Ex ferrocarrileros bloquearon ayer un tramo del Tren Maya en Campeche, el Tren Interoceánico en Oaxaca y pasos aduanales en Chihuahua y Tamaulipas para exigir una compensación económica y justicia social para trabajadores que formaron parte del sistema ferrocarrilero mexicano antes de ser privatizado.
Los inconformes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro), que aglutina a varias organizaciones de jubilados, cerraron el carril comercial del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y frenaron el paso de transportistas. En Nuevo Laredo bloquearon el Puente Internacional III del Comercio Mundial. (Benito Jiménez y Pedro Sánchez-Briones, Reforma, Nacional, p. 2)
La Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, reiteró la condena por la agresión perpetrada el pasado día 12 en Morelos contra Andrés Salas, administrador de la página de Internet Noticias Cuautla, a quien brinda acompañamiento y seguridad mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En un comunicado, indicó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos –en los cuales personas armadas balearon la camioneta del comunicador, matando a su chofer y lesionando a su hermano–, el mecanismo de protección activó los protocolos de seguridad correspondientes. (Redacción, La Jornada, Política, p. 7)
En el caso de las diferencias entre la mayoría del PRIAN en el Congreso local y el Gobierno del Estado sobre el proceso de designación del Fiscal General, ayer se vivió un nuevo capítulo en el que la Suprema Corte ordenó reponer el proceso. La Corte avaló por unanimidad la validez de la convocatoria pública emitida en octubre de 2022 por el Congreso para designar al nuevo Fiscal General.
Ordenó, sin embargo, a la Comisión Anticorrupción reponer la lista de cuatro finalistas a partir de la presentación de la carta de no antecedentes penales, que dictaminó como obligatoria. Abogados consultados advirtieron que, con la resolución de la Corte, podría volverse a entrampar este proceso si el Estado decide no entregar las cartas de no antecedentes porque ya se estableció como un requisito para poder aspirar al cargo. (Ángel Charles, Víctor Fuentes y Miriam García, Reforma, Nacional, p. 2)
Con el voto en contra de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, se rechazó ayer en el Senado una reforma al artículo 123 constitucional que planteaba restituir en su empleo a policías, agentes del Ministerio Público y peritos federales, estatales y municipales que hayan sido destituidos de manera injustificada.
El dictamen pretendía garantizar también una indemnización y el pago de las prestaciones correspondientes a quien tuviera un fallo judicial definitivo a su favor. El documento fue presentado ante el pleno en la sesión del martes pasado. Al ponerlo a votación obtuvo 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que la mesa directiva del Senado determinó que no existía el quorum constitucional establecido para continuar con su proceso legislativo. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 9)
Al considerar que se trata de un asunto de relevancia, la Segunda Sala de la Corte determinó que el caso del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sea analizado por el pleno del Máximo Tribunal del país. En sesión privada, los ministros de la Segunda Sala, encabezada por Alberto Pérez Dayán, resolvieron que la controversia constitucional 31/2023 promovida por el mandatario del partido Movimiento Ciudadano para frenar el juicio político es un asunto demasiado trascendente para abordarse en salas, por lo que será analizado por los 11 ministros en fecha por definir.
Fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalaron que el proyecto de resolución de la controversia constitucional -elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales- venía por rechazar el juicio político en contra de García Sepúlveda. (Manuel Espino, El Universal, Nacional, p. A2)
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, explicó que el INE firmó un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para fiscalizar debidamente las campañas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jorge Montaño, comentó que ya se entregó a la UIF de la Secretaría de Hacienda la lista de personas políticamente expuestas, para que dentro de sus funciones, intercambie información con el INE.
En esta lista, se revisa que personas relevantes de la política, de los partidos y cercanas a las candidaturas no tengan movimientos inusuales en sus cuentas bancarias para detectar si dinero ilícito se canalizó por esas vías a las campañas. (Aurora Zepeda, Excélsior, Nacional, p. 6)
La Diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila, propuso una iniciativa para castigar hasta con seis años de prisión a quienes incurran en el robo de agua y hasta nueve si quien lo haga es servidor púbico. Se trata, dijo, de una propuesta que pretende reformar el artículo 71 de la Constitución y diversas disposiciones al Código Penal Federal, en una intentona de contener la escasez de agua que crece en el país.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el “huachicoleo de agua”, consistente en el hurto de ductos y pozos de agua, es un problema creciente en México. (Antonio López, El Universal, Nación, p. A11)
Esta problemática no distingue entre instituciones públicas o privadas, pues de acuerdo con estudios realizados por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), apenas el cinco por ciento de las personas con discapacidad tienen la oportunidad de ejercer su derecho a estudiar a nivel profesional, debido a la falta de infraestructura, instalaciones o maestros capacitados.
El dato es todavía más grave si se toma en cuenta que ese cinco por ciento corresponde al universo de personas con discapacidad que han intentado enrolarse en alguna institución universitaria, mismas que, en muchas ocasiones, ni siquiera cuentan con adecuaciones básicas en sus exámenes de admisión. (Ricardo Alanís Carreón, Reporte Índigo, Índigo Monterrey, p. 20)
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la minería a cielo abierto es la más contaminante y por ello busca su prohibición con la reforma constitucional enviada al Congreso la semana pasada, aseguró ayer la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
En la conferencia diaria del mandatario, la funcionaria subrayó que este gobierno no ha dado ningún permiso para explotaciones mineras a cielo abierto, pues intoxican el agua y el aire, eliminan la vegetación, ahuyentan la fauna y destruyen el suelo y el subsuelo. (Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 13)
El nearshoring representa una importante oportunidad para México, pero no puede repetirse lo que ocurrió con el TLCAN, que no tuvo un beneficio tan profundo en la sociedad mexicana, consideró el Banco Mundial (BM). Para no repetir la historia, se debe buscar la integración de las pequeñas empresas mexicanas en este fenómeno de la relocalización, recomendó Mark Thomas, director para México, Colombia y Venezuela de dicho organismo.
“Estuvimos acá hace 30 años con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los resultados de este proceso no fueron tan positivos desde un punto de vista social, impacto sobre pobreza, desigualdad y desarrollo social. (Azucena Vásquez, Reforma, Negocios, p. 1)
En 2023, la cartera vencida de las tarjetas de crédito repuntó 64.1 por ciento nominal anual, el crecimiento más alto desde que hay registro, según las cifras de Banco de México. Ello, luego de que el saldo vencido de portafolio crediticio de este producto sumó 20 mil 41.1 millones de pesos, es decir siete mil 827.8 millones de pesos más que al cierre de un año antes, cuando totalizó 12 mil 213.3 millones de pesos.
De hecho, el alza fue mayor a la reportada por el saldo vencido de la cartera de crédito al consumo total, que fue de 37.5 por ciento nominal anual, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Grupo Financiero Base. Esa tasa no se veía desde el mismo lapso de 2012 y en mayo de 2013, cuando alcanzó un máximo de 40.37 por ciento, agregó la especialista. (Veronica Reynold, El Heraldo de México, Merk-2, p. 16)
El comercio electrónico gana terreno en México al incrementar su participación en el Producto Interno Bruto nacional; en medio de pendientes por resolver para lograr una mayor penetración de mercado y hasta controversias con las principales empresas de la industria.
Comprar en línea se ha vuelto parte importante de los hábitos de consumo de millones de mexicanos, cuestión que ha resultado en que el comercio electrónico de bienes y servicios participe con 5.9 puntos porcentuales de toda la riqueza que se genera en el país, de acuerdo con la última estimación del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico (VABCOEL), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (Gabriel Nava, Reporte Índigo, Indigonomics, p. 26)