Eran aquellos años posteriores a la confrontación irreversible entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, cuya competencia los llevó a organizar a principios de los noventa unos coloquios memorables por la talla de sus invitados, todos distinguidos miembros de la élite cultural internacional, pero sobre todo porque en el encuentro patrocinado por Vuelta, Mario Vargas Llosa lanzó aquella provocación de que México era la dictadura perfecta.
Ocho, nueve años después, decíamos, durante las campañas presidenciales de fin de siglo con el panista Vicente Fox, el priista Francisco Labastida y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, el escritor peruano visitó México, buen hábito al paso del tiempo, aunque no recuerdo que volviera durante la gestión de Carlos Salinas, después de salir corriendo al día siguiente de su célebre sentencia.
Hace algunos años solicité vía transparencia a Migración los detalles de aquella partida precipitada del hoy Nobel, que para entonces todavía era bien visto por lo que se llamaba izquierda por sus dardos contra el PRI. En resumen, la respuesta fue que la información solo podía entregarse al propio escritor. Lo dejé por la paz.
El tema, de vuelta, es que Vargas Llosa ya había hablado de forma pública de su preferencia por el panista y una de sus primeras actividades en México entonces, además de sus acostumbradas charlas en la UNAM, fue entrevistarse con Fox, que con la estrategia de llamar al “voto útil”, ergo, para acabar con el PRI, comenzó a concitar apoyos variopintos.
La foto de Fox con Vargas Llosa fue uno de los golpes más certeros del PAN contra la campaña del PRI, que aún aturdido por el derechazo (dicho sin sesgo ideológico, por supuesto), apenas atinó a responder con una entrevista de Labastida… con el propio novelista, quien gustoso hizo un espacio en la agenda y posó al día siguiente con el que se había convertido, como todo priista, en su saco de boxeo.
Hoy recordé aquellos años por las candidatas y sus fotos con el papa Francisco. (Alfredo Campos Villeda, Milenio, Cultura, p. 23)
Otra de Abbott
Para seguir abonando a la confrontación con el gobierno de Joe Biden, con los demócratas y de paso con México, ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que construirá un cuartel militar muy cerca de la frontera con nuestro país. Pondrá un campamento-base, según se informó, para unos mil 800 soldados aunque en un momento dado podrían llegar a ser 2 mil 300 en un espacio de 32 hectáreas, un parque que recién requisó supuestamente para tener mayor margen de control sobre la migración. El sitio está en Eagle Pass, punto que el año pasado se convirtió en un foco rojo por la importante cantidad de cruces masivos que se dio. Aunque, nos hacen ver, en la actualización de información oficial sobre detenciones de migrantes que se realiza en la frontera norte, éstas bajaron en enero. Ahí el nuevo mensaje. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Durante las últimas dos décadas, en México se ha incrementado la violencia de manera exponencial, cuyos factores determinantes fueron y son la declaración de guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón; el incremento del crimen organizado; las políticas económicas neoliberales; el despojo de tierras, los territorios y los recursos de pueblos y comunidades indígenas por trasnacionales y empresas privadas, entre otros.
Aunado a esto, las políticas de seguridad se han encaminado a militarizar el país, lo que en gran parte perpetua las violaciones graves a derechos humanos, como las desapariciones, el desplazamiento interno forzado, las detenciones arbitrarias, la prisión política y las violencias extremas hacia las mujeres. Las víctimas de estas consecuencias han sido muchas. Sin embargo, Chiapas ha sido una de las zonas donde no sólo se ha disputado la protección de las tierras, sino la vida misma de las comunidades y sus integrantes.
Por ello, el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes, el pasado martes 13 de febrero publicaron el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos (https://acortar.link/1kgil7). Se presentaron los hallazgos de la documentación de las violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional en la región frontera entre Chiapas y Guatemala.
Es importante mencionar que desde 2021 se ha identificado un conflicto armado en esta zona que no está reconocido como tal, pero que ha implicado una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por las personas, los productos de diversas índole, las tierras y los servicios, etcétera que hay en esas territorialidades. Esto ha implicado que exista un control de la vida por estos actores, en el cual el Estado mexicano a nivel local y nacional ha sido omiso en las responsabilidades que le corresponden en materia de derechos humanos y, en algunos casos, contribuyente a que estas situaciones continúen. De acuerdo con el informe, entre junio de 2021 y noviembre de 2023, al menos 7 mil 500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en la zona, representando aproximadamente 15 por ciento del total de la población, y otros tantos residentes han sido tomados como rehenes entre los enfrentamientos armados. Se documentó que durante las confrontaciones frecuentes se usan drones, artefactos explosivos, se bloquean carreteras y queman vehículos para limitar el tránsito y la comunicación entre las comunidades.
Asimismo, se identificó un incremento de prestanombres, pago para el uso de suelo, extorsiones y reclutamiento forzado, entre otros, del crimen organizado, acciones que condicionan la vida o el trascender de las personas y los pueblos. Lo anterior tiene repercusiones diferenciadas, principalmente por género, edad, nacionalidad y condición étnica. Para las mujeres y las niñas estas confrontaciones implican una lucha no sólo por sus tierras, sino por la defensa de sus cuerpos, considerados también territorio de disputa, intercambio y conquista para el narcotráfico.
Para los jóvenes representa el riesgo de ser cooptados para trabajar forzadamente para la delincuencia organizada, lo que significa dejar a sus comunidades, sus familias y sus sueños. Para quienes se encuentran en movilidad en búsqueda de mejores condiciones de vida, transitar por esta región involucra la posibilidad de ser víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que interrumpen sus sueños y deseos; asimismo, para las poblaciones indígenas significa la descomposición del tejido social y de su vida en comunidad construida y cuidada por años, así como la perpetuación del abandono del Estado, las injusticias y las desigualdades estructurales.
Ante ello es importante reflexionar ¿cómo podemos construir la paz y mantener la esperanza en nuestros territorios frente a la violencia generalizada y al alza? ¿Hasta cuando el Estado intervendrá en el cuidado y protección de la vida de las comunidades y los territorios desde un enfoque de derechos humanos? ¿Cuántas víctimas más de la violencia necesitamos para que el gobierno atienda la problemática desde quienes sufren las afectaciones de este conflicto armado no reconocido? Una respuesta podría ser recuperar la construcción de paz desde el fortalecimiento de la vida comunitaria y las alternativas colectivas para afrontar la violencia generalizada. Otra pista es continuar exigiendo al gobierno mexicano y a las instituciones correspondientes garantizar la protección de la vitalidad personal y colectiva con base en los derechos humanos y desde las perspectivas de género e interseccional, con el fin de sanar el cuerpo-territorio, la tierra y la comunidad para la continuidad de la vida en dignidad. (Mariana Bermúdez, La Jornada, Opinión, p. 12)
ESCENARIOS EU
Una posibilidad es que, en noviembre, Trump gane la elección y regrese a la Casa Blanca, lo que significaría un reto mayúsculo para la próxima presidenta mexicana. De acuerdo con un reporte de Axios, Trump planea deportar a millones de personas utilizando todas las herramientas del Estado disponibles, desde el FBI hasta la Guardia Nacional. En su mandato anterior, Trump utilizó el T-MEC para ejercer presión en temas migratorios y es probable que adopte políticas poco ortodoxas para enfrentar a los cárteles mexicanos vinculados al problema del fentanilo.
Sin embargo, de mantener el enfrentamiento comercial frente a China va a tener que ser flexible con México para seguir transformando la cadena manufacturera, aún así será desafiante.
Otro escenario es que Trump sea inhabilitado para competir o asumir la presidencia, lo que, dependiendo de la razón, podría incrementar el riesgo de un conflicto social al interior de Estados Unidos, con potenciales repercusiones económicas negativas para México.
Un tercer escenario, y el menos problemático para México, sería la reelección de Joe Biden, la cual mantendría los desafíos actuales pero ofrecería un entorno más predecible. Sin embargo, existen varios factores de fragilidad, tanto por la salud de Biden como por los crecientes problemas relacionados con el fentanilo y la migración.
Aunque México enfrenta sus propias fuentes de incertidumbre en 2024, el mayor foco de riesgos para el país se ubica en Estados Unidos y su volátil escenario político. (Rodrigo Pacheco, Excélsior, Dinero, p. 17)