Después de escuchar a Donald Trump celebrando el Súper Martes y a Joe Biden presentando su “Estado de la Nación”, a nadie le queda duda de que la migración es el principal tema del proceso electoral estadounidense. En este contexto, es sorprendente la poca relevancia que se le concede al mismo asunto en la campaña electoral mexicana.
Mientras que en Estados Unidos hasta el candidato demócrata empieza a hablar del problema de los “ilegales”, en México los migrantes permanecen “invisibles” en las propuestas electorales mexicanas. Ya no sé qué es mejor siendo migrante, ser ilegal o ser invisible.
Al menos en el primer caso se reconoce la existencia del fenómeno y de diferentes maneras de abordarlo, mientras que, en el segundo, el del invisible, el tema ni siquiera existe, a pesar de que las evidencias son obvias. Hasta en las calles de la Ciudad de México hay migrantes de Haití y de otros países pidiendo dinero, ya ni hablar del aeropuerto de la capital o incluso de los aeropuertos locales, como por ejemplo el de La Paz, donde ya se observan grupos de migrantes detenidos por autoridades mexicanas.
Es cierto que México y Estados Unidos tienen diferentes agendas internas e internacionales y eso se refleja en las prioridades de la campaña electoral de ambos países. México tampoco es el principal destino de migración, como es Estados Unidos, donde procuran llegar los migrantes que transitan por México.
Sin embargo, se trata de la misma frontera, mexicano – estadounidense, que buscan cruzar cientos de miles de personas de diferentes partes de América Latina y el Caribe, e incluso de África y Asia, llegándose a números récord de intercepciones del lado estadounidense. Muchos de ellos se quedan en México.
En este contexto, en México todos permanecen en su cómodo discurso de apoyar a “héroes y heroínas” que envían remesas desde Estados Unidos a sus familias en México. Ni una palabra sobre cientos de miles de migrantes de nacionalidades diversas que transitan por el territorio mexicano y se quedan por aquí buscando sobrevivir a los narcos, a los abusos de la administración migratoria, al hambre y a la miseria.
Ni una palabra sobre cómo solucionar el colapso de Haití que está provocando la salida de muchas personas de este país quebrado. Ni una palabra sobre cómo transformar realmente la política migratoria de México, dando ejemplo real al vecino del norte de cómo se debe tratar a los migrantes y no solo exigir un buen trato para los suyos, pero olvidándose de los horrores en casa.
A lo largo de los últimos años hemos visto que el tema de la migración ocupa a los mexicanos solamente de manera esporádica. Llega a convertirse en asunto de relevancia solo a corto plazo en momentos de tragedias migratorias.
La campaña electoral mexicana confirma que la migración significa aquí solamente preocupación por los mexicanos que están en Estados Unidos, pero invisibilidad sobre los migrantes que transitan por México e incluso optan por quedarse en este país. (Beata Wojna, E Heraldo de México, Opinión, p. 14)
El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, recibió, dentro de sus primeras 24 horas en el Centro de Detención Metropolitano, cuatro ofertas de la Fiscalía Este de Distrito de Brooklyn para imputar a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, a los procuradores y procuradoras de 1988 a 2018, así como a todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación, a líderes del PRI y el PAN, a legisladores y a una decena de dueños de medios y periodistas de colusión con el narcotráfico. En todas las ocasiones García Luna se negó, pero la fiscalía no se dio por vencida.
El 10 de diciembre, un día después de haber sido detenido, tuvo una quinta reunión con el titular de la fiscalía, pero en esa ocasión ya estaba presente una abogada que había contactado el despacho Quinn Emanuel, al que se buscó cuando supieron en México de su captura. La abogada, que se encontraba en el centro de detención, lo apoyó mientras llegaba de Nueva York Juan Pablo Morillo, el abogado enviado por el despacho. Cuando el fiscal le repitió la oferta, la abogada le recomendó que si era inocente no firmara nada, y García Luna la rechazó una vez más.
Todavía hubo otra reunión más con el jefe de la fiscalía en Brooklyn frente al abogado Morillo, quien cuando escuchó lo que ofrecía, preguntó por qué el plazo de siete meses en prisión, a lo que el fiscal prometió de inmediato bajarlo a cinco meses. El fiscal le dijo a García Luna que estaba listo el avión en que llegó para que viajaran a Nueva York una vez firmado el acuerdo y realizar la audiencia donde se declararía culpable y comenzaría a correr el plazo. De haberlo hecho, no habría existido juicio y habría recuperado su libertad en mayo de 2020, convertido en millonario. En cambio, está en la ruta final para que le dicten condena por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La información que ha trascendido no explica las razones de la “petición del Presidente de México”, que es como lo presentó la fiscalía, ni cómo se formuló esa solicitud, pero el contexto en 2019 era la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la migración era eje del debate. Dos semanas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, el canciller designado Marcelo Ebrard habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para que México recibiera a miles de inmigrantes rechazados por Estados Unidos, lo que se concretó en junio de 2019.
No se sabe si fue Ebrard el portador de la propuesta del presidente López Obrador y si el quid pro quo era el acuerdo del programa Permanecer en México para apoyar al presidente Donald Trump, junto con la militarización de la frontera con Guatemala con 27 mil soldados de la Guardia Nacional para contener la migración, modificando la política de asilo al alinearla a los intereses de Washington.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió los términos que se plantearon en Dallas en 2019. Incluso, poco antes del juicio que empezó a finales de enero del año pasado, los fiscales de Brooklyn volvieron, por séptima ocasión, a presentarle la oferta. García Luna nuevamente la rechazó y se negó a declararse culpable. Una vez más, coincidentemente, el contexto fueron los prolegómenos de la campaña presidencial, donde la migración, más que hace cuatro años, apuntaba a ser el eje central del debate y, posiblemente, lo que defina la elección en noviembre próximo.
Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el exsecretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más siete dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano, que tanto ha deseado López Obrador, sin ensuciarse las manos.
El gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años, a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80, y a los contrapesos en el Poder Judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta eran las Fuerzas Armadas: en ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico.
La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizá seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario, Juan Francisco Ealy Ortiz, de haber estado coludidos con García Luna, con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la Corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse.
La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar. A partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas tres décadas habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su cuarta transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios.
Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los dos países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
Salvo que algo extraordinario suceda, en la elección presidencial estadounidense competirán Joe Biden y Donald Trump. La declinación de Nikki Haley ante el avasallador triunfo de Donald Trump despejó cualquier incertidumbre sobre la nominación republicana y, salvo alguna cuestión judicial que le impida competir, el expresidente norteamericano estará en las boletas del 5 de noviembre de este año. Por su parte, tras el Discurso del estado de la Unión, el Partido Demócrata ha tomado aire después de las dudas sobre la capacidad de Joe Biden para encabezar una candidatura viable y competitiva. Lo anterior deja la mesa puesta para una elección sumamente reñida en la que algunos sus temas principales tendrán una relación directa con México, su gobierno y las políticas de migración y combate al tráfico de fentanilo, convirtiendo a nuestro país es escenario indirecto de la contienda.
A ocho meses de distancia, la mayoría de las encuestas muestran una ventaja de Trump sobre Biden, lo que puede explicarse por el rechazo provocado por algunas políticas del demócrata. De acuerdo con una encuesta levantada por ABC News e Ipsos los días 8 y 9 de marzo, dos terceras partes de los norteamericanos desaprueban la manera en la que el presidente de aquel país ha manejado, entre otros asuntos, la situación migratoria y de manejo de la frontera, lo cual se corresponde con una valoración positiva de Trump en este mismo tema. Lo anterior hace suponer que, amén de la necesidad de atender otros asuntos como la inflación y el manejo interno de la economía, así como el papel de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Palestina, la migración y el tráfico de drogas serán dos asuntos que deberán de ser abordados y resueltos por el actual gobierno si Biden desea remontar en las preferencias electorales.
Ambos asuntos, migración y tráfico de drogas, pueden ser atendidos por el gobierno norteamericano mediante dos estrategias. Por un lado, Estados Unidos puede presionar a México mediante estrategias de tipo comercial o arancelario que obliguen a nuestro gobierno a adoptar medidas que contengan los flujos migratorios, así como a implementar mecanismos de combate a la delincuencia organizada para reducir, en la medida de lo posible, el tráfico de fentanilo hacia al país vecino. Por otra parte, de forma menos amistosa pero quizá más efectiva para impactar en la percepción pública del electorado estadounidense y lograr una reacción más proactiva del gobierno mexicano, la contraparte norteamericana puede hacer uso de recursos como filtraciones o escándalos mediáticos que coloquen a ciertos personajes públicos mexicanos en situaciones complejas y comprometedoras. Si hubiera que apostar por cuál de los caminos planteados es más probable que tome el gobierno estadounidense, sin duda sería este último.
Con la campaña presidencial mexicana en marcha, la elección norteamericana jugará un papel fundamental en lo que aquí suceda. Señalamientos directos desde distintas agencias gubernamentales, declaraciones de testigos protegidos, documentos filtrados a la prensa nacional e internacional, grabaciones de conductas delictivas cometidas por funcionarios o personajes de militancia morenista, e incluso detención de actores cercanos al círculo del poder, figuran entre las estrategias que el gobierno de Joe Biden y su cuarto de guerra seguramente están considerando. Ello, naturalmente, podría generar una cascada de efectos en el desarrollo de la campaña presidencial en México que, incluso, incida en el resultado de la contienda.
Desde hace varios años corre entre un sector de la oposición la tesis – aderezada con notas de expectativa y esperanza – de que la manera más efectiva de impedir el triunfo de Morena en las próximas elecciones es a partir de la intervención del gobierno norteamericano. Si bien ello lo anterior constituiría un agravio a nuestra soberanía, por razones de estrategia del equipo de Joe Biden, hoy es posible e incluso probable que ello suceda. De venir el golpe o el escándalo, ello no será parte de una ‘cruzada’ norteamericana por la democracia, sino de una maniobra electoral para buscar reposicionar a un candidato de aquel país. El efecto para México, sin embargo, será contundente. (Joaquín Narro Lobo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)