El presidente Andrés Manuel López Obrador ubicó a las agencias del gobierno de Estados Unidos, en particular a la antidrogas (DEA), como las responsables de la campaña en su contra que pretende vincularlo al crimen organizado bajo el concepto de narcopresidente.
Sin embargo, celebró que esa estrategia no ha funcionado, pues su gobierno mantiene altos niveles de aprobación entre los ciudadanos. Me da muchísimo gusto; me llena de orgullo que no les funcionó, enfatizó durante su conferencia de ayer en Palacio Nacional.
Para tirar aceite (expresión que usa para referirse a presumir), el mandatario presentó dos encuestas recientes publicadas en sendos medios de comunicación. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.6)
El Instituto Nacional Electoral (INE) devolvió a la Tesorería de la Federación 356.1 millones de recursos no ejercidos de su presupuesto 2023; en ese reintegro se incluyen 96.9 millones del financiamiento a los siete partidos políticos nacionales.
El informe presentado este jueves en la junta general ejecutiva del órgano indica que el año pasado tuvo una bolsa de 13 mil 987 millones de pesos, más los 6 mil 233 millones correspondientes a prerrogativas de los partidos.
Durante 2023, el INE ejerció 98.3 por ciento de los recursos que solicitó, por lo que el responsable del Organo Interno de Control, Luis Oswaldo Peralta, los instó a reforzar estrategias para lograr presupuesto base cero (exacto, sin devoluciones de recursos no gastados) (Lilian Hernández, La Jornada, Política, p.5)
Por emitir expresiones de carácter electoral en la mañanera del primero de febrero pasado, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, y usó indebidamente recursos públicos.
Los magistrados concluyeron que los comentarios del mandatario se apartan de la comunicación institucional y subrayaron que debido a su posición tiene límites en la libertad de expresión, distintas a las personas que no son servidoras públicas, más frente a la contienda en curso.
Lo anterior, al mencionar en el marco de la presentación de una serie de iniciativas que se requería de una mayoría calificada en las cámaras de diputaciones y senadurías; que se acercaban las elecciones, lo que implicaba votar por el partido o partidos, la coalición o alianzas, por la candidata o candidato y también por el proyecto. Asimismo, hizo referencia, a manera de pregunta, sobre la continuidad del movimiento de transformación o de la política contraria a éste, se indica en el proyecto aprobado. (Fabiola Martínez y Lilian Hernández, La Jornada, Política, p.5)
En la Ciudad de México hay 26 por ciento más víctimas del delito durante los 39 últimos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum y su sucesor Martí Batres, que en el lapso similar de la gestión de Miguel Ángel Macera y su sucesor José Ramón Amieva.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de marzo de 2018, gobierno de Mancera-Amieva, hubo en la capital 49 mil 119 víctimas.
Mientras que, entre el 1 de enero de 2021 al 30 de marzo de 2024, hubo 61 mil 981 víctimas, una diferencia al alza de 12 mil 862 víctimas en la llamada cuarta transformación, con relación al gobierno de Mancera. (David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, p.42)
El gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados la cuenta pública 2023, donde se resalta que el gasto en subsidios ascendió a 830 mil 899 millones de pesos, de los cuales, 77 por ciento se destinó a dos rubros prioritarios: bienestar y educación, lo que acreditó el carácter social del gasto el año pasado.
El documento, que se envió a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Presupuesto, explica que los ingresos ascendieron a 7.03 billones, esto es, 1.2 por ciento debajo de la meta, principalmente por menores recursos petroleros.
La cuenta pública –que deberá ser revisada por la ASF– indica que la erogación en subsidios de naturaleza corriente ascendió a 830 mil 899.3 millones, monto inferior en 2.6 por ciento respecto al presupuesto aprobado por la Cámara, pero superior en 16.9 en términos reales en relación con 2022. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.9)
A dos días de la promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto mediante el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 727 personas que laboran en los sectores público y privado, promovieron el primer amparo colectivo contra la determinación.
La pensión tiene como propósito procurar el pago de un complemento a trabajadores en retiro. Con el monto adicional podrán recibir poco más de 16 mil pesos al mes.
La demanda la presentó la firma Trusan & Roma Abogados ante un juzgado en materia del trabajo de la Ciudad de México, el cual en los próximos días determinará si acepta a trámite el amparo y concede la suspensión a los quejosos que obligaría al gobierno federal a frenar por el momento dicha norma. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.11)
El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó nuevamente la actitud del Poder Judicial en la liberación de Abraham Oseguera, Don Rodo, hermano del narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho, porque “no es posible que detienen a una persona y, como tiene influencia, no tarda dos días en la cárcel, dos días. De inmediato y en la madrugada, (hay) órdenes de que se libere, ‘y si no lo liberas te inicio un proceso’”.
En su conferencia, señaló que en paralelo una persona famosa daba en las redes sociales ya por liberado a Don Rodo, cuando él dejó la prisión 24 horas después porque aun cuando el juez fijó un plazo muy estrecho, se determinó pagar la multa de 25 mil pesos para verificar si el detenido no era buscado por el gobierno de Estados Unidos.
Se libera 24 horas después, pero esta persona ya está dando como un hecho y ya está señalando que ahí está la prueba de que estamos vinculados con el narcotráfico. No está hablando de que lo liberó un juez que pertenece al Poder Judicial, sino que lo liberamos nosotros. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.12)
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está en el proceso de recabar información ante la denuncia anónima que originó una investigación contra el ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar y otros funcionarios, revelaron fuentes judiciales.
Incluso señalaron que jueces en funciones, acusados de haber cedido ante presiones para dictar fallos a modo o retrasar sus resoluciones en casos de impacto, así como otros servidores públicos, aún no han sido notificados sobre las indagatorias o llamados a comparecer.
Herbert Torres Coello, titular de la mencionada unidad de investigación, es el encargado de llevar las pesquisas y girar los citatorios para comenzar con el deslinde de responsabilidades. (Juan Pablo Reyes, La Jornada, Política, p.15)
La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informó a un juzgado federal su disposición de cumplir, de ser el caso, el amparo que ordenó realizar inspecciones periciales en el Campo Militar (CM) número 1 por la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaron que prevén impugnar ante un tribunal colegiado la decisión del secretario en funciones de juez decimotercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Waldo Plata García.
Para la Sedena, la posible divulgación de información relativa a instalaciones militares configura una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que se estarían comprometiendo los intereses de la sociedad, así como los derechos de los gobernados. (Juan Pablo Reyes, La Jornada, Política, p.12)
La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó en Tamaulipas 42 vehículos con blindaje artesanal (monstruos) decomisados a los grupos delictivos que operan en la entidad, como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.
La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la delegación de la FGR en Reynosa, y está relacionada con 39 expedientes.
En el desarrollo de las diligencias se contó con la presencia del Ministerio Público Federal, quien coordinó el acto de identificación y realizó las diligencias, así como de autoridades estatales y municipales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las guardias Nacional y Estatal. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.12)
En su sesión del próximo miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará establecer en las leyes límites máximos para indemnizar a las familias de víctimas de feminicidio.
La ministra Margarita Ríos Farjat propondrá a sus colegas de la primera sala amparar al padre y la madre de una mujer asesinada y concluir que fijar montos indemnizatorios al margen del caso y de su realidad, de manera previa y arbitraria, sí viola el derecho a una reparación integral del daño, porque no permite a las personas juzgadoras emitir una decisión sobre la cuantificación de la reparación del daño de manera justa, equitativa, con base en criterios de razonabilidad y que atienda a las particularidades del caso específico que conocieron.
El 8 de septiembre de 2017, en San Andrés Cholula, Puebla, la víctima solicitó mediante una plataforma digital un servicio de transporte para que la llevara a su domicilio en la ciudad de Puebla, por lo que alrededor de las cinco horas abordó un vehículo que era operado por el feminicida. (Juan Pablo Reyes, La Jornada, Política, p.13)