Estar dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantiza a sus funcionarios la protección a prueba de balas. Si alguno tropieza, se encuentra con una red de seguridad tejida con hilos de impunidad, tan fuerte como el acero.
¿Los errores y la ineptitud? fueron generados por gobiernos anteriores, ¿las acusaciones de corrupción? son guerra sucia de sus adversarios. A sus empleados la ley no les aplica, porque la única palabra que cuenta es la del inquilino de Palacio Nacional.
Por ello van por la vida como si no debieran nada, como el desacreditado e infame Hugo López-Gatell, culpable de la respuesta que el gobierno tuvo en la pandemia y que provocó miles de muertes. Aunque debería estar enfrentando a la justicia, lo que enfrenta es un nuevo encargo: asesor en materia de salud. Agachar la cabeza tiene sus privilegios.
No es el único, el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, en cuya administración se dio un grosero desfalco por, al menos, 9 mil millones de pesos, vive tranquilamente sin que nadie lo moleste. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, ni siquiera se despeinó con la muerte de 40 migrantes durante un incendio en una estación migratoria. Aunque fue vinculado a proceso, ha pasado casi un año de la tragedia y él permanece en su cargo.
Ana Gabriela Guevara ha cargado con acusaciones de corrupción y tráfico de influencias prácticamente desde que entró como titular de la Conade. El último escándalo es que tiene un presunto desvío por 205 millones de pesos, de los que su gestión sólo logró acreditar 55 millones.
¿Qué ha pasado en todos estos casos? Una defensa a ultranza del tabasqueño o, porque, según él, no tiene pruebas de los pecados, o porque es una campaña de la oposición o porque “ya ha hecho bien las cosas” desde su punto de vista.
El Presidente es un ser amoroso y no sólo les da abrazos a los criminales, sino también a sus funcionarios incompetentes y corruptos.
Estar en el gobierno del tabasqueño tiene otros beneficios. Pasar de ser un villano a un santo, de culpable a inocente, de victimario a víctima, de corrupto a honesto, de neoliberal a transformador no requiere de milagros o penitencia, tampoco de arrepentimiento alguno. Es más, ni siquiera es necesario pedir perdón. Lo único que la persona debe hacer es afiliarse a Morena y recibir la bendición del Presidente.
¿Que los pecados son muchos y sus crímenes, documentados? No pasa absolutamente nada, un cambio de chaqueta, unas palmaditas en la espalda, y voilà, queda un expediente más blanco que la nieve recién caída.
Lo que antes eran villanías ahora son anécdotas de un pasado borroso, recontextualizadas como actos de pura supervivencia política. Los nuevos santos patronos de la hipocresía, sabedores que la memoria es frágil y corta, han logrado cruzar el pantano de la mano de la 4T ¿Qué importa la verdad cuando se tiene un pin del partido guinda en la solapa?
De esta manera, Manuel Bartlett, señalado como el operador del fraude de 1988, pasó de ser un denostado priista y propietario de decenas de propiedades, a una víctima de una campaña de descrédito, “porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada vez que pueden, se le lanzan”.
A la administración de López Obrador le quedan muy pocos meses, por lo que habría que preguntarse si quien lo suceda en el encargo también tendrá entre sus funciones mantener las alas protectoras a estos innombrables. (Vianey Esquinca, Excélsior, Nacional, p. 8)
Los legisladores texanos vuelven a poner en cuestión la Constitución de Estados Unidos al demandar el supuesto derecho de los estados para legislar sobre el tema migratorio, asunto que concierte exclusivamente al gobierno federal.
Hasta el momento, estas arremetidas legales de los estados, como la de California (Proposición 187-1994), Arizona (SB 1070-2010) y otros, han sido consideradas anticonstitucionales. Pero el contexto actual es diferente, por la composición de la Corte Suprema de mayoría conservadora, que otorgó a Texas una victoria parcial, para que se pueda implementar la ley SB4 mientras se define el asunto de manera conclusiva, y también por la nueva fase migratoria que estamos presenciando.
La ley SB 4 es un refrito de las anteriores, con la salvedad de que considera un delito cruzar de manera subrepticia la frontera de México a Texas y que será sancionada como delito menor la primera vez y las subsiguientes como delito grave, hasta con 20 años de prisión.
En el caso de la primera, serían regresados a México incluidos los extranjeros que hayan cruzado desde el sur.
Sobre este último punto la cancillería reaccionó inmediatamente y de manera firme y clara: México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. Por otra parte, el gobierno mexicano reafirmó que este tipo de negociaciones sólo se dan con los representantes del gobierno federal y no con los estatales.
En efecto, el gobierno de la 4T ha negociado en varias ocasiones sobre este particular y llama la atención su firmeza al hablar del estado de Texas y su buena disposición a negociar con el gobierno federal de Estados Unidos. Estos acuerdos son algo totalmente inédito y sobre lo cual es necesario reflexionar y contextualizar.
El panorama migratorio ha cambiado sustancialmente en la última década. La migración centroamericana, que pasa por México, dejó de ser prioritariamente masculina y laboral y pasó a ser familiar, infantil y juvenil, con el añadido de menores no acompañados. Según el acuerdo Flores (1997), los menores no podrían ser detenidos más de 15 días, por eso se ven obligados a liberarlos y a sus familias y esperar el proceso en Estados Unidos. Los flujos masivos subsiguientes de haitianos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros, utilizan la misma modalidad de entregarse al cruzar la frontera.
En este contexto, Estados Unidos plantea la pertinencia de un convenio de tercer país seguro, por lo que los solicitantes de asilo tendrían que pedirlo en México. El gobierno de Peña Nieto heredó a la 4T este asunto, y Marcelo Ebrad, negoció o concedió el programa Quédate en México para los solicitantes de asilo centroamericanos.
Posteriormente, se negoció la participación de la Guardia Nacional, ante las amenazas y chantajes de Trump de imponer aranceles en junio de 2019. Todavía no se había firmado la renovación del tratado de libre comercio y le doblaban la mano a Marcelo Ebrad.
Luego vino la pandemia y la aplicación unilateral de una ley sanitaria, el título 42, que les permite devolver, en caliente, a los migrantes, incluidos los extranjeros. Esto no se negocia, se asume.
Finalmente, con Joe Biden se negocia la devolución de 30 mil migrantes mensuales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, en el supuesto que Estados Unidos no puede deportarlos por no tener relaciones diplomáticas y México debe asumir esto y apoyar a Estados Unidos. López Obrador y Joe Biden se tratan como buenos amigous.
La pregunta es hasta qué punto han sido negociaciones, concesiones o imposiciones, o las tres cosas a la vez. ¿Y hasta cuándo?
En este contexto, la ley texana parece haber derramado el vaso; tampoco, tampoco. La soberbia del gobernador Greg Abbott parece no tener límites.
El escenario futuro depende de dos decisiones, la de la Corte y la de los electores. Sobre estas leyes estatales antimigratorias hay jurisprudencia y probablemente serán consideradas como anticonstitucionales. Si se aprueban, habrá reacción en cadena.
En tanto, el escenario que se viene depende del ganador de las elecciones. Con Joe Biden se seguirá negociando y otorgando concesiones; con Donald Trump no habrá negociaciones, más bien imposiciones.
También depende de la ganadora, la licenciada Xóchitl ya ha manifestado que está dispuesta a negociar, demasiado rápido y poco prudente; la doctora Sheinbaum sólo se ha manifestado sobre el caso de Texas, pero ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos se darán en situación de igualdad.
Veremos. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 12)
No hay política antiinmigrante amable, trato justo ni razonable, en la idea de EU de no ceder ni una pulgada porque luego le pedirán una milla. La nueva ley antiinmigrante SB4 de Texas responde a ese designio intransigente con consecuencias de largo alcance, porque no admite ninguna negociación que no sea que México haga mucho más de lo que ya hace como muro de contención de la migración.
Esa noción para muchos estadunidenses, como en la mayoría de las potencias, no tiene una connotación negativa, aunque implique posturas unilaterales, inflexibles y opuestas a la cooperación bilateral en el problema bilateral de migración. Por el contrario, la valoran como una clave del éxito en política exterior, como resalta en sus memorias el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en el gobierno de Trump; y lo que exigen de un dirigente cuando parece tomar posiciones “tibias”, como acusan los republicanos a Biden por respaldar a México contra medidas extremas antiinmigración.
Esta manera de pensar aleja el entendimiento y es letal para alcanzar una reforma migratoria mil veces frustrada en EU. Las iniciativas unilaterales con que amenazó Pompeo a México y ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, están destinadas a elevar la tensión y profundizar la crisis fronteriza como siempre pasa cuando el problema quiere ponerse sólo de un lado. La ley SB4, de momento detenida por un tribunal, deja a la policía detener y expulsar a suelo mexicano a cualquier sospechoso de entrada irregular, incluidos migrantes que ahí vivan sin documentación entre 2.4 millones de connacionales en Texas.
La otra cara de la moneda es la creencia de la contraparte de pensar que siempre tiene que aceptar que le impongan obligaciones y estar dispuesta a dar más y más con tal de evitar el conflicto. Hasta que alguna vez, no poner límites lleva al límite: la irremediable obligación de repudiar la mano dura de leyes “draconianas, contrarias a los derechos humanos… y violatorias de la Biblia”, los calificativos de López Obrador para condenar la iniciativa de Abbott. Y negarse a aceptar las deportaciones express de Texas porque mañana pueden ser las de Trump con la mayor operación de expulsiones en la historia de EU como promesa central de campaña contra migrantes, de los que dice, “envenenan la sangre del país”.
Llegados este punto, hay que preguntar a la política migratoria mexicana su responsabilidad de que el país sea objeto de leyes “xenófobas y discriminatorias”, que conducen a la criminalización de mexicanos tan sólo por tener “apariencia latina”. Es decir, hasta dónde se ha cedido para que en EU piensen que puede violentar la soberanía y el derecho a decidir quién entra al territorio mexicano.
Desde la gran crisis migratoria de las “caravanas” 2018, el gobierno presume que evitó el muro de Trump y sanciones comerciales sin firmar un estatus de “tercer país seguro”, gracias a una negociación con aquel secretario de Estado jactancioso de “nunca ceder ni un milímetro”. Pero aceptó un “muro militar” con la guardia nacional para contener el flujo en la frontera sur y el programa Permanecer en México, que permitía a EU remitir a los solicitantes de asilo a México. De este acuerdo con Pompeo, luego revelaría que el excanciller Ebrard le pidió que sus términos no se hicieran públicos para no manchar la imagen del Presidente porque, en los hechos, de igual manera obligaba a detener y recibir deportados en contradicción con sus leyes migratorias y de asilo.
Biden siguió con las políticas restrictivas fronterizas que Trump implementó en la pandemia bajo la orden del título 42 de la ley de salud, que permitió hasta mayo de 2023 la expulsión “en caliente” de migrantes y solicitantes de asilo. También siguió demandando “más esfuerzos” de México, hasta adoptar posiciones radicales por la exigencia electoral de endurecer las medidas antiinmigrantes, aunque sin aceptar las boyas flotantes de Abbott en la frontera y leyes que llevan al límite la aquiescencia de México.
México pudo negarse desde hace mucho a ser destino de la deportación de EU. Ahora desistir significa acceder a arriesgar su soberanía, aunque la relación bilateral experimente una “tensión sustantiva”, como advierte la cancillería mexicana en una carta ante una Corte de EU contra la ley SB4. Dejar hacer y dejar pasar otra vez tendría enormes consecuencias para el país si realmente quiere que su “voz se escucha fuerte y claro ante la discriminación y xenofobia”. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 12)
Si la incertidumbre electoral es una de las características distintivas de la democracia, entonces en 2024 en la América al norte del Suchiate, especialmente al norte del Bravo, estamos llenos de democracia. Y es que en la encuesta del New York Times/Siena College de fines de febrero al presidente Biden le apoyaba el 43% de los encuestados y a su opositor, a Trump, el 48%, con el resto indeciso.
Las elecciones en Estados Unidos deben interesarnos no sólo por curiosidad sino por su potencial para impactar en nuestro país. En 2015, al iniciar su campaña como uno más de los precandidatos republicanos a la presidencia, Trump eligió como tema específico el ataque a los trabajadores indocumentados mexicanos por “corruptos, delincuentes y violadores”. En El Colegio de México se convocó entonces a un seminario sobre lo que podría implicar ese discurso. Uno de los ponentes aseguró que la premisa era absurda, pues el sistema norteamericano estaba blindado contra excentricidades y ni el partido Republicano ni menos la mayoría ciudadana se dejarían seducir por el demagogo republicano con propuestas como la de resolver el problema de la migración indocumentada con una nueva “Gran Muralla” que separase a la “civilización” de la “barbarie”. Sin embargo, hete aquí que en 2016 la élite del Partido Republicano hizo suyo el discurso del excéntrico empresario inmobiliario y luego un sistema electoral anacrónico le permitió llegar a la Casa Blanca sin tener carrera política previa y, lo más notable ¡sin haber ganado el voto popular (46% contra 48% de su rival)! pero sí la votación dentro de esa antigualla distorsionadora que es el Colegio Electoral (304 vs. 227) más el control del Congreso, a lo que se añadiría una Suprema Corte dominada por la derecha. En suma, se trató de un triunfo extraordinario con una base social intoxicada de racismo, resentimiento justificado y pensamiento conservador.
El mensaje de Trump sigue resonado muy bien en un grupo numeroso de blancos no particularmente prósperos pero muy resentidos socialmente, con una visión del mundo muy conservadora, receptivos a movilizarse en apoyo de un discurso tan crudo como el de Trump y que no buscan realmente a quien se las hizo sino a quien se las pague: a las minorías raciales, pero también a las clases medias urbanas identificadas con el Partido Demócrata.
La relación del gobierno mexicano con el presidente Trump (2017-2021) no fue fácil. Peña Nieto se quedó pasmado ante el envite trumpista pero Andrés Manuel López Obrador logró capotearlo muy bien pues, finalmente y pese a ser un proteccionista, Trump no echó abajo el Tratado de Libre Comercio (sólo le cambió el nombre), tampoco impuso aranceles al comercio bilateral y únicamente construyó una pequeña parte del anunciado “Muro de la Separación” (129 kilómetros en una frontera de 3,169). La amenaza de una acción directa en México contra los narcotraficantes nunca se materializó.
Ahora bien, si en este 2024 Trump logra patear hacia adelante el bote de sus numerosos problemas legales (entre mayores y menores los juicios en su contra suman ya 80 cargos) y regresa a la Casa Blanca, ya declaró que en su opinión los inmigrantes latinoamericanos “están envenenando la sangre de nuestro país” (NBC News, 17/12/23) y el 16 de este mes en Ohio consideró que algunos de esos indocumentados simplemente “no son personas”, para rematar lanzándose contra la importación de autos –México exportó 2.5 millones de vehículos ligeros a Estados Unidos en 2023– y concluir con una ominosa predicción que lo mismo puede significar mucho o nada pero que no debe pasar inadvertida: de no ser declarado electo presidente en 2024 “habría un baño de sangre [en Estados Unidos]”, (Washington Post 19/04/24).
Hoy la posición de Trump es que la mayor amenaza para Estados Unidos ya no es externa sino interna: los migrantes indocumentados. Y si en 2015 esos indeseables eran básicamente mexicanos, hoy ya provienen de toda Latinoamérica y además de “corruptos, delincuentes y violadores”, ahora también son “terroristas”. Un columnista de New York Times (19/03/24), Jamelle Bouie, advierte que con el poder que le pueden dar las urnas más el apoyo incondicional del Partido Republicano y los poderes que otorga la constitución al presidente, las fantasías políticas de Trump podrían hacerse realidad. Si Bouie teme ya, y con razón, por el destino de la democracia norteamericana, nosotros debemos temer por el destino de la nuestra. (Lorenzo Meyer, El Universal, Opinión, p. A16)
¡Pare ya!
El Gobierno del Presidente López Obrador está otorgando ayudas económicas para repatriar a su país a migrantes Venezolanos rechazados por EU.
Con todo respeto le pido al Presidente suspender esas ayudas y canalizar esos recursos para apoyar a etnias mexicanas que necesitan mucho apoyo, como los lacandones y los tarahumaras.
Adicionalmente, que cierre la frontera sur para evitar que migrantes “ilegales” de otros países usen a México como ruta de paso hacia EU. La política de “brazos abiertos” a la migración ilegal debe parar ya! (Fernando Huerta González /Monterrey, NL, Reforma, Nacional, p. 4)
Apoyo a venezolanos
México firmó un convenio con el gobierno de Nicolás Maduro para retomar venezolanos apoyarlos con 110 dólares al mes. En el programa, y por órdenes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se le da a cada migrante que retorna ese país un apoyo de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, de aprendices profesionales, y Sembrando Vida para campesinos. Dicha ayuda se prolonga seis meses. El pacto ocurre ante el crecimiento de la migración irregular a través de México. (Semáforo, El Universal, Nación, p. A2)