayectoria y compromiso con las causas sociales la hacen idónea para representarnos.
Destacada defensora de los derechos laborales y humanos de las trabajadoras de la maquila y la búsqueda de detenidos y desaparecidos por el ejército, por lo cual fue perseguida y secuestrada por la AFI y su familia amenazada, obligándola a buscar asilo en Estados Unidos.
Desde allá ha continuado su lucha como defensora de los derechos humanos de los migrantes, siempre solidaria con los más vulnerables.
Su compromiso, es garantía de que ya, en el ámbito legislativo, seguirá trabajando incansablemente en beneficio de la comunidad migrante. (Por el Movimiento Cívico de Izquierda Revolucionaria: Esperanza Olguín, Saúl López Sollano, Francisco Ibarra y 50 firmas más, La Jornada, Editorial, p. 2)
Según la teoría constitucional, el concepto de la democracia representativa proviene del Estado moderno, pues es un elemento necesario de la soberanía popular ante la imposibilidad del ejercicio directo del poder público. Es decir, el pueblo delega el mandato y ejercicio de su soberanía en favor de sus representantes.
Dichos representantes deben ser electos por mecanismos democráticos establecidos en la Constitución y deben instituirse para beneficio del pueblo mismo, supeditados a los principios de legalidad y de rendición de cuentas por el ejercicio de su encargo.
Nuestra Carta Magna —en su artículo 39— instituye el concepto de la soberanía popular y en el caso de la república hermana de Guatemala, su norma suprema la establece en el artículo 141, en donde expresa además que la subordinación entre los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial queda prohibida.
El hoy presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto con su compañera vicepresidenta, Karin Herrera, fueron electos en agosto del año pasado con casi 60% del respaldo popular expresado en las urnas.
De acuerdo con la Constitución de ese país, el Congreso de la República tuvo la obligación de darle posesión solemne al encargo de presidente, a más tardar a las 16 horas del pasado 14 de enero del presente año. Sin embargo, sobrevinieron conflictos políticos que dilataron por largas horas la transición democrática y ordenada del poder.
Lo anterior no es menor, pues ocupó la atención del concierto de las naciones, tratándose de una crisis institucional en el país más poblado de Centroamérica —18 millones de habitantes—. Aunque ya se ha concretado la investidura del titular del Poder Ejecutivo, la validez de la conformación de la Junta Directiva del Congreso aún está discutiéndose en su Corte Constitucional.
Uno de los momentos más álgidos suscitados el domingo pasado fue cuando Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, presente en la toma de posesión, hizo un llamado al Congreso de la República, en nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas, a cumplir su mandato constitucional de transmitir el poder y respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco expresada en elecciones justas, libres, transparentes y avaladas por la comunidad internacional, a través de sus misiones de observación electoral.
Por su parte, el presidente Arévalo declaró que dos instituciones fueron clave en la defensa de los resultados electorales: el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad; y reconoció la autonomía de estas instituciones que fortalecen a la democracia ante los vaivenes propios de la política.
El nuevo presidente expresó la necesidad urgente de recuperar la institucionalidad democrática para crear las bases de gobernabilidad y aseveró que ésta no se limita a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino que debe tener como elemento insustituible, a la sociedad.
Estamos ante el inicio de una nueva era de gobierno que habrá de enfrentar los más lacerantes problemas característicos del momento y la región: pobreza, desigualdad social, corrupción, crimen organizado y crisis migratoria.
México y Guatemala están hermanados desde sus orígenes históricos: compartimos la cultura maya, una línea fronteriza de casi un millar de kilómetros y estamos entre sus principales socios comerciales. Es decir, se tiene que apoyar a este nuevo gobierno, porque debe ser nuestro aliado estratégico.
Como Corolario las palabras de Luis Almagro, secretario general de la OEA: “El derecho a la democracia pertenece al pueblo y es un derecho que debe ser asegurado por todos los gobernantes”. (Raúl Contreras, Excélsior, Todo México, p. 12)