Siete organizaciones, albergues y redes de organizaciones de la sociedad civil denuncian que a un año del trágico incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 hombres y 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación del daño. Hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, fresco como lechuga sigue al frente de la institución. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria.
El hecho no fue un caso aislado, de acuerdo con 69 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al Instituto Nacional de Migración por eventos al interior de las estaciones migratorias, desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención, siendo la administración de Andrés Manuel López Obrador la que registra el mayor número de muertes de personas migrantes en custodia del INM, con 55 decesos, frente a 16 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. (A la Sombra, El Sol de México, República, p. 2)
A un año de la tragedia migrante
Hoy se cumple un año de los trágicos sucesos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que perdieron la vida 40 indocumentados. Estaban retenidos en ese lugar dependiente del Instituto Nacional de Migración, que entonces y también ahora encabeza Francisco Garduño. Las malas condiciones en las que se encontraban fue la razón por la cual, en protesta, prendieron fuego a unos colchones. El incendio se salió de control y nadie les abrió la puerta con oportunidad para que pudieran salvar la vida. Un año después “no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, acusaron ayer ONG. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Es difícil ver hoy cómo terminará la crisis migratoria y qué tanto terminará afectando la relación entre México y Estados Unidos en el corto, mediano y largo plazo.
La inutilidad de ambos gobiernos para sentarse y plantear un principio de solución, la temporada del más duro de los trumpismos que saboteó los acuerdos que republicanos y demócratas habían alcanzado después de meses de diálogo en el Capitolio; las crisis en los países expulsores que son cada día más y eligen a México como la ruta para llegar a Estados Unidos plantea un panorama sombrío que puede durar años, muchos años.
Lo que hoy impera es, por llamarle de alguna manera, el doble muro.
El muro mexicano en la frontera sur, el territorio nacional y el lado mexicano de la frontera norte que persigue y acosa a migrantes desde el chantaje trumpista al que cedió el presidente López Obrador. Buena parte del Ejército y la Guardia Nacional se dedican a eso.
Como le dijo David Pérez Tejada, jefe de la oficina de Baja California del Instituto Nacional de Migración de México a The New York Times, refiriéndose a los traficantes de personas. “Los presionas en un momento y se van a otro lugar. Todo es un juego del gato y el ratón, y es extremadamente difícil controlar esto”.
El segundo muro es, por supuesto, el de Texas y su gobernador que más allá de leyes sigue apretando las tuercas en la frontera. Pero también incluye al gobierno federal, que sabedor de la importancia que tiene el tema migratorio rumbo a la elección ha aumentado las medidas que impiden la llegada de migrantes a su país.
Hay que decirlo, más ahora que se cumple un año de la tragedia del centro migratorio de Ciudad Juárez cuando murieron cuarenta personas que estaban recluidos. La única política en ambos países es la del maltrato y la persecución.
Y en medio de esto, la bronca de declaraciones.
Lo último lo de Mike Johnson, ultraconservador, súper trumpista, pero —ni modo— presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que volvió a insistir en que Biden haga lo que hizo Trump: chantajear a México. Ya a finales de febrero, el mismo personaje había dicho que Trump enseñó que México hará lo que nosotros le digamos.
Estamos en campaña en ambos países, las broncas de declaraciones solo irán en aumento.
El problema real es que en Estados Unidos no están lejos de ganar esos ultras. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
El gobierno de México también dará dinero, como a los venezolanos, a cada migrante ecuatoriano o colombiano que acepte ser repatriado. El dinero saldrá de las finanzas públicas bajo el rubro de “prácticas profesionales”. Se puede justificar que es “ayuda humanitaria”. Para esa solidaridad sí hay recursos, pero no los hay para 33 estaciones migratorias que llevan cerradas un año. Un dicho señala: Candil de la calle y oscuridad de su casa? (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
Sin pausa vacacional
La migración no sale de vacaciones. Un nuevo contingente de migrantes bautizó como Vía Crucis su marcha a través de México con el objetivo de llegar a la frontera norte.
Mientras la clase política de Estados Unidos compite para dilucidar quién propone la barbaridad más atroz para contener a los migrantes, y los presidentes de los países expulsores se sienten a gusto porque se libran de ciudadanos inconformes, México se convierte en bestia de carga.
Hay que lidiar con la xenofobia gringa y el desinterés de los países del continente. Hacerlo sin recursos para atender el problema y ni siquiera tener el reconocimiento de los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, cuyas omisiones en este tema son desastrosas, de pena ajena.
El Viacrucis se extiende en el país. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)
NOTAS INDISCRETAS…
En su intento por congraciarse con la prensa estadounidense a la que ha atacado y vilipendiado igual que a la mexicana, el presidente López Obrador aceptó la entrevista con 60 Minutes que le realizó en Palacio Nacional la periodista Sharyn Alfonsi, con cuestionamientos fuertes sobre su estilo dictatorial de gobernar y sobre la producción del fentanilo como droga y el problema de la crisis migratoria. Las respuestas del Presidente al popular e histórico programa de la CBS movieron el avispero de la agitada política estadounidense y merecieron que desde Washington congresistas republicanos, como el líder de la Cámara de Representantes, James Michael Jackson, cuestionaran y atacaran al Presidente mexicano por sus dichos.
“La sugerencia política del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la frontera con Estados Unidos es absurda. La verdad es que enfrentamos una catástrofe humanitaria y de seguridad en la frontera sur que está matando a estadounidenses y destruyendo nuestras comunidades. Mientras tanto, el Presidente de México está mimando a los cárteles y exigiendo que Estados Unidos financie aún más migración masiva a nuestro país. El presidente Biden debe afrontar el hecho de que utilizar la influencia, como hizo el presidente [Donald] Trump, y no la retórica vacía, es la única manera de obligar a México a hacer su parte importante para asegurar la frontera”, escribió el líder republicano en la Cámara Baja en su cuenta de Twitter.
O sea que tratando de lavarse la cara por la polémica entrevista que concedió a la periodista rusa Inns Afinogenova y contra su costumbre de no aceptar entrevistas críticas durante su presidencia, López Obrador no sólo se resbaló en varios cuestionamientos que le hizo la periodista Alfonsi, sino además logró lo que tanto critica: que México empiece ya a ser “la piñata” del agitado ambiente electoral en los Estados Unidos…Se baten los dados. Capicúa. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A12)
En el panorama político actual, la ley SB4 ha emergido como una pieza central en un juego de poder donde la política migratoria se convierte en un asunto tanto de derechos humanos como de votos electorales. Originalmente presentada en 2017 bajo la administración Trump por el gobernador Greg Abbott con el propósito de abordar las ciudades santuario en Texas, esta ley ha resurgido en diciembre de 2023, durante la administración de Joe Biden, con un enfoque renovado en la penalización del ingreso irregular y la detención de personas migrantes sin documentos.
El momento del resurgimiento de la SB4, justo en un año electoral, plantea preguntas inquietantes sobre las motivaciones detrás de esta acción. ¿Realmente busca garantizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley, o es simplemente una estrategia cínica para movilizar a la base conservadora y ganar votos en las elecciones?
La conexión entre la política migratoria y los votos electorales se hace aún más evidente cuando observamos el impacto directo que tiene esta ley en las comunidades migrantes. El temor y la incertidumbre se propagan entre aquellos que ahora enfrentan la posibilidad real de ser detenidos arbitrariamente y enfrentar las consecuencias devastadoras de una política migratoria cada vez más represiva.
Mientras tanto, el gobierno de México se niega a recibir a personas migrantes deportadas por el gobierno de Texas, y en el ámbito local, el tema migratorio se convierte en un campo de batalla político en el contexto de las próximas elecciones.
Este juego político pone en peligro no solo las vidas y los derechos de las personas migrantes, sino también el alma misma de la democracia en Estados Unidos. ¿Están los candidatos dispuestos a sacrificar principios humanitarios fundamentales por la promesa de unos cuantos votos más en las urnas?
La SB4 y su resurgimiento en tiempos electorales plantean serias dudas sobre la integridad moral de los líderes políticos y el sistema mismo en el que confía la ciudadanía para proteger los derechos y libertades de todos, independientemente de su estatus migratorio. La respuesta a estas preguntas podría determinar el rumbo de la nación vecina al definir inclusive su legado ante las generaciones futuras, y por supuesto, su relación con México, que ha dejado clara su postura.
Este complejo escenario político y moral requiere una reflexión profunda sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones como sociedad. En un momento en el que la política migratoria se ha convertido en moneda de cambio para obtener ventajas electorales, es fundamental recordar la humanidad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio. En última instancia, la verdadera grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables, y es hora de que Estados Unidos demuestre su compromiso con la justicia y la igualdad para todos. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 31)
El presidente López Obrador salió relativamente bien librado de su entrevista con 60 Minutes. La cadena envió a una conductora bien preparada con sus preguntas, pero muy mal preparada para las previsibles respuestas de AMLO. No hubo sorpresas en el intercambio medio barco; la astucia de Palacio consistió en acceder al encuentro, o en su caso, de solicitarlo.
Pero junto con un comentario de la mañanera del viernes, retomado por la Associated Press, López Obrador hizo noticia, aunque el público norteamericano quizás ni cuenta se dé. Dijo, a propósito del combate al narcotráfico, lo que todos los presidentes mexicanos piensan, pero que nunca verbalizan explícitamente. No me refiero a los lugares comunes sobre la demanda o la responsabilidad compartida, si no a algo mucho más atrevido, y mucho más cierto.
A la Prensa Asociada le dijo que no iba a ser el policía de ningún gobierno extranjero, y que su política era de México primero, la casa viene primero. Y a CBS le declaró que México no tiene un problema de consumo de drogas, dando una explicación medio simplista o francamente tonta de un hecho real: de acuerdo con AMLO, se lo debemos a la familia y a las tradiciones mexicanas. En un país donde según algunas estadísticas, entre un cuarto y un tercio de los hogares es presidido por una madre soltera, se trata de una afirmación un poco temeraria. Pero AMLO dio claramente a entender que el problema es de Estados Unidos, no de México.
Probablemente nada de lo que dice sea completamente cierto, sobre todo el sub-texto. Primero, México ha sido con López Obrador el muro, el policía, el ejército, el violador, el torturador y el asesino de Estados Unidos en materia migratoria. En segundo lugar, ha cooperado mucho más con Washington en materia de drogas de lo que dan a entender el gobierno de México y la DEA. En tercer lugar, la continuidad de la violencia en México muestra que la guerra contra el narco y sus consecuencias siguen vigentes, hoy más que nunca.
Pero hay algo de cierto en todo esto, y confieso que estoy más bien de acuerdo con la tesis de López Obrador, aunque no la ponga del todo en práctica. Desde que yo recuerde, es decir a principios de los años ochenta, los norteamericanos vienen insistiendo que muy pronto México se transformará en un país de consumo de drogas. Han pasado más de cuarenta años, pero no ha sucedido. Calderón justificó su guerra contra el narco con el argumento de que era “para que la droga no llegue a tus hijos”. No ha llegado, lo cual no significa que se menosprecien las tragedias personales que todos conocemos, o que no haya brotes en tal o cual ciudad, en tal o cual momento. La realidad es que el problema de las drogas es un problema norteamericano, no mexicano. Tenemos un problema de violencia, de corrupción, de crimen organizado emanado del narcotráfico, pero al final del día, no de drogas.
No tiene mucho sentido poner los muertos, los corrompidos, los levantados, los desaparecidos, para atender un dilema ajeno. Tiene razón López Obrador cuando se lava las manos del problema, a pesar de no saberlo a ciencia cierta por no levantar la encuesta nacional de adicciones sino hasta hace poco. Insisto: aunque no lo digan ni lo reconozcan, todos los presidentes de México han pensado lo mismo, para luego hacer lo contrario, o por lo menos tratar de convencer a los norteamericanos de que sí le echan ganas a la guerra contra los cárteles. López Obrador también desconoce su propia tesis, pero comienza a volverla explícita. Enhorabuena.
La siguiente pregunta es obvia. Partiendo de la premisa de que el problema de las drogas es de Estados Unidos, no de México, ¿Qué debemos hacer? En un mundo ideal, legalizar todas las drogas, ser indiferentes ante la salida de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, y sugerirle a Washington que si desea impedir el ingreso de drogas, que ponga a decenas de miles de tropas de su lado de la frontera para lograrlo. De la misma manera que si fuéramos consecuentes con la cantaleta de las armas, quien debiera detener su entrada a México somos nosotros, no ellos. Solo que el mundo ideal no existe.
A López Obrador se le acabó el tiempo. Cualquiera que sea la conclusión lógica de su premisa -que comparto, desde hace muchos años- será formulada y puesta en práctica por otra. Ambas candidatas pueden irle pensando desde ahora. No es tarea sencilla. (Jorge G. Castañeda, El Universal, Opnión, p. A18)
Dadivoso
