Opinión Migración 230624
Biden revive la amnistía para inmigrantes indocumentados
El pasado 13 de junio, el presidente norteamericano Joe Biden anunció una orden ejecutiva que le permitirá a cientos de miles de inmigrantes indocumentados ajustar su estatus migratorio.
Alrededor de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados se encuentran casados con ciudadanos estadunidenses, pero se estima que el nuevo programa sólo le permitirá a la mitad de esta población ajustar su estatus. Para poder acceder a estas protecciones, los cónyuges deben llevar 10 años viviendo en el país, no tener antecedentes penales y estar casados desde el 17 de junio de este año. El programa también incluye a los aproximadamente 50 mil hijos de cónyuges indocumentados que se han convertido en hijastros de ciudadanos.
La amnistía otorgada por Biden representa una jurisprudencia con orígenes en la década de 1980. En 1986, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración le permitió a cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados (mayoritariamente mexicanos) convertirse en residentes permanentes, incluso ciudadanos. Durante la década de 1990, el Congreso aprobó varios programas de amnistía que le permitieron a más de un millón y medio de inmigrantes indocumentados de Mexico, Centroamérica y Haití ajustar su estatus.
Estos programas federales se convirtieron en la base del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, popularmente conocido como DACA. En 2012, el expresidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que suspendió las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Hoy, aproximadamente 580 mil dreamers se encuentran activos en este programa, el cual no provee ninguna ruta a la ciudadanía norteamericana.
Hoy, Biden revive la amnistía como una política pública efectiva y humana. “Estas parejas han criado familias, han enviado a sus hijos a la iglesia y la escuela, han pagado impuestos, han contribuido a nuestro país. Todo este tiempo han vivido en Estados Unidos con miedo e incertidumbre. Podemos arreglar esto,” dijo el mandatario.
En un periodo en el que las voces que promueven fronteras cerradas parecen dominar la conversación, el nuevo programa de Biden refleja una alternativa que no debemos pasar por alto. Durante ciertos momentos en la historia de Estados Unidos, incluido éste, legisladores y mandatarios han reconocido el verdadero perfil migrante: trabajadores, familias, residentes que contribuyen a la sociedad norteamericana todos los días y que consideran a Estados Unidos su hogar a pesar de tener importantes nexos a sus países de origen. La amnistía no solamente representa una de las políticas públicas migratorias más honestas y efectivas, sino que provee un antídoto importante contra las caricaturas xenofóbicas y racistas que hoy dominan el debate público.
Es importante recordar que la “ilegalidad” de quienes llegaron a Estados Unidos sin autorización no es un estado natural, sino una construcción política, legal y cultural. Mientras la migración se vuelve cada vez más compleja, las políticas púbicas de países como Estados Unidos deben reflejar las contribuciones económicas, políticas y sociales de aquellos denominados “ilegales.” Basta con revisar los perfiles de quienes ahora podrán ajustar su estatus para darse cuenta de que, durante décadas, millones de “ilegales” le han dado su trabajo, su esfuerzo y su vida a un país que en su mayoría se rehúsa a reconocerlo.
No hay duda de que las imágenes distorsionadas de los inmigrantes como criminales venden electoralmente. Personajes como el adversario electoral de Biden, el expresidente Donald Trump, han demostrado lo poderoso que es el sentimiento antiinmigrante para movilizar al electorado estadunidense. Hoy, Biden apuesta por una medida que enfrenta a la migración con un poco más de honestidad. (Martha Daniela Guerrero, Estudiante de doctorado en Historia, Yale University, Excélsior, Global, p. 17)
Cruzando líneas / Orden ejecutiva: alivio para menos del 1%
Conozco a Eva desde hace 10 años. De lunes a viernes se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y sale hasta las 6 de la tarde; llega a casa exhausta, molida por una jornada de trabajo de más de 12 horas diarias. Gana el mínimo y no tiene ninguna prestación; le pagan por abajo del agua, en efectivo, porque no tiene un seguro social válido para trabajar.
Eva maneja cada vez menos porque tiene problemas de la vista y en los últimos años su salud se ha complicado. No va al médico porque no le alcanza. Ya le está pegando a los 60 y los achaques de una vida de trabajo arduo le cobran una factura. Vive al día, cheque a cheque, y para ella pensar en un retiro es como imaginarse un sueño guajiro. No tiene infracciones ni ningún encuentro con la justicia, ha pagado impuestos con su ITIN y se ha convertido en una ciudadana modelo, sin serlo, solo para seguir debajo del radar de las autoridades. Es indocumentada desde hace más de 25 años y nada ni nadie le da esperanza para salir de esas sombras en las que la metió el destino y el gobierno.
Ella es una de las más de 10 millones de personas que no tienen derecho a un alivio migratorio con ninguna de las órdenes ejecutivas presidenciales. La que se anunció esta semana, que le daría un camino a la legalización a los cónyuges e hijos de ciudadanos, no la incluye. De hecho, solo alrededor de medio millón de los aproximadamente 10.5 millones de personas en situación irregular migratoria podrían “arreglar” con esta medida. Es un porcentaje que no se desprecia, pero tampoco representa. Es otro parche más en un globo a punto de reventar.
Después del anuncio de las directrices para mantener a las familias unidas y ofrecer un camino a la legalización permanente a algunas familias de estatus migratorios mixtos, hubo muchos grupos que criticaron la medida. Los titulares más conservadores dijeron que se trataba de una “amnistía masiva”, que provocarían una “invasión” sin precedentes que podría en riesgo la seguridad nacional. Se tiran los dados y una vez más en este país avanza la ignorancia.
Pongamos en contexto la conversación, de acuerdo con el Pew Research Center, las personas en limbo migratorio representan solo el 2% de la población total de Estados Unidos y el 22% de la comunidad migrante. La gran mayoría de los que nacieron en otra patria, pero echaron raíces en esta, el 49%, que son unos 23.1 millones, son ya ciudadanos naturalizados; el 25%, unos 11.6 millones, con residentes permanentes con un camino a la ciudadanía. ¿Es esto de verdad un tsunami migratorio? ¡Por Dios!
Las personas que podrían beneficiarse con la orden ejecutiva tienen más de una década viviendo en este país, así como Eva, en orden, con la esperanza de que un día como este llegara. El alivio, reconozcamos, será para menos del uno por ciento. ¿Es una solución al fenómeno migratorio? Claro que no.
Seguimos tapando el sol con un dedo. ¿Es una estrategia política? ¡Por supuesto! Estamos en un año electoral y solo queda irse a los extremos. Los comicios de este 2024 se han convertido en una polarización de partidos, entre más radicales, más adeptos. Si los republicanos tienen al huracán de Trump, a los demócratas les toca contrarrestar con medidas como esta para compensar la tibieza de Biden. (Maritza L. Félix, El Sol de México, Análisis, p. 15)
CARTONES
Legalización de los dreamers
(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 22/06/2024