Toluca, Méx., Autoridades de Estados Unidos tienen en curso 655 investigaciones abiertas por tráfico de armas a México, a partir de los datos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) y 21 fiscalías estatales, lo que ha permitido la detención de 473 personas y el aseguramiento de 10 mil armas en aquel país.
Leah Pease, directora de la Oficina Antinarcóticos y de la Aplicación de la Ley, de la embajada de Estados Unidos en México, ofreció esa información y señaló que en 2023 el sistema E-Trace ha registrado más de 27 mil entradas por parte del gobierno de México, lo que demuestra nuestro compromiso compartido para desmantelar redes de tráfico de armas y facilitar las investigaciones.
México suministra datos al sistema E-Trace, aplicación que permite el rastreo del número de serie e historial del arma respecto del fabricante y la tienda donde se comercializó y se vendió en Estados Unidos (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.12)
Ambas coaliciones en competencia durante el proceso electoral aún en curso incurrieron en irregularidades en ingresos y egresos de campaña, y si bien las sumatorias de las posibles sanciones están en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila multas millonarias para todos los contendientes.
Trascendió que hubo observaciones en la mitad de los 3 mil millones de pesos entregados a partidos para gastos de campaña.
Las organizaciones políticas no sólo incurrieron en errores y omisiones contables, sino que además la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE marca con rigor cualquier presunta falla y abona como gasto de campaña todos los elementos. Por ejemplo, si identificó un espectacular o pantalla digital, pero la persona o partido no lo reportó, de todos modos se le suma, al considerar que la imagen benefició a algún candidato. (Fabiola Martínez y Lilian Hernández, La Jornada, Política, p.5)
El 3 de agosto concluirá el plazo que tienen los consejos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) para que, de considerarlo necesario, pidan que la próxima dirigencia de este instituto político sea elegida por su Consejo Nacional y no con el voto de la militancia.
Al participar en un pódcast de la revista oficial de difusión del partido, la presidenta de la comisión organizadora nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional, Ana Teresa Aranda, explicó que independientemente del método que se determine, los aspirantes deberán presentar al menos 27 mil firmas, correspondientes a 10 por ciento de los militantes del partido, para poder participar en el proceso interno.
Las normas del blanquiazul señalan que el método ordinario para definir su dirigencia nacional es el voto directo de los militantes. No obstante, también considera como método extraordinario que sea únicamente su Consejo Nacional el que tome la decisión. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.4)
Como promotor de las encuestas como método de elección interna en los partidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ese ejercicio ayuda mucho porque evita choques, conflictos y divisiones.
Al hablar de su partido, Morena, en la mañanera de ayer, afirmó que cuando se aplica bien una encuesta “es un reflejo apegado a la realidad, lo que la gente piensa. Claro, si se hace mal, si se cucharea, pues no, pero si se hace bien sale exacto como piensa el pueblo, o sea, el margen de error es mínimo”.
Para el mandatario, una encuesta bien aplicada evita el acarreo para ir a votar por ciertos aspirantes mediante dádivas, acción que solía ser común en elecciones abiertas en los partidos políticos. No me lo contaron, lo viví (Redacción, La Jornada , Política, p.5)
Tras reunirse con los dos magistrados encargados de elaborar el proyecto para la calificación de la validez de la elección presidencial, la ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz confió en la sensibilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que venga señalada toda la inequidad que hubo en el proceso electoral.
Especialmente, enfatizó, la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la ex abanderada de la oposición, pues argumentó que enumeró 96 descalificaciones hacia su persona, su trabajo y su familia.
“Empezó burlándose de mí como El globo y La botarga, luego hizo pública información de mis empresas y se metieron con mi familia y hasta llegar al extremo de que yo quitaría los programas sociales a la gente y se los informé en este alegato”. (Lilian Hernández y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.6)
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, entregue su contrapropuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por conducto del partido que elija o haga llegar el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
También planteó que corresponde al Congreso analizar la viabilidad de que la elección de jueces, magistrados y ministros sea gradual.
Ayer, al insistirle sobre la posibilidad de diálogo con Piña Hernández por medio de la comisión que organiza el parlamento abierto sobre la reforma, reiteró que la ministra ya participó en el primero de los foros. (Alma E. Muñoz y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.9)
Movimiento Ciudadano (MC) no dará a Morena los votos que le faltan en el Senado para aprobar la reforma judicial, como han filtrado desde el Prian, advirtió la diputada electa Laura Ballesteros. “Recomendaría que tengan bien vigilado al PRI, que le amarren las manos a Alito Moreno”, que es quien va tratar de negociar.
Entrevistada en la Comisión Permanente, resaltó que el dirigente de MC, Dante Delgado, expuso de manera muy clara que no van a acceder a que con la reforma judicial se afecte el equilibrio entre poderes. Nos preocupa que más bien es un pleito entre cúpulas para quitarle poder a una y dárselo a otra, en lugar de llevar la justicia a las personas de a pie.
Expuso que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es incompleta, ya que no toca, entre otras cosas que no funcionan, a los agentes del Ministerio Público. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.9)
De manera anticipada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuraron ayer su primer periodo de sesiones de este año, aun cuando la ley establece que terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio, es decir, tocaría cerrar con la sesión del pleno del próximo lunes.
El primer periodo vacacional de los ministros, que termina el jueves 1º de agosto, llegó en medio de la discusión rumbo a la reforma profunda del Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, la ministra presidenta Norma Piña Hernández clausuró el periodo de sesiones, pero acotó que la declaratoria surtirá efectos hasta el 15 de julio. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p.10)
Un juzgado federal abrió la posibilidad de que el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pueda enfrentar en libertad sus procesos penales por delincuencia organizada y lavado dinero, al obtener un amparo que ordena practicar peritajes que determinen si el acusado padece enfermedades en etapa terminal y si el sistema penitenciario federal cuenta con la capacidad para atender sus padecimientos o debe modificarse la medida de prisión preventiva justificada. El ex funcionario se encuentra preso en el Cefereso número 1, Altiplano.
El juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales, en Toluca, estado de México, concedió la protección de la justicia federal a Abarca Velázquez, con el fin de que se analice nuevamente si es procedente modificar la prisión preventiva por libertad condicional ya que, según su defensa, padece enfermedades graves y crónico-degenerativas que ponen en peligro su vida por las condiciones penitenciarias en el Centro Federal de Readaptación Social.
Aunque el juez de amparo Everardo Maya Arias ordenó que se realice una audiencia para evaluar si procede modificar las medidas cautelares al ex alcalde de Iguala, la resolución establece que para tomar una determinación, el juez tercero de distrito en materia de procesos penales debe con libertad de jurisdicción, ordenar oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las pruebes que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera). (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.12)