Opinión Migración 150424
El Informe Oppenheimer / Las sanciones de EU a Venezuela
A pocos días del jueves, 18 de abril, la fecha limité que se impuso el Gobierno Estados Unidos para anunciar si reactivara algunas sanciones petroleras a Venezuela, está ganando terreno la idea de que las sanciones individuales contra miembros del régimen venezolano podrían ser más efectivas que los castigos comerciales para obligar al régimen de Nicolás Maduro a permitir candidatos opositores en las elecciones del 28 de julio.
La propuesta que circula en ambientes diplomáticos es que Washington y las democracias latinoamericanas y europeas impongan sanciones personales negándoles visas o confiscando los bienes a los más de mil funcionarios y ex funcionarios del régimen de Maduro que tienen propiedades en Miami y otras ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa.
Tan solo en el estado de Florida hay al menos 718 empresas de funcionarios o ex funcionarios venezolanos, según una investigación conjunta de 2022 del portal de periodismo investigativo Armando.Info y el Nuevo Herald. Al menos 232 de estos propietarios de empresas son militares activos o ex militares, según el informe.
La mayoría de quienes aparecen en esa lista no están sujetos a ninguna sanción individual por parte de Estados Unidos.
El dirigente opositor y ex presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, me dijo que hay “más de mil, probablemente miles” de empresas adicionales de funcionarios y sus compinches en otros lugares de Estados Unidos, América Latina y otros países.
Ewald Scharfenberg, fundador de Armando.Info, me comentó que en el caso de Venezuela “las sanciones personales son mucho más efectivas que las económicas”.
Lo que más temen los funcionarios venezolanos son las sanciones personales como las restricciones de visados, porque muchos de ellos tienen propiedades en el extranjero o quieren tener la opción de exiliarse en otros países.
“Ellos quieren retirarse eventualmente en países como Francia; no a Cuba ni en Bielorrusia”, me señaló.
Las sanciones comerciales son menos efectivas, porque Maduro muchas veces puede evadirlas con la ayuda de Turquía, Irán y otros países amigos, me dijo Scharfenberg. Además, las sanciones económicas son usadas por Maduro como una herramienta de propaganda contra Washington, agregó.
“El régimen de Maduro ha creado un movimiento de opinión que dice que las sanciones económicas golpean al pueblo”, me dijo Scharfenberg.
“En cambio, las sanciones individuales a funcionarios venezolanos son mucho más quirúrgicas y mucho menos criticables”.
El ex Presidente estadounidense Barack Obama firmó en 2015 una orden ejecutiva que autorizaba el bloqueo de propiedades y la restricción de visas a los venezolanos involucrados en acciones para socavar la democracia o violar los derechos humanos.
Desde entonces, al menos 110 venezolanos han sido sancionados, entre ellos Maduro, su esposa y su hijo. Pero según un informe del 26 de enero del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden no ha impuesto nuevas sanciones individuales a funcionarios o ex funcionarios venezolanos.
El ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos me dijo en una entrevista pocos días atrás que las sanciones estadounidenses no obligarán a Maduro a permitir unas elecciones que podría perder.
“Maduro nunca va a dejar el poder a menos que le ofrezcan un puente de oro, una salida digna”, me comentó Santos.
Tal vez la mejor manera de presionar a Maduro para que permita unas elecciones libres sería una estrategia de “garrote y zanahoria”: nuevas sanciones, por un lado, y garantías de seguridad personal para los dirigentes chavistas en el caso de que el régimen pierda el poder por el otro lado.
Pero es en el interés de Estados Unidos y todas las democracias latinoamericanas aumentar la presión para qué Maduro permita una solución política a la crisis venezolana, y se detenga el éxodo de venezolanos al exterior.
Ya se han ido de Venezuela casi 8 millones de personas, y una nueva encuesta de Meganálisis muestra que el 40 por ciento de los venezolanos dicen que considerarían abandonar el país si Maduro es declarado ganador de la votación del 28 de julio. Eso equivaldría a 10 millones de emigrantes adicionales.
Es hora de que las democracias de todo el mundo anuncien como mínimo sanciones personales a los funcionarios de Maduro y sus familias para acelerar una apertura democrática.
Ya estamos muy cerca de las elecciones del 28 de julio, y lo que está en juego no podría ser más crítico. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 17)
Cancelados
Votar es un derecho constitucional, no nos lo otorgan a los ciudadanos el INE ni el Gobierno: la Constitución -que es nuestra ley suprema- nos lo concede como parte de las garantías individuales de los mexicanos. Por lo mismo nos parece indebido de parte del INE CANCELAR ese derecho a cerca de 40 mil mexicanos que desean votar desde el extranjero. Ello por supuestas “irregularidades” en el registro, mismas que si acaso existen seguramente se debe a la dificultad misma de aportar los documentos y requisitos que exige el INE.
Lo importante es que no hay forma en la que el INE pueda demostrar que las inconsistencias que lo llevan a ANULAR el derecho al voto de ciudadanos en el extranjero, se generaron con DOLO.
Llama poderosamente la atención que en la notificación que manda el INE a los ciudadanos en el extranjero cuyo registro para votar fue anulado que no les especifica la CAUSA. Simplemente afirma: “Se le informa su NO INCLUSIÓN en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero”.
El solo hecho de NO ESPECIFICAR cuál es la causa imposibilita al ciudadano ACLARAR con la prontitud que exige el caso y hacer la rectificación pertinente.
Debemos tomar en cuenta el hecho de que los 40 mil cancelados representan una cantidad muy reducida en términos de la masa votante, de manera que escasamente se pudiera afirmar que afectarían el resultado final del voto. Mas ése NO ES EL PUNTO, sino que cuando el Estado o sus organizaciones nulifican los derechos de UN SOLO ciudadano, afectan el derecho de todos.
Los requisitos burocráticos manejados e interpretados a larga distancia no deben, en ningún caso, estar por encima de un derecho constitucional.
Entendemos la necesidad del INE -pues para eso está- de garantizar la equidad y rectitud en el proceso electoral. Sólo que este mandato que tiene el INE no puede orientarse hacia su conveniencia burocrática NULIFICANDO el derecho de un ciudadano colocándolo en lo que la ley llama “estado de indefensión”.
A los ciudadanos que se les notificó estar “fuera de la lista” se les debe informar con precisión cuál es la causa de esta draconiana medida, pero sobre todo, CÓMO RECTIFICARLA con toda prontitud. De manera que sólo se les anule la inclusión en la lista de votantes en el extranjero a quienes comprobadamente incurrieron en procedimientos que denoten DOLO o no cumplir con los requisitos, por ejemplo, no demostrar cabalmente ser mexicanos.
Irregularidad, por cierto, que si acaso se está cometiendo sucede DENTRO de nuestro territorio nacional.
Mucho se dice que junto con el dinero que el Gobierno les está entregando a migrantes venezolanos, cubanos y otros, se les entrega documentación, incluyendo credenciales de elector falsas, por supuesto, pues dudamos que el INE lo haga.
El punto es que a la hora de poner en la balanza el derecho constitucional de los mexicanos a VOTAR, éste pesa mucho más legalmente que la conveniencia burocrática de exigir que la documentación se ajuste a los lineamientos del organismo responsable.
Conste, no afirmamos que el INE haga mal al revisar la documentación, o exigir que la información básica requerida sea necesaria: simplemente que al CANCELAR el derecho debe justificarlo de manera clara e irrefutable, otorgándole al ciudadano el beneficio de la duda y un CAMINO expedito, claro y conciso para rectificar el -o los- errores que el INE crea que se hayan cometido en el registro.
Debe valorar la burocracia del INE la importancia del derecho constitucional y recurrir a su anulación sólo en casos extremos y con comprobación de DOLO.
La sola existencia de un error -probablemente involuntario- no puede servir de fundamento para IMPEDIR que voten ciudadanos con todo el derecho de hacerlo y que su presencia física fuera de nuestro territorio NO ANULA sus derechos como mexicanos.
FALTA POCO para la elección, menos de siete semanas apenas, de manera que el INE ha puesto el TIEMPO en contra de los ciudadanos cuyos derechos canceló vía proceso burocrático.
Eso es lo que, a nuestro juicio, está MAL: no que el INE revise y demande requisitos, sino que deje de tomar en cuenta al CIUDADANO, su realidad y la complejidad de un proceso diseñado a conveniencia del burócrata y no de la CIUDADANÍA. (Manuel J. Jáuregui, Reforma, Opinión, p. 7)
Cartones
Tal cual
(Alarcón, El Heraldo de México, p. 2)
Distanciamiento
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 12)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 14/04/2024