La constatación es escalofriante. Se ha hablado mucho de la normalización de la violencia criminal, pero, en voz de un gobernante, suena a rendición. Con fatalismo y encogiéndose de hombros, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a reporteros sobre el secuestro de familias enteras con una frase que invita a resignarse: “Son cosas que, lamentablemente, ocurren”.
Levantaron a 66 personas en tan sólo unas horas de la madrugada, sacándolas de sus casas, y el responsable constitucional de velar por la seguridad de los habitantes del estado minimiza lo ocurrido, hablando del hecho como si se tratara de un accidente de cocina.
Las autoridades no rescataron a nadie; fueron los captores quienes decidieron liberar a casi todos los retenidos. Fue una demostración de fuerza, coordinación y capacidad logística del grupo criminal; mensaje de cara a las elecciones en marcha. Recordemos que, en dicha entidad, el día de las elecciones de 2021 fueron secuestrados cientos de operadores y representantes del contrincante de Rocha Moya, los cuales fueron soltados tan pronto como se conocieron los resultados. Así que el mandatario sinaloense tiene razón: son cosas que suceden.
Lo ocurrido dice más respecto a cómo está la seguridad del país que las cifras maquilladas por la temporada electoral. Hagamos, por el momento, a un lado la discusión sobre el crecimiento de muertes por causa indeterminada o la desaparición de desaparecidos y ponderemos el empoderamiento del crimen organizado por otras actividades que realizan de manera conocida y ostensible.
La tortura de choferes del transporte público en Guerrero y en Chiapas, que son grabadas y subidas a redes sociales por los mismos delincuentes para amedrentar al gremio y que todos paguen la cuota. El cobro de derecho de piso a comercios pequeños, medianos y grandes, lo mismo que la extorsión para cosechar y sembrar o el control criminal de la venta de pollo, cerveza y refresco. Por si eso fuera poco, el asesinato de políticos, aspirantes y candidatos durante las campañas. Todas esas cosas pasan.
Dicho derrotismo oficial frente a calamidades también aplica en otras áreas. Que los niños no tengan vacunas, que a los recién nacidos no les apliquen el tamiz neonatal, que los pacientes con cáncer no tengan quimios, que no haya medicamentos en el sistema público, que los hospitales se caigan a pedazos, que los derechohabientes del IMSS y del ISSTE prefieran atenderse en los consultorios de las farmacias privadas. Y se pone peor si nos acordamos de la irresponsable gestión del covid que subestimó al virus, se abandonó a empresas y empleados a su suerte, se resistieron a promover el uso del cubrebocas y en la capital se experimentó con enfermos dándoles Ivermectina, que resultó contraindicada. El desastre del sistema de salud y los 800 mil muertos en la pandemia son cosas que igualmente ocurren.
Y nos podemos seguir: el colapso de la Línea 12, con 26 muertos y ningún detenido; el director del INM, que sigue en el cargo a pesar del incendio de un centro de migración en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes a los que no les quisieron abrir la puerta; la edil de Chilpancingo, que anda como si nada después de ser pillada departiendo con un líder criminal que azota su municipio; la confesión presidencial de haber persuadido, en un desayuno, al fiscal de la República y al entonces presidente de la Corte de encarcelar al exprocurador Jesús Murillo Karam; el gasto triplicado en la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; la demanda de quien recibió los sobres amarillos al periodista que lo publicó; el titular de Segalmex rescatado en la Segob después del desfalco más grande que se haya documentado. Cosas que acontecen… ¡y lo que falta por decir!
La oferta de cambio en la elección es potente no sólo por la restauración autoritaria, también porque lo inadmisible se ha vuelto parte del paisaje. Para que dejen de ocurrir tales cosas ominosas que nos hemos acostumbrado a ver, tenemos el voto para castigar a los malos gobiernos y modificar esta realidad que no debemos asumir como destino. Eso va a pesar en la elección a favor de Xóchitl Gálvez. La continuidad es una losa en la espalda de Claudia Sheinbaum. Se verá. (Fernando Belaunzarán, Excélsior, Nacional, p. 8)
A un año de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron quemados y 27 tuvieron lesiones, son más los pendientes que los avances para resarcir el daño a las víctimas sobrevivientes o a las familias de los fallecidos.
La autoridad responsable (el Instituto Nacional de Migración) se ha dedicado a lavarse las manos y solo promover acciones para que supuestamente no vuelva a ocurrir la infamia cometida la noche del 27 de marzo de 2023, cuando agentes del instituto y guardias privados “no encontraron la llave” de la reja del pabellón donde tenían encerrados a los hombres.
A un año, es importante que los verdaderos culpables paguen por los crímenes e injusticias que desde entonces se han cometido. Hay personas detenidas que no tuvieron injerencia alguna en el incendio o detención de los migrantes, mientras que aún hay presuntos responsables que ni siquiera han sido interrogados.
Los sobrevivientes y las familias de los fallecidos no han tenido la reparación del daño que merecen. Se han convertido en víctimas de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha sido omisa e inhumana. Les da largas en lugar de garantizar que quienes sufrieron directa o indirectamente reciban lo que les corresponde: reparación económica, tratamiento médico y psicológico de por vida, entre otras garantías.
Nada se ha dicho de las 15 mujeres que también estaban en esa estación migratoria, que afortunadamente salieron ilesas en lo físico, pero no se les ha dado seguimiento al daño psicológico. Algunas, por ejemplo, eran familiares de los fallecidos. ¿Quién se ha preocupado por ellas?
Para que hechos así no vuelvan a ocurrir no solo se deben mejorar las instalaciones de detención migratoria, como está haciendo el INM y supervisando la “destacada” CNDH, sino los procesos para acceder a la justicia. El Estado mexicano tenía bajo su custodia a las víctimas, no hizo lo que le correspondía para resguardarlas y ahora no hace lo que le corresponde para resarcir el daño a cabalidad.
En un año, los estragos son incuantificables. A la mayoría de los sobrevivientes se le agotó la paciencia, muchos lograron irse a Estados Unidos con apoyo de organizaciones civiles, otros volvieron decepcionados a sus países de origen. En las casas de los fallecidos tampoco están satisfechos con lo que les dieron u ofrecieron. Y como es época electoral, temo que seguirán sin tener justicia, pues ni los migrantes ni sus familias votan. (Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p. 3)
El gobernador de Texas, Greg Abbott, libra una batalla con el gobierno de Biden, contra la comunidad hispana de su estado (39 por ciento de su población) y los migrantes.
En 2021 lanzó el programa Estrella Solitaria o Lone Star, financiado con 11 mil millones de dólares, con medidas crueles como las boyas en el río Bravo. Texas se niega a cumplir convenciones internacionales al enfatizar la singularidad del estado y tiene constante roce con el gobierno federal de EU.
¿Cómo explicar estas medidas racistas dónde la población hispana y mexicoamericana crece día a día? Quizás precisamente por ello. Por miedo y rechazo a reconocer su creciente importancia y el cambio político y cultural que ello significa.
Ya en 2017, Abbott promovió una ley antiinmigrante impugnada en cortes. Su gobierno se opuso a la continuidad de la protección a los Dreamers o soñadores.
En noviembre de 2023 firmó la ley SB4 aprobada por el congreso estatal, controlado por los republicanos, que tipifica como crimen estatal el “ingreso ilegal” a territorio texano entre puertos de entrada y establece mecanismos de retorno voluntario y deportación, así como penalidades subsecuentes por “re-ingreso ilegal” que implicarían hasta 20 años de cárcel, ejecutadas por autoridades estatales.
La ley es discriminatoria, racista, xenófoba en contra de migrantes y de la población mexicana, al favorecer el perfilamiento racial de las minorías.
Su aplicación está suspendida temporalmente tras una decisión del 5º Circuito de la Corte de Apelaciones de EU (conservador) en tanto se considera el fondo del asunto. Seguramente la Suprema Corte de EU tomará la decisión final.
El Departamento de Justicia de EU, junto con la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), impugnó la ley texana como anticonstitucional.
Texas arguye una “invasión” y ante ello, pretende establecer leyes y mecanismos contra la migración “ilegal”. El gobierno federal refuta el argumento y dice que el aumento de la migración no configura una invasión y que la legislación texana invade las competencias federales.
El gobierno de Biden y ACLU replican que corresponde sólo al Congreso federal adoptar la legislación migratoria y al gobierno federal implementarla, no a los gobiernos estatales.
El gobierno de México presentó un escrito de “amigo de la Corte” o amicus curiae que enfatiza el carácter discriminatorio de la ley y refuerza la posición del gobierno federal de EU, al argumentar que no aceptará ni negociará medidas adoptadas por los estados, ni recibirá a los migrantes retornados voluntariamente o vía deportación.
Sin embargo, parece ausente la cooperación con ACLU, las principales organizaciones mexicoamericanas como UnidosUS, MALDEF, LULAC y los congresistas mexicoamericanos que encabezan la batalla en contra de la ley. Esperemos que los consulados sí lo hagan.
El caso puede durar años y sentar graves precedentes para México y los mexicanos en EU. (Martha Bárcena Coqui, El Heraldo de México, País, p. 6)
El escritor polaco Henryk Sienkiewicz narró sensiblemente el pasaje más célebre que le da nombre a su novela Quo vadis: en una Roma plagada de extranjeros, las autoridades imperiales se dedican a la persecución de los cristianos, considerados como una plaga que corrompe los cimientos de la civilización latina. El bíblico san Pedro huye por la Vía Appia Antica y de improviso y en forma milagrosa se le aparece el Nazareno, el cual camina en dirección contraria de quienes escapan, va directo a la Ciudad Eterna.
Aturdido el pescador le pregunta al Galileo: “Quo vadis Domine”. La respuesta es tajante: a Roma a proteger y consolar a los cristianos quienes son objeto de la persecución iracunda del emperador.
El escenario actual no ha cambiado. Diásporas, éxodos y exilios surcan América Latina rumbo a Estados Unidos, para muchos el nuevo imperio. Y como tal, una clara persecución y descrédito a los migrantes.
En días pasados, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no suspender la aplicación de la llamada Ley SB4 del Estado de Texas, la cual bajo cualquier estándar de derechos humanos vulnera y violenta las libertades más esenciales de las personas migrantes. Al ser una ley de carácter migratorio causa extrañeza que, siendo una materia federal, recaiga en el gobierno texano la competencia.
Más allá del sistema federal norteamericano, el problema más grave es la criminalización de la migración, el darle prima facie al migrante la calidad de delincuente –sin previo juicio, sin presunción de inocencia, sin ninguna de las garantías del debido proceso–.
Asimismo, la ley texana faculta a la policía local para detener y privar de la libertad a los migrantes, esto es, un cuerpo policiaco destinado a la seguridad pública en tareas migratorias, las cuales exigen un tratamiento diferenciado, sobre todo en materia de derechos humanos. Y como si fuera una escena del régimen nacionalsocialista de 1933, el perfil racial puede ser el indicio suficiente para considerar a cualquier persona dentro del Estado de Texas como sospechoso de ser migrante. Y las condenas por serlo pueden llegar hasta los veinte años de prisión.
México también ha mantenido una política migratoria desacertada y en más de las veces, violatoria de derechos fundamentales. Episodios de tragedia humana lamentablemente impunes e irresolutos colman la actuación de la autoridad migratoria de nuestro país. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido prolija en defender y restaurar los derechos más elementales de las personas migrantes.
La Corte mexicana ha determinado como discriminatorio el perfil racial; ha definido como inconstitucional la privación indefinida de la libertad en las estaciones migratorias; reconocido la obligación de proporcionales un defensor; las autoridades de migración deben respetar la dignidad de los migrantes y proporcionarles refugio y alimento; y se les reconoce el derecho a denunciar abusos y de ser oídos; y cuentan con el carácter de vulnerabilidad por lo que la justicia federal debe protegerlos sin formulismos.
Así las cosas en torno a una problemática harta difícil y la visión contrastante de dos Cortes Supremas cada vez que se le pregunta a un migrante al cruzar la frontera: ¿quo vadis? (Juan Luis González Alcantara Carrancá, El Heraldo de México, p. 2)
El presentar una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la periodista Sharyn Alfonsi, del famoso programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, subrayó que lo que el mandatario mexicano haga, o deje de hacer, en la frontera puede dar forma al siguiente capítulo político en EU.
Al margen de que las respuestas de López Obrador van a provocar un debate considerable en México, bien podría afirmarse que su decisión de conceder la entrevista a la CBS fue una medida acertada, que presenta sus ideas y propuestas bajo una luz diferente.
Pero es tal vez un caso de una buena medida de política pública y de comunicación demasiado tardía: su gobierno está casi al final y ha sido definido ya en las opiniones de muchos estadounidenses, y en especial de su cuerpo político.
La entrevista se transmitió en Estados Unidos, mientras el senador republicano Marco Rubio consideraba que sería de “sentido común” pensar que un grupo de contrabandistas humanos en la frontera México-EU podría ser usado por el grupo terrorista islámico ISIS; el mismo día en que el Jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens, opinaba que la situación es una “amenaza a la seguridad nacional”, y expresaba “preocupación” por los miles de migrantes que han evadido la detención, y se reportaba que el presidente Joe Biden no descarta la posibilidad de medidas de mayor dureza fronteriza en el marco de la campaña electoral estadounidense.
En otras palabras, la entrevista a la CBS es un esfuerzo que debió haberse hecho hace tiempo, con lo que al menos podrían presentar visiones alternativas a la corriente de reportes sobre violencia y narcotráfico, la influencia de los cárteles y las tendencias políticas de AMLO, que de entrada son negativas para un amplio sector en aquel país.
Hubiera sido importante porque Estados Unidos es un país vecino, donde viven millones de mexicanos y sus descendientes, el principal socio comercial y económico, y fuente de muchas ventajas y problemas en una relación extraordinariamente compleja y profunda.
El López Obrador que vieron los estadounidenses que sintonizaron 60 Minutes no varió mucho del que se ve todos los días en la mañanera, pero esta vez resaltó la importancia de la relación bilateral.
“La Casa Blanca atestiguó el poder de AMLO en diciembre. Después de que una cifra récord de 250 mil migrantes abrumó la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Biden llamó a López Obrador y pidió que México ayudara a contener el flujo de indocumentados. Un mes después, la Patrulla Fronteriza reportó que el número de cruces de migrantes había bajado 50 por ciento”, precisó la CBS.
A partir de esa afirmación, el segmento de casi 15 minutos permitió al mandatario mexicano presentar sus posturas de gobierno y propuestas de migración. Aunque, al margen de las posibles controversias, queda la sensación de una presentación tardía. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Choque y contexto
Y hablando de los asuntos que atañen a México y Estados Unidos, nos piden no perder de vista el escalamiento de tensiones a que suena el intercambio que se dio entre el Presidente López Obrador y el líder de la Cámara de Representantes del país vecino, Mike Johnson. Y es que resulta que luego de que el mandatario mexicano tachara al norteamericano de irrespetuoso por señalar que México debe obedecer lo que EU diga en materia de migración, ayer este último acusó a López Obrador de mimar a los cárteles y de exigir financiamiento para que continúe la migración masiva hacia la Unión Americana. El legislador fue más allá al insistir en que se aplique el programa Quédate en México. Nos hacen ver que entre algunos republicanos se obvian algunos datos relevantes sobre la contención que realiza en nuestro país de los flujos de indocumentados y que se reflejan en un aumento de detenciones y deportaciones. Quizá sea porque aquí y allá, nos comentan, hay procesos electorales. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en “60 Minutes” de la cadena CBS, el programa de noticias número uno en la televisión abierta y por cable de Estados Unidos. La entrevista, realizada por Sharyn Alfonsi, tuvo una duración de poco más de 13 minutos y se difundió el domingo pasado.
Alfonsi presentó así la entrevista: “La inmigración, la frontera y la economía han surgido como temas clave en las elecciones presidenciales de este año y podrían determinar quién gana la Casa Blanca. Pero la persona que podría inclinar la balanza a favor de cualquiera de los candidatos… es otro presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
Durante la entrevista, AMLO fue el mismo que vemos todos los días, y sus respuestas buscaron ante todo mostrar un líder firme y decidido, y resonar con el público que lo sigue y sigue a Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
La entrevista abordó temas críticos como el muro fronterizo, la migración y las relaciones México-EU. AMLO se mantuvo firme en su creencia de que la cooperación económica y las soluciones diplomáticas prevalecen sobre las barreras físicas. Este punto de vista, aunque idealista, ignora la complejidad de la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. Su enfoque fue demasiado simplista ante una realidad multifacética.
Sobre la violencia y el crimen en México, AMLO defendió su estrategia de “abrazos, no balazos”, argumentando que la violencia se puede combatir con programas sociales más que con fuerza militar. Sin embargo, los altos índices de violencia y la operación continua de los cárteles de la droga contradicen su optimismo. Esta discrepancia entre la retórica presidencial y la situación en terreno sugiere una desconexión preocupante con la realidad.
AMLO también proclamó haber hecho avances significativos en la lucha contra la corrupción, diciendo que esta se acabó “en lo fundamental”. Sin embargo, la percepción de corrupción en México sigue siendo alta, como lo indica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental difundida recientemente por el Inegi, donde el 83% de los mexicanos dijo que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad en que viven. ¿Puede realmente considerarse un éxito cuando la estructura de corrupción sistémica aún pervive?
La subestimación de la violencia política y la impunidad y del consumo de drogas en México es otro aspecto que destacó durante la entrevista. Aseguró que “no hay impunidad en México” y que en nuestro país no hay un problema de consumo de drogas “porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia”, lo que muestra que ignora la realidad cotidiana de muchos mexicanos. Este tipo de generalizaciones pueden minimizar las experiencias y los desafíos de aquellos que viven en medio de estos conflictos.
En resumen, la entrevista de AMLO mostró un líder que proyecta confianza y resolución en sus políticas. Sin embargo, sus respuestas contradijeron las realidades de México. La congruencia entre su discurso y los hechos en el terreno es esencial para evaluar su éxito como presidente. La historia y los datos, después de todo, tienden a ofrecer una perspectiva más matizada que los discursos políticos. (Eduardo J Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 41)
Texas: libre tránsito a mercancías, pero acoso a los migrantes
El gobernador de Texas, Greg Abbott, insiste en utilizar a sus policías estatales para perseguir, detener y deportar a indocumentados con la amenaza de deportarlos a México.
Alguien debe recordarle al mandatario estatal que México y sus habitantes son sus principales clientes de todo tipo de mercancías. Por ejemplo, en 2022 nuestro país compró a sus empresas un total de 144 mil millones de dólares en todo tipo de bienes, colocándose en primer lugar por encima de países como Canadá, China, India, Reino Unido y Japón, entre otros. Texas exporta a México un promedio de 10 mil millones de dólares mensuales. (Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos).
Estamos ante una libre circulación de norte a sur de todo tipo de mercancías, mientras la migración de seres humanos de sur a norte recibe trato de criminales. Por lo mismo, el gobierno de México no debe quedarse cruzado de brazos y de inmediato cancelar el consumo de bienes texanos y hacer trato con otras entidades estadunidenses. (José Luis Pérez Canchola, La Jornada, Editorial, p. 2)
Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido a los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos invaluable espacio en su mañanera si apoyan a los migrantes, pues tendrá también que ir descartando enemigos que asistan. Es el caso de Brian Kemp, gobernador del estado de Georgia, que no tiene frontera alguna con México, pero cuya Cámara estatal ya aprobó, a iniciativa de él, el HB 1005, un proyecto de ley antiinmigrante (arresto bajo sospecha de ser indocumentado, policías con más poderes, deportación acelerada).
Por su parte, en Arizona, el proyecto HB 2748 o “Ley de Invasión de Arizona”, avanzó ayer en el legislativo local y criminalizaría el cruce de indocumentados y otorgaría el poder a las autoridades locales para detener extranjeros. (A la sombra, El Sol de México, República, p. 2)
El Ultraconservador Mike Johnson

(Tacho, Milenio, Al Frente, p. 2)
Antimigrante

(Fer, El Universal, Opinión, p. A19)
“México se hunde”
