Uso de Razón / Migración, el flanco vulnerable de Biden ante Trump
Sin pedirlo, la frontera con México fue colocada esta semana en el centro del torbellino político-electoral de Estados Unidos.
Fue consecuencia de la decisión de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de llevar al Senado el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Al buen entendedor pocas palabras. En el banquillo de los acusados no estaba el funcionario cubano-americano, sino la política de Joe Biden hacia la frontera con México.
El expresidente Donald Trump y los republicanos perciben que se trata de uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para los demócratas rumbo a las elecciones de noviembre.
Las encuestas confirman esa percepción. Un 54% de los votantes aprueba las políticas migratorias de Trump, comparado con sólo un 27% para las políticas de Biden, de acuerdo con un nuevo sondeo de la escuela de leyes Marquette.
Nadie, ni los republicanos, esperaban tener éxito en el juicio contra Mayorkas, pero lograron 48 horas de atención mediática a uno de los puntos débiles de Biden: la frontera con México.
Como era de esperarse, de un brochazo, la mayoría demócrata del Senado, encabezada por el senador de Nueva York, Charles Schumer, neutralizó la embestida. Y en dos votaciones sucesivas desechó las dos acusaciones en contra del funcionario.
Fue, apenas, una de mil batallas que vendrán con el tema de la migración.
Los republicanos piensan que bombardear al electorado con mensajes sobre la crisis migratoria en la frontera sur puede hacer la diferencia en los estados “campos de batalla”. Es decir, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania.
“Esto realmente le importa a la gente. ¿Alguien alguna vez tendrá que rendir cuentas por permitir que se rompan nuestras fronteras, que entre fentanilo y que muera gente? “, dijo el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsay Graham.
La combinación de migración y tráfico de fentanilo son temas que, sin embargo, interesan mayormente a los votantes blancos rurales, de baja escolaridad, que simpatizan con Trump.
Para el electorado hispano, que puede ser crucial en los estados de Arizona y Nevada, o para el votante afroamericano en el estado de Georgia, la principal preocupación es la economía.
En el caso de las mujeres, que concentran más de la mitad de los votantes, el tema es el aborto y los derechos reproductivos.
De allí que la campaña de Biden ha destinado su inversión en publicidad en cortejar el voto hispano con spots en español, inglés y spanglish, así como con mensajes de mujeres que han sido víctimas de las políticas restrictivas antiaborto en estados republicanos como Texas.
Los republicanos, sin embargo, no quitarán el dedo del renglón migratorio.
El mismo día que fracasó el plan para destituir a Mayorkas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció que someterá a votación este sábado una nueva propuesta de seguridad para la frontera con México.
La versión original resucitaba algunas de las políticas más radicales de la era Trump, que fueron de inmediato rechazadas por los demócratas.
La propuesta de seguridad fronteriza sería votada tan pronto como este fin de semana, durante la misma jornada en que los legisladores voten el paquete de asistencia para Israel, Ucrania y Taiwán.
Aun si el nuevo plan migratorio de Johnson es rechazado en el Senado, lo cual es altamente probable, los republicanos tendrán municiones para atacar la supuesta política de “fronteras abiertas” de los demócratas desde este momento hasta el 5 de noviembre. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 40)
Para constatar la anarquía que reina en los flujos migratorios, mi exalumna mexico-americana, que trabaja en una ONG para apoyar procesos legales con sedes en Tijuana y San Diego, me sugirió visitar una estación del trolley que conecta San Ysidro (el cruce más transitado en toda la frontera) con nuestro campus de la Universidad de California, San Diego.
El intenso Sol que caracteriza nuestra región fue suplantado el pasado lunes por una intensa llovizna fría que recordaba más a Londres. Entre las 8 y 10 de la mañana, todos los días, en un estacionamiento semiabandonado, la autoridad migratoria, conocida como Customs and Border Protection (CBP), libera a cientos de migrantes como si fueran aves llegando a tierra firme.
Ese día liberaron a 440 personas. La mayoría, jóvenes varones. Resulta que a las familias las llevan a albergues u hoteles para protegerlas más. Los centros migratorios de San Diego están a plena capacidad.
El estacionamiento era una verdadera Torre de Babel: chinos, pakistaníes, afganos (varios africanos, quienes tienen fama de ariscos y agresivos) y numerosos latinoamericanos: cubanos, venezolanos, colombianos y, en mayor proporción, ecuatorianos. Me sorprendió encontrar un grupo de jóvenes de la República Dominicana.
Platiqué largo con Jaime (omito su verdadero nombre). Un joven de 21 años, quien abandonó la carrera de ingeniería en sistemas. Él realizó la travesía junto con su hermana, mamá y tío. A su madre, que tenía una pequeña tienda de abarrotes, la estaba extorsionando una pandilla local y cuando le mostraron fotografías de su hermana y él, la señora se deshizo de todo y en 54 días llegaron a San Diego.
Volaron a El Salvador. De allí caminaron hasta internarse en Tapachula. En autobuses llegaron a la Ciudad de México. Caminando cerca del aeropuerto, unos individuos en dos camionetas los llevaron por la fuerza a “una casa muy sucia y oscura”. Les cobraron un derecho de piso de 2 mil dólares por persona. Salieron asustados y abordaron a la brevedad un avión hacia Tijuana.
Ya en la frontera con Estados Unidos, un pollero local los llevo a la zona este de la frontera (seguramente cerca de las montañas de Otay), pues, en ese preciso lugar, el muro de Trump tiene un boquete. Por allí se introdujeron al sueño americano.
A los pocos minutos de caminar encontraron a una patrulla fronteriza y se entregaron, solicitando asilo. Dos días estuvieron custodiados en un centro de detención y el lunes pasado, tempranito, los soltaron en el estacionamiento.
Jaime estaba muy nervioso. No sabía si su mamá estaba en un albergue o detenida. Esa noche me mandó un WhatsApp: “Llegó mi madre, la habían llevado a un hotel”. Este jueves que escribo mi columna, Jaime me llamó. Ya más entonado, me platica que ya están en Charlotte, Virginia, donde tienen una tía. Me pregunta si lo puedo ayudar a conseguir un trabajo. Sabe que en algún momento tiene que acudir a una audiencia migratoria.
En la actualidad, los migrantes tienen tres principales opciones para entrar a Estados Unidos. La aplicación CBP1 para pedir asilo, que tarda entre 3 y 5 meses y es la forma ‘legal’ de realizarlo. Entrar entre puertos, como lo hizo Jaime, por los boquetes o brincando el muro de Trump. Finalmente, a la brava, como se hacía antes, tratando de burlar a la autoridad migratoria, se sea con o sin la ayuda de un coyote, los cuales incluso para los mexicanos no bajan de 8 o 10 mil dólares.
El tiempo está mejorando y el invierno está teminando, por lo que empieza la época de más migrantes y de lo que será mayor caos en nuestra frontera común. En marzo de este año se registraron más de 189 mil llegadas a nuestra frontera común, según la CBP.
Mi sospecha es que los flujos se dispararán con el transcurso del año electoral en Estados Unidos. La narrativa de los polleros será: “Vámonos para el norte antes de que regrese el hombre color zanahoria y de la bella y hermosa pared”. (Rafael Fernández, El Financiero, Nacional, p. 35)
Como parte de la política de población de México, cuando el Consejo Nacional de Población (Conapo) cumple 50 años de haberse fundado, se están delimitando los retos del futuro demográfico en cada una de las regiones del país. Esta semana se realizó el seminario en la región centro, con participación de expertos de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, de la Sociedad Mexicana de Demografía y de la Secretaría General del Conapo. La región comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, donde hoy existen 33.1 millones de habitantes (12.5 por ciento del total), un volumen que crecerá lentamente, como ocurre en el país. La esperanza de vida al nacer en estas entidades es de las más altas: un punto por arriba del valor nacional (75.05 años en promedio), con excepción de Michoacán (74.1 años) con la misma brecha de género del país (las mujeres viven seis años más). En cuanto al inminente proceso de envejecimiento de la población mexicana y de la región, en una década la proporción de las personas mayores (60 años y más) igualará al porcentaje de las menores de 12 años, en Aguascalientes y Colima la igual proporción se alcanzará en 14 años, y en 16-17 años, en Zacatecas y Michoacán.
Un freno en la tasa global de fecundidad se confirma en todas las regiones del país, el promedio nacional de 1.9 hijos por mujer es el mismo en Jalisco, Durango y Guanajuato, una décima menos en Colima (1.7), Querétaro y Nayarit (1.8); una más en Aguascalientes y San Luis Potosí (2); la tasa está por arriba en Michoacán (2.2) y Zacatecas con 2.3 hijos por mujer, la segunda tasa más alta del país (en Chiapas es 2.8 y la menor en la Ciudad de México, 1.4). En la última década la tasa de fecundidad adolescente (TFA) del país descendió 17 por ciento, actualmente ocurren 60.2 nacimientos por cada mil adolescentes; seis entidades de la región presentan tasas un poco más altas: Querétaro, Nayarit y Aguascalientes (60.5, 62 y 62.9); tasas mayores tiene Jalisco, Michoacán y Zacatecas (64.1, 66.9 y 68.8), y presentan tasas menores Colima, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato (52.5, 55.8, 58.7 y 58.9 nacimientos por cada mil adolescentes). Se proyecta que la TFA continúe decreciendo en la región y en el país ( Conciliación demográfica de México y proyecciones de población 2020-2070 , Conapo, 2023).
Los estados de la región muestran efectos opuestos en relación con la migración interna. Querétaro y Colima atraen población en tanto que Michoacán perdió 20 por ciento de su población y Zacatecas, 31 por ciento (2010-20). Las proyecciones indican una estabilidad de estas tendencias a mediano plazo, aunque hay que considerar que la migración es un fenómeno volátil y muy sensible a cambios en las políticas de desarrollo.
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que tiene efectos directos en la migración, entre los principales factores se identifican la violencia y los desastres asociados a fenómenos naturales, verdadero desafío para las predicciones demográficas. El riesgo hidrometeorológico, sísmico y volcánico podrían incrementarse por el cambio climático y el crecimiento de la población de la región. El acceso al agua es el tema del siglo, 91.9 millones de personas residen en zonas con grados elevados de presión hídrica, es 73 por ciento de la población nacional; tienen un alto grado de presión hídrica las regiones hidrológico-administrativas Lerma-Santiago-Pacífico, donde están Guadalajara, Balsas y cuencas centrales del norte.
México es predominante urbano; 69 por ciento de la población vive en ciudades con más 15 mil habitantes, 12 ciudades millonarias concentran 52 por ciento de la población urbana, tres de ellas están en el centro: Guadalajara (5 millones), León (1.6 millones) y San Luis Potosí (1.2 millones), Aguascalientes pronto alcanzará el millón de pobladores.
En relación con la emigración internacional, de 2011 a 2020 las detenciones de migrantes mexicanos por autoridades estadunidenses sumaron 298 mil en los primeros años de esta década, después de la pandemia de covid el volumen promedio anual se triplicó, llegando a 727 mil casos. Las personas en tránsito o en situación inmigración irregular a México llegaron a 800 mil (cerca de 114 mil niños y adolescentes) y 53 inmigrantes mil fueron devueltos.
El Banco de México indica que las remesas alcanzaron 63 mil 312 millones de dólares en 2023, los hogares de la región centro reciben los porcentajes más altos: Zacatecas recibe 13.24 por ciento, Michoacán 12.26 y Guanajuato 8.75 por ciento. Siete de los 15 municipios que más remesas captan están en esta región: en Guadalajara, Morelia, León, Zapopan, Durango, Aguascalientes, y San Luis Potosí.
Es estratégico reconocer que el perfil sociodemográfico es diverso en México y que las tendencias han cambiado significativamente en este siglo, como base para balancear las desigualdades regionales, anticiparse a los nuevos retos y dar especial atención a la población con rezago. (Gabriela Rodríguez R., La Jornada, Opinión, p. 18)
Pasó rozando
Por dos votos apenas, Alejandro Mayorkas, titular de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, se salvó del juicio político promovido por los legisladores republicanos.
El Impeachment pasó rozando. ¿Por qué nos importa? Los republicanos querían correr a Mayorkas porque ha fallado en proteger la frontera con México y por incumplir de manera sistemática las leyes de migración que buscan proteger a los estadounidenses de los migrantes, a quienes se criminaliza incluso por el color de su piel.
Lo que ocurre alrededor de la frontera con México está en el centro de la competencia política en Estados Unidos. Los republicanos se le fueron a la yugular a Mayorkas y ahora están buscando nuevas víctimas. Para las elecciones allá falta medio año. Lo más rudo está por venir. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)
Las alcaldías menos vulnerables, con mejor infraestructura, pobladores más influyentes, ¿han usufructuado mayor atención policial per cápita en contraste con las demarcaciones donde hubo más migrantes pobres, tienen colindancias más problemáticas o tienen a sus pobladores como policías para otras regiones, demarcaciones, colonias?
Desde que el PRI perdió la representación mayoritaria en el entonces Distrito Federal, hasta el día de hoy, las delegaciones —ahora alcaldías— Benito Juárez, Miguel Hidalgo, segmentos de Álvaro Obregón y un polígono de la Cuauhtémoc conformado por la Condesa, así como Coyoacán, entre pocos otros, se han ubicado en un proceso igualador de la provisión de la seguridad y de la percepción. Seguridad igual para todos. No se ha conseguido aún.
Hay más incidentes tasa por 100 mil en Benito Juárez que en Iztapalapa, pero la percepción genera otros datos. Las preguntas que hace el Inegi en sus encuestas aún no incorporan inercias, desigualdades, injusticias. ¿Hay siempre más homicidios dolosos donde las personas son menos poderosas?
Cuando los datos duros a favor de lo realizado por la autoridad son positivos “se trata de cifras alegres”; cuando los datos son negativos a una autoridad, se tiende a la reivindicación de su valor científico.
Desde 1997 los énfasis policiales han sido parte de una ideal trayectoria hacia una atención uniforme y universal. Al mismo tiempo, existe auxilio diferenciado “a casos destacados” o a zonas más vocales, más demandantes o políticamente más significativas en el mapa de la distribución de tareas y urgencias. AMLO, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Martí Batres han virado hacia una mayor presencia cercana y territorial. Falta aún.
En Ciudad de México existen condiciones históricas de un urbanismo político desigual aún no medido por el Inegi. Muchas cosas son invisibles a la estadística sin preguntas nuevas.
Los beneficiarios hemos sido aquellos habitantes de las colonias creadas en los años cuarenta. Y no gobernaba Santiago Taboada para acreditarse los logros de la misma manera que evitó clara colaboración solidaria con quienes vivieron la crisis del olor extraño en el agua.
Ninguna sorpresa en realidad en el último reporte del Inegi. Muestra una mejor percepción de seguridad para la Benito Juárez. En el otro extremo se halla Iztapalapa, aún con el esfuerzo 20 veces más complejo desplegado por Clara Brugada y potenciado en CdMx por Claudia Sheinbaum para la disminución de más de 60 por ciento en incidencia delictiva y el decremento de percepción negativa de seguridad: la alineación es reconocida por el instituto en su más reciente entrega.
Quienes viven en las colonias y barrios de la periferia ¿algún día tendrán mejor percepción de seguridad que las colonias donde se adquirió propiedad privada fraccionada? ¿Hay intersecciones de vulnerabilidad estructural que hagan desigual e injusta la medición? Mientras el Inegi no incluya estos datos, ¿ejerce una sutil violencia comparativa? (Salvador Guerrero Chiprés, Milenio, Política, p. 16)
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, cometiendo una ilegalidad internacional sin precedentes y sometiendo al país a la posibilidad de sanciones que acentuarían aún más la crisis multidimensional provocada en los últimos seis años por tres gobiernos de corte neoliberal.
Noboa es hijo de Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial, el hombre más rico de Ecuador y el mayor deudor del fisco. El joven presidente, cuya irrupción en la política nacional es reciente, ha cometido una serie de errores reflejados en políticas como el aumento del IVA, exoneraciones al fisco de grandes deudores, disminución del presupuesto de educación y salud con el desmantelamiento de unidades médicas, la decisión de intervenir en la guerra a favor de Ucrania, así como la solidaridad manifiesta al Estado sionista, que demuestran el alineamiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Departamento de Estado de Estados Unidos y su desconocimiento de la diplomacia internacional y los tratados internacionales de los que Ecuador es parte, cuando ordena el asalto a la embajada de México en Quito, la violencia contra el personal diplomático y el secuestro de una persona en condición de asilo político.
La ilegalidad internacional en este último hecho ha merecido el repudio de la mayoría de países del mundo, así como la preocupación de organismos multilaterales, quienes han rechazado la violación de la norma internacional y han instado al gobierno ecuatoriano a que tome correctivos inmediatos en cuanto a las disculpas internacionales al Estado mexicano, así como el respeto de la condición de asilo de Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, y el otorgamiento de su salvoconducto para la salida del país, como corresponde bajo los parámetros del derecho internacional.
A pesar de la gravedad de la decisión de Noboa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha optado por la madurez política de asumir este ultraje dentro de los parámetros de la ruptura del derecho internacional, por lo que ha puesto la denuncia respectiva en la Corte Internacional de Justicia, así como en Naciones Unidas, para que, en el marco del restablecimiento y vigencia de los tratados internacionales, sean estos organismos los que impongan las sanciones que correspondan, así como la reparación al Estado mexicano por las vulneraciones cometidas.
Muchos se han preguntado cómo es que el presidente de un país con una economía periférica y dependiente como la ecuatoriana tomó una decisión que sin duda expone a su pueblo a sanciones que pueden ocasionar mayor sufrimiento. La respuesta está en revisar quién se encuentra detrás de la decisión y nos encontramos con el cogobierno ejercido con el Departamento de Estado, quien al observar el repudio mundial, no tuvo más que hacer un pronunciamiento tibio llamando al restablecimiento armónico de las relaciones bilaterales; un cogobierno que hoy en día tiene presencia militar norteamericana en suelo ecuatoriano con la dotación del portaviones natural en las Islas Galápagos, que opera desde junio de 2019 con vuelos militares en la costa del Pacífico, así como con cooperación en inteligencia estatal y el restablecimiento de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional.
El escándalo de los últimos días y el secuestro de Jorge Glas, una de las víctimas más cruentas de la guerra judicial o lawfare en Ecuador, le ha permitido a Noboa señalar que gobierna con mano dura, que su dureza es capaz de atravesar incluso una sede diplomática, discurso que, amplificado por las corporaciones mediáticas, se enmarca en su campaña por la consulta popular convocada al inicio de su mandato, con preguntas que apuntan al mejoramiento de la seguridad nacional (principal preocupación ciudadana), el retorno a mecanismos de explotación laboral y el regreso del Ecuador al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) como parte de sus compromisos con el sector transnacional empresarial del que es parte. Consulta que necesita ganar para legitimarse en el momento más inestable de la política ecuatoriana, con miras a su relección presidencial, cuya campaña empezará en el último trimestre de este año.
Ecuador es hoy por hoy el país más inseguro y violento del continente, con un acelerado avance del crimen organizado; el segundo con mayor número de muertos en la Selva del Darién, producto de una ola migratoria sin precedente, y con un empobrecimiento social que complejiza la vida de la población ecuatoriana y la somete a estados de desesperanza. Un país que, además de su trágica realidad, ahora se encuentra expectante de sanciones internacionales como resultado de un presidente empresario que demuestra su ineptitud e inexperiencia para estar al frente de Ecuador, un presidente que se aparta del sentir y de la dignidad de un pueblo que lo observa desde la penumbra de la incertidumbre. (Gabriela Rivadeneira, La Jornada, Política, p. 6)