El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer la decisión del juez Aquiles Villaseñor de anular la causa penal contra el abogado Juan Collado Mocelo por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de ordenar la libertad plena del procesado.
Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de (Carlos) Salinas de Gortari, dijo el mandatario en su conferencia de ayer. Y es diario, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial. O, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz.
López Obrador insistió en que los miembros del Poder Judicial no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.4)
Es tanta la desesperación de partidos opositores en la coyuntura electoral, que ahora se han sumado a la reforma al sistema de pensiones que se presentará en unos días, aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Resaltó que tanto la candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez –a quien de nuevo no mencionó por su nombre–, como el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, se han pronunciado a favor de apoyar esa iniciativa que beneficia a los trabajadores.
¡Qué nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral!, subrayó, sin pregunta de por medio, en la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
El bloque opositor confirmó que respaldará la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones, pero diputados de PAN, PRI y PRD indicaron que debe haber un origen preciso de los fondos para pagar a los trabajadores.
Si viene la iniciativa para que la gente se retire con 100 por ciento de su jubilación, ¡adelante! ¿Dónde firmamos? Lo único que nos preguntamos es de dónde pretende el gobierno sacar esas cantidades, expresó el coordinador panista, Jorge Romero.
Incluso, el priísta Rubén Moreira planteó que deje de pagarse el rescate bancario a través del IPAB, para que ese dinero se destine a fondear las pensiones en las entidades. (Enrique Méndez y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.8)
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, pidió la renuncia del vocero presidencial, Jesús Ramírez, luego de que la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, exhibió una presunta conversación con este funcionario sobre el despido de trabajadores sindicalizados de la desaparecida agencia de noticias del Estado mexicano.
Martínez, quien ahora aspira a una diputación federal por el PAN, consideró que en el audio se exhibe un mercadeo de las liquidaciones de los trabajadores.
Nosotros queremos denunciar esa práctica que sólo roba el esfuerzo a trabajadores independientemente del sindicato o si los quieren liquidar o si hay razones para que continúen o no en su trabajo. Ese mercadeo de Jesús Ramírez es denigrante, apuntó en conferencia de prensa. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.16)
Chilpancingo.— En regiones como Tierra Caliente, Costa Grande y el norte los partidos políticos en Guerrero determinaron no postular candidatos para el próximo proceso electoral por la violencia que impera en esos territorios.
El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Julián López Galeana, explicó que de acuerdo a lo que pasaron sus candidatos en el proceso electoral de 2012 —quienes fueron privados de la libertad, atacados a balazos y amenazados para renunciar a las candidaturas— no pondrán en riesgo a sus militantes ni abanderados.
López Galeana dijo que en por lo menos 20 municipios de la región Tierra Caliente, Costa Grande y el norte no postularán candidatos por la violencia y presión que ejercen las organizaciones criminales y reveló que en la convocatoria abierta para las candidaturas a diputaciones locales, en la Tierra Caliente nadie se inscribió. (Redacción, El Universal, Nación. P.6)
En la que fuera la oficina de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró su oposición a un indulto para Mario Aburto, sentenciado por el asesinato del ex candidato presidencial.
En un video en el que fija la posición de su partido, afirmó que existe un asesino confeso y su nombre es Mario Aburto Martínez. Y sobre él recayó la sentencia correspondiente. Reclamamos justicia y esta demanda supone que se cumpla la condena que fijó la autoridad jurisdiccional, acorde a la ley. Nuestra posición es invariable, no la vamos a modificar. Además, pidió: Ni perdones ni indultos.
Sin mencionar que la petición de indulto fue hecha por Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato, ni referirse a la pesquisa en la Fiscalía General de la República que expone la participación de un segundo tirador que habría sido respaldado en su momento por el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, el priísta consideró de nueva cuenta que hay un intento de liberación, indulto o absolución que proviene del gobierno federal. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.12)
Aunque Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas, había ordenado la liberación de José Alberto García Vilano, La Kena, presunto cabecilla de Los Ciclones, una de las células más violentas del cártel del Golfo, con centro de operaciones en el municipio de Matamoros, éste continuará en prisión después de que un juez de control, también de Tamaulipas, lo vinculó a proceso por el delito de secuestro.
La determinación se realizó mediante una audiencia virtual, ya que García Vilano se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.
El juez de control que supo del caso consideró que había suficientes elementos para iniciar un proceso en su contra y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, por lo que deberá permanecer en prisión como medida cautelar. (Raúl Robledo y Jesús Estrada, La Jornada, Política, p.4)
Almoloya de Juárez, Méx., La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó la madrugada de este jueves un operativo de inspección, en el que participaron efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, para evitar conductas delictivas en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 del Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez.
Fuentes al interior del Gabinete de Seguridad informaron que se trató de una acción periódica para prevenir e inhibir la introducción de objetos y sustancias prohibidas, así como la posesión de artículos que pudieran emplearse para agresiones.
A las 23 horas del miércoles, alrededor de 50 unidades de la GN y castrenses ingresaron por la garita principal del Cefereso, para iniciar el operativo en punto de la medianoche. (Israel Dávila y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.16)
En la actualidad, los órganos de control y el Poder Judicial en México enfrentan un escenario de hostigamiento por parte del Ejecutivo, por lo que es necesario que la ciudadanía asuma su defensa, como un contrapeso ante los poderes autoritarios y los regímenes de partido único, señalaron los participantes en un conversatorio organizado ayer por la UNAM.
Al intervenir en el Foro BeLatin Perspectiva política, económica y legal. México y América Latina 2024 y 2025, Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que los actuales son malos tiempos para la democracia constitucional, pues diversos órganos se encuentran en riesgo ante la acumulación de poder en manos del Presidente de la República.
Dicho fenómeno, indicó Córdova en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ocurre en medio de diversas formas de hostigamiento del Poder Ejecutivo hacia los órganos de control, por lo que llamó a blindar a dichas entidades y evitar que sean controladas o desaparecidas. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.4)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se mantuvo en su decisión de “tumbar” la Ley de la Industria Eléctrica, al defender la votación de los ministros amparado en el artículo 56 primer párrafo, de la Ley de Amparo, que rige estos procedimientos; mencionaron que ello se establece, “cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.
La Corte indicó que esto sucedió debido a que el ministro Javier Laynez Potisek se excusó de conocer de este asunto, toda vez que participar en su discusión retrasaría su resolución, derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la Secretaría de Energía (Sener), para que el ministro no conociera de éste y otro Amparo en Revisión similar.
“Esta situación generó que la votación resultara en empate y, con ello, fuera necesario ejercer voto de calidad por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala, como lo faculta la Ley de Amparo, en el artículo 56 antes citado”, refirió el máximo tribunal. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.3)
La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se tiró la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un video subido a redes sociales, la morenista dijo que es falso que el proyecto haya sido inconstitucional y, además, señaló que durante la votación hubo una inconsistencia en referencia a la decisión del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para declararse impedido y no participar en la votación.
“Ahora dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa, pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro y finalmente votan tres a dos en una sala”, indicó. (Yulia Bonilla, La Razón, Política, p.4)
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el bono aprobado para los consejeros electorales forma parte de las políticas de austeridad del órgano electoral, lo cual fue criticado por legisladores de la 4T.
Ante los medios de comunicación, Taddei defendió la entrega de estos recursos que, dijo, no son de medio millón de pesos para cada consejero electoral, como se difundió en un inicio, sino de 325 mil pesos.
“La ley electoral establece que todos los días y horas son inhábiles, eso significa que hay personal del instituto que tiene que estar de manera presencial, y eso tiene que ver con el tema laboral; es decir, el pago de horas extra… No se considera un ingreso extra, es trabajo extra. (Magali Juárez, La Razón, México, p.5)
El amparo en revisión relacionado con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que fue otorgado con el voto de sólo dos de cinco ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a seis empresas privadas, “no sentó un precedente obligatorio, y el fast track no es un buen precedente para la discusión que, conforme a derecho, debería dar la Corte sobre los temas de relevancia nacional”, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.
Al comentar lo sucedido con los amparos en revisión 164/2023 y 106/2023, la integrante de la segunda sala y una de las dos ministras que votaron contra el otorgamiento de la protección de la justicia federal a las empresas privadas (la otra fue la ministra Yasmín Esquivel) dijo que se dio un albazo para declarar inconstitucionales disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
En su mensaje, Batres explicó que entre las disposiciones que se declararon inconstitucionales hay algunas que ya habían sido discutidas y declaradas constitucionales por el pleno de la Corte. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.3)