Nunca en sus 73 años de existencia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había registrado, como ahora, 117 millones de personas desplazadas dentro de su país o refugiadas en otro a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a sus derechos humanos o alguna otra causa grave de alteración del orden público.
Hace 30 años había en el mundo 45 millones de personas en esa condición, cifra que representaba 0.8 de la población mundial, que entonces era de 5.5 mil millones de personas. En tres décadas la cifra se incrementó en 150 por ciento, alcanzando proporciones inéditas, entre otras la de constituir, ahora, 1.45 por ciento de la población mundial, de 8 mil 45 millones.
Lo anterior equivale a que una de cada 68 personas viva hoy en condición de desplazada o refugiada, una proporción inédita.
Del total mencionado de 117 millones de personas, 43.4 millones son refugiadas, de las que 31.6 millones lo son bajo el mandato de la propia ACNUR (creada en 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial); 6 millones bajo el mandato de UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, que data de diciembre de 1949); y otros tantos que en muy diversas circunstancias también necesitan protección internacional.
Otro dato de gran relevancia es la cifra de casi siete millones de personas solicitantes de asilo.
Por otra parte, hay poco más de 68 millones personas desplazadas internamente, es decir, que salieron de sus lugares de origen y buscan la manera de vivir en otra parte de su propio país, generalmente expulsados a causa de altos niveles de violencia e inseguridad.
De acuerdo con ACNUR, si bien las personas desplazadas internamente pudieron haber huido por razones similares a las de los refugiados, el hecho es que siguen bajo la protección de su gobierno, “aun en los casos en que el mismo gobierno se haya convertido en la causa de su huida”, por lo que las considera “las personas más vulnerables del mundo”.
La propia ACNUR afirma que la crisis climática y el desplazamiento humano están cada vez más interconectados. “No solo los desastres relacionados con el clima provocaron más de la mitad de los desplazamientos registrados en 2022, sino que casi 50 por ciento de las personas refugiadas o desplazadas internas viven ahora en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático.”
En México se replica el incremento en el número de refugiados: de acuerdo con el Banco Mundial, en 2014 había mil 820 personas refugiadas en el país, en tanto que en 2022 la cifra ascendió a 95 mil 579, lo que equivale a multiplicar por 52 la cifra en tan solo nueve años.
En el mundo, todas las gráficas relacionadas con desplazamientos internos o refugiados van hacia arriba, sin excepción. Es indispensable asumirlo para atenderlo de la mejor forma posible. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Editorial El Heraldo, p. 19)
El Presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino está haciendo una interesante propuesta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que podría reducir drásticamente la migración de indocumentados, la cual ya ha venido cayendo en los últimos meses, pero sigue siendo un tema clave en la campaña electoral norteamericana.
Mulino, quien asumirá el cargo el 1 de julio, propone un acuerdo con el demócrata para cerrar el corredor selvático del Darién en la frontera de su país con Colombia.
Se trata de una de las principales rutas de migración ilegal a Estados Unidos.
El año pasado, más de 500 mil migrantes de Venezuela, Cuba y otros países cruzaron la selva del Darién rumbo al país norteamericano.
Mulino me dijo en una extensa entrevista que está ofreciendo empezar a detener a los migrantes en la selva de Darién, e iniciar vuelos diarios para repatriarlos a sus naciones de origen.
“Estoy muy motivado y muy decidido a colaborar con la Administración Biden desde nuestro país hacia la solución a este problema allá en Estados Unidos”, me dijo Mulino.
Estados Unidos debe “correr con el costo de esta operación”, porque es un problema de la nación del norte, señaló.
“La frontera de Estados Unidos hoy no es Texas. La frontera hoy de Estados Unidos en Darién en Panamá”, agregó.
Mulino dijo que ya ha discutido la idea de iniciar una repatriación diaria pagada por Washington con diplomáticos estadounidenses y espera explorarla con más detalle con el enviado de Biden a su ceremonia de toma de posesión, que probablemente sea el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
El Mandatario electo admitió que sería difícil y demasiado costoso transportar a todos los migrantes de regreso a sus países.
“Pero después de que despegue el cuarto, o el quito avión hacia Colombia, o Venezuela, (la gente) lo va a pensar dos veces antes de embarcarse en el peligroso viaje a través de la selva”, me explicó.
Algunos diplomáticos y expertos en migración señalan que, con un vuelo de repatriación al día, Panamá solo podría enviar de vuelta alrededor del 10 por ciento de los aproximadamente mil 200 migrantes indocumentados que cruzan la selva del Darién a diario.
Eso difícilmente haría una gran diferencia en el número total del flujo migratorio, dicen.
Sin embargo, los defensores del plan de Mulino apuntan que Panamá podría enviar más de un vuelo de repatriación por día y conseguir que Estados Unidos ayude con inteligencia satelital y asesores en el terreno.
John Feeley, ex Embajador de Estados Unidos en Panamá, me señaló que Washington ya está pagando vuelos de deportación desde Estados Unidos.
“Estados Unidos debería pagar por vuelos de repatriación desde Panamá”, me dijo Feeley.
“El Departamento de Seguridad Nacional tiene un presupuesto significativo para repatriar a extranjeros indocumentados”.
Hay varias razones por las que Mulino podría estar impulsando la idea de iniciar un puente aéreo de repatriación desde Panamá.
Como ex Ministro de Seguridad, el Mandatario electo es consciente de que la selva del Darién se ha convertido en un centro de tráfico de personas, cárteles de la droga y el crimen organizado. Además, los cruces por la jungla están creando problemas de derechos humanos para Panamá, porque muchos migrantes mueren en la jungla.
Además, es posible que Mulino quiera solidificar el estatus de Panamá como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, en contraste con Nicaragua y otros Gobiernos anti-estadounidenses.
Es posible que Mulino también quiera ser más proactivo en temas regionales para construir su propio perfil político.
Mulino ganó las elecciones gracias al apoyo del ex Presidente Ricardo Martinelli, quien fue condenado por lavado de dinero y está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
Biden haría bien en ayudar a Panamá a contener la migración. Le ayudaría a reducir el flujo migratorio y a rebatir las falsas afirmaciones del aspirante republicano Donald Trump de que existe una supuesta “invasión” de migrantes.
En rigor, el flujo de migrantes a Estados Unidos ha caído un 40 por ciento en los primeros cuatro meses de este año, comparado con los cuatro meses anteriores, según datos oficiales de Estados Unidos. Con el acuerdo ofrecido por Mulino, la caída del número de migrantes sería aún mayor. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 12)
Resuelta la contienda electoral en México, nuestro país mantiene la mira puesta sobre lo que pase ahora con la sucesión presidencial de los Estados Unidos. Y, aunque todavía falta poco menos de cinco meses para las elecciones, la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿quién nos conviene más: Donald Trump o Joe Biden?
La respuesta, sin embargo, no es tan simple como parece. Ambos tienen sus defectos y virtudes. Son personajes de claros y oscuros, de estilos muy diferentes para gobernar y relacionarse con sus vecinos del sur, sobre todo con los mexicanos.
Para bien o para mal, “conocemos” a los dos. Y, si nos atenemos a los balances de Relaciones Exteriores, a cargo todavía de Alicia Bárcena, la comunicación y el entendimiento fluyó mejor con la administración Trump.
Eso no quiere decir que hubo mayores beneficios en la relación. Lo cierto es que el ex presidente de cabello naranja es más abierto y transparente en la comunicación.
Ha sido frontal. Nunca esconde lo que piensa de la relación con sus aliados comerciales, ni sus desacuerdos. Siempre enseña su juego.
Ha sido rudo y audaz. Eso sí, todo sobre la mesa. Su estridencia es mediática, porque en la negociación es otra cosa. Se puede dialogar y avanzar.
En el caso de la administración Biden, la comunicación ha sido más oculta y oscilante, lo que sea que eso signifique.
Pero él decidió no pelear con México. Todas las controversias que han surgido, sobre todo en materia comercial, han sido llevadas a las mesas y mecanismos establecidos en el T-MEC.
Lo cierto es que, en materia migratoria, la política ha sido cambiante. La administración federal toma unas medidas y los gobiernos de estados fronterizos otras. Da la impresión de que a veces no hay coordinación del otro lado del Río Bravo.
Desde Washington no han entendido todavía que los problemas de la frontera norte de México están en la frontera sur.
La Casa Blanca no quiere modificar su política migratoria para dar un estatus diferente a los migrantes.
El Paralelo 19, que se ubica justo en el centro de la República Mexicana, se estableció como límite internacional para dar cierto reconocimiento legal a los migrantes, por eso muchos de ellos se quedan en la CDMX.
Lo que busca nuestro gobierno es que EU modifique esa norma para que el flujo migratorio pueda asentarse más al norte, algo que hasta el momento no han conseguido, como tampoco han querido los gringos materializar programas de empleo temporal.
En este sentido, no hay un plan concreto. Tanto para Biden como para Trump sus intereses con México están enfocados en la relación comercial y, en segundo plano, el fenómeno migratorio.
Ambos temas, sin embargo, van de la mano, por lo que la mira está puesta ya no en quien ha hecho el mejor papel sino en cuál de los dos presentará las mejores propuestas.
El próximo jueves, 27 de junio, se llevará a cabo el primer debate y ahí los mexicanos y el mundo conoceremos parte de sus proyectos. Aunque los expertos y altos funcionarios mexicanos dicen que este primer encuentro será determinante para el resultado de las elecciones del 5 de noviembre próximo.
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A PROPÓSITO DE SOCIOS DEL NORTE, Canadá promueve una integración regional como la que hay en la Unión Europea, pero solo con EU.
Hicieron algunas encuestas y los canadienses quieren de aliados a los estadounidenses, pero no a los mexicanos.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador ya dio los primeros pasos para hacer lo propio con países de Latinoamérica. Por ahora sólo en temas comerciales. Hizo acuerdos, por ejemplo, para la compra y venta de carne en la región, y la venta y distribución de medicamentos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las relaciones internacionales son como un matrimonio: requiere mucho compromiso, paciencia y, a veces, ignorar las pequeñas ofensas.” (Alfredo González Castro, El Heraldo de México, País, p. 5)
Los tiempos electorales mexicanos han terminado, pero el proceso electoral estadunidense, más allá de que, a diferencia de otros años, desde hace meses se sabe quiénes serán los candidatos, apenas va comenzando; este jueves será el primer debate entre Donald Trump y Joseph Biden camino a la elección de noviembre.
Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, estarán, uno supone, atentos.
El debate del jueves será uno que no solo será inédito por lo temprano que se da en los tiempos de la contienda, ni porque no es organizado por la comisión de debates presidenciales, sino porque el tono de la campaña ha sido brutal de parte de Trump al presidente. Lleva meses llenándolo de insultos humillantes. El debate se da en tiempos en que la sociedad estadunidense está enojada y polarizada.
Y uno de los temas que más polariza, y que es uno de los favoritos de Trump, es el de la migración. Seguramente será su tema favorito el jueves, más ahora que Biden ha tomado algunas medidas para legalizar a ciertos residentes en Estados Unidos que son indocumentados. Trump lo ha dicho con tosas sus letras: desde el día uno arrancará el programa de deportación masiva más grande que se haya visto. Eso quieren sus votantes, eso quieren sus seguidores. Ya no será solo la extorsión de hace unos años de pon tu muro de militares en Chiapas o te aumento impuestos. Será peor.
No solo el asunto migratorio se complicará, y en serio, si llega Trump; la revisión del Tratado de Libre Comercio no está tan sencilla. En los últimos meses el ex presidente ha comenzado a hablar de cómo la mudanza de muchas empresas a México ha dejado, según él, sin trabajo a “miles y miles” de estadunidenses y ya ha advertido que no permitirá que autos chinos producidos en México lleguen a EU con las ventajas que da el T-MEC. Cosas similares ha dicho sobre imponer aranceles a otros productos chinos.
Faltan muchos meses para que los estadunidenses acudan a las urnas. Las encuestas hoy señalan una elección muy disputada, aunque en los estados clave, dado el sistema de elección presidencial, Trump trae alguna ventaja.
Por lo pronto, Ebrard y De la Fuente tendrán que comenzar a tomar notas el jueves y pensar qué se va a hacer si gana Donald Trump, porque fácil no va a estar. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
El anuncio de los primeros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum tuvo efectos positivos en los mercados financieros y en la opinión pública, por el perfil técnico, académico y experimentado de quienes van a ocupar seis de las principales secretarías de Estado el próximo sexenio. Este fue el objetivo principal de la presidente electa, y salió bien. Pero detrás de dos nombramientos, el de Marcelo Ebrard y el de Juan Ramón de la Fuente, hay otros mensajes, particularmente dirigidos a Estados Unidos.
La temprana designación de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, y de Marcelo Ebrard como secretario de Economía, busca que desde ahora, en la transición, se vayan generando acercamientos y acuerdos con Estados Unidos, que es una de las principales preocupaciones de Sheinbaum para el arranque de su gobierno, sobre todo por el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre.
La mancuerna Ebrard-De la Fuente luce capaz y estratégica, pero no asegura un éxito ante un impulsivo Donald Trump que retomará en su campaña los temas migratorios, de seguridad, de combate al tráfico de drogas –el fentanilo, principalmente– y comerciales, los cuales hace nueve años tensionaron a un grado máximo las relaciones entre México y Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Joe Biden, quien buscará la reelección y tendrá que elevar el tono en su campaña, sobre todo a raíz de los cuestionamientos por su estado de salud, poniendo cierto foco en las problemáticas de México.
Este jueves, Trump y Biden se enfrentarán en el primer debate de cara a las elecciones de noviembre. El republicano y el demócrata se verán las caras, contrastarán propuestas e intercambiarán acusaciones durante 90 minutos en las instalaciones de la cadena de noticias CNN, en Atlanta.
La tarea para la dupla Ebrard-De la Fuente es “socializar” la reforma judicial y tranquilizar a los inversionistas y a los empresarios estadounidenses, y sobre todo desvincular de la discusión el TMEC, que va a renovarse en 2026. El mensaje que buscarán transmitir es que el nuevo sistema judicial, lejos de generar incertidumbre jurídica, garantizará la imparcialidad en los eventuales juicios que pudieran enfrentar en el territorio mexicano, además de que en Estados Unidos, algunos jueces locales ya se eligen mediante el voto.
Por el lado de seguridad, buscarán convencer a los estadounidenses de que el sistema judicial actual es el que no ha permitido que muchos de los objetivos que reclama Estados Unidos hayan sido extraditados, precisamente por la corrupción de algunos jueces en México. Lo mismo ocurre con el combate al narcotráfico y al crimen organizado, cuyos líderes a menudo son liberados por orden de un juez.
“Te pongo el ejemplo del Z40, cuya extradición no se ha podido lograr en 11 años porque un juez no ha firmado la opinión favorable”, me dijo Ebrard el viernes pasado.
Por eso, tanto De la Fuente como Ebrard van a comenzar una serie de acercamientos y de giras a Estados Unidos, para hablar no solo con la clase política, que estará más bien concentrada en el proceso electoral, sino con los inversionistas y los empresarios, por lo que el punto de partida será Nueva York.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también se involucrará en esta misión, aunque más bien es el subsecretario Gabriel Yorio el que tiene la relación con los bancos y fondos de inversión internacionales. No se descarta, además, que la presidenta electa se sume a alguna de las giras, sobre todo más cerca de su toma de protesta.
Toda una operación es la que Claudia Sheinbaum ha solicitado a dos de sus futuros secretarios de Estado con respecto a Estados Unidos. El pronóstico por ahora es reservado y mucho dependerá del tono que Biden y Trump le impriman a sus compañías.
Posdata 1
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están hechos un manojo de nervios y de incertidumbre por su futuro. Las ministras y los ministros del máximo tribunal analizan la mejor ruta de salida ante lo inminente: la reforma al Poder Judicial que disolverá la Corte como se conoce actualmente y renovará a todos sus máximos integrantes.
La ministra presidenta, Norma Piña, es quien tiene más presión, pues en su cruzada por defender al Poder Judicial del presidente López Obrador y rehusarse a entablar un diálogo con abierto y transparente con los otros dos Poderes de la Unión, es considerada una de las responsables de lo que viene, que es la reestructuración de todo del Poder Judicial, que no solo involucra la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y la separación del Consejo de la Judicatura Federal, sino la reducción de las prestaciones de los mandos medios y altos, empezando, ahora sí, por la extinción de sus fideicomisos.
Por esta razón es que Norma Piña, se asegura en la Corte, es quien más pronto quiere presentar su renuncia y negociar el llamado “haber de retiro”, que no es otra cosa que sus prestaciones y pensiones. Sin embargo, la falta de estrategia y de negociación que la han caracterizado durante el año y medio que lleva como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, podrían complicar la salida de todos los ministros, pues el plan es anunciar la renuncia y, con la ley actual, hacerse acreedores a sus beneficios por el servicio prestado. Varios de sus compañeros ya le han hecho saber a la ministra que dicha “estrategia” es igualmente kamikaze, pues tras la reforma podrían eliminarse los privilegios con los que ella y otros de sus compañeros pretenden jubilarse anticipadamente.
Lo cierto es que hoy la Corte vive días aciagos, de caras largas y tristes por lo que está por venir: la aplanadora de Morena y la venganza del presidente López Obrador a quienes lo retaron y, por lo que se vio el 2 de junio, terminarán perdiendo la partida.
Posdata 2
Hablando del próximo gabinete presidencial, una de las cruzadas de Claudia Sheinbaum será el combate a la corrupción, pero ahora sí de verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó esa bandera para llegar a la Presidencia, aunque durante su gobierno la corrupción permeó hasta su círculo más íntimo y cercano, y fue evidenciada por los medios de comunicación y por sus mismos funcionarios, quienes denunciaron las malas prácticas en los Órganos Internos de Control de sus dependencias, ante la Función Pública o en instancias como la Fiscalía General de la República.
Además de la intención de crear la Agencia Anticorrupción, un proyecto que encabezaría Javier Corral, el expanista al parecer ahora amplió su propuesta, la cual incluye no sólo a dicha agencia, sino al INAI y la misma Función Pública, para crear una especie de supersecretaría de combate a la corrupción.
La propuesta, que está sobre la mesa, aún no ha sido palomeada por Sheinbaum, pero tomando en cuenta lo que hizo con el Conacyt, que lo elevó a rango de secretaría de Estado, todo puede suceder. Además, primero tendría que pasar la reforma a los organismos autónomos, que disolvería al INAI y se integraría a una secretaría.
Posdata 3
Otra secretaría que podría sufrir varios cambios es la de Seguridad Ciudadana, que todo apunta encabezará Omar García Harfuch. Como ya ha trascendido, la idea efectivamente es que cuente con una área de inteligencia, probablemente tras la fusión del Centro Nacional de Inteligencia (el antiguo Cisen), de manera que, si bien no va a tener a su cargo la política de seguridad –que tiene y mantendrá la Secretaría de Defensa; este fin de semana Claudia Sheinbaum reiteró que la Guardia Nacional tendrá un mando militar– ni el presupuesto para el combate al crimen organizado, por lo menos se haga cargo de aportar inteligencia y estrategia para enfrentar a los criminales. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. A9)

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)