Mientras el gobierno del presidente Joe Biden parece estar en busca de formas de aplicar más estrictas políticas migratorias en la frontera con México, sus rivales republicanos parecen empeñados a su vez en tratar de imponer su propia y más dura versión.
La diferencia entre ambas formulaciones parece más bien de detalles, pero mientras Biden y sus aliados buscan evitar que el tema sea usado en su contra durante la campaña electoral de este año, los republicanos encabezados por el expresidente y presunto candidato Donald Trump preferirían esperar hasta después de los comicios de noviembre y evitar darle un triunfo a sus rivales.
El debate es brutal y aunque las divergencias sobre migración tienen poco de nuevo y sí mucho de miedo a lo diferente, la forma en que demócratas y republicanos abordan son quizá uno de los aspectos más sobresalientes del choque actual.
En alguna medida, sería una derivación de la “guerra de culturas” que define a Estados Unidos desde sus inicios y se basa en buena parte en diferentes interpretaciones de principios religiosos.
Pero la cuestión migratoria incluye etnicidad, principios sociales y culturales.
De acuerdo con William Schneider, un politólogo y analista, la polarización del debate es parte de lo que hace a Estados Unidos cada vez más ingobernables.
La animosidad presente en el juego político limita las posibilidades de acuerdos entre dos partidos que literalmente dividen al país por la mitad, con mayorías mínimas en el Congreso (219 republicanos a 212 demócratas en la Cámara baja; 52 demócratas a 48 republicanos en el Senado).
Paralelamente, la polarización política se ha vuelto tan extrema que un gran segmento del electorado se niega a darle crédito al presidente Biden. La economía, el termómetro tradicional de la política estadounidense está bien, aunque no del todo, pero para los republicanos está literalmente en el hoyo.
“La animosidad partidista está impulsando la campaña de Donald Trump y manteniendo al magnate competitivo y, a menudo, ligeramente por delante del presidente Biden en las encuestas. La multitud del MAGA (Hacer a los Estados Unidos Grandes Otra Vez-MAGA por sus siglas en inglés) desprecia a Biden, no porque no esté haciendo su trabajo, sino porque es un demócrata que derrotó a su héroe en 2020.
“Trump es un populista y el populismo se nutre del resentimiento”, subrayó Schneider.
Y el resentimiento se dirige con más facilidad hacia los inmigrantes, que en la actualidad son mayormente procedentes de naciones en desarrollo de Latinoamérica, Asia o África, con orígenes raciales, culturales y sociales diferentes al prototipo de sociedad blanca, anglosajona y protestante que los estadounidenses parecen idealizar.
Contradictoriamente se consideran un país de inmigrantes y saben que la llegada de nuevos grupos favorece a su economía. Pero eso trabaja hoy a favor de los demócratas y por tanto es un negativo para los republicanos. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
En los últimos dos años y medio se ha visto el mayor éxodo de cubanos desde 1959. Suma aproximadamente 4% de la población y la proporción es aún mayor entre médicos, maestros y otros profesionales de la isla. La mayoría ha ido al destino habitual de los cubanos, Estados Unidos, pero han cambiado la ruta habitual de mar por una de aire seguido por camino de tierra. Aproximadamente, 425 mil cubanos llegaron a territorio estadunidense entre 2022 y 2023, la mayoría cruzando la frontera con su vecino al sur. Unos 36 mil más solicitaron asilo en Estados Unidos directamente desde México. También han ido a España y a países sudamericanos.
Para explicar la salida masiva hay que tomar en cuenta la situación que las personas enfrentan en la isla y los factores que las atraen a nuevos destinos. Hay que reconocer también que se está viendo una instancia más de manipulación de seres humanos por gobiernos autocráticos.
En Cuba, el periodo de la pandemia de covid-19 fue duro y la recuperación ha sido lenta. El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno. Estaban cansados de los apagones frecuentes, la escasez de alimentos y demás privaciones económicas que sufrían habitualmente. También pedían libertad, inspirados por el himno Patria y vida, en oposición al lema revolucionario “Patria o muerte”. El gobierno de Miguel Díaz-Canel pudo haber respondido con liberalización política y económica, pero no: eligió la represión. Encarceló a cientos de personas, incluyendo muchos jóvenes y también chicos, y endureció el Poder Judicial.
La situación económica en la isla no mejoró y la población seguía insatisfecha. Después de unos meses, el gobierno cubano, que normalmente hostiga a su diáspora, tomó medidas para facilitar la emigración. Parece que el régimen ha decidido que vendría bien abrir una válvula de escape para disidentes potenciales, además de eventualmente aumentar el flujo de remesas a la isla. De igual o más importancia, también desea sacar ventaja de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ha revertido solamente algunas de las sanciones que su predecesor (y rival probable en noviembre 2024) Donald Trump mantenía contra Cuba y no la ha sacado de la lista de países que apoyan al terrorismo (cosa que el gobierno de Obama hizo y Trump revirtió).
El gobierno cubano ha recurrido frecuentemente a la maniobra de usar los migrantes para presionar a EU, por ejemplo, con el éxodo del Mariel en 1980 y con la crisis de los balseros en 1994-1995. Lo nuevo de esta última ronda es que parece ser una jugada coordinada por los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En noviembre de 2021, el gobierno de Daniel Ortega eliminó el requisito de visa para los cubanos en Nicaragua. Aerolíneas de varios países latinoamericanos, incluyendo Conviasa de Venezuela, empezaron a ofrecer vuelos de Cuba a Managua. Desde allí, podrían pagarles a contrabandistas para llevarlos hacia el norte. El objetivo de esta acción colectiva sería presionar al gobierno de Joe Biden para levantar sanciones económicas contra funcionarios de los tres países.
En Estados Unidos, los cubanos de esta nueva ola han encontrado que su situación legal y las posibilidades de quedarse permanentemente son menos firmes que en tiempos anteriores. Durante 2021 y 2022, el gobierno de Biden dejó vigentes las restricciones migratorias implementadas por la lógica de covid-19 (conocidas como Título 42). Sin embargo, en enero de 2023 anunció un permiso humanitario (conocido legalmente como parole) para los cubanos, haitianos y venezolanos que llegan a EU por avión. En el mismo mes, el país reabrió el consulado en La Habana (que había sido cerrado por los incidentes “sónicos” desde antes de la pandemia).
La inmigración es un punto de gran vulnerabilidad política para Biden. Todo indica que en lugar de llegar a un compromiso para una reforma de la política migratoria durante su gobierno, sus rivales en el Partido Republicano han preferido que se mantenga la impresión de una crisis incontrolable hasta la elección presidencial. A pesar de ser ideológicamente los más anticomunistas, los republicanos no han apoyado el intento de Biden de ofrecer refugio a las víctimas de países autocráticos autodenominados comunistas en el hemisferio. De hecho, lo quieren socavar. Junto con los gobernadores republicanos de 19 otros estados, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le inició un juicio al gobierno federal por la política de parole y la Cámara de Representantes abrió un impeachment a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional nacido en Cuba, culpándolo por la crisis fronteriza.
La política migratoria también es política internacional. Las personas humanitarias del hemisferio deberían reconocer las maniobras cínicas de los regímenes de Díaz-Canel, Maduro, y Ortega por lo que son. Los tres países culpan a las sanciones impuestas por EU por las condiciones desastrosas que sufren sus ciudadanos. Esto también forma parte del mismo libreto de jugadas. Funciona siempre para ganar la simpatía de los países en la región y también de los progresistas en los EU. Sucesivamente, estos ablandan las críticas al autoritarismo o inclusive lo niegan.
En octubre 2023, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador convocó una reunión de países emisores de migrantes, incluyendo Cuba. La declaración final llamaba a “exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar”. Es un buen objetivo. Pero esto no elimina la importancia de reconocer que las dictaduras de la región están produciendo miseria y su único logro parece ser quedarse con el poder a costa de la libertad de sus habitantes. (Sybil Rhodes, Excélsior, Global, p. 21)
¿Por qué votar si vivo fuera de México? La respuesta a esta pregunta podría tener tintes políticos, económicos, cívicos y/o sentimentales, dependiendo de las características demográficas de la población, la identidad y el sentido de pertenencia hacia el país.
En Estados Unidos, según la Oficina del Censo, hay poco más de 37 millones de personas de origen mexicano (2020), es decir, un cuarto de la población total de México que en ese año era superior a los 126 millones; de ellas, 25 millones 822 mil 614 personas tienen más de 18 años, lo que equivale a 69 por ciento del total.
Sin embargo, hasta el 16 de febrero en ese país, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se han entregado solamente un millón. 528 mil 166 credenciales para votar, y únicamente 154 mil 380 personas se han registrado para participar en el proceso electoral de 2024 alrededor del mundo, es decir, apenas 10.10 por ciento del total. Esto representa un reto sin precedentes para la autoridad electoral y los tres niveles de gobierno.
Es necesario lograr una mayor participación política de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y principalmente de los jóvenes, ya que el registro más amplio para el voto se ha dado en los rangos de personas mayores de 36 años, siendo el más grande las personas con más de 53 años (40 mil 828), en tanto que la categoría de 18 a 23 años contabiliza cuatro mil 477 personas registradas.
A partir de las elecciones de 2018, se ha hecho evidente la necesidad de reconfigurar la noción de ciudadanía acotada a los límites territoriales del Estado-nación, para convertirse en una ciudadanía transnacional con mayor presencia en Estados Unidos.
Este grupo, diverso desde su origen, tiene necesidades e intereses que debemos tomar en cuenta para la construcción
del país.
Votar desde el extranjero significa formar parte de las decisiones y las negociaciones políticas que se hacen a nivel regional. Recordemos que el pasado 6 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al gobierno de su homólogo estadounidense Joe Biden regularizar a los mexicanos que llevan más de cinco años trabajando en la Unión Americana
También, significa tener la oportunidad de incidir en la transformación de México, como se hizo en 2018, cuando 98 mil 470 personas votaron para elegir la presidencia de la República.
En ese entonces, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el apoyo de la mayor parte de la comunidad en el extranjero, con 63 mil 863 votos, es decir, 64.86 por ciento del total.
Este año, el voto desde el extranjero puede hacerse de manera presencial, electrónica o postal, sólo es necesario registrarse antes del 25 de febrero en la página votoextranjero.mx.
Una ciudadanía transnacional se construye a base de participación política, dejando atrás la vieja frase “vote o no vote, todo sigue igual”, porque hoy sabemos que tenemos en nuestras manos la oportunidad de dirigir el rumbo del país, aun viviendo fuera de él. (Patricia Tepozteco, El Heraldo de México, Editorial, p. 16)
Son periódicas las manifestaciones ciudadanas que demandan soluciones a los grandes problemas de Nuevo León, la mayoría concentrados en el área metropolitana de Monterrey. La más reciente señalaba en su convocatoria algunos: escasez de agua, vialidad y transporte insuficientes, inseguridad, mala calidad del aire por la contaminación industrial y sus impactos en la salud.
De acuerdo con cifras oficiales, de 100 por ciento de esas empresas que llegan a México, 76 por ciento aterriza en Nuevo León: dos empresas extranjeras por semana.
El interés de las empresas estadunidenses, asiáticas y europeas por instalarse en Nuevo León se debe a la relocalización por efecto, en gran medida, de la pugna China-Estados Unidos y por estar a dos horas del mercado más grande del planeta. Hay otras razones no menos significativas: la infraestructura de la metrópoli, la gran facilidad para obtener cualquier permiso por encima de las normas establecidas, las lucrativas condiciones fiscales del país, la baratura y mansedumbre de la clase obrera de la región, y la estabilidad política nacional, según los parámetros aceptados por los países capitalistas de Occidente. Este último indicador suele omitirlo sin tiritar la oposición política al gobierno morenista, y así lo quiere hacer tragar al electorado potencial que decidirá el próximo 2 de junio.
El primer impacto del nearshoring ya se hace sentir, en perjuicio de la población de menores ingresos: a la inflación se suma el sobreprecio de venta, el cual está determinado por la especulación inmobiliaria, misma que se traslada a la construcción y a los alquileres de diferentes espacios urbanos.
Con motivo del nearshoring, el solo vislumbre de la gran inversión está impulsando una enorme oleada de migrantes nacionales y extranjeros. Los adscritos a las empresas en proceso de instalarse buscarán servicios de calidad. El grueso de los migrantes buscarán, simplemente, un empleo. Los de mayor ingreso serán bienvenidos en todas partes y habrá para su demanda espacios y satisfactores de todo tipo, sobre todo en términos de seguridad y de un paisaje humano y urbano adecuado a sus patrones de vida; el resto, que no encuentre trabajo, pasará a engrosar el ejército laboral de reserva y compartirá el destino de los miles de pobres y marginados que sobreviven a duras penas en la ciudad.
Empresas y migrantes enfrentarán, en diferentes niveles de impacto, los problemas que hoy padece la población; pero no sólo: tenderán a agravarlos. Habrá mayor demanda de bienes y servicios que la infraestructura de la metrópoli, si bien con un desarrollo importante tras casi siglo y medio de producción industrial, pero también a causa de éste, no será suficiente para satisfacerla. Cada vez se revela con mayor grado de incapacidad para resolver sus viejos problemas, por más que la publicidad oficial insista en la marcha de su solución.
En la solución real también insisten colectivos, pero no con la fuerza necesaria como para hacer que el gobierno se sienta obligado a tomar medidas. Las empresas que vienen al Monterrey metropolitano confían en que tal inercia permanezca inalterada partiendo de un hecho simple: la burguesía del estado ha sabido engastar un modelo de organización laboral estalinista en el marco capitalista de su enclave proveyendo de satisfactores materiales, educativos y de tiempo libre a cambio de que los trabajadores de sus empresas no ejerzan algún impulso de libertad organizativa ni de expresión contraria a sus intereses.
Asentadas las empresas trasnacionales, se articularán a las que han impuesto su visión y prácticas en Nuevo León; después intentarán adquirir prevalencia para que el gobierno se ciña con vernier a sus exigencias de mercado y de dirección política. Serán, como todas las trasnacionales que en el mundo son, las patrocinadoras y con frecuencia responsables estratégicas de la derecha en la oposición y/o en el gobierno.
La inversión extranjera, no lo soslayemos, trae aparejado un inevitable componente político. Su arquetipo es la United Fruit. Pero no es fatal. William Robinson ofrece una respuesta: “Si el Estado (capitalista), como una relación de clase, se está trasnacionalizado, entonces, cualquier desafío al poder (global) del Estado capitalista debe incluir un componente trasnacional importante. Las luchas a nivel del Estado-nación están lejos de ser inútiles. Ellas siguen siendo fundamentales para las perspectivas de la justicia social y el cambio social progresista.
La cuestión clave es que todas estas luchas deben ser parte de un proyecto contrahegemónico trasnacional más amplio, incluyendo el sindicalismo trasnacional, los movimientos sociales trasnacionales, organizaciones políticas trasnacionales, etcétera, capaces de vincular lo local con lo nacional, lo regional y lo global… Ésta es la razón por la que la movilización permanente desde abajo, que presiona al Estado para profundizar su proyecto transformador ‘en casa’ y su proyecto trasnacional contrahegemónico ‘en el extranjero’, es tan crucial”. (Abraham Nuncio, La Jornada, Opinión, p. 19)
En enero de 2022 el sistema de inteligencia militar detectó en el municipio michoacano de Los Reyes de Salgado, a un grupo de 18 ciudadanos colombianos al servicio de la banda criminal “Cárteles Unidos”, quienes se habían enfermado de Covid-19 y eran atendidos por un médico particular. El seguimiento de este grupo confirmó que ex militares y ex policías de este país sudamericano habían sido contratados por Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho Quiringua”, jefe de este grupo criminal en éste municipio y en el vecino de Periban, para hacer frente al autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la disputa territorial de esta zona.
Los reportes registraron que Fernández Magallón reforzó con paramilitares colombianos a los grupos armados de Tepalcatepec al mando de su socio Juan José Farías Álvarez, alias “el Abuelo”, legendario capo de esta región de la Tierra Caliente de Michoacán, quien lidera a “Cárteles Unidos” en su disputa contra el CNJG.
En febrero del 2022 el grupo paramilitar de colombianos fue identificado como “Los Parces”, cuya tarea era –entre otras cosas—el adiestramiento en uso de drones con artefactos explosivos improvisados, y en la hechura de minas antipersona que comenzaron a colocar en caminos rurales aledaños a Tepalcatepec y Aguililla, donde se asienta un célula del CJNG.
Uno de los personajes clave en la hechura y distribución de artefactos explosivos improvisados para equipar drones y colocar minas en los caminos fue identificado por los reportes de inteligencia militar como Salvador Farías Álvarez, “Chava Farías”, hermano de “el Abuelo”, de quien se tienen registros de peticiones de otros jefes de células en municipios vecinos para que les envíen este tipo de armamento y equipos. A “Chava Farías” se le informa del adiestramiento de los operadores de drones y las prácticas de vuelo que realizan con equipo con visión térmica equipados para “liberar objetos desde aire, ajustes y acercamiento de cámara, regreso al punto de partida, entre otras operaciones”, se lee en uno de los reportes hallados entre los correos electrónicos hackeados por Guacamaya a la Defensa Nacional.
En octubre del año pasado una operación del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en la comunidad de Catalinas, municipio de Buenavista en la Tierra Caliente michoacana, llevó a la captura de ocho ciudadanos colombianos dedicados a la fabricación de explosivos para drones. En la incursión se incautaron cuatro artefactos explosivos improvisados y un importante arsenal, lo que generó una reacción de la base social del grupo “Cárteles Unidos”, quienes bloquearon caminos e incendiaron camiones.
El pasado 20 de enero dos militares murieron y otros más resultaron heridos cuando avanzaban por un camino rural a las afueras de Tepalcatepec, donde explotó una mina al paso del convoy de soldados del 17 batallón de infantería. Los militares formaban parte del reforzamiento del despliegue de tropas en esta región tras los reportes que señalan la proliferación de paramilitares extranjeros al servicio de los grupos criminales que disputan la zona. El dato es que en los últimos cuatro meses en Michoacán 16 extranjeros relacionados con la delincuencia organizada han sido detenidos, ademas se sabe de otras células que operan en Guanajuato y Jalisco. (Juan Veledíaz, La Prensa, Editorial, p. 10)
Ibero, la revista de la Universidad Iberoamericana, dedicó el más reciente número (febrero-marzo 2024) a analizar el riesgo para los derechos humanos por la militarización de México (revistas.ibero.mx).
A continuación, la segunda parte de mi colaboración intitulada “El poder militar del Ogro Filantrópico” en el órgano de la universidad jesuita.
“AMLO controla de facto los poderes formales cada mañana con su palabra engañosa: ejecuta rodeado de comparsas, legisla con sus declaraciones y juzga condenando a sus adversarios o absolviendo a sus incondicionales.
“Debido a ese control casi absoluto, con el abuso de facultades metaconstitucionales, López Obrador se atreve a militarizar actividades propias de los civiles con consecuencias graves para la población y descuidando su labor original de garantizar la seguridad nacional.
“Los batallones enviados a Acapulco fueron insuficientes para evitar el pillaje ni tampoco brindaron la oportuna ayuda a los damnificados porque estaban concentrados en terminar el Tren Maya a como diera lugar.
“Los militares y navales no están capacitados para asumir nuevas responsabilidades como empresarios del transporte, hotelería, farmacias, bancos o construcción, y lo que es peor, esta carga de trabajo ocurre cuando la criminalidad sigue sin control en buena parte del país.
“El líder de Morena se inspiró en el modelo cubano y chino de involucrar a las fuerzas armadas en actividades económicas, pero resulta un disparate haberlo hecho en un país como México, con un régimen de libre mercado, principal socio comercial de Estados Unidos, donde ya hay experimentados empresarios en todos esos sectores.
“Se entiende por razones prácticas que los antecesores de López Obrador y él mismo hayan tenido que recurrir a las fuerzas armadas, encargadas de la seguridad nacional, para realizar labores de seguridad pública, debido a la corrupción de las policías federal, estatal y municipal.
“Entonces urge formar nuevos cuadros procedentes de la sociedad civil. La Guardia Nacional está compuesta en su gran mayoría por soldados y marinos que solo cambiaron de uniforme de color olivo a gris pero no están entrenados para realizar funciones de policía.
“En conclusión, nada de eso importa, pues se trata de un descomunal soborno a los militares para sostener el apoyo de las fuerzas armadas al proyecto político transexenal de López Obrador.
“Sin embargo, las fuerzas armadas están formadas para obedecer a su comandante supremo y harán lo que les ordene la próxima presidenta de la República, sea quien sea. Solo falta saber si habrá continuidad o cambio”.
Solo para terminar agregaría que se obedece siempre dentro del marco de la ley.
Posdata.
La bandera de México no ondeó el domingo pasado en el Zócalo, el día de la Marcha por la Democracia.
Los militares se abstuvieron de izarla por órdenes superiores, pero violaron la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales pues el artículo 16 estipula: “La Bandera Nacional se izará diariamente en los edificios sede de los poderes de la Unión, en las oficinas de Migración, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos internacionales; en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero y en el asta monumental de la Plaza de la Constitución de la Capital de la República”.
Cuidado, soldados patriotas. La ley es la ley. La bandera nacional es de todos los mexicanos, no de un solo hombre. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Política, p. 14)