Múltiples son los enemigos de quienes en condiciones precarias buscan migrar para salvar o mejorar sus vidas y las de sus familias. Ante la desesperación por encontrar un espacio que les permita conseguirlo, enfrentan el desafío de enfermedades, persecuciones, climas adversos, agotamiento y desde luego, el flagelo del crimen organizado. También el agua y el fuego han formado parte del historial trágico de oleadas de migrantes. El Mediterráneo se ha tragado a miles de quienes han buscado llegar a costas europeas, y el fuego fue, en el caso de migrantes de Centro y Sudamérica, el que devoró a cerca de 40 hombres hacinados en un centro de procesamiento de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023. Tal instalación era administrada por el Instituto Nacional de Migración y, hasta la fecha, presuntos responsables de la tragedia siguen impunes.
Un horror similar al acontecido en Ciudad Juárez acaba de registrarse en Kuwait, rico país árabe petrolero del Golfo Pérsico. Un cortocircuito en un dormitorio para trabajadores migrantes generó un incendio en el que perecieron más de 50 hombres, todos ellos provenientes de India, en especial del estado hindú de Kerala, punto de embarcación frecuente para llegar a los países del Golfo en los que aspiran a percibir salarios más dignos. Hay acusaciones de negligencia acerca de las medidas de seguridad a las que están obligados contratistas y dueños de la instalación y, por lo pronto, hay un par de individuos sujetos a investigación. Un millón de hindúes se hallan actualmente en Kuwait, representando 30% de la fuerza de trabajo de ese país.
Este penoso incidente ha puesto una vez más sobre la mesa las condiciones precarias en las que vive la población trabajadora migrante en las naciones del Golfo donde los empleadores han sido frecuentemente acusados de sobrexplotación, robos, contratos leoninos y discriminación racial. El investigador del Instituto Internacional de Migración y Desarrollo en Kerala declaró al medio Al Monitor, que: “Aun cuando algunos países del Golfo están intentando reformar ciertas leyes laborales, muchos siguen violándolas”. Ésa es la realidad común en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo, que en conjunto emplean a 30 millones de trabajadores migrantes.
El antecedente reciente más conocido acerca de condiciones laborales infrahumanas es el referente a Qatar, uno de esos seis países. Como sede del campeonato mundial de futbol de 2022 tuvo que emplear a cerca de dos millones de trabajadores provenientes de los estratos más empobrecidos de India, Bangladesh, Nepal, Kenia y Filipinas para construir estadios e infraestructura turística. Por más que las autoridades cataríes intentaron ocultar la realidad, abundaron las pruebas de decenas de miles de casos de abusos laborales, pésimas condiciones de trabajo y cifras abultadas de fallecidos, según lo reportaron en su momento diversas organizaciones de derechos humanos.
El instrumento al que se recurre en esos países para poder explotar de esa manera a la mano de obra foránea es todo un sistema denominado kafala, palabra que en árabe significa garantizar. Se trata del siguiente mecanismo: los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan un patrocinio de un empleador. Éste tiene la facultad de tratar a la persona como se le venga en gana y de poder cancelarle en cualquier momento el permiso de residencia dejando al trabajador en calidad de ilegal y con riesgo de deportación. Por otra parte, el trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso del empleador. De esa manera, queda atrapado en una telaraña de muy probables abusos, de los cuales le es imposible escapar.
Es cierto que las remesas que esos millones de trabajadores envían a sus familias en sus países de origen alivian sustancialmente las respectivas economías particulares y nacionales, pero también es cierto que las vidas perdidas y la explotación brutal a la que esa mano de obra está sometida merecen ser objeto de una mayor atención por parte de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, de la peculiar modalidad de la esclavitud del siglo XXI, que no difiere mucho del esclavismo de siglos previos en cuanto a su crueldad y su inmisericorde trato a poblaciones vulnerables. (Esther Shabot, Excélsior, Nacional, p. 11)
El 12 de junio, autoridades migratorias estadounidenses detuvieron en Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia, a ocho personas procedentes de Tayikistán, quienes según Washington pertenecen a una filial de ISIS (conocida como ISIS Khorasan, ISIS-K, o ISKP). Las ocho personas entraron a EU por la frontera mexicana y lo hicieron legalmente. Este fenómeno se ha repetido y ha estado creciendo, según un reporte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con éste, desde 2019, 368 personas “señaladas como terroristas” han ingresado a EU a través de su frontera con México, en muchos casos empleando redes criminales mexicanas. Esto es, por supuesto, enormemente delicado pues regresa este tema a la conversación política en EU en plena campaña electoral. Debemos recordar que, en 2016, la narrativa de Trump indicaba que las fronteras porosas con México permitían el cruce a ese país por parte de toda clase de “basura”, “criminales, terroristas y voladores”, con lo que el exmandatario vinculaba el discurso de la migración y seguridad, con el discurso sobre terrorismo, altamente politizado en esos tiempos. Por esos años tuvimos que explicar que desde el 2002, ninguno de los muchos atentados que había sufrido EU fue perpetrado por personas que cruzaban desde nuestro país y, de hecho, más del 90% de atacantes eran ciudadanos estadounidenses; el resto eran personas que habían ingresado legalmente al país por Canadá o por vía aérea. Aún así, han pasado muchos años. El terrorismo e ISIS han evolucionado y es necesario revisitar el tema.
Lo que acaba de hacer el presidente Joe Biden le cambia la vida a medio millón de personas. No es poca cosa. Los indocumentados que lleven más de 10 años viviendo en Estados Unidos, sin cometer ningún crimen y que estén casados con ciudadanos estadounidenses, podrán legalizar su situación migratoria.
Es, sin duda, la mejor noticia que han recibido los inmigrantes en Estados Unidos en 12 años, desde que el presidente Barack Obama les otorgó la residencia temporal y permisos de trabajo a más de 800 mil dreamers. Era un asunto pendiente.
Cuando Biden tomó posesión como Presidente, lo primero que hizo fue enviar al Congreso una propuesta de legalización para más de 10 millones de indocumentados. Fue, tan solo, un gesto simbólico. Todos sabíamos que no existían los votos necesarios en el Congreso para que su propuesta se convirtiera en ley.
Esta vez sí pasó algo. Y se agradece pero no basta. La gran mayoría de los indocumentados no va a tener ningún beneficio. Y siempre queda la duda sobre por qué el Presidente no lo hizo antes y se esperó a que faltaran menos de cinco meses para las elecciones del 5 de noviembre.
Sin duda, esta medida le ayudará a Biden con los votantes latinos y marca una enorme diferencia con el expresidente Donald Trump. “Las acciones de Biden van a promover más cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera”, dijo la campaña del candidato presidencial republicano. “La orden ejecutiva de Biden perjudicará a los estadounidenses que están buscando trabajo”.
Los contrastes están claros: Biden legaliza a medio millón de indocumentados mientras que Trump amenaza con realizar “la más grande campaña de deportaciones” si regresa a la Casa Blanca. Gane quien gane, ya sabemos a qué atenernos.
Sin embargo, Trump y Biden comparten su misma obsesión por lo que está pasando en la frontera. En ese punto, los dos son igualitos. Les aterra darse cuenta de que han perdido el control de la frontera con México y que el flujo de millones provenientes de Centro y Sudamérica los ha desbordado. Ni Trump ni Biden han podido detener el paso de indocumentados… ni podrán. La frontera es porosa por naturaleza. Lo normal en todo el mundo es que los más pobres y perseguidos emigren a lugares más ricos y seguros. Y nada puede parar a un padre que huye de la pobreza extrema o a una madre que quiere proteger a sus hijas de la violencia.
Trump intentó cerrar la frontera dos veces: primero, durante la pandemia, y luego cuando le impuso a su vecino el programa “Quédate en México”. En la práctica eso expulsó a México a millones de migrantes que no quería Estados Unidos. Y Biden tampoco se queda atrás. Hace dos semanas anunció que cerraría temporalmente la frontera a solicitantes de asilo si, en promedio, cruzaban más de 2,500 migrantes por día.
Mientras que el perfil de Trump es claramente en contra de los inmigrantes indocumentados, el de Biden es mixto y más difícil de leer. Por una parte propone cerrar la frontera a personas que están huyendo de la violencia y los abusos de autoridad en América Latina y, por la otra, protege a medio millón de personas que ya llevan más de una década viviendo en Estados Unidos.
A pesar de las diferencias entre Biden y Trump, Estados Unidos está viviendo un momento antiinmigrante. En ambos partidos existe una clara resistencia a procesar y aceptar a todos los recién llegados. La narrativa entre demócratas y republicanos muchas veces suena igual: Estados Unidos, dicen, no puede recibir a todos los inmigrantes que quieran venir del resto del mundo.
Y sin embargo, la economía estadounidense ha absorbido perfectamente a los millones que han entrado caminando por la frontera en los últimos años. El desempleo está en apenas un 4 por ciento y el mes pasado se crearon 272 mil nuevos puestos de trabajo. ¿Cuál crisis?
En esta época electoral en que todos quieren enamorar el voto hispano -son tiempos de promesas- es preciso empujar por mayores protecciones para los dreamers y para los millones que viven con miedo y en las sombras. A final de cuentas, Biden solo logró ayudar a una vigésima parte de los inmigrantes que se propuso legalizar en su primer día como Presidente. Gracias, pero… (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p. 8)
Contacto expedito
Y luego de la primera tanda de nombramientos de integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, decisión en la que hubo quienes apreciaron el interés que el futuro Gobierno pondrá en la relación con Estados Unidos, ayer mismo el secretario de Estado del país vecino, Antony Blinken, estableció contacto con Juan Ramón de la Fuente, quien se encargará de la cartera de Relaciones Exteriores. El propio Departamento de Estado dio cuenta de que en la llamada se reafirmó “nuestro compromiso de trabajar estrechamente con la administración de la Presidenta electa Sheinbaum como socios iguales para promover los valores e intereses de ambos países”. Hablaron de migración y fentanilo y todo indica que en el gobierno del presidente Joe Biden tomaron nota y están con la mirada puesta en lo que viene. Porque entre octubre y noviembre habrá un mes de trabajo antes de que sean las elecciones presidenciales allá. (Redacción, La Razón, LADOS, p. 2)
Sabe amargo ver la propuesta en boca de Trump, perfilar, como propuesta de campaña, que la Green Card sea concedida a migrantes que terminen una carrera en las diferentes universidades de aquel país. Se trata de algo que nos hubiera gustado escuchar como añadido a la propuesta de Biden sobre las familias formadas por migrantes casados con ciudadanos estadunidenses. Es populismo puro: absorbe incluso los buenos proyectos en favor de su intención de atraer votos. (Redacción, La Crónica, P.p.)
Diputado migrante quiere colaborar con Ebrard
Tal parece que el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Economía para la siguiente administración federal no sólo tiene contentos al peso y a los mercados, sino también a los panistas… Y es que el diputado local Raúl Torres, algunos dirían, aprovechándose del contexto, celebró este anuncio y ofreció trabajar en conjunto con el excanciller para impulsar acciones a favor de los mexicanos en el extranjero. El también diputado migrante de paso hizo un llamado a Ebrard para reactivar ProMéxico, el fideicomiso que fomentaba el comercio a nivel internacional. Habrá que ver si don Marcelo le toma la palabra… (Redacción, El Universal, Metrópoli, p. A14)
