Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez decretó legal la detención de Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, El Escorpión 17, líder de Los Escorpiones y Los Ciclones, las dos principales células del cártel del Golfo en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, así como dos de sus operadores.
Durante la audiencia inicial, el juzgado de control, con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), consideró legal la detención de Pérez Domínguez y otras dos personas que fueron señaladas de ser sus operadores.
La defensa de El Escorpión 17 solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para que se resuelva su situación jurídica, y por lo tanto mañana se realizará la continuación de la audiencia inicial. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 6)
El crimen organizado apretó la mano a comercios, antros y productores de nueve estados. El delito de extorsión escaló en Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Edomex y Campeche. En los últimos días, en Coatzacoalcos, Veracruz, una célula criminal pasó de las amenazas al incendio de comercios para exigir el cobro de cuotas.
Sólo el 7 de julio un grupo armado incendió dos restaurantes casi de forma simultánea con bombas molotov Se trató del establecimiento “Langostinos”, en la Colonia Puerto México, y del local “La Bocana”, en la Colonia María de la Piedad, ubicadas a tres minutos de distancia, y que supuestamente pertenecían al mismo dueño.
La extorsión supuestamente encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y células afines también se registra en el Puerto de Veracruz, Poza Rica, Pánuco, Orizaba y Xalapa, sólo por mencionar algunos municipios, alertaron mandos militares. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, p. 2)
La Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó irregularidades e incumplimientos en el Programa de Abasto Rural (PAR), operado por Diconsa, una de las dos empresas de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se investiga un presunto desfalco por alrededor de 10 mil millones de pesos entre 2019 y 2020, según las autoridades.
En auditorías concluidas en junio, la SFP revisó el desempeño del programa en 2023 y concluyó que existen elementos que apuntan a que sus recursos no se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pues observó anomalías como falta de cobro de pasivos, desabasto en las tiendas comunitarias establecidas por Segalmex para llevar alimentos a comunidades con problemas de acceso a la canasta básica y falta de supervisión en su operación. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 15)
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras, que incluye a docentes, directivos y supervisores, para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos en educación básica y media superior.
El documento, que ayer entró en vigor, señala que si bien dichos criterios no son aplicables a la evaluación del aprendizaje con fines de calificación, sí forman parte central de los procesos pedagógicos que se realicen en el aula, como fomentar la participación de los alumnos en la propia valoración de sus aprendizajes.
La Mejoredu, como organismo público descentralizado, tiene como objeto coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y entre sus atribuciones se encuentra establecer los citados criterios, además de emitir lineamientos para el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y los resultados del aprendizaje, entre otros. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p. 8)
En la asamblea informativa de la reforma al Poder Judicial en Morelos, algunos ponentes se refirieron al mal actuar de los jueces que liberaron al presunto criminal y titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, vinculado a proceso por cuatro delitos en agosto pasado, debido a que los juzgadores le permitieron llevar sus cuatro procesos en libertad, a diferencia de miles de mexicanos que están en prisión preventiva en espera de sentencia.
Mencionaron el caso los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Leonel Godoy Rangel, y en entrevista, Ernestina Godoy, próxima senadora y ex titular de la Fiscalía de la Ciudad de México.
No es posible que (un juez o jueces) suelten al presunto criminal que es fiscal de Morelos, dándole amparos o cualquier cantidad de cosas. Eso no es justicia, eso no es lo que quiere el pueblo, y por eso la reforma al Poder Judicial va, es un compromiso con México. Ya lo expresó el propio pueblo muy claramente el 2 de junio (en las pasadas elecciones), precisó Fernández Noroña. (Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, Política, p. 13)
En el debate sobre las posibles modificaciones al Poder Judicial se está dejando de lado el tema de los jueces indígenas y las formas propias de impartición de justicia de los pueblos originarios, lo cual daría pie a una reforma incompleta, advirtió el Colegio de Personas Juzgadoras Indígenas (CPJI).
Luego de que empezaron los foros, el colectivo –que agrupa a jueces de diversas materias y fueros, así como académicos, defensores de los derechos indígenas, abogados y expertos– dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, así como a las presidentas de ambas cámaras.
En la misiva (de la cual este diario tiene copia), el CPJI llamó a reformar al Poder Judicial con principios de pluriculturalidad y pluralismo jurídico y que se incentive la llegada de indígenas y afromexicanos a los ámbitos federal y locales. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 13)
Es necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actué con mayor celeridad en la revisión de las impugnaciones contra el ilegal proceso para la relección del actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que avanza con gran rapidez y el martes podría ser ya un hecho consumado, señalaron el ex presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, y Fernando Lerdo de Tejada, integrante de una corriente priísta.
Sólo pedimos que los magistrados, conforme a derecho, actúen con carácter urgente, porque Moreno Cárdenas desafía al Tribunal, no cumple sus resoluciones y viola la ley al modificar los estatutos partidistas en plena época electoral, lo que está prohibido en la legislación en la materia, recalcó Ochoa Reza, quien ha presentado, junto con otros ex presidentes, diversas impugnaciones.
Expuso que les preocupa que los proyectos elaborados por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que pasan al Instituto Nacional Electoral (INE) todas las impugnaciones en torno a la asamblea priísta y el otro recurso contra la emisión de la convocatoria para el proceso de relección, que se turna a la Comisión de Disciplina Partidaria del PRI, no hayan sido votados aún en el Tribunal. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 14)
En lo que va del año, la Secretaría de Salud (Ssa) ha confirmado 8 mil 540 contagios de covid-19, de un total de 101 mil 100 casos sospechosos, por lo que la positividad acumulada es de 14 por ciento. Los decesos confirmados a la fecha suman 388 en todo el país.
El informe semanal sobre la incidencia de covid-19, influenza y otros virus respiratorios, elaborada por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Ssa, señaló que a partir de la semana 19 (5 al 11 de mayo) y hasta la actual semana epidemiológica 28 (7 al 13 de julio), se reportó un ascenso gradual de casos.
Sin embargo, destacó que se reportaron 41 por ciento menos casos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al corte de información, el pasado 17 de julio, la DGE apuntó que a partir de la semana epidemiológica 23 se observa una tendencia ascendente en la positividad, incluso, por arriba de lo presentado en 2023. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p. 16)