Efectos secundarios
¿ALIÑOS? Las primeras pistas surgieron del notable aumento de solicitudes de naturalización presentadas por personas de origen chino ante las autoridades migratorias. Las pesquisas indicaban al tráfico de documentos apócrifos aunque las autoridades federales ahora investigan la destrucción total de sellos, documentos y asientos informáticos en las oficinas centrales del Registro Civil de Puebla, donde se habrían emitido 200 actas a personas originarias de aquella nación del sureste asiático. Este escándalo —de confirmarse—sacudiría las intenciones del actual mandatario, Sergio Salomón Céspedes, de brincar al gabinete de Claudia Sheinbaum. Esas pretensiones también han generado críticas, principalmente de los más leales al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta —principalmente su viuda, quienes no le perdonan a Salomón su apertura con las otras fuerzas políticas y sobre todo, haber validado la exoneración del panista Eukid Castañón, figura principalísima del morenovallismo. (Alberto Aguirre, El Economista, Política y Sociedad, p. 49)
Traición a la patria
Y llamó la atención que uno de los delitos que la Fiscalía General de la República indaga en el caso de la entrega forzada de Ismael El Mayo Zambada sea el de traición a la patria. Así lo informó en el comunicado que emitió ayer para dar cuenta de que ha abierto una carpeta de investigación, además de atraer el caso del asesinato del exdirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén. Nos hacen ver que el artículo 123 del Código Penal Federal establece que “se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Y enseguida agrega: “Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”. En el caso de Zambada otros de los delitos indagados, se indicó ayer, son: vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera y secuestro. Pendientes. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Donald Trump y el universo que le rodea han mostrado con claridad el carácter radical de su proyecto rumbo a su posible segunda presidencia. Nadie puede llamarse a engaño. Ahí está la agenda económica y comercial, que complicaría el panorama para socios comerciales como México y antagonistas globales, como China. Ahí está también la agenda geopolítica, que abandonaría a Ucrania a su suerte. Tampoco hay duda sobre el proyecto de la derecha republicana en función de las conquistas de derechos civiles del siglo XX. Todo está en la mesa, desde acceso a anticonceptivos o tratamientos de fertilidad hasta el matrimonio igualitario. Pero en ningún rubro está más clara la crueldad que viene como en la agenda migratoria.
Donald Trump pretende deportar al menos 15 millones de personas indocumentadas en los siguientes cuatro años. Su asesor en materia migratoria, un fanático nativista llamado Stephen Miller, ha definido la operación como una “ofensiva migratoria espectacular”. Los planes de Miller y Trump incluyen detenciones a gran escala, utilizando las fuerzas de policía locales (el presidente de Estados Unidos no tiene la prerrogativa de recurrir a la policía para tareas migratorias, pero Trump ha sugerido que presionará con la asignación de fondos federales a quien no acate sus órdenes). Tras la detención, Trump y Miller pretenden enviar a millones de personas a campos de concentración, donde esperarían su proceso de deportación. Miller ha dicho que el gobierno trumpista apelaría a presupuestos militares para agilizar lo que sería la operación de deportación más grande y desalmada de la historia. Sin más.
Uno supondría que estos detalles serían suficientes como para obligar a la reflexión a los votantes trumpistas. Pero no es así. Por desconocimiento, mezquindad o mera falta de humanidad, hay quien celebra esta aplanadora. Vale la pena, entonces, sumar algunos datos que ilustran el costo humano que implicaría una deportación como la que ha prometido Trump (Miller, por cierto, dice que comenzaría el “día uno”).
De llevarse a cabo en los términos que han puesto en la mesa Trump y Miller, la deportación masiva hundiría en la orfandad a casi cuatro y medio millones de niños estadounidenses. No son niños inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses, nacidos en el país, con todos los derechos correspondientes. Un dato para contextualizar: durante toda la brutal guerra en Irak, entre 700 mil y un millón de niños iraquíes perdieron a uno o ambos padres. La deportación masiva tendría un impacto inmediato en la estructura familiar de millones de familias estadounidenses. Al menos once millones de estadounidenses viven con un familiar sin documentos. No sobra decir que las consecuencias de la deportación en la salud mental de quien se va y de quien se queda están plenamente estudiadas y establecidas. No solo eso. La pérdida del proveedor familiar en una deportación como la que pretende Trump podría hundir a 900 mil hogares en la pobreza.
4.5 millones de niños en la orfandad parcial o total.
11 millones de familias atravesando por el trauma de la deportación.
900 mil hogares cayendo por debajo del nivel de pobreza.
Haga usted las cuentas morales, lector.
Y si simpatiza usted con Trump, mírese al espejo. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A7)
Si bien los líderes estadounidenses de ambos lados del pasillo se centran en asegurar la frontera, no se encuentran estrategias que aborden las causas profundas de la inmigración. A menos que eso cambie, las presiones migratorias seguirán siendo un tema político divisivo.
SAN JOSÉ. Este es un año electoral extremadamente divisivo, pero más de la mitad de los votantes estadounidenses está de acuerdo al menos en algo: la inmigración es una cuestión prioritaria. Sin embargo, los discursos del Congreso de EU y de la campaña presidencial han ignorado hasta ahora cuestiones fundamentales de este tema. Como los líderes demócratas y republicanos se han centrado principalmente, o exclusivamente, en la manera de mejorar la gestión de la frontera sur de Estados Unidos, no han planteado soluciones para actuar sobre las causas de la inmigración.
El público estadounidense parece entender que la inmigración no empieza en la frontera de su país: en una encuesta de febrero de 2024, tanto los demócratas como los republicanos clasificaron la mala situación económica (75%), la violencia en los países de origen (65%) y la promesa de mayor libertad en EU (44%) entre los principales factores que impulsan a la gente a abandonar sus hogares para tratar de entrar a EU, pero ese reconocimiento no ha llegado a las agendas políticas.
Latinoamérica es una de las principales fuentes de inmigrantes a EU: más del 40% de los 1.5 millones que ingresaron al país en 2021 provino de esa región (principalmente, de México). Por haber sido presidente de Costa Rica, tengo experiencia en la gestión de este tema con el gobierno actual de EU y los anteriores, y puedo reconocer los esfuerzos bienintencionados cuando los veo. Me queda claro que la obsesión con la frontera impide el desarrollo de estrategias eficaces para atender a las causas de la migración: es una cuestión de óptica y teatro político más que de soluciones sustanciales.
El sesgo en las prioridades se hace evidente en la sorprendente diferencia entre la escala de los recursos dedicados a la seguridad fronteriza y los destinados a implementar, junto con los países latinoamericanos, soluciones estructurales a largo plazo. En octubre de 2023, el gobierno del presidente Joe Biden solicitó US13,600 millones de fondos adicionales de emergencia al Congreso, para desembolsos relacionados con la frontera sur y las migraciones. Aunque esa solicitud fue rechazada, se aumentó luego en un 7% (US1,900 millones) el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU. Aunque técnicamente es menos que los US2,500 millones que el gobierno de Biden había pedido este año para la asistencia exterior a Latinoamérica y el Caribe, eso fondos deben ser divididos entre 27 países.
Incluso cuando los líderes se desvían de la cuestión fronteriza, no logran llegar al nudo del asunto: las circunstancias que impulsan a la gente a considerar la migración como su mejor opción para lograr un futuro mejor. Esto fue así tanto con Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris –a quien ahora respalda como candidata demócrata a la Presidencia–, como con su predecesor republicano, Donald Trump, que enfrentará a Harris en las elecciones de este año.
Ciertamente, en 2022 el gobierno de Biden parecía avanzar en la dirección correcta: la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección –acordada con los líderes de 19 países latinoamericanos y Canadá– reconocía la necesidad de abordar la migración de manera regional con un enfoque que mejore “la situación y oportunidades en los países de origen”, pero hasta ahora los resultados no se han siquiera acercado a la escala del desafío.
Desafortunadamente, incluso eso es mejor de lo que hizo Trump: durante su Presidencia recortó la asistencia a los países centroamericanos, una decisión considerada contraproducente por los políticos y entendidos de ambos bandos. Al daño que causa la falta de reconocimiento de la verdadera naturaleza de la inmigración, Trump sumó el de su perturbadora retórica sobre los inmigrantes, a quienes acusó de “envenenar la sangre del país”. La realidad, sin embargo, es que los refugiados y asilados generan beneficios de gran alcance para EU: se estima que entre 2005 y 2019 aportaron USD 123,800 millones a la economía.
EU supo priorizar mucho a Latinoamérica, no siempre para mejor… pensemos, por ejemplo, en sus penosas intervenciones en América Central durante la década de 1980; pero también hay ejemplos de relaciones positivas, como la Alianza para el Progreso, creada por el presidente John F. Kennedy, que sigue siendo el mayor esfuerzo de cooperación estadounidense con la región hasta la fecha.
Hace falta ahora una cooperación con ambiciones similares para abordar las causas de la inmigración. Como lo muestra un informe de 2023 de las Naciones Unidas, la región sufre de una tasa de homicidios alarmantemente elevada –y en aumento–, y de la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado más alta del mundo (los niveles de desigualdad también están entre los más elevados del mundo). La inestabilidad política, el estancamiento económico y la corrupción contribuyeron a una recaída en prácticas poco democráticas, ya que debido a ellos los gobiernos autoritarios ganaron capacidad de atracción. Actualmente, solo el 48% de los latinoamericanos respalda la democracia: lo que implica una caída de 15 puntos porcentuales respecto de 2010.
Todo esto tiene graves implicaciones para EU, no sólo en términos migratorios: los países autocráticos son más proclives a “iniciar conflictos, diseminar desinformación e involucrarse en ciberataques transfronterizos”. En el contexto de la competencia global, si el hemisferio occidental se debilita política y económicamente, EU quedará en desventaja estratégica. Esto explica en parte por qué la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EU, solicitó un Plan Marshall para América Latina, aunque su visión –centrada en contrarrestar la influencia china– es demasiado estrecha.
Lo que necesitamos es un plan ambicioso que aborde los desafíos de la región, refuerce el bienestar, la paz y la democracia, y cumpla con el imperativo de la transición energética. Para ello es necesaria la cooperación a largo plazo entre los gobiernos latinoamericanos y sus contrapartes del hemisferio occidental. La diversificación de la producción y las exportaciones de la región, sumados a un aumento del financiamiento para el desarrollo, son cruciales. Sólo es posible aliviar la presión migratoria de manera sostenible con acciones concretas para mejorar la vida de la gente en sus países de origen –ofreciéndoles medios de vida viables, respetando los derechos sociales y políticos, y garantizando la ausencia de violencia–.
EU puede y debe liderar el cambio, pero sólo si está dispuesto a formar un nuevo tipo alianza que apoye acciones sistemáticas que promuevan resultados sociales y económicos mutuamente beneficiosos. Hasta entonces –sin importar quién ocupe la Casa Blanca– la presión migratoria sobre la frontera sur estadounidense seguirá evidenciando el fracaso de las políticas que no miran más allá de ella. (Carlos Alvarado-Quesada, El Economista, Finanzas Globales, p. 44)
La Vicepresidenta y aspirante demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una apuesta arriesgada al elegir al Gobernador progresista de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Las posturas valientes, pero no universalmente populares, de Walz sobre la migración lo convertirán en un blanco principal de los ataques del candidato republicano Donald Trump a la fórmula demócrata.
Las opiniones de Walz sobre la migración son diametralmente opuestas a las falsas afirmaciones de Trump de que una “invasión” de migrantes está causando una ola de crímenes violentos y “envenenando la sangre” de este país.
De hecho, varios estudios muestran que los migrantes indocumentados en promedio cometen menos delitos que las personas nacidas en Estados Unidos. Además, las cifras de la Patrulla Fronteriza muestran que el flujo de migrantes indocumentados ha disminuido este año.
Pero el discurso populista antimigrante de Trump energiza a su base, y le genera grandes titulares. Incluso antes de que Harris eligiera a Waltz como su compañero de fórmula, el republicano había escogido la migración como su principal tema de campaña.
Los dos primeros puntos en el preámbulo de la plataforma del Partido Republicano para las elecciones de 2024 proponen: “Sellar la frontera y detener la invasión migratoria” y “Llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
En comparación, Walz defiende “un enfoque equilibrado en lugar de la demonización” de los migrantes, según el grupo de defensa de los migrantes America’s Voice.
Por ejemplo, Walz ha ridiculizado el plan de Trump de construir un muro fronterizo, calificándolo como un monumental desperdicio de dinero.
“Él (Trump) habla de este muro, yo siempre digo, déjenme saber qué tan alto es. Si mide siete metros, entonces invertiré en una fábrica de escaleras de nueve metros”, dijo Walz a CNN a principios de este mes.
Walz agregó que, en lugar de un muro, el flujo de indocumentados “se puede detener mediante dispositivos electrónicos, se puede detener mediante más agentes de control fronterizo y se puede detener mediante un sistema legal” que agilice la entrada de migrantes.
Asimismo, Walz aprobó una ley estatal en 2023 que permite dar licencias de conducir a residentes de Minnesota independientemente de su estatus migratorio. Walz argumentó que permitir que los migrantes conduzcan a sus lugares de trabajo beneficia a la economía, y que los migrantes que no temen la deportación son más propensos a denunciar delitos y cooperar con la Policía.
Las posturas de Walz sobre la migración tienen mucho más sentido que las ridículas declaraciones de Trump según las cuales hay un virtual “ejército” de migrantes que estarían siendo liberados de las cárceles e instituciones mentales de América Latina con el propósito de infiltrarse y destruir a Estados Unidos.
Eso no ha sido respaldado por ninguna fuente creíble, y es una tontería absoluta, pero muchos estadounidenses se están creyendo ese cuento.
Las encuestas muestran que el sentimiento antimigrante está creciendo, a pesar de múltiples estudios que muestran que Estados Unidos necesita más migrantes para ocupar puestos de trabajo que los estadounidenses no quieren realizar.
Según una encuesta de julio de Gallup, el 55 por ciento de los estadounidenses adultos quiere que se reduzca la migración, contra un 41 por ciento que pensaba así el año pasado. Es la primera vez en casi 20 años que una mayoría de estadounidenses quiere menos migración, según la encuesta.
En ese contexto, me pregunto si Harris tomó la decisión correcta al elegir a Walz, en lugar de un candidato de centroderecha que habría llamado menos atención sobre el tema migratorio.
Quizás Harris pensó que Walz, un hombre campechano con gran sentido del humor, le ayudará a ridiculizar la falsa narrativa antimigratoria de Trump.
Pero el hecho es que la presencia de Walz en la fórmula demócrata le permitirá al republicano convertir la migración en el punto central de la campaña presidencial. Eso no es bueno para los demócratas.
Por el momento, la elección de Walz ha energizado a los votantes demócratas, y ha ayudado a Harris a superar a Trump en varias encuestas. Pero, para ganar en noviembre, la candidata demócrata tendrá que dar unos pasos hacia el centro del espectro político para ganar el voto de los independientes. De lo contrario, prevalecerá la demagogia antimigrante de Trump. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
Cada vez son más los negocios afectados por el cobro de extorsiones por parte de criminales en México. Lo que antes ocurría solo en algunas regiones, hoy se da en cualquier parte del país. No importa el tamaño del negocio ni la redituable que sea, casi nadie se salva. Hay una cifra enorme que no se denuncia porque ese delito se alimenta del miedo, pero existen estimaciones que apuntan a que hay más de 13 mil diarias.
Las afectaciones a la economía crecen todos los días y denunciar ante las autoridades no tiene ningún efecto. Ante ello, muchos han optado por manifestarse bloqueando vías. Eso hicieron la semana pasada los transportistas de Atlixco, Puebla. Y es que precisamente ese, el de el transporte de carga, es uno de los sectores más azotados por la delincuencia.
En el Estado de México es una práctica tan generalizada, que el crimen organizado cuenta con un novedoso sistema de calcomanías. Con ellas los extorsionadores identifican a los transportistas que ya cubrieron su cuota. Simplemente se pega en el parabrisas y se puede circular con una cierta tranquilidad. Claro, esto luego de haber hecho el pago que puede alcanzar hasta cien mil pesos.
Se calcula que este delito genera pérdidas que superan los dos millones de pesos únicamente en esa entidad. Si no se cubre la cuota, queman las unidades con todo y carga. Ha habido casos en los que incluso asesinan a los operadores La impunidad es tal, que algunas de estas calcomanías llevan las iniciales del grupo o persona que ha cobrado la extorsión.
Pero hay muchas otras actividades en esta circunstancia. Resulta difícil de creer, pero la extorsión ya afecta incluso a los recolectores de basura. Los trabajadores de limpia del oriente del Estado de México aseguran que les han puesto un cuota de 50 mil pesos a la semana. Desesperados, bloquearon la semana pasada el Bordo de Xochiaca en la zona de Chimalhuacán.
Los casos crecen y son cada vez más inverosímiles. Ahora el cobro de piso afecta incluso a los albergues de migrantes. Hay activistas que empiezan a considerar el cerrar los refugios por la falta de seguridad. Con los donativos que reciben apenas logran atender a una población creciente, y no pueden cubrir los pagos que les exigen los delincuentes. Estos albergues son también vulnerables porque acogen a personas que vienen huyendo de la violencia de estados como Michoacán. En ocasiones las bandas de criminales los persiguen y el riesgo llega hasta esos refugios.
En Tamaulipas estuvieron cerradas gasolineras y tiendas de conveniencia por la misma razón: cuotas impagables y amenazas recurrentes que hicieron inviable su operación. La respuesta del gobierno estatal ante la demanda de seguridad fue sugerir que contrataran a elementos privados para cuidar los negocios,
Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, tuvo la osadía de alzar la voz. Se dirigió así a las autoridades: “Nuestra preocupación, nuestro llamado es lógicamente al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, para que ponga atención en el gabinete de seguridad. Creemos que es momento de que tengamos una reunión, de que vengan a Tamaulipas y escuchen de viva voz al sector empresarial y a la sociedad de Tamaulipas, de lo que está pasando para poder juntos recuperar el estado de derecho y la paz social que tanto anhelamos.”
Lamentablemente lo mataron el 30 de julio pasado. Su caso es muestra de que la delincuencia no solo es una amenaza para la economía, lo es también para la integridad de las personas. Las policías municipales no tienen la capacidad de solucionarlo y las autoridades locales están totalmente rebasadas. Tiene que ser desde el gobierno federal que surjan las acciones para disminuir este cáncer que cada vez llega a más ámbitos y enferma a más sectores. Está en el ámbito de su competencia porque se trata de crimen organizado. Ya no pueden seguir mirando hacia otro lado. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p. A18)

(Alarcón, El Heraldo de México, La 2, p. 2)

(Garci, El Financiero, Opinión, p. 30)

(Osvaldo, El Sol de México, Análisis, p. 20 y Ovaciones, Opinión, p. 26)

(Patricio, El Sol de México, Análisis, p. 22 y La Prensa, Editorial, p. 6)