Ecuador ha roto la confianza de México y la comunidad internacional, por lo que sólo una condena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya –que demorará alrededor de un año en emitir un fallo– puede garantizar que no volverá a incurrir en violaciones al derecho internacional como las que cometió al asaltar el 5 de abril la embajada de México en Quito y agredir a su personal diplomático.
Por ello, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara, asegura que, pase lo que pase, México buscará en los siguientes meses que el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) imponga al Estado ecuatoriano la sanción más severa posible en correspondencia con la magnitud de las transgresiones que perpetró, que consistiría en su suspensión del organismo internacional. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 7)
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, dijo que trabaja en la elaboración de dos dictámenes, en los que se agruparían nueve de las 18 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Todas sobre bienestar y salud, precisó, porque son en las que hay consenso de todos los grupos parlamentarios para aprobarlas.
Difícilmente, señaló en entrevista, “van a salir las reformas en materia electoral, judicial y energética. Otras que requerirán mucha discusión, y en las que hay dificultades para su aprobación, son las propuestas para desaparecer los órganos autónomos.
Incluso podría aprobarse la reforma al transporte ferroviario. A esta iniciativa sobre los trenes de pasajeros no le veo mucho problema. Simplemente el Ejecutivo federal hace énfasis en una facultad que nunca se perdió: la soberanía del Estado sobre las vías férreas, por lo que puede dar concesiones a otras empresas para utilizarlas. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 12)
Tixtla, Gro., La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó un plan de acción del 26 de abril al 1° de mayo en la Ciudad de México –que incluye un plantón en el Zócalo–, con la demanda principal de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones del 2 de junio, y no después, como él lo propone, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entrevistado ayer en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, donde sesionó la ANP durante más de seis horas, señaló que para los padres de familia, el tema de la justicia de este caso no camina de acuerdo con la ruta del calendario electoral.
Por otro lado, Rosales Sierra reclamó a los tres candidatos a la Presidencia de la República que no aborden en sus campañas el tema de los derechos humanos ni el de la presentación con vida de los 43 normalistas. Parece que para la clase política pasa desapercibido el tema de las desapariciones forzadas. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p. 12)
Debido al cierre del periodo legislativo, y a poco más de cinco meses para la conclusión de la actual administración federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que no se puede abrogar la reforma educativa ni modificar leyes ni lineamientos, tanto de educación como en materia laboral.
Por ello, sólo se acordó en las mesas de trabajo con las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación (SG) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que se realizaron el 9 y 10 de abril, volver a mesas tripartitas de negociación en los estados.
La CNTE reiteró su llamado al magisterio para sumarse a un paro nacional de 24 horas mañana y a una marcha que partirá del Ángel hacia el Zócalo, donde realizarán un mitin, en el contexto de la reunión prevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p. 13)
Se debe fortalecer a las instituciones de impartición y procuración de justicia existentes, en lugar de estar buscando crear nuevos organismos o modificarlos con base en ocurrencias, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, al dar a conocer las conclusiones de los trabajos de la tercera sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se realizó en Monterrey, Nuevo León.
Lila Flores, directora general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, moderadora de la mesa sobre atención a víctimas, puntualizó que dos problemas considerados prioritarios fueron la falta de capacidades en el personal operativo del sistema de justicia para atender y acompañar a las víctimas, y la ineficacia de las medidas para protegerlas. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 4)
Por tercera ocasión miembros de partidos políticos, ciudadanos y familiares de policías estatales marcharon por el malecón de la ciudad de Campeche. Los uniformados volvieron exigir la salida de Marcela Muñoz, posteriormente también pidieron la salida de la gobernadora Layda Sansores. La marcha inició en el asta bandera del Malecón principal con rumbo al palacio de gobierno.
La sociedad civil convocó a la ciudadanía para reunir firmas que respalden la solicitud de juicio político contra la titular de la SPSC, Marcela Muñoz. En tanto, representantes de diversas organizaciones, como la Barra de Abogados Litigantes de Campeche, Más Vida Más Familia y el Frente Cívico Nacional Capítulo Campeche, anunciaron que promoverán el juicio político contra Muñoz y la revocación de mandato para Sansores. (Guillermo Officer, El Heraldo de México, Estados, p. 8)
Un día después de que la abanderada de la coalición Morena-PVEM a la Alcaldía de El Carmen, Graciela Villarreal, libró un ataque a balazos, el Instituto Estatal Electoral (IEE) informó ayer que 11 aspirantes entraron al Protocolo de Protección de Candidatos en los 14 días que lleva la campaña local en Nuevo León.
El Instituto detalló que nueve personas son candidatos a Alcaldías y dos a Diputaciones locales, siendo Villarreal la más reciente aspirante en recibir el resguardo, que obtuvo luego del atentado que sufrió la tarde del viernes durante un recorrido proselitista en el municipio gobernado por el emecista Humberto Medina.
Aunque el IEE no lo precisó, fuentes policiacas señalaron que la candidata fue trasladada la noche del viernes de manera precautoria a un cuartel de Fuerza Civil, estrenando esta nueva estrategia incluida en el Protocolo y revelada el pasado 5 de abril por el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes. (Perla Martínez, Uriel Vélez y Juan Carlos Rodríguez, Reforma, Nacional, p. 5)
Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán por el Partido Sinaloense (PAS), fue reportado ayer como desaparecido.
El hecho lo dio a conocer el ex Alcalde de Culiacán, y ahora candidato a diputado federal por el PAS, Héctor Melesio Cuén, quien afirmó que los familiares de García Corrales ya interpusieron la denuncia ante las autoridades correspondientes.
“Sinaloenses, desde hoy (ayer) por la mañana no hemos tenido contacto con nuestro compañero y amigo Luis Alonso García Corrales. Les agradeceremos cualquier información que tengan de su paradero”, posteó en redes alrededor de las 18:00 horas. (Staff, Reforma, Nacional, p. 6)
