La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue denunciada ante la propia dependencia por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial, al organizar la cena de diciembre del año pasado con magistrados electorales, a la que acudió el líder del PRI, Alejandro Moreno.
La denuncia fue presentada ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas el 20 de mayo, cinco días después que MILENIO revelara que el encuentro se realizó bajo el pretexto de limar asperezas, tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al igual que ocurrió con la investigación que involucra al ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, la denuncia contra Piña se hizo de manera anónima. (César Martínez, Milenio, Política, p.10)
Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado a diputados y senadores electos del tricolor a salvaguardar los valores democráticos de la República, así como a agotar su capacidad y fuerza representativa para defender las libertades, el equilibrio de poderes y la consolidación de los órganos autónomos.
En reunión en la sede nacional del partido, les convocó a defender la fortaleza del Poder Judicial y ser el cauce de la pluralidad política en nuestro país.
Acompañado por la secretaria general del CEN, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Rubén Moreira y Manuel Añorve, el dirigente nacional del PRI advirtió que las mayorías calificadas son peligrosísimas cuando hay un régimen autoritario. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.5)
Con el fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado, el Ejecutivo impulsa una reforma constitucional para reconocer a la Guardia Nacional como fuerza policial permanente integrada por personal “de origen militar con formación policial” y adscrita a la Secretaría de la Defensa.
Como parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados prevé además otorgar a la corporación facultades para investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
De acuerdo con la exposición de la propuesta, se busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, “desde luego no con funciones de ejército en estado de guerra, ni de excepción, sino precisamente regida por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las fuerzas armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley”. (Fernando Damián, Milenio, Política, p.8)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó revisar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que invalidó el Mecanismo de Seguimiento de las Campañas Electorales creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con ello le ordenó retirar su Primer Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia.
En estrados electrónicos de la Corte, se informó que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, interpuso una controversia constitucional contra la decisión del TEPJF por invadir “esferas competenciales” al emitir la sentencia el pasado 27 de marzo, bajo el expediente SUP-JE-52/2024.
“La parte demandada (el TEPJF) desconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actuó en estricto apego a sus facultades constitucionales, siendo inexacto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo disponga”, argumentó Piedra en el expediente de la controversia. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p.8)
La presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, adelantó que ese órgano del Congreso, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, determinará en breve las fechas para el inicio del parlamento abierto en torno a la reforma judicial, que se espera se vote en el Congreso durante la próxima legislatura, que comienza en septiembre.
Después de recibir su constancia de mayoría como senadora por Tlaxcala, lo que le permitirá estar seis años más en ese cargo, comentó que regresaba de inmediato a la Ciudad de México, ya que se le “instruyó” abrir desde la Comisión Permanente y junto con Gobernación esos espacios de diálogo, en los que van a participar colegios de abogados, escuelas de derecho, especialistas en materia constitucional, así como el pueblo de México.
Es el momento, recalcó, de que “todos podamos discutir, analizar, informar sobre lo que significa la reforma del Poder Judicial”, que va a ser “una de las más importantes del final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador” (Andrea Becerril y Georgina Saldierna, la Jornada, Política, p.4)
Aunque entre diciembre de 2018 y mayo de 2024 el índice de homicidios dolosos en el país se redujo 19 por ciento, datos de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, indican que en mayo se incrementó por segundo mes consecutivo en 2024, para ubicarse en 2 mil 657. Sin embargo, aseveró que 44.7 por ciento de estos delitos se concentran en seis entidades del país.
Durante la conferencia de prensa presidencial, Rodríguez mostró la evolución de este delito en una consistente tendencia a la baja, con ligeros repuntes, como ha ocurrido en estos dos meses. Igualmente en el comparativo del promedio de homicidios diarios, Rodríguez presentó un cuadro en el cual entre 2023 y 2024 repuntó uno por ciento al pasar de 81 a 82 asesinatos diarios en promedio, aunque en un comparativo respecto de 2022, bajó 9 por ciento, y econtraste con 2021, 16 por ciento.
La secretaria detalló el comportamiento de este delito en las seis entidades con mayor incidencia: en Guanajuato, en el último mes se cometieron 45 homicidios menos que en abril pasado; en Baja California, fueron 10 homicidios en ese periodo; en el estado de México, 13 homicidios más; en Chihuahua, 32 homicidios más; en Jalisco, se tuvieron ocho homicidios más también en Morelos fueron 46 homicidios menos en mayo respecto al mes anterior (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.4)
En México, 7.1 por ciento de los 30 millones de menores que habitan el país trabajan en labores peligrosas; hace una década la cifra era de 5.2 por ciento, por lo que el fenómeno va en aumento; concentrándose en las grandes ciudades, trabaja en condiciones precarias, consideró la profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Carmen Gabriela Ruiz Serrano.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2023, —que es la más reciente muestra sobre el trabajo infantil—, 13.1 por ciento de los menores de edad en el país labora, sin embargo, de ellos, 7.1 por ciento lo hacen en condiciones de peligro y precariedad; de este universo, 60 son hombres y 40, mujeres.
La ENTI señaló que al preguntar sobre los motivos por los que trabajan, la mayoría de los menores de edad que participan en el mercado laboral lo hace sólo por ayudar a sus padres (31.5 por ciento), pero también para pagar su escuela o sus gastos personales (22.7 por ciento), porque en su hogar necesitan el aporte ya que no tienen padres (18.4 por ciento), para aprender un oficio (15.2 por ciento) o para pagar deudas familiares (12.2 por ciento). (Claudia Arellano, La Razón, México, p.11)
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decretaron un “receso” de su jornada de lucha nacional y anunciaron el levantamiento del plantón que mantenían en el Zócalo capitalino desde el pasado 15 de mayo, por lo que cientos de maestros comenzaron a retirar lonas y tiendas de campaña para regresar a sus estados de origen.
En un mitin frente a Palacio Nacional informaron que tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador “alcanzamos acuerdos que pueden considerarse mínimos, pero para la lucha magisterial son históricos, porque desde 2007, cuando se aprobó la actual Ley del Issste, se habían cerrado todas las puertas para una modificación, y hoy logramos que el gobierno federal acepte una reducción paulatina de los años de servicio que deben cubrir los trabajadores del Estado para alcanzar su jubilación”.
En entrevista, Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, detalló que el acuerdo con el mandatario federal, con quien la CNTE se ha entrevistado en al menos una decena de ocasiones desde abril pasado, “es que en septiembre se presentará la iniciativa al Congreso en la que se van a considerar los años de servicio en una modalidad regresiva, es decir, conforme pase cada año irán reduciéndose los años de servicio para que los trabajadores
del Estado se puedan jubilar, hasta alcanzar 28 años para mujeres y 30 para los hombres” (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.11)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que se investiga el asesinato de seis personas, entre ellos dos menores, en una vecindad de León, Guanajuato, y advirtió que si hubo participación de elementos de la Guardia Nacional serán castigados conforme a la ley.
“Se está haciendo la investigación porque no es que entraron los de la Guardia Nacional y salen, hay más información de que después entran unos, y eso no lo dijeron al principio, lo guardaron”, declaró.
“Entonces vamos a terminar la investigación, se va a informar y si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia Nacional se va a castigar”, aseguró en la conferencia de prensa matutina. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.10)
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que dar a conocer directorio del sistema penitenciario “no vulnera la seguridad nacional”, ya que es “infundado el recurso de revisión en esa materia”, mismo que está previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dicho recurso fue promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución del 20 de septiembre de 2023, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Al resolver, a su vez, un recurso de revisión en el cual se instruyó al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar la información consistente en los nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos institucionales de su personal administrativo, es decir, aquel que no realiza funciones sustantivas. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.11)