Elena Reina
A las puertas de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula (Chiapas) hay una niña de ocho años cubierta por minúsculas gotas de sudor frío, que escupe espuma blanca con los ojos cerrados. Que ha perdido la conciencia. Detrás de las rejas, una pareja de funcionarios de seguridad observan la escena impávidos. Parece que no es la primera vez que viven algo similar.
Custodian uno de los centros migratorios más grandes de Latinoamérica, en una de las fronteras más transitadas del mundo. Lo que no habían visto nunca, cuentan, es a cientos de africanos sobreviviendo tras esa valla, sin comida, ni agua, con un sol plomizo y una humedad asfixiante. Niños desnutridos, con fiebre y con diarrea, madres desesperadas. La de Dani, una niña angoleña, se desgañita en portugués para que les dejen pasar, que su hija se va a morir. Nadie se inmuta. Nadie llama a una ambulancia. Su madre la tapa con una manta rosa. Son las 2 de la madrugada.
La frontera sur de México es estos dias una olla a presión. Un cruce fácilmente penetrable: por unos cuantos pesos, se puede atravesar ilegalmente un río entre Guatemala y el norte, que permite pisar en pocas horas suelo mexicano y esquivar la aduana. Salir del México pobre, Chiapas, y avanzar, siempre ha sido complicado. Pero estos días se ha convertido en una tarea titánica. Excepto para quienes se arriesgan a hacerlo en una caravana, sobre todo centroamericanos indocumentados, los que han decidido optar por la vía legal miles de cubanos, africanos y haitianos han chocado con un muro antes de lo previsto. Un bloque burocrático.
El Gobierno de López Obrador decidió a mediados de marzo suspender cualquier trámite migratorio en el municipio fronterizo de Tapachula. Y todos ellos se encuentran desde hace un mes varados en esta localidad, sobreviviendo en sus calles, parques y pensiones. Agotando el poco dinero que traían y sin garantías de que vayan a salir algún día de ahí. A menos que sea en un avión de la policía federal, deportados.
Tapachula, la principal ciudad fronteriza del sur, soporta desde hace más de 30 días un colapso migratorio sin precedentes. Históricamente ha sido el paso habitual de cualquier migrante en su ruta hacia Estados Unidos, casi siempre de forma ilegal. Pero desde que en enero el Gobierno de López Obrador diera una imagen humanitaria al mundo ofreciendo visas a unos 12.500 migrantes centroamericanos con permiso de trabajo y residencia por un año, muchos, incluidos africanos, cubanos y haitianos, decidieron hacerlo por la vía legal: con permisos de salida que les permitían transitar durante 20 días por el país. México abría sus puertas y la noticia llegó hasta Camerún.
Dos semanas después de conceder las visas, el mismo Gobierno endureció la frontera. Y el 15 de marzo el Instituto Nacional de Migración cerró temporalmente sus oficinas en Tapachula, después de que un grupo de cubanos irrumpiera en sus instalaciones de manera violenta. El muro de Donald Trump está empezando en el Suchiate [el río que separa México de Guatemala], sentencia Luis García Villagrán, director de una ONG de Tapachula.
El jefe nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, explica que esa oficina se había convertido en un nodo de tráfico de personas. Hay una colección de pseudoabogado detrás de estas peticiones, lo tenemos que regular. En 60 días estaremos listos, cuenta. Con los africanos, el procedimiento es diferente. No tenemos un reconocimiento de sus países formalmente, quedan como apátridas. No se les permite transitar por México, deben solicitar refugio y esperar a que se apruebe en Chiapas, advierte.
Pero eso la madre de Dani no lo sabe. A ella le habían dicho que si conseguía un papel en México podría continuar su viaje al norte. Y grita frente a la valla. Un funcionario se acerca y le informa de que tienen que llevarse a su hija al hospital. Ella endurece el rostro: No, no. Perdemos el tumo ahí dentro, añade. Fuera de las vallas de la estación, se han acumulado en condiciones similares alrededor de 800 migrantes de Congo, Camerún, Burkina Faso, Guinea, Eritrea, también de Pakistán, Afganistán, Siria y Nepal.
A unos kilómetros de esas rejas, en el centro del municipio, se observa una escena muy distinta. Hay gomina, reguetón y cerveza. ¡Oye, papi Miles de cubanos, al menos 3.450, de los que se tienen registros pasean repeinados por las aceras. Los vecinos cuentan que jamás habían visto algo así. Esto es como un Miami chiquito, señala un comerciante, Élmer Aquiahualt Herrera. Desde su negocio de serigrafía, apunta: Traen otra actitud y dinero, los hoteles están al 100% de su capacidad. Las tapachultecas amenazan a sus maridos con agarrarse a un cubano y en algunas tiendas de ropa solicitan una modelo cubana. Llenan las cafeterías, discuten en las terrazas y reservan mesas en discotecas.
Las ONG estiman que cada día llegan alrededor de 200 y 300 personas más. Los empresarios presionan al Gobierno para que reaccione. La xenofobia crece en una ciudad fundada por migrantes, alimentada por la falsa creencia de que ha aumentado la criminalidad desde que se iniciaron las caravanas de octubre. Las cifras oficiales señalan que no es así. Según el Secretariado Ejecutivo, en Tapachula se cometieron menos robos con violencia a casa o a transeúntes (128 desde octubre de 2018 a febrero de 2019) que antes del fenómeno migratorio (187 casos, desde octubre de 2017 a febrero de 2018). Y los homicidios se mantienen en una cifra similar 32 desde las caravanas y en el mismo periodo del año anterior, 33.
Los últimos días llegó una nueva caravana desde el río Suchiate, formada por unos 1.000 hondureños y salvadoreños, al centro de la ciudad. Un grupo de cubanos observa como turistas a los recién llegados desde la mesa de una terraza llena de Coronas vacías. La tragedia y la diversión conviven de manera esquizofrénica en Tapachula. La ciudad se esfuerza por continuar con su vida normal: un centenar de vecinos desfilan en una procesión de Semana Santa. Pero la capital de la frontera sur es un hervidero a punto de estallar. Y en la estación migratoria Siglo XXI, los africanos siguen gritando.