Falla salida para crisis migrante
A quien le tocó el trabajo sucio para dispersar a los miles de migrantes de la caravana Éxodo de la Pobreza en la “tierra del mezcal”, nos cuentan, fue a Jesús Romero López, el secretario de Gobierno de Oaxaca, quien para cumplir con la instrucción federal de que no avanzara a la Ciudad de México terminó haciendo lo que dijo que la ley le impedía: facilitar autobuses a los extranjeros, los cuales fueron contratados en su nombre según revelaron los transportistas. El detalle, nos indican, es que a don Jesús se le olvidó avisar a Veracruz y el asunto terminó con 20 choferes detenidos por tráfico de personas, quienes tuvieron que ser liberados tras negociaciones, además de que insistió en que la caravana ya no estaba en Oaxaca, cuando los migrantes habían sido abandonados en territorio del estado. ¿Para qué tapar el sol con un dedo?, se preguntan varios. (Kiosko, El Universal, Estados, p. A10)
El gobierno del presidente López Obrador ha impulsado sostenidamente la necesidad de acuerdos entre los gobiernos de las distintas naciones involucradas en el problema migratorio y en las reuniones bilaterales con Estados Unidos ha reiterado la urgencia por atender las causas y elaborar programas, en conjunto con los países de origen de los migrantes, que generen empleo digno, seguridad social y bienestar colectivo.
Durante décadas, EU fomentó la inversión de capitales en Centroamérica y el Caribe, pero sólo en aquellas ramas productivas que significaban amplificadas ganancias que regresaban a sus dueños, sin dejar en nuestros países hermanos más que bajos salarios, tierras y recursos superexplotados, marginación y violencia. Recientemente, una Corte de apelaciones en Massachusetts, reconoció la procedencia de una demanda presentada por la SRE de México, para investigar la responsabilidad de ocho empresas fabricantes de armas en la venta ilegal de éstas en nuestro país. Esa resolución plantea en la agenda de todos los países de América la necesidad de acuerdos internacionales para proteger la vida, no para fomentar la muerte, y así dar un paso más en la eliminación de una de las fuentes de la violencia: la producción y tráfico ilegal de armas hacia nuestros países.
Otra necesidad es la eliminación de la pobreza y la marginación. México ha demostrado que es posible ser una de las 10 principales economías del mundo, la sexta en inversiones directas de capital, y al mismo tiempo ofrecer políticas económicas y sociales a favor de las mayorías. El incremento al salario mínimo por encima de la inflación, la universalización de los programas sociales, fomentar la regeneración sustentable de las economías locales y regionales, como con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, garantizar el respeto de los derechos de los pueblos originarios proteger las semillas nativas y la biodiversidad para lograr la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, han sido ejes fundamentales para reorientar el rumbo de la nación y convertirla en un ejemplo de estabilidad, bienestar y progreso con justicia social.
México es un país de paso para las caravanas de migrantes, pero también es un refugio para las mujeres, niñas, niños y hombres que atraviesan miles de kilómetros para llegar al “sueño americano”. Por eso, mejorar las condiciones legales, materiales e institucionales de la política migratoria a nivel internacional para brindar seguridad, salud y bienestar a los integrantes de estas caravanas, es hoy un imperativo ético impostergable. Desde el Senado de la República, seguiremos apostando por la necesidad de una mirada regional para trabajar con los países de Centroamérica y el Caribe en temas de migración y seguridad desde un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos; así como de una perspectiva histórica a escala continental, que incluya a EU, Canadá y Sudamérica, para convertir a toda Latinoamérica en la tierra de los sueños hechos realidad, de la libertad con igualdad, democracia, justicia, paz y dignidad para todas y todos. (Ana Lilia Rivera Rivera, Excélsior, Nacional, p. 8)
Como muchas decisiones que se han tomado en este sexenio, sin diagnóstico previo y sin objetivos, solo por el voluntarismo del Presidente, en 2019 nació uno de sus proyectos insignia: la Guardia Nacional (GN), la cual quedó en la Constitución como una institución civil.
Sin embargo, el Ejecutivo quería que fuera militar. De ahí que en 2022 envío un decreto para que la Sedena asumiera la administración y las funciones orgánicas además de la operación de la GN. Los legisladores de Morena aprobaron sus deseos, violando al artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública.
Esta decisión fue impugnada y en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) declaro´ la invalidez del decreto presidencial.
En cumplimiento de la sentencia, la Sedena tiene que hacer la transferencia de todas las atribuciones y facultadas de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Congreso debe reestablecer las normas que quedaron abrogadas, para quedar como se encontraban previamente. La fecha de vencimiento para ejecutar esta sentencia fue el 1 de enero. Han transcurrido 27 días desde que expiró el plazo y las autoridades involucradas no han emitido comunicado alguno, ya sea para informar sobre el cumplimiento de la sentencia o para justificar su incumplimiento.
Al respecto refieren los uniformados que no se ha hecho la transferencia, inclusive el pasado 17 de enero el comandante de la GN ordenó que “con el fin de fortalecer la moral y el sentido de pertenencia” todos los guardias debían aprenderse el himno del Colegio de la Defensa Nacional. Es decir, sin recato alguno viola abiertamente lo ordenado por la SCJN.
A la par de la construcción de este paradigma militar, las policías estatales y municipales se han visto muy afectadas, porque desde el gobierno federal hacen todo lo posible para destruirlas y dejar la GN como la única institución de seguridad viable para el país. Por un lado, los recursos federales para ellas son muy escasos (10 mmdp) mientras que el presupuesto otorgado a la GN es siete veces el otorgado a las policías este año. Asimismo, a muchas policías les han impuesto mandos militares.
Esta situación las ha llevado a debilitarse considerablemente, registrando reportes de cientos de elementos que manifiestan falta de capacitación, de equipamiento, de seguro de vida, etc. Además, están expuestos al abuso castrense y bajas injustificadas.
Pero es válido preguntar ¿a pesar de todo lo anterior, la GN da resultados a los mexicanos? la respuesta es no. En su último informe anual reportan cientos de miles de patrullajes, miles de revisiones de vehículos y operaciones en helicópteros, pero solo pusieron a disposición del Ministerio Público a 3,007 personas, en otras palabras, se requieren miles de patrullajes y recursos para detener a un supuesto criminal. Por el otro lado, hay un dato que revela la verdadera vocación de la GN: detuvieron (dicen “rescatados”) a 177,166 migrantes. Sin duda, una mayor efectividad.
La obsesión del Presidente de militarizar la seguridad pública no garantiza el orden público ni la paz social, con la evidencia se ha demostrado. Después de seis años, lo que tenemos es una institución de seguridad militar que carece de legalidad, objetivos, eficiencia, honestidad y respeto a los derechos humanos.
Es evidente que las Fuerzas Armadas no se encuentran capacitadas para atender responsabilidades de seguridad pu´blica; menos au´n de manera exclusiva, mientras las polici´as del pai´s colapsan. Y menos cuando, además, deben responsabilizarse de los innumerables encargos que el presidente les ha endosado.
Por ello, le pregunto respetuosamente al secretario Luis Crecencio Sandoval, ¿Está usted del lado de la ley, representada en su máxima expresión institucional por la SCJN o también piensa que no le deben salir con eso de que la ley es la ley? (Colaboró René Gerez) (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p A16)
Tal vez resulte una perogrullada recordar que la unión entre el dinero y la oligarquía construye un orden de dominación excluyente y totalitario. Su forma de ejercicio del poder es camaleónica y cambiante. Entre sus armas preferidas encontramos la corrupción, el fraude, el chantaje, el asesinato, la guerra o la mentira. Cualquier estrategia es válida, si con ello se consigue el objetivo: mantener el control sobre los procesos de toma de decisiones. Sin rubor, compran voluntades. Jueces, senadores, diputados, alcaldes o gobernadores están en sus nóminas. Asimismo, se entronizan en los medios de comunicación, las universidades, las confesiones religiosas, las fuerzas armadas y en la actualidad extienden sus redes a youtubers, influencers y cuanto personaje sirva a sus intereses. Con presencia en todas las instituciones, se asientan en el patriarcado, el control del capital financiero y especulativo. Son un conglomerado que se oculta bajo sociedades anónimas, consejos de administración, compañías trasnacionales. Nada les es ajeno a la hora de aumentar su poder. Actúan de manera sincronizada. En América Latina, en cuanto se sienten amenazadas –y no es diferente del resto del mundo occidental–, patean el tablero. Los ejemplos sobran, pero baste recordar cómo los empresarios y las oligarquías políticas brindaron su apoyo a Hitler en Alemania, y Mussolini en Italia. Nazifascistas eran los banqueros judíos. Primero sus intereses de clase.
Si nos adentramos en el presente, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos, son parte de su entramado, pero sólo la parte visible, su papel es testimonial, aunque ocupen el primer plano. No olvidemos. La democracia surge como forma política para equilibrar desigualdades y limitar el poder de las oligárquicas, enfrentada a terratenientes, aristócratas y castas privilegiadas, de ahí el carácter antidemocrático de las plutocracias. A nivel internacional, las plutocracias se protegen unas a otras, evadiendo tribunales de justicia, evitando sanciones en busca de la impunidad. Israel y el genocidio en Gaza, sin ir más lejos.
Pero veamos ejemplos en América Latina. En Guatemala, la justicia, en manos de la plutocracia, hace lo indecible por boicotear el gobierno legítimo de Bernardo Arévalo. Así, la Fiscal General, María Consuelo Porras, se niega a dimitir, desconoce la autoridad del Ejecutivo, y en una actitud sediciosa y golpista, se declara insumisa. En Brasil, el tribunal supremo electoral encabezado por Luis Roberto Barroso inhabilitó en 2018 la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva, abriendo el camino al triunfo de Jair Bolsonaro. En Perú, el golpe de Estado que acabó con el gobierno del presidente Pedro Castillo en 2022 puso en libertad, por orden del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023 al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. No menos, la inhabilitación de Manuel Zelaya en Honduras o del ex presidente Rafael Correa en Ecuador. La justicia está en sus manos, más allá de la existencia de jueces incorruptos. Y si vamos a Chile, el actual presidente Gabriel Boric, sigue la misma línea de actuación que sus predecesores, al desconocer la sentencia del Ciadi del Banco Mundial, obligando al Estado chileno a indemnizar al periódico Clarín. Boric declara al Estado chileno insolvente, perpetuando el control monopólico de la prensa chilena en poder de la plutocracia criolla. No digamos las nuevas alianzas con el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, las mafias de la inmigración, la trata de mujeres y los capitales oscuros, cuyo rasgo es ocultar los apellidos de los plutócratas, emergiendo en su lugar sociedades de capital riesgo, cuyo fin es proteger los nombres de quienes son los verdaderos dueños de más de la mitad del planeta. Baste subrayar los datos del último informe de Oxfam sobre desigualdad publicado en enero de 2024. “Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general milmillonario o a un milmillonario como su accionista principal. A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar servicios públicos y alimentar el colapso climático…”
Muchas son las formas del poder plutocrático. No sólo se expresa bajo un imaginario nazifascista. Los mecanismos de control social se ensanchan en medio del cibercapitalismo que avanza a pasos agigantados. Vivimos tiempos convulsos. La democracia pierde adeptos en pro de una defensa irrestricta de la propiedad privada y la seguridad individual. Las imágenes en El Salvador o Ecuador, con los presos comunes semidesnudos, arrodillados y sometidos por miembros de las fuerzas armadas con armamento de guerra son preocupantes. El apoyo a las políticas de militarización de los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, por parte de la población, constituye un punto de inflexión en el quehacer de las plutocracias.
El discurso de la seguridad se extiende, gana adeptos. Así, la democracia se deslegitima y se reactiva la vieja máxima: orden y progreso, refundando el Estado capitalista de la era digital. De esta manera, los discursos de odio contra los migrantes arraigan en las clases populares, y ahí anida la propuesta totalitaria de las plutocracias. Primero seguridad, luego ya veremos. ¿Derechos humanos? ¿Dignidad? ¿Justicia social? ¿Democracia? ¿Salud? ¿Impuestos? Por favor… seamos serios. (Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada, Opinión, p. 13)
Nací y crecí en un país -México- sin democracia y luego me mudé a otro -Estados Unidos- donde sí había democracia. Pero las cosas, afortunadamente y luego de décadas de lucha, han cambiado. Y hoy tengo la suerte de votar en ambos países.
Por supuesto, hay mucha gente que no está de acuerdo. Creen que solo debes votar en el país donde vives y que, si te fuiste, pierdes tus derechos ciudadanos. Pero la ley no está de su lado. Hay ciertos derechos que nunca se pierden.
Por ejemplo, la Ley de Nacionalidad aprobada en 1998 permite que los mexicanos tengamos otra nacionalidad, sin perder la de México. Y en Estados Unidos tampoco se pierde la nacionalidad por tener otra. De tal manera que los cerca de 12 millones de mexicanos nacidos en México y que vivimos en Estados Unidos tenemos potencialmente la oportunidad de votar en los dos países.
La realidad, sin embargo, es mucho más modesta. En las elecciones presidenciales del 2018 en México solo votamos 98 mil mexicanos en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos. Pero este año el proceso es menos complicado, hay más opciones para votar y se esperan muchos más votantes desde el exterior. Se calcula que en el extranjero hay 1.4 millones de mexicanos con su credencial de elector, un requisito indispensable para votar.
El 20 de febrero es el plazo límite que ha puesto el Instituto Nacional Electoral (INE) para registrarse como votante en www.votoextranjero.mx. Yo ya lo hice. Mi credencial de elector aún estaba vigente hasta el 2028 y pude escoger una de tres modalidades para votar: por internet, vía postal y presencial. Esto es nuevo. Además de votar por internet -algo que no podemos hacer todavía en Estados Unidos-, los mexicanos tendrán la oportunidad de votar en 23 consulados, casi todos en Norteamérica, más uno en Madrid y otro en París.
Estos son los datos y el proceso. Pero esto no ha detenido el debate sobre la posibilidad legal, y lo apropiado, de votar en más de un país.
Recuerdo una conversación que tuve hace años con la escritora chilena Isabel Allende, nacida en Lima, Perú, y que vive hace décadas en el norte de California, en Estados Unidos. Durante años le preguntaban, en sus presentaciones públicas, si ella se sentía más chilena o estadounidense. Hasta que ocurrieron los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. A partir de ese momento, me dijo, ya no se sintió en la obligación de escoger. Y empezó a decir que era de los dos países.
Estoy de acuerdo. Yo pasé un proceso similar. Viví casi 25 años en México y, cuando cumplí 25 años en Estados Unidos, me hice también ciudadano estadounidense. Tengo dos pasaportes, uno verde y otro azul.
Soy de México, mis raíces y memorias están ahí, mi mamá y mis hermanos aún viven en la capital, envío dinero como casi todos los mexicanos, ayudo en lo que puedo y estoy casi tan conectado con lo que ocurre allá como con lo que ocurre aquí; pero también soy de Estados Unidos, llevo más tiempo viviendo aquí que donde nací, mi casa está en Miami, la ciudad donde nacieron mis hijos y donde trabajo hace más de 30 años, y aunque nunca dejaré de ser inmigrante, puedo decir con orgullo que soy de dos países. Esa es mi realidad. Y por eso, creo, tengo el derecho de votar en dos países.
¿Por qué es importante que votemos los mexicanos en el exterior? Le pregunté al consejero del INE Arturo Castillo Loza. “Yo daría tres argumentos”, me dijo. “Primero, porque tienes el derecho. Segundo, porque 12 millones de mexicanos pueden inclinar la balanza en cualquier elección. Y tercero, porque pensando en la cantidad de remesas -que en este año que acaba de terminar fueron cerca de 63 mil millones de dólares-, indica que los ciudadanos mexicanos que viven fuera de México siguen teniendo interés y siguen teniendo vínculos con sus seres queridos de este lado de la frontera. No pierdan la oportunidad de decidir, también, la calidad de vida y el futuro de sus seres queridos”.
Para los que crecimos sin democracia, no hay nada más bello que ver contar en público los votos, como vimos en las asambleas electorales de Iowa. Voto por voto, a viva voz y a la vista de todos. Eso es democracia. Y por eso hay que luchar en ambos lados de la frontera. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p. 8)