Han pasado 15 días de la sustracción de la base de datos de los reporteros que acudieron a la conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Los datos personales de los periodistas sigue en la Deep web, sin que las autoridades federales puedan determinar —y sancionar— a los responsables de este incidente cibernético.
¿Filtración? ¿O intrusión? A finales del año pasado, la fuente presidencial tuvo que renovar sus gafetes y la oficina de Jesús Ramírez Cuevas recopiló la información de los acreditados. Esa base de datos —de acuerdo a la información disponible— está a salvo; la información sustraída ilegalmente el pasado 22 de enero afecta a 309 personas, pero “sólo” de 263 había datos personajes: 186 credenciales de elector que contenían domicilio completo, 64 pasaportes, una licencia de conducir de Estados Unidos, una CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración.
Hasta que la Presidencia de la República remitió los informes sobre lo acontecido —el 29 de enero—, el Inai pudo intervenir; no obstante, a través de las vías disponibles recibió 25 denuncias de periodistas afectados. A las 16:28 horas del 31 de enero se notificó el acuerdo de inicio de la investigación previa y el primer requerimiento de información a la Oficina de la Presidencia de la República.
Ni hackeo ni spyware. La “vulneración” al sistema de acreditación administrado por la Coordinación de Comunicación Social —coinciden tirios y troyanos— han potenciado los riesgos que afrontan los reporteros de la fuente presidencial en un contexto de violencia, de discurso de odio y con el impacto de los contenidos falsos generados con las nuevas tecnologías.
Ahora, el Mecanismo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas deberá atender las solicitudes de la docena de informadores que consideran que la exposición de sus datos personales amenaza directamente su integridad personal, con lo que sumarían medio centenar de acreditados a la fuente presidencial bajo esa condición. A través de distintos proveedores, esa instancia —adscrita a la Secretaría de Gobernación— puede brindar protección remota (ya sea con botones de pánico o cámaras de videovigilancia), custodios personales y vehículos blindados, para quienes lo requiera. Los casos de relocalización pueden requerir otros apoyos, como aparatos de radiocomunicación, vales de despensa y menaje de casa.
Por lo pronto, el Inai investiga. Y una treintena de reporteros acreditados a la Mañanera que denunciaron la vulneración de sus datos personales, pueden acceder a la protección oficial. Hay precedentes, ominosos. Los expedientes INAI.3S.08.01-059/2021 —por la divulgación de información confidencial, contenida en facturas electrónicas a nombre de MCCI, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021— e INAI.3S.07.01.005/2022, por la información fiscal de Carlos Loret de Mola, fueron resueltos por el Pleno de comisionados de Inai… pero no hubo sancionados.
Efectos secundarios
DEFINICIONES. En el mismo camino que Xóchitl Gálvez –quizá gracias a sus recientes gestiones— el abanderado aliancista en la CDMX, Santiago Taboada acudirá a Washington D.C. para llamar a la comunidad académica y a los liderazgos políticos de la Unión Americana a centrar su atención en el desarrollo de la contienda electoral en México. (Alberto Aguirre, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
3 Sollozo. Todo gira en torno al cristal con que se mira. Ante las agresiones por parte de militantes y simpatizantes de Morena en Estados Unidos contra la virtual candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, Mario Delgado aseguró que los migrantes mexicanos están agraviados por los gobiernos neoliberales que ocasionaron su éxodo del país. “Lo que ella vivió, pues es la realidad de lo que piensa la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos de los gobiernos de neoliberales”, consideró. La mala noticia es que quienes protestaron están fielmente ligados a Morena. Espontáneos no son. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)
EN MÉXICO, EL Presidente de la República recibió a una comisión encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo hizo luego de que había advertido, en días anteriores, que no recibiría a quien ha sido una virtual comisionada de Joe Biden para asuntos especiales con México, en tanto no se esclareciera su estatus como presunto sospechoso de haber recibido dinero del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006.
LÓPEZ OBRADOR REVELÓ durante su conferencia matutina de prensa su indisposición a sentarse a dialogar con la representante de un gobierno que a través de una de sus ramas, la DEA, filtró una investigación de 13 años atrás, que fue cerrada por el propio gobierno estadunidense, sobre la presunta entrega de fondos económicos en 2006 a personas cercanas a aquella campaña. Luego hablaron por teléfono los presidentes de EU y México, y éste aceptó la visita de Sherwood-Randall, en el contexto de las presiones para cerrar la frontera común por motivos migratorios.
EN LOS HECHOS, el político tabasqueño pareció haber conseguido una especie de aceptación tácita del máximo poder formal de Estados Unidos de que no hay ánimo de reabrir tal investigación o, visto de otra manera, de que no hay sustento probatorio. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
El problema migratorio en Estados Unidos no se puede abordar con explicaciones simplistas, como suponer que lo causa Donald Trump porque no quiere a los mexicanos. En realidad, el precandidato republicano aprovecha la situación, pero no es quien la origina.
La semana pasada examinamos cómo el enfrentamiento entre autoridades federales y estatales ha dificultado, por décadas, conseguir un acuerdo en esta materia. Y cómo se ha llegado a un punto crítico, con gobernadores y alcaldes que usurpan las atribuciones migratorias del gobierno central, porque éste no hace cumplir la ley.
Toca ahora revisar la forma en que las cosas se han complicado por el interjuego de los tres poderes federales.
El Legislativo es el gran culpable porque no legisla. La Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente se aprobó a fines del siglo 19. Desde entonces, el fenómeno migratorio cambió mucho. Los criterios de admisión, exclusión y remoción han permanecido intocados, a pesar de que ya no son aplicables o contravienen los pactos de derechos humanos firmados desde entonces. Es el caso de las cuotas nacionales o de las limitaciones para que permanezcan en el país los que entraron para hacer estudios profesionales.
Después de que en los ochenta se aprobó una amnistía general y se endurecieron los controles fronterizos y los permisos para trabajar (ley Simpson-Mazzoli), no hubo posibilidad de nuevos acuerdos bipartidistas. En lo que va del siglo, la polarización en el Congreso se acentúo a tal grado que ya en lo único que se debate son las asignaciones presupuestales.
“El poder de la bolsa” se ha utilizado para presionar a la Casa Blanca (independientemente de que la ocupe un republicano o un demócrata) en temas que nada tienen que ver con la política de población. Los congresistas culpan a la administración de la entrada masiva de ilegales, al mismo tiempo que no le aprueban ampliar las instalaciones o contratar más personal para tener el “control operacional” de la frontera que marca la ley.
Tampoco han podido concertar en el Capitolio la ratificación de los funcionarios del ramo. En la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), después de ocho meses de ser nominado por el presidente Biden, confirmaron como comisionado a Christopher Magnus, en diciembre de 2021, y tuvo que renunciar menos de un año después por desacuerdos internos. No le ha ido mejor al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha estado dirigido por interinos desde el gobierno de Barack Obama.
ENREDOS JUDICIALES
Los tribunales han tendido a favorecer a la Federación en sus disputas con los estados. En el tema migratorio esto es patente. La Corte Suprema obliga a los estados a inscribir a los niños indocumentados en las escuelas, pero ha anulado disposiciones estatales sobre migrantes ilegales (Arizona vs. United States, 2012). Al mismo tiempo, no legitima a los estados para obligar al gobierno federal a cumplir la ley migratoria (United States vs. Texas, 2023), lo que los coloca en una situación de impotencia.
Por otra parte, la Corte Suprema ha emitido sentencias humanitarias que han incentivado la migración. Exceptuó de la remoción inmediata a los niños no acompañados y a los adultos que entran con niños.
Al añadir el criterio de “miedo creíble” para aprobar las solicitudes de asilo, abrió la posibilidad de que millones de personas, alegando que podrían sufrir un daño poco definido, hayan sido admitidos en lo que esperan un juicio.
En contraposición, ha sostenido que la deportación es una sanción administrativa. Esto significa que debe seguirse el debido proceso, pero no aplican otras protecciones, como la de contar con un abogado.
Ante este panorama, los presidentes han buscado soluciones provisionales. Es lo que hizo Obama con el programa Dreamers. Difirió la deportación de los que arribaron a Estados Unidos en la infancia, sabiendo que los tribunales lo echarían para atrás. Tenía la esperanza de que el Congreso lo convirtiera en ley. Como eso no sucedió, los siguientes presidentes han resucitado el programa cada vez que las cortes lo anulan.
Entrampado entre el vacío legislativo, la limitación presupuestal y el activismo judicial, a Joe Biden no le ha quedado otra que aplicar la discrecionalidad burocrática y dejar pasar a casi todos los que solicitan asilo o logran cruzar el río y las alambradas.
Si gana Trump en noviembre, emitirá decretos y construirá más barreras, sabedor de que no servirán de nada. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 23)
Actualmente, se cuentan con elementos suficientes para pensar que Donald Trump será el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. No solo eso. También es probable que derrote a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, y regrese a la presidencia de EU a pesar de todas las denuncias legales que pesan en su contra.
La retórica utilizada por el todavía precandidato republicano se alinea al discurso nacionalista y un tanto polarizador que lo caracterizó durante su primer mandato como presidente de la nación más poderosa del mundo. Independientemente de las políticas migratorias y climáticas de Trump (que claramente son relevantes y a la vez polémicas), su política económica, e incluso su política internacional, podrían generar un efecto importante sobre las principales variables económicas de México.
En otras palabras, mientras la elección presidencial interna que se celebrará en junio no ha impactado negativamente sobre el comportamiento del tipo de cambio, los anuncios de inversiones relacionadas con estrategias de relocalización de la producción (nearshoring), la calificación de deuda soberana o incluso las principales medidas El respeto irrestricto al orden constitucional da frutos para la sociedad y eso es lo que ocurre en Coahuila, en donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció que la forma de servir a sus paisanos es respetando el Estado de derecho y la ley, ya que trabajando los tres órdenes de gobierno de manera coordinada y con pleno respeto a la autonomía, solo así mejorarán el nivel de vida de los ciudadanos. Estos son los ecos de la ceremonia que se llevó a cabo en Coahuila con motivo de la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmada en 1917 por el coahuilense Venustiano Carranza y en esta entidad se reiteró el compromiso por hacer valer sus principios, donde de riesgo país, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos sí generaría riesgos para nuestra economía que no pueden hacerse a un lado.
En primer lugar, y bajo el supuesto de que el discurso económico nacionalista de Trump se mantiene (o incluso intensifica) hasta el caso de ser elegido presidente, preocupa la política arancelaria que busca implementar en favor de los productores norteamericanos, particularmente en el sector industrial. Hace un par de días, Trump declaró que establecería aranceles hasta de 60% en la importación de bienes provenientes de China.
En cuanto a otros países, los aranceles podrían llegar a 10%, incluyendo (hasta ahora) las mercancías provenientes de México. Y es ahí donde entra otro tema relevante: la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que iniciará en 2025 y concluirá, con una resolución, en 2026. La llamada sunset clause se activará por primera vez para que representantes de las tres naciones involucradas tengan la oportunidad de llevar a cabo “una actualización constante [del Tratado] que atienda nuevos retos políticos y económicos” a seis años de haberse firmado el acuerdo comercial.
Una propuesta de modificación a las reglas de contenido regional que favorezca a Estados Unidos, un actuar más contundente respecto a las controversias que contravengan cláusulas del Tratado (como lo fue hasta hace poco la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica), una mayor tensión relacionada con temas laborales o migratorios, y sobre todo el tema arancelario podrían afectar el flujo de exportaciones mexicanas.
Aunado a lo anterior, la posibilidad de que Trump reduzca aún más el impuesto corporativo incentivaría a algunas de las grandes empresas a no desplazar inversión fuera de Estados Unidos, con efectos perjudiciales sobre un número importante de proyectos de nearshoring que beneficiarían a nuestro país.
Adicionalmente, ante cierta afinidad que en su momento mostró con el presidente de Rusia, Trump anunció que buscaría eliminar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y posiblemente el tema de la participación (y contribución económica) a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Un recrudecimiento del conflicto armado en Europa del Este podría afectar nuevamente el suministro (y, por lo tanto, los precios) del petróleo, el gas natural, el trigo y otras materias primas, como ocurrió con el estallamiento de la guerra en marzo de 2022, con efectos nocivos sobre la inflación o las finanzas públicas de México en caso de que la siguiente administración busque evitar una escalada en los precios locales de dichos insumos. Si la inflación revierte su trayectoria hacia el objetivo de 3.0% de Banco de México, las tasas aquí podrían mantenerse elevadas por más tiempo.
Como se puede apreciar, tal vez debería preocupar la elección presidencial en Estados Unidos por sus posibles implicaciones sobre el comercio exterior, la inversión extranjera (principalmente la proveniente de América del Norte), el crecimiento económico, la inflación y las tasas de interés en México.
De nuevo, en cuanto a las elecciones internas, incluso una vez conociendo a las que prácticamente se oficializarán como candidatas punteras a la Presidencia de México para el periodo 2024-2030, variables como el tipo de cambio no han sufrido ajustes significativos. Para muestra, la cotización del tipo de cambio cerró por debajo de $17.00 pesos por dólar el último día hábil de 2023.
Si aumenta la posibilidad de que gane Trump, el nivel de tipo de cambio podría ser otro. (Ricardo Aguilar Abe, El Financiero, Opinión, p. 25)
La actual coyuntura económica y geopolítica internacional ofrece a nuestro país una oportunidad histórica para impulsar su desarrollo. El alejamiento entre Estados Unidos y China y el reacomodo de las cadenas globales de producción y suministro, principalmente de bienes industriales, están impulsando un crecimiento de la inversión extranjera en México en el contexto del llamado nearshoring. La economía mundial se está reorganizando y México cuenta con ventajas competitivas muy importantes, tales como una posición geográfica privilegiada, una muy importante base industrial y una fuerza laboral competitiva y calificada, entre otras, que permiten aprovechar el proceso por medio del cual las compañías están buscando relocalizar sus operaciones a países cercanos a sus mercados de consumo, específicamente Estados Unidos.
El impulso del nearshoring es un tema estratégico para México, que se está analizando en diferentes foros empresariales, académicos y gubernamentales y debería formar parte de la planeación del desarrollo de la próxima administración en México, de cualquier partido. Se habla mucho sobre la necesidad de ampliar la capacidad energética del país, de mejorar la infraestructura, de preservar la estabilidad macroeconómica y de fortalecer el Estado de derecho como elementos esenciales para maximizar el beneficio del nearshoring. No obstante, existe un riesgo importante y creciente para México derivado del proceso electoral que se llevará a cabo en Estados Unidos en noviembre, en el cual nuestros vecinos elegirán a su nuevo presidente. Cada 12 años se alinean las elecciones de ambos países y en esta ocasión México ocupa un lugar destacado en los debates políticos.
La retórica del año electoral está aumentando paulatinamente de intensidad. Entre los sectores más conservadores de los republicanos se está viendo a México como un enemigo y una amenaza para su seguridad nacional, mientras que los demócratas endurecen cada vez más su postura respecto a la frontera. La tragedia que vive Estados Unidos por la crisis de los opioides, en buena medida impulsada por el fentanilo, así como el crecimiento de la inmigración a niveles históricos, impulsan estas posturas radicales. Los cruces fronterizos están en niveles récord, con alrededor de 10 mil personas cruzando la frontera diariamente en diciembre, según las autoridades de aquel país. Ello ha puesto una presión importante sobre el gobierno de Joe Biden.
De acuerdo con encuestas citadas por la revista The Economist, sólo el 27% de los estadounidenses aprueba el manejo de la inmigración por parte del presidente, mientras que más del doble de ellos dicen confiar en Donald Trump para este tema. Ello ha impulsado a Biden a tomar una postura más severa, incluso ofreciendo recientemente el cierre de la frontera en el marco de una discusión presupuestaria en el Congreso. Por su parte, y a pesar de los problemas legales que enfrenta, Donald Trump ha venido consolidando su ventaja en las primarias republicanas para ser el candidato de ese partido. Es altamente probable que la competencia por la presidencia se dé nuevamente entre él y Biden.
Además de la seguridad en la frontera, la vinculación comercial podría ser otro tema de debate político. El déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió el año pasado a un promedio de cerca de 13 mil millones de dólares por mes, de acuerdo con datos del gobierno estadounidense. En 2023 México se afianzó como líder en exportaciones de productos a Estados Unidos, en la segunda posición quedó China. De acuerdo con el INEGI, México exportó el año pasado casi 600 mil millones de dólares, de los cuales el 89% fueron productos manufacturados y el 83% se envió a Estados Unidos. Donald Trump ya en el pasado ha expresado su inconformidad con los déficits comerciales al verlos como un asunto de seguridad nacional. Recordemos que en el año 2026 se llevará a cabo la primera revisión integral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El tratado entró en vigor en el 2020 y el artículo 34-7 establece que en el sexto aniversario los países se reunirán para realizar una “revisión conjunta” del funcionamiento de este Tratado. En un caso extremo, sería el marco propicio para que Estados Unidos revise su continuidad en el Tratado. Un enfriamiento de las relaciones afectaría severamente el atractivo de México como destino de inversión y las empresas que se están relocalizando en el marco del nearshoring optarían por otros destinos.
Este año celebraremos en México elecciones históricas por diversos motivos, pero principalmente porque se compararán y analizarán alternativas y visiones de país contrastantes que definirán nuestras posibilidades para lograr un mayor desarrollo. Ninguna de ellas podrá abstraerse de las realidades de la globalización. De la manera como el nuevo gobierno aborde la vinculación con Estados Unidos dependerá en buena parte el nivel de crecimiento económico que logremos en los próximos años, componente fundamental del desarrollo. Requerirá de una estrategia diplomática astuta y visionaria, alejada de pasiones políticas coyunturales. Esperemos que nuestros líderes estén a la altura de las circunstancias. (Angel García-Lascurain Valero, El Financiero, Opinión,p. 25)
Las elecciones mexicanas de 2024 son objeto de una creciente atención en Estados Unidos, inmersos por su parte en un proceso profundamente polarizado que tiene a México en su eje figurado.
México, por la pura vecindad, es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, incrementado los últimos años por la posibilidad de crear una Norteamérica como región económica integral aunque salpicada por diferendos comerciales.
El actual interés estadounidense en México está determinado por lo que consideran como crisis en la frontera común, fruto por un lado del dramático incremento de migrantes, especialmente de centro y sur América, pero también de otras regiones, que huyen de la pobreza y el autoritarismo y buscan llegar a EU, a través de México.
El tráfico de drogas, especialmente fentanilo, es el segundo componente de la complicación en la frontera. El conjunto está hoy en el centro del debate político estadounidense y no ayuda ciertamente a restar tensiones en una relación que es normalmente complicada.
De hecho, la campaña electoral y la realización de los comicios en México, el 2 de junio, pueden determinar en parte el rumbo de unas relaciones que de ser dominadas por conveniencias comerciales y económicas pasaron a serlo por cuestiones de seguridad.
La percepción estadounidense, concretamente en el lado republicano, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha la relación con Estados Unidos, debido a los lazos económicos y las posibilidades que ofrece México como socio en cadenas de producción, pero hace poco por impedir el paso de migrantes y drogas.
Peor aún, para los republicanos es un tema especialmente importante. Su casi seguro candidato presidencial, el expresidente Donald Trump, alardea de haber presionado al gobierno mexicano para destinar 28 mil elementos militares para detener el flujo migratorio “sin costo para Estados Unidos”. Y de paso, califican al actual régimen mexicano como “narcogobierno” o al menos vulnerable a la influencia de los cárteles.
La machacona insistencia republicana en que hay una crisis en la frontera con México se ha traducido en polémicas posturas como la asumida por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para tomar medidas propias para enfrentar la llegada de inmigrantes indocumentados.
Los demócratas parecen más inclinados a tratar de mantener aguas tranquilas en la relación bilateral, por intereses económicos, geopolíticos y como gesto hacia la creciente minoría latina. Un 64 por ciento de los hispanos en Estados Unidos son de ascendencia mexicana.
Pero aunque más abiertos que los republicanos, los demócratas tampoco se hacen muchas ilusiones respecto a la relación con López Obrador y se preguntan respecto a la continuidad de su proyecto y su relación con Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición gobernante.
El 75 por ciento de los estadounidenses considera que la problemática fronteriza es o bien una crisis o un problema grave. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)