Xóchitl Gálvez la cruzazuleó
Nos cuentan que quien de plano dejó pasar un pase a gol en el último debate presidencial fue la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Cuando los moderadores le pusieron el pase para que ella llegara y rematara, le dejó ir. Cuando se le preguntó a doña Xóchitl por la política migratoria, ella recordó la tragedia de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos en un incendio, pero nunca mencionó la impunidad en que el actual gobierno mantiene al titular de la Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien no sólo no está en la cárcel, sino que ni siquiera fue destituido. La tuvo, era suya, y la dejó ir. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
El tercer debate presidencial el domingo abordó un trío de temas que exhiben algunos de los principales flancos de vulnerabilidad del mandatario mexicano y de la calamitosa gestión de política pública lopezobradorista. Dos de ellos –la política exterior y la política migratoria– ciertamente no pesan en la contienda e importan menos aún al electorado, aunque debieran.
Con un contexto geopolítico de enorme volatilidad que no nos pasará de largo y que tampoco nos eximirá de sus secuelas, y con la amenaza que encarna un potencial retorno de Trump, lo que nos jugamos en estos temas es de enorme trascendencia. Junto con el otro de ellos, la seguridad pública, los tres están además inextricablemente entreverados con nuestra relación diplomática más importante en el mundo.
Y la semana pasada tuvimos muestras palpables de lo que está en juego con Estados Unidos y este nudo gordiano de tanta relevancia y, a la par, de flaqueza y fracaso presidencial.
La primera fue la publicación de los datos de detenciones migratorias en la frontera con México correspondientes a abril, las cuales cayeron más de 6%. Estados Unidos lo atribuye en gran medida a las acciones que el gobierno mexicano ha tomado para detener flujos migratorios.
A este dato relevante siguió un artículo del New York Times sobre las acciones de control migratorio mexicanas, en el cual el periódico subrayaba que a pesar del discurso de López Obrador que pregona una política migratoria “humanista”, lo que México ha instrumentado es una política de control y de virtual “cajuelazo” para repatriar a incontables migrantes.
Y la tercera es el rosario continuo de declaraciones de funcionarios estadounidenses en el Congreso (ahora fue la administradora de la DEA, pero en semanas previas el desfile incluyó al procurador general y a los directores de Inteligencia Nacional, la CIA y el FBI) subrayando que la cooperación mexicana en la lucha contra el crimen organizado es insuficiente.
Más allá de las profundas carencias sustantivas en estos rubros de gestión pública, lo que lo anterior pone en evidencia es la total falta de apetito estratégico de López Obrador en la relación con Estados Unidos y su inopia al no buscar obtener un quid pro quo –claro está, más allá de usar la colaboración migratoria como palanqueo para que Washington “no se entrometa” en los “asuntos internos” mexicanos– y desaprovechar esta situación para cerrar asimetrías en la relación con nuestro socio y vecino, elevar el perfil de temas relevantes para México y presionar a Biden para que dedique verdadera agencia y banda-ancha estratégicas y con visión de futuro a la agenda y relación bilaterales, en lugar del cortoplacismo y el carácter transaccional que lastimosamente caracterizan hoy el diseño y ejecución de la agenda por parte de ambas capitales.
Me explico. No cabe duda que el paradigma de responsabilidad compartida, premisa central de la relación con Estados Unidos, es de ida y vuelta. México debe actuar en consecuencia para que ese paradigma, que inyecta más simetría a una relación de poder asimétrica, opere.
Y qué duda cabe que si en este momento la cooperación migratoria ayuda a Biden en la búsqueda de su reelección, qué mejor. Pero nunca antes en la relación bilateral una carta tan potente en manos de la diplomacia mexicana había sido tan desaprovechada.
La imperiosa necesidad de Biden de contar con colaboración mexicana para reducir flujos históricos de migrantes y que tanto ha coartado el apetito en Washington por presionar al gobierno mexicano en toda una serie de frentes bilaterales (quizá con excepción del fentanilo) y de política interna mexicana podría haber sido aprovechada para exigir a Estados Unidos acciones en una serie de frentes sensibles para México, como son el trasiego de armas; la regularización y protección de los jóvenes que llegaron al país como indocumentados, conocidos como dreamers (81% –o 468 mil– de ellos mexicanos); la modernización a fondo de la infraestructura fronteriza; un programa de movilidad laboral circular; o garantizar en Washington que Canadá y México seamos parte integral del recalibraje comercial y tecnológico en curso con China.
Y ya si la imaginación del Presidente no da siquiera para nada de esto, por lo menos entonces habría que haber obtenido dinero a cambio de colaboración migratoria –como lo hizo en 2016 el presidente turco con la Unión Europea (al son de 6 mil millones de euros) en plena crisis de refugiados sirios– para mejorar las capacidades de control fronterizo mexicano en el sur, dotar de recursos y personal al INM y la Comar, eviscerados por López Obrador al arranque de su gobierno, y erradicar, o por lo menos disminuir, la deplorable y vergonzosa rapiña y depredación de las que son objeto migrantes. Pero nos hemos quedado, como nación, con un palmo de narices y con las virutas de lo que podría haber sido. ¡Qué habríamos dado algunos por estar en la posición de capitalizar esta oportunidad y coyuntura únicas y quizá irrepetibles para los intereses nacionales de México. (Arturo Sarukhan, El Financiero, Mundo, p. 27)
En medio de las previsiones y las realidades económicas de Estados Unidos, la migración se ha convertido en un factor que desafía las expectativas y redefine el panorama económico del país. En los últimos dos años, mientras muchos pronosticaban una recesión, la economía estadounidense ha sorprendido al mundo al registrar un crecimiento que parecía poco probable.
Sin embargo, aunque esto no ha ocurrido en un vacío, sino que ha sido impulsado en parte por el auge de la migración –como señaló el presidente de la Reserva Federal– este impulso podría enfrentarse a medidas más estrictas, como las anunciadas por la Corte Suprema respecto a la ley de Texas que busca restringir aún más la migración ilegal.
En el Congreso, el tema de la migración vuelve a ocupar un lugar central, especialmente en medio de debates sobre el cierre parcial del Gobierno, donde los republicanos abogan por reforzar la protección fronteriza, mientras que los demócratas buscan vías más rápidas hacia la ciudadanía para muchos migrantes.
Pero más allá de las disputas políticas, el impacto económico de la migración es un tema que merece mayor atención, pues usualmente se deja en segundo plano. Con un número récord de migrantes llegando al país, las implicaciones económicas son significativas; ya que si bien es cierto que el aumento de la migración plantea desafíos, también es innegable que ofrece oportunidades sustanciales.
Las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso son reveladoras. Se espera que el aumento de la población debido a la migración contribuya con un crecimiento de 7 billones de dólares al PIB en la próxima década. Además, este crecimiento se traducirá en un aumento significativo de los ingresos fiscales, beneficiando al gobierno federal.
No obstante, es importante reconocer que la migración también ejerce presión sobre los recursos estatales y locales, especialmente en áreas como la educación pública; pues aunque este sector contribuye a través de impuestos y deducciones, el costo de algunos servicios puede afectar a gobiernos locales.
En términos de mercado laboral, la migración está demostrando ser una respuesta a la escasez de mano de obra en sectores clave. Toda vez que con millones de vacantes sin cubrir, los migrantes están desempeñando un papel crucial en mantener la economía estable.
En ese sentido y a pesar de las preocupaciones, los datos económicos respaldan la idea de que la migración puede ser una fuerza positiva para la economía de Estados Unidos. Más que una carga, representa una oportunidad para impulsar el crecimiento, llenar vacantes laborales y contribuir al desarrollo a largo plazo.
En este contexto, diseñar estrategias que den cauce a este fenómeno como ampliar las vías de acceso al empleo legal podría ser un mecanismo sensato desde una perspectiva económica, según especialistas. Me parece que en lugar de ver la migración como un problema, en tiempos de crisis se puede reconocer su potencial como un activo para la prosperidad económica y el crecimiento sostenible. (Francisco X. Diez Marina, 24 Horas, Negocios, p. 14)
Luis Abinader ganó fácilmente la reelección en unos comicios que, según especialistas, consolidaron el sitio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como dominante en el panorama político de la República Dominicana.
Su programa es una mezcla de acción económica, al grado que ya se habla del país como un equivalente caribeño de los tigres asiáticos, y labor anticorrupción, así como el uso de sentimientos ultranacionalistas contra la migración haitiana, programas asistenciales y lo que la eminente socióloga dominicana Rosario Espinal, calificó como “empleomanía pública”.
Era un triunfo esperado: casi 58% de los votantes optó por Abinader y el PRM, y tal ventaja hizo innecesaria una segunda vuelta.
El gobierno de Abinader ha sido exitoso en la economía, y se espera que prosiga un programa de infraestructura, y una política de dureza ante la inmigración creada por la creciente crisis humanitaria en el vecino Haití, donde las pandillas controlan aproximadamente 80% de la capital y un gobierno de transición lucha por imponer su autoridad.
La migración haitiana no es un problema nuevo. En su fase más reciente, Abinader aprobó la deportación de 175 mil haitianos en 2023 y también comenzó a construir un muro que eventualmente espera cubrirá los 400 kilómetros de frontera común. De hecho, se trata de la culminación de una política que empezó la década pasada, con una legislación que niega la nacionalidad dominicana a los hijos nacidos de padres indocumentados –léase haitianos– retroactivamente desde 1929.
La medida tiene en parte una explicación histórica. La memoria dominicana mantiene vivo el recuerdo de los 20 años que su país vivió bajo un opresivo régimen haitiano hace dos siglos y los continuos problemas que los dominicanos atribuyen a la migración desde aquel país, poblado casi exclusivamente por descendientes de esclavos africanos.
Por lo pronto, todo indica que a menos que ocurra algo excepcionalmente grave el PRM dominará tranquilamente una década más. Así ha pasado históricamente, desde la desaparición del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó el país, directa o indirectamente, de 1930 a 1961, cuando fue asesinado.
Uno de sus colaboradores, Joaquín Balaguer, ocupó la Presidencia siete veces (seis como Presidente constitucional) en lo que fue efectivamente un largo periodo transicional, entre 1961 y 1996.
En 2004, el Partido de Liberación Dominicana (PLD), a través de su candidato y luego presidente Leonel Fernández, se erigió como el partido dominante hasta 2020, cuando Abinader y el PRM iniciaron su actual dominio.
Más allá, República Dominicana es parte de la Alianza por el Desarrollo en Democracia, con Panamá y Costa Rica, que aspiran a promoverse como destino para inversiones externas a través del nearshoring, o sea la reubicación de plantas industriales de Asia a países cercanos a Estados Unidos. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)
Hace apenas un par de semanas se le presentaron los últimos datos y trabajos a la candidata de la oposición Xóchilt Gálvez de lo que sería su plan nacional de seguridad pública, de hecho, se tuvo listo y preparado para usarse, en caso de ser requerido, en el tercer debate presidencial, dicen que por fortuna no se necesitó, pero era el as bajo la manga. Lo que nos dicen es que retoman muchas de las ideas de combate al crimen organizado que fueron probadas con éxito en otros países y hay dos cosas nuevas muy interesantes, el ataque a las líneas y esquemas financieros y el rompimiento de la cadena logística de abasto. Ojo, el tema de la migración y la extorsión a migrantes ya se tiene en la mira también. Dicen que será uno de los últimos temas a tratar. (Red Compartida, La Prensa, Opinión, p. 2)
Mientras en México estamos a tan sólo 10 días de las elecciones para definir la Presidencia de la República, en Estados Unidos definirán quién será su próximo presidente el próximo mes de noviembre.
Hace unos días entrevistamos a Juan Ramón de la Fuente, encargado del Plan de Gobierno de la candidata Claudia Sheinbaum, y nos decía que, si ganan las elecciones presidenciales, ya se está trabajando en dos proyectos, en dos escenarios distintos, dependiendo quién quede en la presidencia de los Estados Unidos, si Donald Trump o Joe Biden, porque eso define el tipo de relación que tendrá México con EU.
Y es que parte central de la campaña presidencial en EU, ambos candidatos manejan un discurso duro contra México, desde el tema de los migrantes hasta el comercial. La relación bilateral no será fácil. EU es el principal socio comercial de México y nuestros país ha violado sistemáticamente el T- MEC, que es el tratado comercial más importante de la región.
Quien resulte el nuevo mandatario electo o electa deberá enfrentar como uno de sus primeros retos restablecer la relación con EU, de quien ya somos el mayor exportador.
Por ejemplo, con la inversión China que llega a México, mucho del acero proveniente de Asia se reetiqueta para que aparezca como si fuera de fabricación mexicana y pague menos impuestos al ser exportado a EU. Se exporta más acero de México a nuestro vecino país del norte que el que producimos. Al mismo tiempo que EU culpa a los cárteles mexicanos de ser los responsables de la inundación de fentanilo a su país, que causa miles de muertes.
En caso de que Joe Biden quede al frente de EU se cree que se daría continuidad a la relación bilateral, que incluye su política migratoria en la frontera que comparte con México, así como los tratados comerciales del T-MEC, revisando cada uno de los temas que están generando conflicto. Y es que a Biden le genera conflicto la relación de México con las economías asiáticas y con Rusia, de quienes siente pueden desequilibrar la frontera, sobre todo en temas de espionaje y seguridad.
En el otro escenario está la victoria de Donald Trump, quien mantiene un discurso de odio, como los ataques constantes contra migrantes, sus amenazas de cerrar la frontera con México e iniciar una guerra contra los cárteles de la droga, en caso de ganar. Incluso, ha dicho que, en caso de ganar la Presidencia de su país, ellos mismos se encargarían de acabar con los cárteles mexicanos, lo cual también es un problema por temas de soberanía nacional.
Hasta el momento, el Presidente López Obrador ha minimizado las declaraciones de Trump, asegurando que “no hay problema con el expresidente, pues en su mandato sólo hubo unas diferencias en el manejo de la frontera por pretender establecer aranceles a mercancías mexicanas, pero que al final se llegó a un acuerdo”.
Actualmente, Trump está en el cierre de su juicio penal en la corte federal de Manhattan;hasta el 23 de abril había prometido subir al estrado para defender su inocencia, pero su defensa le aconsejó postergar su declaración lo más posible para que lo que se exponga en el juicio no afecte la popularidad en las encuestas que lo tienen como favorito para ser el próximo presidente de EU. El expresidente está acusado de 34 delitos de falsificación de documentos comerciales y su proceso se centra en las acusaciones de que mintió en los registros para encubrir un escándalo sexual relacionado con la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Que el dinero utilizado para sobornar a la actriz provenía de su campaña política de 2016.
En medio del escándalo, Trump se ha quejado de que lleva días escuchando argumentos que califica falsos y que le impiden llevar a cabo su campaña presidencial rumbo a las elecciones de noviembre. Ahora, estableció que se está jugando prácticamente la vida.
Si llegara a ganar la Presidencia de EU, las leyes dicen que puede postergar su pena mientras es presidente y hay que recordar que el mandatario tiene la facultad de dar amnistía a cualquier persona que decida. Podría, incluso, amnistiarse a sí mismo y se acabaría el juicio. Aunque hay una controversia en este tema porque se dice que, si es declarado culpable, el juez del caso, Juan Merchan, podría imponerle penas que van de la libertad condicional a cuatro años de prisión. Si es condenado, pero es elegido presidente de nuevo, no podría indultarse a sí mismo, porque la acusación fue presentada por el estado de Nueva York. Pero la pena queda en pausa mientras él sea presidente, y está a discusión si se puede indultar a sí mismo. Pero en caso de ganar la Presidencia, esas penas se tendrían que cumplir hasta que termine su mandato.
Recordemos que, en México, el Presidente López Obrador logró pasar una ley bastante similar en la cual, él puede darle amnistía a quien quiera, sin importar en qué fase del proceso judicial se encuentre el juicio.
En EU, Trump puede regresar por su partido, el Republicano, por cuatro años más a la Casa Blanca y, de acuerdo con la Constitución de ese país, puede postularse a la Presidencia, pese al juicio penal en su contra que ha marcado un precedente. Esto se debe a que la ley establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en EU al menos 14 años. No hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales, aunque algunos estados prohíben a delincuentes contender a cargos estatales y locales, estas leyes no aplican a cargos federales.
Lo único que Trump no podrá hacer es votar, pues está registrado en Florida y, en caso de ser condenado por un delito grave, sería privado del derecho al voto allí.
Si Trump pierde la elección y el juicio y debe cumplir una condena en la cárcel, sería un caso inédito, pero además, hay que recordar que, de acuerdo con la ley federal de EU, los agentes del Servicio Secreto deben proteger a los expresidentes y para ello, utilizan tecnología, inteligencia y tácticas de última generación. Imagínense al servicio secreto cuidando a Trump en la cárcel.
Mientras tanto, en la lucha por la presidencia de EU, ambos candidatos están endureciendo su postura contra México, eso les da votos y lo único que podemos esperar en estos próximos meses, sea quien sea el ganador en nuestro vecino país del norte, es un discurso de confrontación con México, desde los temas de migración y comerciales hasta los de seguridad. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 13)
En México creemos con frecuencia que somos únicos, que nuestra singularidad nos distingue. Basta levantar la mirada para constatar que lo que aquí sucede tiene amplias conexiones con el mundo.
Donald Trump es un ex presidente con gran popularidad. A pesar de los juicios, sus mentiras probadas, su admiración por líderes autoritarios, su machismo, su discurso polarizante y discriminatorio, y hasta un intento fallido de golpe de Estado, sigue liderando las encuestas para la próxima elección presidencial. “Yo soy su voz, su guerrero, su justicia” ha dicho a sus seguidores durante la campaña. Para muchos, Trump representa un cambio radical frente a la oferta de las élites políticas tradicionales.
¿Qué esperar de un segundo mandato presidencial de Trump? Las respuestas están desde hace tiempo en su página de internet. Pero sus intenciones van mucho más allá. Busca acumular poder para que su visión se convierta, sin obstáculos, en realidad. Y hay una estrategia cuidadosamente diseñada para lograr este propósito. Aquí algunos elementos.
Primero, un gabinete leal que despliegue su agenda sin reparos legales o políticos. Un gabinete que diga que sí. Junto con lo anterior, el despido de cientos de servidores públicos de carrera, de todos los niveles, para reemplazarlos por personas designadas políticamente que se plieguen a su voluntad. Además, eliminar cualquier fuente de autonomía en el poder ejecutivo, afectando las facultades de las agencias reguladoras independientes como la EPA, la FCC, la FTC e incluso la Reserva Federal. Al respecto ha dicho: “Ya no se permitirá que los miembros no electos del pantano de Washington actúen como la cuarta rama de nuestra República”.
Esto tendrá consecuencias inmediatas en las políticas públicas. El ejemplo más extremo será la política migratoria donde se esperan deportaciones masivas, campos de detención y militarización de la frontera, todo sin huella del debido proceso. Pero será solo el principio. Trump también quiere acabar con la autonomía que tradicionalmente ha gozado el Departamento de Justicia y convertirlo en un instrumento para perseguir a sus rivales.
Detrás de todas estas acciones, está la doctrina que considera que el presidente encarna la voluntad popular, y por ello debe controlar y dirigir todas las funciones ejecutivas (unitary executive theory). Esta doctrina se probará en la Suprema Corte donde es probable que existan suficientes votos de los Justices conservadores para apoyarla.
Esto no es imaginación. Una serie especial del podcast The Daily del New York Times y el libro The Divider de los periodistas Baker y Glasser lo documentan ampliamente. El futuro de la democracia americana, cuyos pilares son las elecciones y los pesos y contrapesos institucionales, está en manos de los electores. Lo mismo sucede en México. Ambas enfrentan el desafío populista. Saque usted, amable lector, sus conclusiones para el próximo 2 de junio. (Sergio López Ayllón, Milenio, Política, p. 9)
Desde Canadá nos responde Eduardo León Trauwitz, el que fuera responsable de la seguridad de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que hoy es perseguido por, dice él, hacer su trabajo e ir contra los intereses del gobierno actual, se asume exiliado político y está a la espera de que haya una sentencia a su favor para regresar a México, y eso si regresa.
La promesa de AMLO, como tantas otras, es que el militar, miembro del estado mayor presidencial, será extraditado de Canadá a México por el delito de robo de combustible y crimen organizado, desde allá el general es paciente y entiende la narrativa presidencial, no en balde estuvo al lado de un político tantos años, y no se va a dejar, no hay razón para ello.
Los que hoy me acusan son trabajadores de Pemex que son cómplices de los huachicoleros, empleados que en su momento se negaron a romper las válvulas que el crimen organizado usaba para robar combustible en los ductos, ellos sabían perfecto quienes eran los bandidos, nos dice desde su refugio en Canadá.
Me acusa el presidente López Obrador porque quiere culpar a alguien del desabasto de combustibles del 2019 y de la compra de combustible que se quedó en los barcos y se tuvo que pagar.
La realidad es que su intento de controlar el mercado negro de combustible fue ridículo, ellos no cerraba los ductos cuando se encontraba una toma clandestina, dejaban que el producto siguiera corriendo como si nada; en el gobierno de Peña Nieto, en cuanto se detectaba la toma clandestina se cerraban, en la administración de Emilio Lozoya la orden era cerrar y luego averiguar; con este gobierno no, por eso el accidente de Tlahuelilpan y sus 137 muertos el 20 de enero de 2020: Pemex nunca cerró el ducto y mantuvo la presión, dejó que la gente se quedara con la toma clandestina descontrolada, por eso fue el accidente y los muertos, los responsables son ellos.
El diálogo con el general exiliado y perseguido judicialmente por la 4T se llena de detalles, hay muchos y variados desacuerdos en la manera en que se combate el robo de combustibles en estos años no tiene nada que ver con cómo se hacía antes, con armas, con vigilancia, con personal especializado, con inteligencia y sin acuerdos con el crimen organizado.
El general Trauwitz nos dice que mientras tuvieron vehículos, en la primera mitad del sexenio de EPN, hacían acto de presencia en cada toma denuncia y luego les quitaron las unidades por lo que el celaje disminuyó notablemente, pero entonces fue cuando encontraron una forma barata y rápida de frenar el robo que era romper cerrar y romper las válvulas y a eso se negaba el personal de Pemex que luego se averiguó era parte de la mafia y proveedores del mercado clandestino.
Por eso se negaban a romper las válvulas, porque el negocio se mantiene dentro de Pemex y por eso me acusan y persiguen
Buzos
1.-Resulta que Pemex está a punto de concluir el desarrollo de Tupilco y encontró zonas adicionales en las que podría haber volúmenes originales de hidrocarburos, es decir, que hay un potencial adicional al que se tenía contemplado en el área del jurásico. Es probable que haya nuevas reservas no contempladas, por lo que, van a realizar las pruebas necesarias e independientes al desarrollo que hay actualmente, con lo que superarían los más de 200 millones de barriles de petróleo que se habían contemplado en este yacimiento. Además de que nos cuentan que podría repetirse esta misma situación en Quesqui, otro de los campos estrella. (Luis Carriles, El Sol de México, Finanzas, p. 15)