El magnate cuya fortuna creció 944 por ciento en los años recientes fue el primero en bloquear el rescate de los hombres que quedaron atrapados en una de sus minas. (La Jornada, Contraportada)
PUES NO hubo “otros datos”. Bueno, no hubo ni datos.
LA DETENCIÓN de Ismael “El Mayo” Zambada y de uno de los “Chapitos”, Joaquín Guzmán López, fue operada por agencias estadounidenses, nunca avisaron a ninguna institución mexicana.
LA CONFERENCIA mañanera de ayer en la que se esperaba información y, por qué no, hasta festejo o satisfacción por la captura de uno de los personajes que más daño hizo en la guerra por la narcoviolencia en el país, fue un inmenso signo de interrogación.
EL PROPIO presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Seguridad y próxima titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, admitieron que no sabían nada de la detención.
SI EL “Culiacanazo” marcó al gobierno en el inicio de sexenio por dejar libre al “Chapito” Ovidio Guzmán, el “Avionetazo” da una fuerte sacudida a la 4T al final de sexenio.
LA FINURA del golpe podría no admitir un reclamo de presunta violación de soberanía. En qué papel quedaría el gobierno si alega por la detención cuando entre nuestros vecinos del norte hay quienes opinan que ya sea por ineficiencia o por complicidad las autoridades son parte del problema del narcotráfico y no de la solución.
EL GOBIERNO de México optó por guardar silencio primero, y decir que ignoraba todo después… y eso no es un buen signo ni un buen mensaje.
LA CAPTURA del “Mayo” y de un “Chapito” es un punto de inflexión en las relaciones binacionales. Más allá de si marca o no el derrotero electoral en noviembre próximo en Estados Unidos, ya marcó los nexos de los dos países y los términos de la cooperación en materia de narcotráfico.
TANTO al “Chapo” como a Ovidio, los gobiernos mexicanos los acabaron entregando tras fugas y perdones. En sigilo, el gobierno de Joe Biden tomó al capo más legendario: jaque mate.
…Y SI en la frontera norte las cosas están mal en estos días, en la frontera sur están igual o peor. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
El “zambadazo” inauguró el “séptimo año” del sexenio
Nos recuerdan que en la semana todo pintaba relajado en Palacio Nacional para cerrar con broche de oro el sexenio y el presidente Andrés Manuel López Obrador alistaba una salida plácida con el fallo del Tribunal Electoral que lo exculpa de afectar la elección, con la carta de autoexoneración de sus hijos de casos de corrupción y con su informe “final” sobre el caso Ayotzinapa. Pero la tarde del jueves todo cambió con la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ejecutada por las agencias estadounidenses con tal sigilo que desnuda la profundidad de la desconfianza. La mañanera de ayer, nos hacen ver, reflejó el brusco cambio en el estado de ánimo presidencial. Se impuso el reconocimiento de que se enteraron cuando todo estaba consumado y se admitió que aún no sabían si había sido captura o entrega. Estados Unidos soltó la bomba a un gobierno mexicano que ni se la esperaba. Zambada puede contar la historia de lo que en este sexenio se hizo o se dejó de hacer frente al narco. Comenzó lo que se conoce como el año más difícil del sexenio para un presidente. El “séptimo”.
Alistan festejo de Sheinbaum fuera del Zócalo
Nos comentan que el equipo de Claudia Sheinbaum comenzó los preparativos para festejar la entrega por parte del Tribunal Electoral de la constancia de mayoría que la acredite como Presidenta electa de México. Nos detallan que se está evaluando dos sedes: el Monumento a la Revolución y el World Trade Center, para un mitin que encabece la cúpula morenista y al que se convoque a un alto número de simpatizantes. La calificación de los comicios ocurrirá a más tardar el 8 de agosto. Lo que no se sabe es la razón de excluir el Zócalo. ¿Será que quieren dejar al presidente López Obrador gozar la Plaza de la Constitución para él solo ya que va de salida?
Habrá denuncia penal y despidos tras la toma de la dirección del CCH
Desde la UNAM nos aseguran que ya están plenamente identificados cuando menos una decena de estudiantes y profesores que participaron el jueves pasado en la toma de las instalaciones de la Dirección General del CCH en Ciudad Universitaria, tras la cual dejaron daños y destrozos que se documentaron en las imágenes difundidas esa misma noche en diversas cuentas de redes sociales. Nos detallan que el área jurídica de la UNAM, en coordinación con las autoridades del CCH, tienen lista una denuncia penal y sanciones disciplinarias internas contra estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras, Economía, Acatlán, Aragón y la Escuela de Trabajo Social, en principio. Además, nos adelantan que habrá varios despidos de profesores, porque al parecer confundieron sus tareas, entre las cuales no está vandalizar el patrimonio universitario.
Diputados bajaron la cortina, pero les advierten que viene una tormenta
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, entregó su último informe de actividades y bajó la cortina, dejando pendiente sólo el trámite de la entrega de los documentos correspondientes el próximo 31 de julio. El diputado priista Pablo Guillermo Angulo detalló que recibieron nueve informes de auditorías por parte de la ASF sobre las Cuentas Públicas de 2021 a 2024 y, hasta ahí, todo bien. Pero la diputada blanquiazul María Elena Pérez-Jaén les aguó la fiesta de despedida de legislatura al afirmar que se trató de una simulación y les advirtió: “habrá noticias mías por todas las componendas que se hicieron con la ASF y las mentiras que nos dijeron”. Así que, nos hacen ver, todavía habrá pleito fuerte de aquí a que entre la nueva legislatura, el 1 de septiembre. (El Universal, A2, p.2)
Que la captura de El Mayo Zambada por parte de agencias estadunidenses provocó división de opiniones, ya que mientras unos pidieron esperar la información oficial del caso, del que el gobierno de México nada sabía antes de las tres de la tarde del jueves, para el senador Ricardo Monreal fue un agravio a la 4T por parte de las instancias de seguridad de los vecinos, “molestos” porque AMLO defendió la soberanía y no los dejó hacer lo que querían aquí, como en otras administraciones. Bueno, bueno.
Que vaya que ayer salieron mensajes en la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc, pues mientras por la mañana Alessandra Rojo de la Vega difundió su reunión con mandos de la Defensa para revisar temas de seguridad, por la tarde la fiscalía capitalina dio a conocer que el ataque a tiros contra la camioneta de ella pudo tratarse de una acción “preparada”, precisando que la información “se basa única y exclusivamente en fundamentos jurídicos y no políticos”. Nadie cede nada.
Que luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE hizo un corte de caja de los asuntos que resolvió durante el pasado proceso, en el que inició mil 472 expedientes, la consejera Claudia Zavala, presidenta de esa instancia, lamentó que algunos periodistas consideren “un acto de molestia” los citatorios ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que encabeza Hugo Patlán, pero aseguró que las indagatorias de esa área no se pueden evitar en el arbitraje.
Que con la consigna de erradicar “el cáncer del porrismo”, autoridades de la UNAM, el Politécnico y el Colegio de Bachilleres acordaron la creación de comisiones para hacer recorridos en planteles, elaborar un mapa de riesgo y generar entornos más amigables, porque está comprobado que cuando éstos se cambian disminuye la incidencia delictiva. Participaron el secretario general del IPN, Mauricio Igor Jasso; el secretario de Prevención, Atención y Seguridad de la Universidad, Raúl Arcenio Aguilar, y el coordinador de Proyectos de Bachilleres, Elihú Castillo Nasr. (Milenio, Al Frente, p.2)
El asesinato de Cuén
Y son voces de la oposición las que están advirtiendo algo turbio detrás del asesinato de Héctor Melesio Cuén. Han puesto sobre la mesa, para señalar lo anterior, la denuncia que el exdirigente del Partido Sinaloense hizo en el sentido de que le habían retirado la seguridad de la que disponía. “Hacemos nosotros responsables al Gobierno del estado de Sinaloa de lo que nos pueda pasar”, señaló claramente Cuén, quien iba a ocupar una diputación en la próxima legislatura del Congreso federal. Pero fue atacado a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta. La Secretaría de Seguridad estatal ha empezado a perfilar que le querían robar su camioneta. Las investigaciones que ahora tendrán la lupa encima determinarán lo que finalmente ocurrió en la entidad que gobierna el morenista Rubén Rocha Moya, quien tenía a Cuén como su adversario y al que perseguía políticamente sin tregua, se ha acusado.
¿Y qué dicen en Sonora?
Donde están puestas las miradas, luego de la captura de Ismael El Mayo Zambada, es en Sonora, entidad gobernada por Alfonso Durazo. Y es que de acuerdo con la información oficial revelada ayer fue de esa entidad, particularmente de Hermosillo, de la que despegaron el histórico capo del Cártel de Sinaloa y el hijo de Joaquín Guzmán Loera, para dirigirse a Texas, donde fueron capturados por autoridades de EU. Las dudas, planteadas hasta ahora por la oposición, son: ¿por qué el Gobierno de Sonora no hizo nada para detener a los presuntos delincuentes? También, ¿quién registró y dio acceso a los pasajeros? y, finalmente, ¿quién dio la autorización del vuelo? Ante estas inquietudes, el Gobierno de Durazo, quien, por cierto, antes de ser gobernador fue ¡secretario de Seguridad federal!, ha aplicado, la política del avestruz. Pues en vez de responder las dudas salió a decir que nadie le ha confirmado “de manera oficial” que la nave que despegó de Hermosillo sea la misma donde se detuvo a los capos en EU. ¿Qué tal?
Cerramos el sexenio con el apoyo al “hermano mayor”
Gran apoyo, nos comentan, es el que está dando en estos momentos a connacionales mexicanos el Gobierno de Guatemala. Lo anterior, al dar acogida a chiapanecos desplazados por situaciones de violencia, crimen e inseguridad. El Gobierno de Bernardo Arévalo ha informado que asiste a 249 personas mexicanas en la Comunidad Ampliación Nueva Reforma. “En respuesta al reciente desplazamiento de ciudadanos mexicanos hacia Cuilco, Huehuetenango, ha activado desde el lunes pasado los protocolos de atención y respuesta para ofrecer asistencia humanitaria, así como para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del país”, ha señalado. Sobre las condiciones de salud de los paisanos se dio el parte de que llegaron con crisis nerviosas y no han querido comunicarse mucho. Es de agradecerse el apoyo a los mexicanos desplazados, nos comentan, aunque no deja de llamar la atención que las cosas estén configurando un escenario en el que el vecino centroamericano está teniendo que apoyar al país considerado “hermano mayor”. Uf.
La batalla por la Cuauhtémoc
Y fue Alessandra Rojo de la Vega, quien se encuentra en disputa contra Catalina Monreal por la alcaldía Cuauhtémoc quien prácticamente cantó victoria, una vez más, al darse a conocer que el recuento de votos en esa alcaldía será parcial. “La Sala Superior acaba de confirmar nuestra victoria y que el recuento total era una ilegalidad. Ordenó el recuento parcial de 73 casillas en donde sólo hubo 743 votos nulos. El triunfo es irreversible y hoy ganan también las instituciones, el Estado de derecho y las normas electorales. Estamos listos para el recuento parcial y hacer valer la voluntad de los ciudadanos”, refirió la abanderada de oposición quien resultó ganadora en los comicios del pasado 2 de junio. La abanderada morenista, que ha acusado fraude, ha considerado como un triunfo que se ratificara la determinación tomada previamente por la Sala Regional de la Ciudad de México. El caso es que el lunes a las 9:00 de la mañana se estaría dando el recuento y con esto el frente electoral casi se cerraría, no así el componente penal. De ése vienen todavía episodios. Pendientes.
Miradas sobre Venezuela
Y quienes fueron bajados de un vuelo que tenía como destino Caracas, Venezuela, fueron varios expresidentes latinoamericanos que, habían informado su intención de realizar el próximo domingo, actividades de vigilancia electoral. El grupo de exmandatarios entre quienes se encontraba el mexicano Vicente Fox había abordado en Panamá. El domingo es un día crucial en Venezuela, porque se llevarán a cabo elecciones en las que por primera vez en 25 años la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia tiene esperanzas reales de triunfo, aunque también se vislumbra el escenario en el que Nicolás Maduro, independientemente del resultado, se imponga y siga detentando el poder de manera indefinida. Su decisión de cerrar las puertas a la observación también se extendió a observadores españoles y chilenos. El lunes habrá que estar pendientes qué posición asume el Gobierno de México ante lo que ocurre en Venezuela.
Rescate de la glorieta
Buena noticia, nos comentan, la de que el Gobierno de la Ciudad de México logró recuperar espacios en la Glorieta de Insurgentes, a partir de lo cual iniciará un proceso de rehabilitación del lugar. Fueron vecinos de la zona los que, mediante diversas denuncias, habían solicitado que se recuperara el sitio que estaba tomado por personas en situación de calle, por presuntos narcomenudistas y en el que a últimas fechas se reportaban asaltos. Fueron al menos 100 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes a agrupaciones como Policía Turística, Unidad Grafiti, Policía Auxiliar, Ateneas, así como miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito los que acudieron a la glorieta para llevar a las personas a albergues. Fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, quien sostuvo que se aplicará en el sitio la política de regeneración del espacio público. (La Razón, (La 2, p.2)
Intercambian información
Muy activos están en el gobierno federal para tener información de su contraparte estadounidense sobre la aprehensión del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada; y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Por lo pronto, quien está dando la cara por la parte mexicana es la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, además de que mantiene comunicación con el embajador Ken Salazar, sobre todo para colaborar con la investigación.
Más soldados, a Sinaloa
Reforzó la Sedena, al mando de Luis Cresencio Sandoval, el número de elementos desplegados en Sinaloa, tras la captura de El Mayo y uno de los chapitos, en EU. Al estado llegaron 200 elementos de las fuerzas especiales, y se busca disuadir cualquier acto de violencia que pudiera desencadenar la aprehensión de ambos personajes.
Enmudeció Trump
Es un hecho que la captura de El Mayo Zambada y otro de los chapitos dejó mudo al candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien hace unos días atacaba a México por el tema del crimen organizado. Parece que le comieron la lengua los ratones, mientras el presidente de EU, Joe Biden, se lleva los aplausos.
Desmienten liberación de Ovidio
Por cierto, ya quedó claro que Ovidio Guzmán López de ninguna manera fue liberado por las autoridades penitenciarias de Estados Unidos. El embajador Ken Salazar, rechazó las versiones que circularon en ese sentido: “Puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos”, expuso en un comunicado.
Rocha, en el ojo del huracán
Otro sinaloense que se las está viendo negras es Rubén Rocha Moya. El asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda lo tiene en el ojo del huracán, pues es de sobra conocida su rivalidad con el hoy finado fundador del PAS y exrector de la Universidad Autónoma del estado, a cuyo presupuesto quiere meterle las manos.
Fox se quedó en Panamá
El expresidente de México Vicente Fox no pudo llegar a Venezuela para ser observador de la elección presidencial de este domingo. Iba en el avión que saldría de Panamá a Caracas, cuyo despegue no fue autorizado debido al bloqueo del espacio aéreo venezolano, ordenado por el presidente y candidato Nicolás Maduro.
Otro militar, a Seguridad en Guerrero
Nuevo titular de Seguridad Pública nombró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Se trata del Coronel de infantería del Ejército, Josué Barrón Sevilla, quien releva al General Gabriel Zamudio López. Barrón es el cuarto militar que asume la titularidad de la dependencia en lo que va de la gestión de la mandataria morenista. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
En el año de 1996, Juan García Abrego, el más poderoso e importante líder criminal del país, fue detenido por el gobierno mexicano y extraditado de manera inmediata a Estados Unidos.
Mucho se insistió en ese entonces que la extradición de García Abrego había sido ilegal, debido a que ni siquiera fue puesto a disposición de un juez mexicano; inmediatamente después de su detención —sin un solo disparo— fue subido a un avión y llevado a la Unión Americana, donde se le sentenció a 11 cadenas perpetuas.
El pasado jueves trascendió en medios de comunicación la captura o la supuesta “entrega” de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Fue hasta la noche cuando el gobierno estadunidense difundió de manera oficial la detención de quien por más de 40 años fue uno de los líderes criminales más importantes y buscados del mundo.
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido también, en una aeronave que despegó el jueves por la mañana de Hermosillo, Sonora.
Para el gobierno de Estados Unidos no fue pacto ni entrega, o bien, engaño, lo que llevó a su detención; fue una demostración más de “la contundencia con la que realizan acciones estratégicas para detener a quienes envenenan al pueblo americano y a quienes han sido responsables de la violencia entre grupos de narcotraficantes en ese país”.
Por lo menos ese es el mensaje que envían.
Tanto El Mayo como Guzmán López tienen una realidad que debe comprenderse a fondo: ambos tienen familiares cercanos presos en Estados Unidos. El hermano y el hijo del Mayo fueron testigos colaboradores en el juicio que enfrentó El Chapo en Nueva York en 2019. Por su parte, Guzmán López tiene preso a su padre y a su hermano Ovidio.
Para la poca información existente sobre esta detención, valdrá la pena esperar a que fluya, si no la verdad, mayores datos que permitan construir algo cercano a lo que realmente sucedió.
Durante casi cinco décadas El Mayo, a pesar de estar vivo, se convirtió en una leyenda urbana y rural, producto de la subcultura criminal de nuestro país. El mito del Mayo se desvaneció por completo a partir de su detención en el Paso, Texas, el pasado jueves 25 de julio.
Regresando a García Abrego, la forma con la que se conduce el gobierno estadunidense en estas situaciones, no siempre es la más legal. Llama la atención que un error táctico hubiese llevado al Mayo a la boca del lobo, es decir, no será necesario el proceso de extradición porque lo tienen en suelo estadunidense, como sucedió con Juan García Abrego.
Todos los demás capos de la droga han sido extraditados a Estados Unidos por el gobierno mexicano.
No tomar en cuenta el momento político-electoral que vive la Unión Americana será un error. Lo anterior tiene alguna conexión con lo del Mayo y Guzmán López, por supuesto que sí.
Por lo pronto, el reacomodo del cártel de Sinaloa no se prevé como una sucesión pacífica, al contrario, alguien ya ha tomado el control, o bien están en ese proceso.
Falta todavía mucha información.
Habrá que esperar.
Cabo de Guardia
Nuestros mejores deseos de triunfo para la delegación olímpica mexicana, ahora en París 2024.
Son muchos los atletas olímpicos que pertenecen al Ejército mexicano.
Éxito para toda la delegación. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente 3)
Desde febrero del año pasado, la jefa de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos, DEA, se quejó ante el senado de su país que no recibía la suficiente cooperación de México en materia de lucha contra el fentanilo. La queja se repitió en mayo de este año, cuando ante el congreso decía que esta cooperación era “dispareja e insuficiente”.
Anne Milgram sostenía desde entonces que la principal prioridad operativa internacional de la DEA era derrotar a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación por ser los responsables de impulsar la epidemia de intoxicación por drogas en Estados Unidos”.
Mucho de lo que se dijo es el contexto de lo que pasó el jueves 25 de julio, porque, sin informarle a la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Joe Biden dio el golpe más fuerte al cártel de Sinaloa, al detener conjuntamente a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, los líderes más visibles de esa organización.
Como lo dijo Rosa Icela Rodríguez, fue una llamada telefónica de la embajada estadunidense la que les informó que los hechos ya estaban consumados. Lo mismo a las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. No saben todavía si lo que ocurrió fue una entrega pactada o una captura.
El presidente caviló también entre ambas posibilidades. Y aceptaron que, aunque Zambada cuenta con órdenes de aprehensión en México, aquí nunca se logró capturar.
Los tiempos de la política son perfectos. En medio de unas elecciones atómicas en Estados Unidos que incluyó un atentado en contra del candidato republicano Donald Trump, la salida de la candidatura demócrata de Joe Biden, y el ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata, la administración “Biden-Harris” obtuvo una detención espectacular que les da oxígeno, frente a Donald Trump.
El candidato republicano había hecho una dura crítica al gobierno de Biden, dándole otro raspón al mexicano, acusándolo de ineptitud en la lucha contra el tráfico del fentanilo desde este lado de la frontera. Con esta captura, desarman uno de los argumentos trumpistas contra esta administración. No es menor y por eso el propio Biden, el director del FBI, el titular del Departamento de Justicia y la administradora de la DEA presumieron la captura, pero sin mencionar en ninguno de los comunicados al gobierno mexicano.
Al final de cuentas, sea un detención o entrega pactada, el mensaje es claro para el gobierno mexicano: no los necesitamos y se sienta un precedente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ¿cómo podrán decir que el narcotráfico no tiene impunidad y el control del país si hace un par de días “El Mencho” festejó su cumpleaños con un concierto multitudinario que gozó con la protección del Ejército Mexicano?
En Estados Unidos sobran las voces que claman para que a cualquier precio, los norteamericanos se hagan cargo del asunto, con todo lo que implica. Luego de la captura de ayer, que se traducirá en votos, la presión será mayor. (Carlos Zúñiga, El Heraldo de México, Nacional p.8)
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y el 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.
Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el Presidente iniciara con el descrédito a los supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos. Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al Ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del Presidente no giró en torno al paradero de los 43, sino en la conspiración internacional que se urdió contra el Ejército.
Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales, 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda de que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.
El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.
En 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del Ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que comenzaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el Ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los muchachos desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con Guerreros Unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a Guerreros Unidos. En relación con el militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que hacía utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como justificó el Presidente en el informe.
Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del Ejército. No se puede pedir pruebas a las madres ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al Estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.
Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de ocho años el Ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre, el Ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de Guerreros Unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.
Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas; sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.
El informe del Presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al Ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el Presidente la tomó en sus manos. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. (Abel Barrera Hernández, La Jornada, Opinión, p.16)
Larry Curtis Parker es un hombre de negocios que vive en Nuevo México. Tiene una compañía de asfalto y una pasión: cazar en México. Suele volar entre Nuevo México y Sonora a bordo de su Cessna 205, matrícula N8454Z. Uno de esos viajes ocurrió este jueves, el mismo día cuando, en otro avión, Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada abordaban un vuelo hacia El Paso, donde el FBI los arrestó.
Parker me dijo que él, en cambio, estaba en Sonora para hacer unos trámites y tuvo un par de reuniones. En la mañana del jueves, subió a su Cessna y voló de regreso a casa. El día transcurrió sin contratiempos, pero en la noche, vio que alguien había posteado una noticia sobre el arresto del “Mayo” Zambada y Guzmán, con la foto de otro avión y la matrícula del suyo.
Ayer en la mañana, la cosa empeoró, cuando la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo en Palacio Nacional que “a las 7:55 el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a las 10:19 este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa. Decir (sic) que se trató una avioneta tipo Cessna 205 en donde se trasladó este piloto”. Y mencionó específicamente un nombre: “El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva”.
En Nuevo México, Parker comenzó a recibir llamadas de periodistas preguntándole si él trabaja para el Cártel de Sinaloa. Entró en pánico. El vuelo que mencionó Rodríguez era el suyo, pero él jura que viajó solo, que no trasladó a nadie.
“Soy un ciudadano estadounidense que disfruta cazar y pescar en México y no tengo nada que ver con esta historia (del arresto de Zambada y Guzmán)”, me dijo Parker. “Amo a la gente de México y siempre me siento seguro allí”.
Ahora, el gobierno mexicano divulgó su nombre, los datos de su avión, los vuelos que ha hecho recientemente al país. “Voy muchísimo a México, me encanta cazar allí y mis viajes son de placer. Soy solo un empresario que ama México”, me dijo.
Ahora, Parker está asustado y preocupado. No sabe si alguna vez podrá pisar de nuevo el país.
En mis años de reportería sobre el Cártel de Sinaloa, he recorrido la sierra en avionetas del mismo modelo que la de Parker. He aterrizado en pistas clandestinas. El cártel usa las Cessna, pero no para trasladar a sus grandes capos, sino para mover droga desde la sierra hasta la frontera. En cambio, como reportaron varios medios, “El Mayo” y Guzmán llegaron a Texas en un Beechcraft King Air turboprop, un avión más grande y lujoso. Encontré dos aviones que encajan con la descripción, pero sus rutas no son públicas. No sabemos a qué hora despegó ese otro avión, quién era el piloto, cuál es la matrícula ni a quién pertenece, porque el gobierno mexicano no lo divulgó. Por tanto, no tenemos muchas pistas para entender, desde el lado mexicano, cómo sucedió la increíble historia de uno de los capos más experimentados del mundo, engañado como un novato para cruzar la frontera que más ha evadido en toda su carrera criminal.
Buena parte de la prensa ha publicado una versión de fuentes oficiales no identificadas, que dice que Joaquín, el más joven y menos involucrado en el negocio de los hermanos Guzmán, negoció secretamente para ayudar a Ovidio, engañó a su padrino y logró él solo lo que en años autoridades de ambos países no consiguieron. El abogado del “Mayo” dijo a LATimes que el capo viajó a EU “contra su voluntad”.
Otras fuentes, que me pidieron que no las identifique, aseguran que Joaquín y su padrino negociaron con los estadounidenses “en la misma mesa”, Joaquín para ayudar a Ovidio y “El Mayo” para proteger a sus hijos y conseguir un tratamiento médico. En agosto del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de Joaquín y “El Mayo”, pero no de Jesús Alfredo ni Iván, los otros hijos prófugos del “Chapo”. Esto no se conocía hasta ahora.
En las próximas semanas, si la versión del engaño es cierta, veremos más violencia en el norte de México. Si es falsa, debería haber una relativa calma.
El gobierno mexicano tiene aún muchas explicaciones que dar: cómo es posible que los capos estuvieran en Hermosillo sin ser detenidos y por qué dijo que se enteró del arresto igual que todos nosotros, cuando ya todo estaba hecho. También debería aclarar quién fue el verdadero piloto que trasladó al “Mayo” y a Joaquín a Texas. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
Con debido sigilo, el ministro Arturo Zaldívar elaboró junto a su ponencia el Proyecto ABC discutido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
En ese mismo 2010, la guerra del narco declarada por el presidente Felipe Calderón escalaba hasta llegar a su punto álgido el año siguiente, al sumar un promedio de 24 asesinatos por cada cien mil habitantes, el momento más violento de un violento sexenio per se.
Al seguir en aquella época al caso ABC al interior de la Corte, mediante testimonios off the record de familiares, abogados, activistas y funcionarios menores, pude registrar parte de la pugna política y judicial alrededor de la tragedia ocurrida en Hermosillo, Sonora.
La Operación de Estado para impedir el señalamiento de responsables, ahora queda más clara gracias al testimonio del ministro Zaldívar en esta serie periodística en la que se intentan abordar también aspectos de la poco avistada vida interna del máximo tribunal del país.
Si por entonces dentro de la élite de la Corte se agitaban tempestades alrededor del caso ABC, en pueblos y ciudades del país el aumento de la presencia y operaciones del Ejército y la Marina acarreaban hechos trágicos a caudales. Uno de ellos el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza, ocurrido el 6 de abril de 2010 en un retén militar de Tamaulipas.
Entre los novedosos postulados del dictamen de Zaldívar y su equipo había uno sobre la existencia de un desorden generalizado en la enorme mayoría de las guarderías subrogadas por el gobierno a particulares, lo cual no solo había provocado la tragedia en Sonora, sino que dejaba latente la posibilidad de otras tragedias en las demás estancias infantiles del país. Con base en ello, el proyecto de Zaldívar establecía que el director del IMSS, como máxima autoridad, era responsable de los hechos investigados.
¿A partir de este planteamiento se abría una caja de Pandora?, ¿si se establecía la responsabilidad de altos funcionarios en el siniestro de la Guardería ABC, por acciones u omisiones de subordinados, quedaba la puerta abierta para que el presidente Felipe Calderón, comandante en jefe de las fuerzas armadas, pudiera ser juzgado a su vez por crímenes cometidos por soldados que participaban en una guerra en la que realizaban labores policiales para las cuales no estaban capacitados?
¿Lo que se jugaba la clase política con el caso ABC no solo era la responsabilidad de altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora, sino también la de sentar precedente para revisar jurídicamente la irresponsable declaración de guerra lanzada por el presidente Calderón en medio de la crisis de gobernabilidad bajo la cual llegó al poder en 2006?
Pude incluir en el epílogo de mi libro La guerra de los Zetas, publicado en 2012, solo un poco de esta discusión que ocurrió a puertas cerradas en la Corte. La entrevista que hago ahora con el ministro Zaldívar representó la posibilidad de retomar preguntas pendientes de mis libretas de notas de aquellos años.
—Tengo versiones acerca de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, planteó a sus compañeros ministros que de aprobarse su proyecto ABC se abría la puerta para que el presidente Calderón fuera juzgado en el futuro por crímenes que estuvieran cometiendo soldados comisionados en la guerra del narco… ¿qué piensa al respecto?
—Justamente ese fue un argumento que me dio Gómez Mont cuando discutimos sobre la orientación de mi proyecto: que entonces el presidente sería responsable por cualquier cuestión que estuviera sucediendo, por ejemplo, en el uso de las fuerzas armadas. Y yo lo que le dije a Fernando fue: “Ese no es el caso que estamos viendo. El caso que estamos viendo es otro, yo no estoy responsabilizando al presidente, creo que el caso no da para eso, pero sí al director del IMSS del momento [Daniel Karam] y al anterior director del IMSS [Juan Molinar Horcasitas], y al gobernador [Eduardo Bours], porque el IMSS es un organismo descentralizado”.
—Por lo que me dijeron, había quienes tomaban como ejemplo el entonces reciente asesinato de una familia en un retén militar de Tamaulipas. Ante casos así, el proyecto ABC habría alentado la responsabilidad no solo de los soldados que se equivocaron, sino del propio presidente…
—Este argumento que se dio me parece falso y tremendista. Creo que es concientemente falso, es decir, creo que se construyó precisamente para generar: “No, no, no podemos llegar a eso, ¡Zaldívar enloqueció!”. No, no, a ver: que en un retén unos soldados priven de la vida a unas personas es un error o es un delito, dependiendo cómo se realizó. Pero de aquí no se sigue la responsabilidad ni del general secretario ni mucho menos del presidente de la República. En el ABC la responsabilidad del IMSS no es porque murieron 49 niños, es porque había un desorden generalizado.
“Por ejemplo, si como sucedió en el pasado, el presidente de la República, jefe supremo de las fuerzas armadas, manda la orden de: ‘No se preocupen por los derechos humanos’, pues aquí sí podría haber una responsabilidad para ese presidente que dio esa orden, pero si las fuerzas armadas o policiacas actúan en el marco de la ley, y en ese marco de la ley hay excesos o hay errores, los responsables son quienes cometen los excesos y los errores.
“Si para la fuerza pública no hubiera protocolos ni lineamientos, se cometieron errores y excesos porque no hay lineamientos o no hay protocolos, pero lo cierto es que sí los hay, entonces, creo que el argumento no se sostiene. Es un argumento tremendista para decir: ‘Miren lo que va a pasar’. Y creo que fue efectivo, porque sí movió votos de algunos ministros. ‘Miren lo que puede pasar con esto’, y por el otro lado: ‘Ya enloqueció Zaldívar’”.
—Quizá suena tremendista desde el punto de vista institucional, pero en términos de la necesidad de justicia que hay en el país, sentar precedentes de que cualquier funcionario, incluso el presidente, se haga responsable de decisiones de políticas públicas que acaban en tragedias sonaba esperanzador.
—Es que hay que ver varias cosas. Lo primero es que lo que se sostuvo en el ABC no es aplicable a este caso que usted plantea, más allá si sea plausible o no. Segundo, que esto es bien importante: el ABC no es un precedente jurisdiccional. La investigación del ABC no es jurisdiccional. Consecuentemente, no genera un precedente que obligue. Por eso creo que el argumento era tremendista. El argumento era para espantar: “Imagínense lo que puede suceder. Van a responsabilizar a partir de ahora al presidente en turno”. No. Ni se plantea en mi proyecto, ni se desprende de mi proyecto.
—Pero desde el punto de vista de la necesidad de justicia, sería bueno que el presidente se hiciera responsable…
—Pero ese es otro tema. Si usted me dice: ‘Desde el punto de vista constitucional y el ABC’, yo le digo: ‘No’. Si usted quiere que hablemos sobre ¿qué sería bueno que dijera la Constitución? Ese es otro tema. Pero es decir, que se haya descalificado el proyecto del ABC, porque a partir de ahí se iba a responsabilizar al presidente era un argumento que en lógica de la discusión se llama tremendista para tratar de llegar a algo, a un extremo que no se desprende del caso, a fin de generar una respuesta en contra de lo que se estaba planteando.
“Fue un argumento retórico, porque Fernando es un hombre inteligente, un buen argumentador, y creo que dándose cuenta de que era indefendible el caso lo que trató de decir es: ‘Imagínense, si ustedes aprueban esto, mañana van a tener que responsabilizar al Presidente’. Y obviamente tú como ministro dices: ‘Pero es que, ¿cómo vamos a responsabilizar al Presidente?”’ (Diego Enrique Osorno, Milenio, Política, p.12)
La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de no buscar la reelección sacudió a su país, cambió la carrera hacia la Casa Blanca y reconfiguró el tablero político mundial.
Que el hombre de 81 años se bajara del tren electoral el pasado domingo y su discurso desde la Oficina Oval el miércoles parecen sacados de una serie de televisión, algo que pensaríamos que eso “solo pasa en las películas”.
Con un tono teatral e increíble, en el sentido literal, se presentó como un acto de sacrificio personal por el bien de su país y su partido.
Biden enfrentó preocupación y diversas presiones internas sobre su capacidad de liderar a la nación durante otros cuatro años. Su decisión, aunque forzada, permite la transición a una nueva generación de líderes demócratas, y con Kamala Harris al frente de la campaña electoral, el impacto se manifiesta en varios frentes.
La actual “VP” trae consigo una energía refrescante y nuevos desafíos. Su historial en temas como el derecho al aborto, la justicia climática y la reforma migratoria está bajo intenso escrutinio por sus oponentes políticos, pero su capacidad de movilizar a las bases demócratas, especialmente mujeres y comunidades minoritarias, podría ser crucial en las elecciones de 2024.
El expresidente Donald Trump y su campaña fueron sorprendidos por la rapidez y efectividad con que los demócratas manejaron la transición de Biden a Harris. Incluso, Trump exigió que el Partido Republicano sea “reembolsado por fraude” debido a los esfuerzos y recursos invertidos contra Biden.
El candidato republicano, quien ha dominado el ciclo de noticias, ahora se encuentra en una posición reactiva, obligado a responder a las acciones de otros, en lugar de controlar la narrativa.
Su equipo ha atacado a Harris, desacreditándola con argumentos que van desde su forma de reír y su política de prohibir popotes de plástico, hasta acusaciones de extremismo liberal. Sin embargo, el desafío para Trump será no caer en discursos que puedan ser percibidos como racistas o sexistas, que podría alejar a votantes indecisos.
En las elecciones de hace 8 años, se esperaba sin temor a equivocarse que Hillary Clinton ganara y fuera la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Las encuestas la mostraban con superioridad en estados clave, y su experiencia política parecía darle ventaja sobre Trump, considerado un político novato y divisorio. Sin embargo, la noche del 8 de noviembre de 2016, trajo una sorpresa escandalosa.
La victoria de Trump reveló aspectos profundos y oscuros del pensamiento de una buena parte del electorado estadounidense y desnudó el fuerte sentimiento nacionalista, racista, xenofóbico y tendencioso que había estado latente y al parecer, suprimido.
Con retóricas incendiarias y polarizadoras, supo capitalizar los resentimientos y frustraciones, destapando a una base que se sentía marginada por el “establishment” político. Su estilo de comunicación, similar al de un show de lucha libre (del cual una vez fue parte), alcanzó a una sociedad acostumbrada a ser entretenida, donde el espectáculo a menudo se confunde con la sustancia.
Por eso, el futuro político de Estados Unidos verdaderamente es incierto y las próximas elecciones no solo determinarán quién liderará al país, sino que también definirán la dirección en la que se moverá en los próximos años.
Como dijo Russell Crowe en la película de “Gladiator”: “Are you not entertained?”.
Monitor republicano
(Por vacaciones, merecidas y necesarias, permítame por favor volvernos a leer el sábado 17 de agosto). (Amador Narcia, El Universal, Nación, p. 7)
Las calles y las encuestas dicen que la oposición va a ganar las elecciones presidenciales de mañana en Venezuela. Los números y las manifestaciones son abrumadores. Pero el temor es que la dictadura vuelva a hacer trampa y se robe las votaciones.
Es considerado uno de “los hispanos más influyentes de Estados Unidos” y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.
Lo sé; difícil hablar con esperanza sobre Venezuela. Desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1999 la democracia ha desaparecido, existen cientos de prisioneros políticos, y el régimen ha utilizado la tortura, los asesinatos y encarcelamientos, la censura y la represión para enfrentar las protestas de opositores. Nicolás Maduro gobierna como un dictador desde el 2013 y en las elecciones de este domingo buscará reelegirse y obtener un poquito de legitimidad.
Pero lo que la dictadura no se esperaba era que María Corina Machado, a pesar de haber sido declarada como inhabilitada como candidata presidencial, siguiera haciendo campaña por todo el país. Con eventos multitudinarios, ella es la verdadera cara del cambio en Venezuela. Y ha logrado transferir su apoyo a Edmundo González Urrutia, quien es oficialmente el candidato de la oposición y que, según la encuestadora Hercon Consultores, tiene un 35 por ciento de ventaja sobre Maduro. Otras encuestas también ponen a Edmundo muy por encima de Maduro.
El mismo candidato quedó sorprendido de la manera en que fue escogido. “Yo estaba en mi casa cuando me llamaron para asistir a una reunión para firmar la postulación de mi candidatura”, me dijo en una entrevista, él en Caracas y yo en Miami. “Fue un proceso que yo pedí que fuera por unanimidad de todas las fuerzas políticas y así se dio… Mi candidatura ha venido sumando voluntades, al punto de que hoy tenemos esa amplia ventaja que demuestran las encuestas”.
Aunque vaya adelante en las encuestas, ¿por qué la dictadura lo va a dejar ganar a usted?, le pregunté. “Porque hay una inmensa mayoría de venezolanos que aspiran a un cambio”, me dijo. “Estamos conscientes de que estamos frente a un adversario que abusa de las condiciones electorales… Pero, mira, cuando la voluntad de un pueblo se decide a cambiar y hay una masiva votación, no hay nada que pueda detener esas aspiraciones de cambio”.
González Urrutia, de 74 años, diplomático y profesor universitario, se sabe bien la historia. Maduro realizó fraudes electorales en las últimas dos elecciones en que participó como candidato presidencial. ¿Y por qué no habría de hacerlo una tercera vez en este 2024?
Como se lo dije a Maduro en una entrevista en el Palacio de Miraflores en el 2019, las elecciones en Venezuela son como “un partido de futbol sin contrincante, sin árbitro”, y luego ellos se inventan el marcador. Y de nuevo, en este 2024, el régimen organiza las elecciones, cuenta los votos y declara a un ganador. La oposición tiene todo en contra.
Además hay otro factor. El costo de perder para Nicolás Maduro y su cuadrilla es altísimo. Muchos de ellos están acusados de corrupción y de violación a los derechos humanos. Perder la elección podría significar la cárcel y la confiscación de todas sus propiedades y cuentas bancarias. Por eso ya se está hablando de una posible amnistía para permitir la transición hacia la democracia en Venezuela. Pero González Urrutia no se quiere comprometer.
“Todo eso va a ser objeto de una discusión a fondo, serena, en la que participarán todas las figuras políticas del país”, me dijo sobre la amnistía, “y donde vamos a tratar a la oposición como un adversario, no como un enemigo”. Así lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica para terminar con el apartheid. Ya veremos si esa misma fórmula se puede aplicar a Venezuela.
Así, después de un cuarto de siglo de muerte y represión, se puede hablar con cierta esperanza en Venezuela. Sería una salida parecida a la que terminó con el régimen sandinista en Nicaragua en 1990.
Ahora bien, en un hipotético triunfo de la oposición en Venezuela, ¿quién gobernaría: usted o María Corina? “Si ganamos”, me dijo González Urrutia, “yo seré el presidente de la república. Y María Corina tendría un papel fundamental como líder de la oposición venezolana”.
Los títulos vendrán después. Primero hay que ganar la elección de mañana y defender los resultados ante un régimen que hará todo lo posible para no entregar el poder. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)