ASTERISCOS
* Que nada ni nadie tocará al compa Francisco Garduño Yáñez mientras AMLO siga en el poder o pueda evitarlo, dicen quienes rodean al tabasqueño ante la pregunta sobre el futuro del impresentable titular de Migración, que, amén de posponer un juicio penal en su contra, sigue negado a asistir al Senado para responder sobre la muerte de 40 migrantes “encarcelados” en la estación de Ciudad Juárez, en 2023. ¿Así o más claro?… (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 16)
Quien ha mantenido un silencio sepulcral desde que se conoció la detención de El Mayo Zambada es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Hay quien piensa que el funcionario tiene mucho qué decir pues, en teoría, nadie puede salir del país sin exhibir su pasaporte y sin llenar un formulario de Migración, y menos por vía aérea, en donde los controles son —o deberían ser— más severos. El pasado 25 de julio un avión privado salió de algún punto de México y aterrizó en Texas, Estados Unidos, sin pasar, aparentemente, por algún filtro migratorio. A menos que sí lo haya pasado y que Garduño tenga información que no ha querido compartir ni con sus superiores jerárquicos. Ya se sabrá. (Eje Central)
Acomódense bien
Un secreto chino, que sufrió una primera crisis en enero de este año, cuando la FGR y Conagua clausuraron la construcción de la planta de Time Ceramics, pues estaba perforando pozos de agua potable sin permisos y sin contar con las concesiones a su nombre. Además -agárrense y échense un té con güisqui-, tenían retenidos a 39 chinos indocumentados, a quienes tenían trabajando y viviendo en sus instalaciones como esclavos. ¡Así como lo están leyendo! ¿Cómo entraron al país, INM? ¡Sabe! ¿Cómo llegaron hasta Hidalgo, Segob? ¡Sabe! De sus derechos humanos mejor ni hablar y menos aún de la CNDH, pues desde que fue secuestrada por la morenista Rosario Piedra no sirve para nada.
La obra duró parada 21 días y luego levantaron los sellos. Los dos pozos quedaron inmovilizados y se les permitió continuar con los trabajos de construcción.
En esos días, el gobierno de Menchaca se dedicó a hacer conferencias de prensa y declaraciones presumiendo la inversión y hablando bien de Time Ceramics. Hay unas 100 notas en medios, principalmente hidalguenses, que evidencian que se quería defender a los chinos, pero sin hacer demasiado escándalo. Es decir, había receptores muy específicos a los que el gobernador quería dirigirse.
Quería mandar el mensaje de que el gobierno apoya, con todo, la inversión, pero sin que nadie viera las irregularidades y a los esclavos indocumentados. Mucho menos Palacio Nacional. Les doy una pista: Vidaur Mora, abogado.
Ahora bien, Time Ceramics no llegó sola a instalarse a Hidalgo. Esto viene desde 2022. La inversión se dio en los últimos meses del gobierno de -redoble de tambores y reflectores al cielo- ¡Omar Fayad! ¡Sí, de Freddie Mercury versión ‘4T’! ¡Del expriista, hoy flamante embajador morenista, tras entregarles la plaza! Una empresa de nombre Absormex, que tiene sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, vendió las 80 hectáreas agrícolas a Time Ceramics, incluidas las dos concesiones de pozos de agua agrícolas, no industriales.
Hay 28 facturas que pagó Time Ceramics a Absormex, por un monto de 208 millones de pesos; algo así como 2.6 millones de pesos la hectárea. Los chinos compraron tierra agrícola y concesiones de agua agrícolas. El pero, el problema es que su giro y su negocio es 100% industrial.
Ahora bien, Absormex no le vendió a Time Ceramics por casualidad. Hubo un matchmaker: Vidaur Mora, abogado de Time Ceramics, quien aparece fotografiado con Carlos Lomé, titular de RP de Time Ceramics, y con Carlos Henkel, secretario de Economía de Hidalgo.
También les puedo contar que Vidaur tiene un despacho, Rivadeneyra, Treviño y De Campo, con el cual da asesoría legal a inversionistas extranjeros. Desde la compra del predio, pasando por cómo gestionaron con Absormex; la gestión gubernamental, como hicieron con el gobierno de Omar Fayad; hasta cualquier problema que surja para poner en marcha la inversión, como sucedió con la clausura. Vidaur ofreció convertir algo agrícola en industrial.
Vaya promesa, vaya engaño, vaya cinismo. (Lourdes Mendoza, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 47)
El envío de más de 6 mil millones de dólares de los migrantes a México, una cifra histórica récord, nos patentiza la solidaridad monumental de esos millones de esforzados connacionales, pero también nos recuerda que es mayor aún su contribución a la construcción y el mantenimiento de la economía huésped estadunidense, y que su regularización, por un elemental sentido de justicia y de reciprocidad proporcional, es una enorme asignatura pendiente.
Comencemos por el informe oficial del Banco de México: las remesas que recibieron familias mexicanas en junio de 2024 ascendieron a 6 mil 213 millones de dólares, la cifra más alta para cualquier mes desde que existen registros, es decir, desde 1993, un incremento de 11.3 por ciento a tasa anual.
En el acumulado anual, de enero a junio de 2024, los ingresos por remesas que recibió el país, todas las entidades federativas en distinto grado, se ubicaron en 31 mil 343 millones de dólares, un incremento de 3.7 por ciento en comparación con los 30 mil 238 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2023.
Este crecimiento en las remesas se debe principalmente a un aumento en el número de operaciones, que llegaron a contabilizar 14.8 millones (un alza de 8.1 por ciento), mientras el promedio por envío fue de 419 dólares (un crecimiento de 2.9 por ciento), según un análisis del BBVA Bancomer.
Pero decíamos que la contribución de los trabajadores migrantes a la economía que se beneficia de su fuerza de trabajo, su consumo y su pago de impuestos es inmensamente mayor. Por cada peso que ganan, 18 centavos lo envían los migrantes a sus comunidades de origen y los otros 82 centavos los gastan en las distintas vertientes del mercado estadunidense, lo cual es un importante detonador del dinamismo de la mayor economía del mundo.
Por eso la economía de Estados Unidos ha desafiado, y desmentido, en los dos últimos años todas las previsiones que auguraban una recesión inminente. En lugar de ello, creció de forma inimaginable. El auge de la inmigración fue parte de la receta, según el diagnóstico de una autoridad financiera de primer orden, una fuente más que confiable: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una entrevista para el programa 60 Minutes de la cadena CBS, al cierre del primer trimestre de este año.
En el mismo sentido, para Phillip Swagel, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), debido al incremento de la migración el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, una medida del tamaño de una economía, ha estado aumentando y mantendrá esa tendencia: crecerá en 7 billones de dólares adicionales durante la próxima década. El PIB ajustado a la inflación aumentará 0.2 puntos porcentuales de media cada año, y el gobierno federal se beneficiará de ese crecimiento, que aumentará la recaudación de impuestos en un billón de dólares, además de los impuestos y derechos recaudados por los estados y los condados. Pese a ello, los ciudadanos no estadunidenses no suelen tener derecho a programas de asistencia social como la Seguridad Social y el seguro de desempleo. Al mismo tiempo, los migrantes legalmente autorizados a trabajar en Estados Unidos contribuyen a estos programas mediante deducciones en sus nóminas.
Un diagnóstico compartido, en lo relativo a la enorme contribución de los migrantes a la economía huésped por la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Alicia Barcena, para quien las aportaciones que más de 37 millones de migrantes mexicanos realizan a la economía de Estados Unidos no son reconocidas, aun cuando contribuyen con 324 mil millones de dólares anuales en impuestos a esa nación, una cifra superior al PIB de Colombia, que alcanza 314 mil millones de dólares.
Además de resaltar que los migrantes contribuyen con 324 mil millones de dólares al año al erario de Estados Unidos, Bárcena ha patentizado que cada uno paga, en promedio, 1.38 dólares de impuestos, mientras un ciudadano estadunidense contribuye con 0.69 dólares.
Frente a esta enorme contribución, reconocida y cuantificada, entre otros, por la Reserva Federal y el Congreso de Estados Unidos, así como por el monitoreo de nuestra dependencia encargada de los temas internacionales, una mentalidad racional esperaría que estuviera en proceso algún programa para dar estatus migratorio regular a esos millones de brazos productivos, o cuando menos figurara en la oferta de campaña de los candidatos presidenciales de aquel país.
Pero, hasta el momento, lo que hemos presenciado es un torneo para ver quién erige mayores barreras y quién complica más el ingreso y la estancia de los trabajadores migrantes en suelo estadunidense, sobre todo desde la plataforma discursiva y programática del candidato de la derecha conservadora.
Está por agotarse la administración que planteó regularizar la estancia de 10 millones de personas que ya viven, trabajan, consumen y pagan impuestos en Estados Unidos. Esperemos que esa agenda de justicia, de derechos humanos y de beneficio compartido, se retome y se haga realidad en el futuro inmediato. (José Murat, La Jornada, Política, p. 18)
La frontera sur de México siempre ha sido dinámica. Por ahí han entrado históricamente al país migrantes de todo Sudamérica en su esfuerzo por llegar a los Estados Unidos. Por ahí también han ingresado a Chiapas grupos de guatemaltecos para trabajar temporalmente en la pizca de algunos cultivos como el café. Era así hasta hace poco, pero la disputa de grupos criminales por el tráfico de personas y drogas está cambiando radicalmente esa realidad.
Quienes padecen y estudian de cerca esta violencia creciente, cuentan que el dominio que tenía en la región el Cártel de Sinaloa resultó afectado por problemas al interior de la propia organización criminal. Esa división fue aprovechada por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrar en la zona y buscar adueñarse del control de las actividades delincuenciales. La batalla ha sido feroz y ha afectado a buena parte del territorio chiapaneco.
En un estado tan pobre como Chiapas, la violencia ha generado un panorama desolador. Las pocas actividades productivas que había han desaparecido o han sido acaparadas por personas armadas. Familias enteras han tenido que huir para salvar la vida o para evitar que sus hijos sean reclutados por los criminales.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al menos diez mil personas han sido desplazadas por la violencia únicamente en la frontera central. Pero son muchas las regiones en las que las amenazas y extorsiones han ahuyentado a la población. La mancha de la violencia crece y hay cada vez menos lugares a dónde ir y menos recursos para atender a los expulsados de sus comunidades por el miedo.
La crudeza de los cárteles es nociva en cualquier lugar, pero la realidad social chiapaneca tiene particularidades que la hacen aún más compleja. No olvidemos los conflictos ancestrales entre comunidades o el papel que ha jugado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva lacandona. El EZLN que, por cierto, ha calificado la situación actual como una guerra civil.
En esta estela de asesinatos y secuestros que nadie investiga, el gobierno estatal es como inexistente. La autoridad federal se hace presente con el Ejército o la Guardia Nacional, pero suele ser después de ocurrida la violencia. Llegan a “restablecer el orden“ cuando los balazos ya surtieron efecto y los pobladores ya están lejos o están muertos.
En este contexto sucedió lo impensable: en la frontera que siempre vio cruzar a personas de sur a norte, se invirtió la dirección. Desde hace semanas son mexicanos los que huyen desesperados a Guatemala para refugiarse. Agrupaciones religiosas y defensoras de derechos humanos hoy destinan sus recursos a los chiapanecos. El Instituto Guatemalteco de Migración ha tenido que entregar cientos de documentos que otorgan el estatus de permanencia por razones humanitarias, mientras que Médicos del Mundo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia han repartido carpas, colchones y alimento.
Los primeros en ayudar fueron los pobladores. Conmueve la generosidad de muchos guatemaltecos que, conocedores de lo que duele la pobreza, apoyan con lo que pueden a sus vecinos migrantes.
Es una realidad que ya no puede negarse y que tiene que atenderse. Los cambios de gobierno a nivel federal en octubre y a nivel estatal en diciembre, tendrán que traducirse en una nueva estrategia de seguridad que permita a los chiapanecos volver a sus comunidades. Eso de minimizar las afectaciones que genera la violencia es ofensivo para quienes han tenido que huir desesperadamente. Urge atender esa dolorosa problemática. Urge que el Estado asuma sus funciones. La promesa fue atender primero a los pobres. Hoy esos pobres siguen en la miseria y están además desterrados. Simular que todo está bien no los va a traer de regreso. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p. A18)
El Presidente por fin manifestó una preocupación intuimos que mayor sobre Chiapas, “no me gusta lo que está pasando”, dijo.
Una de las cuestiones más importantes a atender sobre lo que está sucediendo es colocar el problema en el centro del radar del país, a estas alturas no se puede soslayar que estamos ante un tema de seguridad nacional.
Mientras lo que suceda en Chiapas sea visto a distancia y sin un análisis profundo, difícilmente se podrá cambiar el estado de las cosas. El estado no va a cambiar solamente con los programas sociales que en buena medida son los que le dieron a la mayoría el abrumador triunfo el 2 de junio. El diagnóstico detallado sobre lo que sucede es lo que permite ir resolviendo el problema, el cual es claro que es de enorme complejidad.
Se conjuntan una gran cantidad de escenarios, los cuales pasan por la delincuencia organizada, la corrupción, conflictos locales y una orografía que es al mismo tiempo bella, exuberante y compleja.
A lo largo de años se han venido presentando hechos violentos, los cuales cada vez son de mayor riesgo. Las cosas se fueron dejando pasar por razones totalmente confusas, y quizá por desidia oficial. Nadie se puede decir sorprendido de lo que ha venido sucediendo.
Lo que está pasando en Chiapas no es algo que se haya dado de la noche a la mañana. Es la suma de problemas que nunca se atajaron, los cuales pasan directamente por el desdén y responsabilidad de la autoridad federal y local.
Que el Presidente plantee que no le gusta lo que está pasando no puede verse de otra manera que no se le dio la debida importancia a la violencia imperante a lo largo de todos estos años. Su narrativa pasó de ser un problema local, al no me gusta lo que está pasando.
En pocas ocasiones se refirió a Chiapas en función de la violencia desatada. Queda la impresión de que la abrumadora votación de las pasadas elecciones en favor del partido del Presidente fue considerada como el punto de partida para que la vida se pudiera reorganizar.
Sin embargo, lo que ha pasado más bien fue la agudización de los problemas. En un hecho inaudito resulta que entre 2 y 3 mil mexicanos huyeron de nuestro país, México, con rumbo a Guatemala. Conversamos la semana pasada con el sacerdote chiapaneco Filiberto González. Nos decía que la migración forzada de chiapanecos no sólo se puede ver bajo los números oficiales, lo más importante está en lo que llama la migración por goteo.
Es aquella que no se alcanza a apreciar porque no se lleva a cabo en grupos, sino que son familias que cruzan solas la frontera y en muchos casos son también jóvenes que salen huyendo de la violencia, pero sobre todo, de las fuertes y violentas presiones que padecen de la delincuencia organizada para que se integren a su organización como sicarios; en muchos casos terminan aceptando por las presiones y, sobre todo, por las condiciones económicas familiares en las que están.
Si bien algunos chiapanecos han regresado estos días al país no son ni por mucho un número significativo. No hay manera de que regresen, porque no han cambiado en lo más mínimo las condiciones de vida en los diferentes municipios en que viven.
La desesperación de muchos y muchas se debe a que se ha entrado en un proceso de agudización de todos los problemas en la zona. Lo grave, nos dice Filiberto González, es que es una historia de años en que se han dejado solas y expuestas a las comunidades. Las autoridades han sido omisas y han terminado por ser cómplices de la delincuencia organizada. En Chiapas se aplica lo que el Presidente señala respecto a gobernadores de la oposición: gobiernan, pero no mandan, la verdadera ventanilla para resolverlo está en Palacio Nacional.
RESQUICIOS
Sigue la mata dando. Se pensó que habría cierta cordura en París entre la Conade y el COM, pero nomás no se les da. Ya serán recibidos los atletas por el Presidente y se darán la manita como si nada estuviera pasando, porque es un hecho que seguirá pasando. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La Dos, p. 2)
México, Brasil y Colombia pagarán un alto precio por sus posturas vacilantes sobre el grotesco fraude electoral del 28 de julio en Venezuela: a falta de una mayor presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, probablemente se producirá un nuevo éxodo masivo de venezolanos a todo el continente.
Más de 7.7 millones de venezolanos ya han salido del país desde que Maduro tomó el poder en 2013. Una encuesta reciente de Consultores ORC en Venezuela mostró que el 18 por ciento de los adultos venezolanos, o más de 4 millones de personas, dijo que consideraría irse si Maduro permanece en el poder.
Otra encuesta realizada en abril por Meganálisis había situado la cifra de potenciales migrantes en un asombroso 44.6 por ciento de los 25 millones de adultos de Venezuela. Eso equivale a más de 11 millones de personas.
Vergonzosamente, México, Brasil y Colombia no apoyaron una propuesta de resolución en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para pedirle a Maduro que muestre las actas de votación, tal como lo requiere la ley venezolana.
Maduro, citando cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que él controla, aduce haber ganado las elecciones con un 51 por ciento de los votos, pero se ha negado a mostrar las actas de la votación. Las copias de las actas publicadas por la Oposición, así como las encuestas de boca de urna, muestran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó con un 67 por ciento del voto, contra un 30 por ciento de Maduro.
La propuesta de resolución ante la OEA sólo fue respaldada por 17 países, uno menos de los necesarios para aprobarla. México, Brasil y Colombia luego sacaron una declaración conjunta, más blandengue, que pide a Maduro dar a conocer las actas. Estados Unidos, Argentina, y otros países apoyaron el proyecto de resolución.
A menos que haya una clara presión externa sobre Maduro, los venezolanos perderán las esperanzas, y comenzará una nueva ola migratoria. Los primeros en irse serán los jóvenes, que ya no ven ningún futuro para ellos.
Después de todo, muchos exiliados sacarán de Venezuela a sus padres y abuelos, por temor de que no consigan medicamentos esenciales en medio de un nuevo ciclo de violencia y crisis económica.
A Maduro, sin embargo, no le será fácil sobrevivir en el poder. Jhon Magdaleno, profesor de la Universidad UCAB de Venezuela, me dijo que ha contado al menos 11 casos en las últimas décadas en que autócratas se vieron obligados a renunciar después de tratar de robarse elecciones. Entre ellos están los casos del serbio Slobodan Milosevic en 2000 y el boliviano Evo Morales en 2019.
“A menudo, hay manifestaciones masivas, seguidas de una ruptura dentro de las estructuras del poder”, me dijo Magdaleno. “No descarto que esto ocurra en Venezuela”.
El Presidente estadounidense, Joe Biden, para su crédito, llamó al Mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y lo convenció de que pidiera a Maduro publicar las actas. Y el jueves, el Secretario de Estado Antony Blinken dio un paso importante al declarar que hay “evidencias abrumadoras” de que González Urrutia ganó las elecciones.
Pero Biden debería hacer más. Debería elevar el perfil de la crisis de Venezuela hablando personalmente del tema, en lugar de dejar esa labor a sus subordinados. Debería estar llamando por teléfono a los Presidentes latinoamericanos pidiéndoles que ahora reconozcan a González Urrutia.
A diferencia de lo que pasó en las elecciones venezolanas de 2018, donde la Oposición no participó y, por lo tanto, no tenía registros de votación para demostrar una victoria, esta vez existen las actas de votación dadas a conocer por González Urrutia que prueban su triunfo.
Biden debería decirle al Presidente de México, por ejemplo, que es en su propio interés presionar a Maduro para que dé a conocer las actas electorales, o acepte una transición negociada a la democracia.
El Mandatario estadounidense podría decirle algo así como: “Washington no aceptará la nueva ola de migrantes venezolanos, se quedarán varados en México”.
Biden puede construir una gran coalición diplomática internacional para aplicar sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, y podría hacer algo parecido para respaldar la democracia en Venezuela. A falta de esa presión, habrá una nueva ola migratoria de venezolanos que empeorará esta crisis humanitaria y económica en todo el continente. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 12)
Es patética la forma como se ha comportado el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en las casi dos semanas desde que Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos bajo custodia de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Su reacción lo dejó al desnudo porque su escudo de defensa, la mañanera, para esto no alcanzó. López Obrador quedó atrapado entre cómo administra al Cártel del Pacífico/Sinaloa, que se maneja con impunidad y ayuda electoralmente a Morena, y la necesidad de la administración Biden de quitarle la iniciativa al expresidente Donald Trump de sellar la frontera con México para resolver la migración y la crisis del fentanilo.
Han transcurrido 12 días desde que Zambada –a quien el Presidente trata con un respetuoso “el señor”– y Guzmán López están durmiendo en cárceles estadounidenses, sin que López Obrador sepa qué sucedió. Si es terrible que esté paralizado, es lamentable que lleve casi dos semanas pidiéndole información a Estados Unidos sobre lo que pasó en México, reconociendo que se vulneró la soberanía. Mejor ejemplo como el de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ninguno, al difundirse su petición a Washington de informar de qué parte de México partió la avioneta con los narcos y ¡su plan de vuelo! El Ejército y la Marina, que controlan los aires y los aeropuertos mexicanos, están extrañamente ausentes.
El gobierno obradorista no gobierna o esconde. Es inepto o está paralizado por lo que pudieran decir Zambada y Guzmán López sobre sus relaciones con la cuatroté. En cualquier caso, este episodio, el más dañino del sexenio para López Obrador, provee un estudio de caso de lo que ha sido estos años: gritón, insolente, hostil y represor contra quienes se le atraviesan en el camino; tolerante, laxo y en contubernio por omisión con el crimen organizado, al que le ha regalado amplias franjas del territorio mexicano.
Enseña la destrucción del edificio institucional y las consecuencias de haber puesto a las Fuerzas Armadas a realizar tareas ajenas a su misión y responsabilidad, debilitando la seguridad interna, lo que impacta en la seguridad nacional, y el costo de haber girado el objetivo del Centro Nacional de Inteligencia de enfocarse en los cárteles de las drogas a ampliar el espionaje político, lo que dejó sin la información que ahora suplica a Biden se la proporcione.
Muestra además lo bien estudiado que lo tenían en Washington. Hace poco más de tres años, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado admitían que Biden había decidido voltear la vista ante los abusos de López Obrador en materia de libertades y ataque a los contrapesos –la política estadounidense tolera a los autócratas cuando no afectan sus intereses vitales– porque, pese a sus gritos mañaneros, hacía lo que le pedían para frenar la migración. Pero cuando le levantaban la voz, se achicaba, como cuando bajo presión ordenó la recaptura de Rafael Caro Quintero y la detención de Ovidio Guzmán López. El perfil de López Obrador era claro: es un bravucón que cuando lo confronta a quien no puede reprimir, se acobarda.
Funcionarios del gobierno reconocieron que para bajar la presión de Estados Unidos el año pasado, se envió un mensaje desde Palacio Nacional a Los Chapitos para que dejaran de producir fentanilo, porque “las cosas estaban muy calientes”. Fue cuando Los Chapitos colgaron mantas diciendo que no estaban metidos en el fentanilo y que actuarían contra quienes lo estuvieran. Fue una burla, pero como López Obrador continuaba acatando sus peticiones migratorias, se la dejaron pasar. Lo que cambió la ecuación fue que Trump, en campaña electoral, escaló las amenazas contra México y se burló de la debilidad de López Obrador ante los cárteles. Las prioridades se modificaron.
No se sabe qué sucedió exactamente el jueves 25, pero algunas afirmaciones de funcionarios estadounidenses no son ciertas. No les cayeron del cielo por el engaño del Chapito a su padrino, ni lo supieron una hora antes de que aterrizaran en Nuevo México. Un periodista con fuentes de primer nivel en ese gobierno recibió la información de la captura de Zambada tres horas antes de que se hiciera público. Se desconoce si fue entrega, detención, secuestro o extracción. Lo que se sabe es que la operación la encabezó un agente del FBI con gran experiencia en las redes de corrupción y colusión de autoridades con los cárteles, que estuvo tejiendo por años descabezar al Cártel del Pacífico/Sinaloa.
Dentro del gobierno mexicano hay dos hipótesis. Una del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que piensa que fue una entrega pactada; la otra, que ha circulado en los últimos días, es que los estadounidenses los capturaron en suelo mexicano. Nadie sabe nada aquí, porque no les han querido informar en Washington algo que los sacara de la oscuridad. El desdén con el que los han tratado es humillante.
Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, cabeza de la relación bilateral, no sabía de lo que le preguntaba Jesús Ramírez Cuevas, portavoz presidencial, buscando confirmación sobre lo que corría con frenesí en las redes sociales. Sigue igual, y su par como responsable de la relación bilateral, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Territorial de la Casa Blanca, no le ha convidado ningún dato. Gertz Manero nunca estableció una relación entre pares con el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, por lo cual tampoco tiene información directa.
El fiscal se achicó a sí mismo y escogió como interlocutor al embajador en México, Ken Salazar, que fue excluido por Washington de lo que iba a suceder. Salazar no ha recibido información de su gobierno, lo que se explica por la desconfianza que tienen de él, por su cercanía genuflexa con López Obrador. Incluso estuvo cancelando la semana pasada visitas a Palacio Nacional. La única intervención clara de Salazar, quizá por acomodaticio y no por instrucción, es que cuando López Obrador comenzó a decir que todo había sido producto de la cooperación bilateral, advirtió a sus enlaces que si continuaba engañando a los mexicanos, el Departamento de Justicia lo iba a desmentir. El Presidente se calló. Y lo más grave, se cayó. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 44)
“Somos vecinos muy importantes, dependemos los unos de los otros mucho más de lo que se ve en la prensa. En los periódicos, México es la piñata favorita de todos. En realidad, ayuda a Estados Unidos a ser competitivo. México no es el enemigo: somos un socio que ayuda a EU a ser competitivo en todo el mundo”.
Jorge Esteve, de ECOM Agroindustrial, uno de los principales empresarios de México, expuso este contraargumento a las percepciones populares estadounidenses durante un almuerzo en el Club de Industriales, en lo alto del extenso horizonte de Ciudad de México.
Este argumento formó parte de la reveladora realidad que pudimos comprobar durante la reciente visita de mi delegación a Ciudad de México, facilitada por la Fundación México-Estados Unidos, para mantener conversaciones con un amplio abanico de líderes empresariales, políticos y de la sociedad civil.
Contrariamente a la idea dominante en Estados Unidos de que México es, en gran medida, un problema y una fuente de amenazas para EU, nuestro grupo de una docena de líderes empresariales, gubernamentales, cívicos y políticos vio una historia diferente. De hecho, un compromiso económico y político más profundo con México, que, junto con Canadá, forma un bloque económico norteamericano altamente integrado, ofrece una gran oportunidad para hacer crecer y fortalecer nuestras dos economías y unirse a una alianza de naciones dispuestas a trabajar juntas para frenar el autoritarismo en todo el mundo.
La pandemia de covid-19 puso de manifiesto la enorme dependencia de China en materia de suministros y materiales críticos y aumentó el malestar de las empresas internacionales por el uso de la coerción económica por parte de China. Tanto México como Estados Unidos son ahora los beneficiarios de un movimiento global de capital e inversión fuera de China.
Hace más de veinticinco años, antes de que China abriera su economía, México era el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de Canadá. China se hizo con el primer puesto tras su entrada en la Organización Mundial del Comercio y se erigió en el centro mundial de fabricación de bajo coste. Hoy, sin embargo, con la caída en picada de la inversión exterior en China y la búsqueda mundial de cadenas de suministro de bajo costo, fiables y sin influencias políticas, México es ahora nuestro mayor socio comercial. A medida que las empresas reconfiguran la producción y las cadenas de suministro para acercarse al gigantesco mercado estadunidense, México es el principal beneficiario del fenómeno global del nearshoring.
Nuestra visita dejó claro que México y el movimiento nearshore no se trata de quitar puestos de trabajo a los estadunidenses haciendo que los productos sean más baratos para enviarlos de vuelta a través de la frontera. Como hemos escrito anteriormente para Brookings, gran parte del comercio bilateral de México consiste en productos coproducidos con Estados Unidos, Canadá y otras naciones. Empresas estadunidenses, mexicanas, canadienses e incluso muchas europeas y asiáticas participan en una creciente red de abastecimiento de materiales y fabricación de componentes. Se trata del comercio de bienes intermedios que fluye a través de las fronteras, incluidos, entre otros, alimentos procesados, automóviles y aparatos de aire acondicionado. Hemos escuchado muchos ejemplos de empresas internacionales como 3M, Toyota y TC Energy, con sede en Canadá, de que este sistema de coproducción norteamericano genera una expansión de las instalaciones de fabricación y servicios empresariales, así como puestos de trabajo bien remunerados en todos nuestros países, al tiempo que mantiene la competitividad de los costes y la rentabilidad de las empresas.
El crecimiento de este sistema de coproducción norteamericano se ve impulsado por las nuevas inversiones masivas que suponen las leyes de chips y la IRA, enormes inversiones en ciencia, innovación y tecnología basadas en el lugar que levantan todos los barcos económicos al crear nuevos puestos de trabajo a ambos lados de la frontera. Estas inversiones están impulsando el crecimiento de cadenas de suministro internacionales altamente integradas que producen semiconductores, vehículos eléctricos y otros productos relacionados con la energía.
Mientras que (en opinión del autor) los requisitos de contenido nacional de la IRA impiden contraproducentemente que los buenos aliados de Europa y Asia compartan el crecimiento del ecosistema de productos de energía limpia, el T-MEC (el acuerdo de libre comercio actualizado del TLCAN) trata toda la producción norteamericana como “contenido nacional”. En consecuencia, ya está alimentando una explosión de nuevas inversiones y actividad empresarial, al tiempo que mantiene la adhesión a normas medioambientales y laborales mejoradas.
La primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una protegida del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que se ha convertido en un populista de izquierdas al estilo del venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, Sheinbaum se muestra pragmática y realista en lo económico. Ingeniera medioambiental de formación, es consciente de que el reto más importante de México (y un reto para el crecimiento continuado de la parte mexicana de la cadena alimentaria de producción norteamericana) es la falta de capacidad de suministro y transmisión de energía. Existen grandes esperanzas de que, a diferencia de su predecesor, que protegió de la evolución al dominante sector mexicano del petróleo y el gas, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, considere la expansión de las energías limpias como parte de la solución energética y probablemente se asocie con Washington para desarrollar más fuentes de energía limpia.
Hacer crecer la economía binacional, aumentar la producción de energías limpias y garantizar la salvaguarda del medio ambiente y los derechos de los trabajadores no son las únicas áreas en las que México es un aliado fundamental. Estados Unidos ya está recibiendo de México más ayuda de la que popularmente se aprecia en la competición estratégica geopolítica entre potencias democráticas abiertas y basadas en normas y sus rivales autoritarios.
Los líderes políticos y cívicos mexicanos con los que nos reunimos se mostraron sorprendentemente sensibles a los intereses estratégicos y políticos de Estados Unidos, en particular al deseo de evitar que China exporte su modelo de desarrollo autoritario y busque ventajas económicas y políticas mediante el control de sectores emergentes como los minerales críticos y los vehículos eléctricos. Conscientes de que EU es, con diferencia, el mayor socio económico y aliado económico de México, los dirigentes mexicanos (a diferencia de la mayoría de los demás países de América Latina y del sur) están impidiendo que China introduzca productos de fabricación china a través de México para evitar las sanciones y los requisitos de contenido estadunidenses.
México sigue enfrentándose a retos difíciles que complican una relación económica y política “beneficiosa para todos” con Estados Unidos. La corrupción inducida por los cárteles, la violencia (34 funcionarios y candidatos locales fueron asesinados entre septiembre y mayo pasados) y las tácticas de extorsión dirigidas a controlar los gobiernos y las empresas locales siguen siendo grandes problemas. Estas rupturas en el estado de derecho introducen preocupaciones y costos basados en la seguridad que enrarecen un entorno de inversión por lo demás prometedor.
En cuanto a la omnipresente cuestión de la inmigración, México está haciendo mucho más de lo que se dice para frenar la crisis migratoria y fronteriza, dominada ahora por los no mexicanos que atraviesan el país hacia el río grande. A pesar de realizar sus propias inversiones para el desarrollo en Centroamérica y de ayudar discretamente a las administraciones estadunidenses deteniendo y enviando de vuelta al sur a los migrantes, México, como el “malo”, sigue dominando las narrativas estadunidenses sobre inmigración.
Estados Unidos se beneficiaría enormemente, tanto desde el punto de vista económico como desde el de la seguridad, si dejáramos de ver a México como un “problema” y lo viéramos más como una oportunidad. Debemos arremangarnos y abordar los retos compartidos de la inmigración y el tráfico de armas (nuestras laxas leyes facilitan a los cárteles el acceso a todo el armamento de alta potencia que necesitan) y apoyar a la nueva administración de Sheinbaum para que avance más en el establecimiento del estado de derecho. Todo ello sin dejar de pisar el acelerador de las inversiones económicas en nuevas plantas y equipos, producción y transmisión de energía, y las inversiones en las personas en forma de más educación y formación técnica de la mano de obra para salir del gigante económico norteamericano. Este tipo de acciones compartidas pueden convertir el momento del nearshoring en una verdadera experiencia de allyshoring en la que Estados Unidos y México alcancen objetivos compartidos: crecimiento económico y más empleos bien remunerados, apoyo a la protección del medio ambiente y un entorno empresarial menos corrupto y transparente.
En nuestro viaje escuchamos muchos debates interesantes sobre 2026, cuando los países de América del Norte acogerán conjuntamente la Copa del Mundo, el acontecimiento deportivo más visto (y visitado) del mundo con diferencia. Este acontecimiento puede constituir una oportunidad y un momento simbólicos para mostrar al mundo lo que México, Canadá y Estados Unidos pueden hacer juntos si adoptan un mayor compromiso económico y político en lugar de señalar con el dedo e intentar actuar por su cuenta. (John Austin, Milenio, Negocios, p. 24)
Escenario internacional. La próxima presidenta tendrá en la Casa Blanca una contraparte sin precedente. Puede ser Donald Trump recargado contra México o Kamala Harris que tendrá que seguir lidiando con el problema global del fentanilo y la migración desordenada.
En este periodo de transición es fundamental la buena coordinación entre los equipos salientes de la canciller Alicia Bárcena y del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. El eje para una transición ordenada y de Estado pasa necesariamente por el equipo profesional del Servicio Exterior Mexicano.
Agenda estratégica: El mundo está en un punto de inseguridad muy complicado por el asesinato del líder político de Hamas en territorio iraní. Irán amenaza con una respuesta contundente. EU e Israel en alerta máxima. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 8)
El día de hoy trataremos un tema tan escabroso y triste como es el problema que está viviendo el estado de Chiapas.
Chiapas es el único estado de la República que por voluntad propia se anexó a México. Sin embargo, la historia marca el olvido y el desprecio que durante muchos años el gobierno federal tuvo por la entidad.
No obstante, este maravilloso estado logró mantenerse en paz, los chiapanecos podían caminar y vivir con seguridad. Han pasado muchos gobernadores, y aunque hubo raras excepciones de algunos que no se enriquecieron, muchos sí lo hicieron.
Los chiapanecos pensaron, como todos los mexicanos, que los cambios de gobierno traerían progreso. Qué triste la realidad en la que hoy se vive.
Por azares del destino conocí al actual gobernador, Rutilio Escandón, cuando ocupaba el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; me pareció un hombre, si no brillante, al menos correcto. Cuando el pueblo lo eligió para gobernar Chiapas, algunos pensamos que, con la supuesta experiencia que tenía, pondría orden y aplicaría la justicia que tanto se reclama, dada su formación como abogado.
Desgraciadamente, para los chiapanecos, los hechos han demostrado lo contrario. De ser un estado tranquilo, en lo que va del sexenio, Chiapas se ha convertido en un campo de batalla, provocado por la penetración de diversos cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada. Habría que preguntarse por qué, y la respuesta, aunque duela, es por la falta absoluta de autoridad en el ejercicio del poder, que el pueblo le otorgó a Rutilio Escandón.
Chiapas fue noticia cuando a finales de 1993 apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iniciándose una guerra de papel, toda vez que los indígenas fueron engañados por aquellos que, con ansia de poder, querían gobernar México. Chiapas fue noticia internacional.
La falta de seguridad que vive el estado, a mi manera de ver, surge por la falta de gobierno.
Todos los gobernadores de la República piensan que el narcotráfico y la delincuencia organizada son temas que son responsabilidad de la Federación, e ilusamente se lavan las manos, otorgando esta responsabilidad del combate al crimen organizado a la Federación. Sabemos perfectamente que, si bien es cierto que la Federación debe actuar, también es responsabilidad de los gobiernos estatales combatir el crimen, algo que en Chiapas no ha sucedido.
Es impresionante saber que en el estado operan varios cárteles del narcotráfico, que se están peleando el territorio debido a su cercanía con Guatemala y Centroamérica, siendo un paso para el tráfico de drogas y migrantes.
Se permitió con absoluta irresponsabilidad dejar los espacios que la autoridad debe ocupar en la sociedad a la delincuencia.
Debe uno preguntarse por qué. ¿Será por negligencia, incapacidad o corrupción? Por cualquiera de estas razones, las autoridades son responsables de lo que Chiapas vive.
Es tanta la falta de autoridad, que han permitido que la delincuencia arme a los indígenas. Estos grupos delincuenciales se aprovechan para reclutar a la fuerza a los indígenas, para que pasen a formar parte de las organizaciones criminales. Incluso se ha llegado a la lamentable situación de expulsar de sus tierras y de sus pueblos a muchas familias, que han tenido que emigrar a Guatemala.
Estos hechos son vergonzosos para los mexicanos, cuando antes eran los guatemaltecos los que emigraban a Chiapas, huyendo de la brutalidad de las autoridades guatemaltecas.
La opinión pública debe conocer estos hechos, debe saber de la zozobra, la incertidumbre, el temor y el miedo que en varias regiones de Chiapas se está viviendo.
El sexenio está por terminar, y el pueblo eligió a un nuevo gobernador, Eduardo Ramírez, quien sé perfectamente que conoce los problemas de Chiapas.
¿Qué estado encontrará este nuevo gobernador, quien tendrá que utilizar toda su capacidad para recomponer un estado en donde ha habido una absoluta ingobernabilidad? Que quede claro, no es nada personal contra Rutilio Escandón, pero espero que el nuevo gobernador le reclame su proceder en contra de los chiapanecos. (Javier Coello Trejo, El Financiero, Opinión, p. 36)