Ha transcurrido mes y medio de la elección y en el bloque conservador no reaccionan, están todavía aturdidos porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos de que no existe el pueblo, arengó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante una multitud que, viendo ya cercano el final del sexenio obradorista, lo arropó coreando: es un honor estar con Obrador.
Las pancartas ya tienen tintes de despedida y en ellas plasmaron su reconocimiento al jefe del Ejecutivo. Desde el atril, en la gira conjunta con su sucesora, López Obrador proclamó por enésima vez desde los comicios su felicidad por la victoria de Claudia Sheinbaum, un resultado que garantiza la continuidad de los programas sociales que fueron el signo de su gobierno. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 4)
El sindicato petrolero solicitó a Pemex que pague los salarios y prestaciones de una jornada laboral a 135 comisionados sindicales que van a fungir como funcionarios de casilla en el proceso electoral para renovar a líderes del gremio para el periodo 2025-2027.
Un primer aviso de este procedimiento se dio a conocer el pasado 11 de julio a través de distintos oficios enviados a las Secciones 14, en Ciudad Pemex, Tabasco; la 16, en Cuichapa, Veracruz; la 22, en Agua Dulce; la 26, en Las Choapas, Veracruz, y la 29, en Comalcalco, Tabasco.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) pidió también de la Sección 42, en Ciudad del Carmen, Campeche; la 44, en Villahermosa, Tabasco; la 47, en Ciudad del Carmen, Campeche; la 48, en Reforma, Chiapas, y la 50, en Dos Bocas, Tabasco. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional p. 2)
El IMSS exhortó a la ciudadanía a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública faltas administrativas o actos de corrupción tanto de servidores públicos como de personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario.
En un comunicado informó que, en breve, el instituto reforzará una campaña sobre el deber de todo servidor de desempeñar su cargo en apego a los principios de legalidad, honradez e integridad. Indicó que para que la ciudadanía realice esas denuncias vía Internet está disponible el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), el cual fue creado para registrar, captar, administrar, atender e investigar cualquier denuncia en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mencionó que a través del Sidec puede denunciarse a cualquier servidor público que, por sí mismo o mediante terceros, incurra en el delito de cohecho al solicitar dinero o cualquier otro beneficio para registrar fraudulentamente un aumento de semanas cotizadas o de salario base. (Redacción, La Jornada, Política, p. 15)
Ex dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una nueva impugnación ante las autoridades electorales, con la cual piden la nulidad de la convocatoria para renovar la dirigencia del partido emitida el viernes pasado.
Con el recurso presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, con el respaldo de Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones, piden a la sala superior del tribunal que, mientras se resuelven los asuntos presentados, incluida la impugnación contra la reciente asamblea nacional partidaria, se ordene suspender el proceso interno de renovación de dirigencias para impedir daños de imposible reparación.
También se advierte que de no tomarse esta medida, se podría concretar un proceso de renovación de la dirigencia de este instituto político con base en normas estatuarias que no han entrado en vigor para efectos generales. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 3)
Los cambios recientes en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron aprobados al margen de lo que estipula el marco jurídico electoral, pues se efectuaron en la etapa final del proceso electoral 2024, la cual concluye cuando se declara la validez de las elecciones de senadurías, diputaciones y presidencial, que será a más tardar el 6 de septiembre, según el calendario aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, los procedimientos relativos a la organización y funcionamiento de un partido son asuntos internos, como la elaboración y modificación de sus documentos básicos y estatutos, pero en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.
Hace una semana (7 de julio), la 24 asamblea nacional ordinaria del PRI aprobó, a mano alzada y sin discusión, reformas a los estatutos que dan la posibilidad a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del tricolor, de mantenerse en el cargo hasta 2032, sumando así 13 años en la dirigencia del partido, la cual asumió en agosto de 2019. (Lilian Hernández, La Jornada, Política, p. 3)
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer los dictámenes de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Presidencia, senadurías y diputaciones federales, así como de comicios locales del actual proceso electoral, entre los que destacan incrementos en las sanciones que recibirán los partidos por gastos no comprobados, así como reducción en las multas por erogaciones no reportadas.
Tras el receso que declaró esta comisión el pasado viernes y reanudar la sesión alrededor de las 3 de la tarde de ayer, se aprobaron en lo general estos dictámenes y resoluciones de las campañas federales y locales, los cuales todavía podrían ser modificados, ya que habrá derecho de audiencias para hacer aclaraciones a las observaciones señaladas.
Así, los montos fijados en el Sistema Integral de Fiscalización son preliminares, pues a una semana de que sean aprobados en el consejo general del INE, podrían tener adecuaciones, a fin de que el lunes 22 de julio, durante la sesión ordinaria, sean votados y con ello se concluya la fase de fiscalización del proceso electoral 2024. (Lilian Hernández y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 4)
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, busca el consenso entre sus 10 compañeros ministros a la propuesta alterna que prepara sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual presentará en agosto al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal.
Sin embargo, fuentes de la Corte informaron a La Jornada que anticipan el rechazo de algunos ministros, pero la apuesta es que lleve consenso de la mayoría. También aseguraron que Piña tiene pensado presentar a finales de agosto la propuesta, la cual será un documento de insumo para la iniciativa de reforma más que en formato iniciativa.
De ser el caso, la propuesta de la Corte se presentaría en la misma quincena de agosto, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados planea dictaminar la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para evitar que se congele y sea retomada por la siguiente Legislatura, que comienza el primero de septiembre, en la que se perfila que Morena y aliados cuenten con mayoría calificada en San Lázaro y cerca de la misma en la Cámara de Senadores. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p. 5)
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama defendió la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues declaró que es necesario que ese poder del Estado sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros; además, señaló que tras ser aprobada la enmienda constitucional, la siguiente fase debe ser una reforma a las agencias del Ministerio Público locales.
Ayer, en el foro Diálogos para la Reforma al Poder Judicial, organizado por Morena en el Teatro de la República, en Querétaro, se mencionó que parte del movimiento busca un Poder Judicial sometido al control democrático, que implica que puedan ser electos los jueces, las juezas, las magistradas, los ministros y ministras para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad, sino como servidores públicos. También exhortó a someter al PJF al control administrativo que garantice una rendición de cuentas, transparencia y sanciones de ese tipo, por lo menos, por el rezago de las resoluciones. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p. 5)
Luego de que Ticketmaster anunció un hackeo en su sistema que podría poner en riesgo datos personales de 560 millones de cuentas en México, Estados Unidos y Canadá, los cuales incluyen nombres, correos, teléfonos y tarjetas bancarias, el INAI anunció que iniciará una investigación de oficio por presunta divulgación de datos personales de esta empresa que vende boletos para espectáculos y actividades de entretenimiento.
Grupo REFORMA publicó que usuarios recibieron un correo proveniente de la cuenta notification@email.ticketmaster.com y firmado en nombre de Ticketmaster en el que se advierte que la “información personal pudo haber estado involucrada” en una actividad sospechosa de filtración de datos”.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las empresas privadas o personas morales o físicas que traten datos personales están obligadas a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstos en la norma, indicó el INAI. (Natalia Vitela, Reforma, Nacional, p. 2)