Manzanillo, Col., El presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, coincidieron ayer en que el intento de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral es una venganza política.
En una breve entrevista al término de la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo, durante una gira con López Obrador, la futura presidenta descartó que Corral deba salir de su equipo, porque no hay ningún fundamento en las imputaciones que se le hacen.
A su vez, el Presidente aseguró que esto tiene que ver con venganzas políticas por las indagatorias que realizó contra César Duarte, también ex mandatario de aque-lla entidad. (Emir Olivares, Laura Poy y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.13)
El gobierno de Estados Unidos ha compartido toda la información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López con la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó el embajador de ese país, Ken Salazar, tras asegurar que Washington respeta la soberanía de México.
Sobre el reclamo de la FGR al Gobierno de EU por no responder a 11 solicitudes de información relacionadas con el vuelo que al parecer salió de Sinaloa hacia el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el diplomático precisó que se trabaja de manera conjunta.
“La realidad es que estamos compartiendo toda la información. En el momento que supimos lo que pasó, porque también a nosotros, al fiscal (Merrick Garland), nos llegó de sorpresa lo que sucedió ese día”, dijo. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.7)
José Rosario Heras López es un policía de la Fiscalía General de Sinaloa con 24 años de servicio. Una parte de ellos los usó para dar servicio de seguridad a Ismael “El Mayo” Zambada.
Grupo REFORMA obtuvo una copia de su constancia de antecedentes policiales, en la que se detalla que Heras López ingresó el 6 de julio del año 2000 a la Procuraduría General de Sinaloa, como agente de la Policía Ministerial.
En ese tiempo, el priista Juan S. Millán Lizárraga era Gobernador y la Procuraduría dependía del Poder Ejecutivo. (Reforma Staff, Reforma, Nacional, p.3)
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó a sus integrantes a decidir en votación electrónica, que concluirá el próximo lunes si se realiza, la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo. El paro está propuesto para las 00:00 horas del próximo miércoles.
La organización señala que en caso de un voto mayoritario habrá paro de actividades, quedando sólo juzgados y tribunales de guardia para atender los casos que requieran urgente resolución.
La Jufed señala en su convocatoria que la suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del 21 de agosto y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las mesas directivas nacional y regionales. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.5)
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Al inaugurar el acueducto Armería-Manzanillo junto con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a la Secretaría de Marina porque ha entregado buenos resultados en la administración de los puertos del país al aumentar la recaudación fiscal y frenar el tráfico de drogas.
El presidente de la República destacó que los puertos y aduanas manejados por los gobiernos anteriores sólo sacaban provecho personal, además de presentarse demasiados problemas de contrabando y tráfico de drogas.
Hemos dado paso firme hacia el bienestar de esta población en la calidad de vida de los habitantes de Manzanillo y preservación del medio ambiente (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.9)
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró acertado que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo.
Por eso estamos conociendo estas contradicciones, dijo en referencia a los señalamientos de la FGR sobre la investigación realizada por las autoridades de Sinaloa.
Desde que se dieron a conocer los hechos, recordó, han surgido diversas versiones. La inicial, expuso, “versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que se había resistido, incluso eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba; luego, el señor (Ismael) Zambada dice: ‘no, lo asesinaron ahí donde se dio el encuentro’, y ahora la fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden” (Laura Poy y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.3)
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador sólo una síntesis del informe final sobre la guerra sucia (1965-1990) que realizó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad, reveló Abel Barrera, integrante del citado grupo de expertos.
Indicó que el resumen de la investigación –integrada en dos partes, una de las cuales consta de una colección de seis volúmenes–, será elaborado por dicha subsecretaría, encabezada por Arturo Medina, quien preside la comisión. No sabemos qué va a incorporar ni bajo qué criterios, lamentó.
En entrevista, Barrera afirmó también que desde que entregaron al funcionario su parte del informe titulado Fue el Estado, elaborado en conjunto con David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, Medina cuestionó algunos de los temas que se incluyen, como las recomendaciones emitidas y los relacionados con los factores de persistencia de la violencia estatal después de 1990. (Jessica Xantomila y Jared Laureles, La Jornada, Política, p.7)
Morelia, Mich., El presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, se reunieron a puerta cerrada en la 21 Zona Militar de Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y mandos de seguridad estatales y del país.
El encuentro con el pleno del gabinete de seguridad se dio en medio del conflicto limonero que inició el 12 de agosto con el paro parcial de empacadoras y suspensión de corte del cítrico ante los bajos precios en que venden su producto –entre 7 y 8 pesos por kilo–, así como la extorsión del crimen organizado.
Asistieron los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Luisa María Alcalde. (Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, Política, p.9)
La justicia estadunidense registra 63 casos contra Ismael El Mayo Zambada García y su involucramiento en 921 expedientes.
En algunos casos, los mandamientos fueron desestimados, como ocurrió con el expediente más antiguo, que se inició en junio de 1997 y se localiza en los archivos judiciales de un tribunal de Arizona. En ese entonces, el juez de primera instancia Raymond T. Terlizzi fue quien libró la orden de aprehensión, pero la acusación se desestimó en marzo de 2021.
En México existen cuatro órdenes de aprehensión contra Zambada García por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.4)
Luego de casi cinco años de litigio, un juzgado con sede en Culiacán, Sinaloa, negó la protección de la justicia federal a Ana María Zambada García –hermana de Ismael El Mayo Zambada– contra el aseguramiento de una cuenta bancaria, ya que según la sentencia dictada se realizaron operaciones que podrían estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita, concretamente dinero obtenido por medio del cártel de Sinaloa.
En el acuerdo dictado ayer, el juzgado cuarto de distrito en Sinaloa determinó en el juicio 987/2019, presentado el 11 de octubre de ese año, que la justicia federal no ampara ni protege a la quejosa en contra del bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF señaló a las autoridades judiciales que el análisis efectuado reveló que Ana María Zambada y sus hermanas realizaron operaciones con cheques, los cuales por las características y las personas con las que fueron efectuadas resultan indicativas de haber sido llevadas a cabo con activos de procedencia ilícita. Agregó que identificó que dichas personas, mediante la constitución de una empresa muy probablemente operaron recursos o activos obtenidos por las actividades delictivas de la organización criminal denominada cártel de Sinaloa y así lograr su colocación en el sistema financiero, ya que se detectaron transacciones financieras privilegiando el uso de efectivo, ello en virtud que éstas impiden identificar cuál fue el origen y destino de los recursos, por lo que diversos organismos internacionales consideran que las mismas son utilizadas ampliamente en mecanismos de blanqueo de capitales (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.4)
El dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, se reunió ayer con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien platicó en torno a temas relacionados con el impulso al IMSS-Bienestar. En entrevista, Ayala dijo: Para nosotros es fundamental atender el reto, y creemos que puede funcionar bien con un diseño de un solo mando. A su vez, Rodríguez dio cuenta de la reunión en sus redes sociales: Me dio gusto recibir en la SSPC a Joel Ayala para avanzar en acciones a favor de los mexicanos. (Redacción, La Jornada, Política, p.6)
El Comité ¡Eureka!, fundado en los años 70 por la pionera defensora de derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, reprochó la divulgación de una lista con 183 nombres de detenidos-desaparecidos presuntamente arrojados al mar desde la base militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, en los llamados vuelos de la muerte, en 1974.
Dicha lista se dio a conocer en días recientes, primero en un reportaje periodístico y después en los informes presentados por miembros del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH).
Esta publicación, declara el comité, vuelve a abrir la puerta de escape a quienes cometieron y ordenaron esos crímenes. El comunicado se leyó ayer en la reunión que sostuvieron (sin prensa) las organizaciones de víctimas, los investigadores del MEH y funcionarios de la Secretaría de Gobernación. (Blanche Petrich, La Jornada, Política, p.8)
La semana entrante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) votará la procedencia, en su caso, de los recientes cambios estatutarios del PRI, mientras la legalidad de la relección del dirigente de este partido, Alejandro Moreno, corresponderá analizarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El estudio actual del INE únicamente se centra en contrastar las reformas de los documentos básicos del tricolor con preceptos constitucionales y legales, es decir, ambos asuntos relacionados con la vida interna del instituto político corren por vías distintas.
El asunto de la convocatoria para la relección de Moreno, conocido como Alito, fue remitido por el TEPJF a la Comisión de Justicia Partidaria, la cual no tiene plazo límite para resolver. A lo anterior se agregó un litigio interpuesto esta semana en la sala superior del TEPJF de los ex presidentes del PRI, entre ellos Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, para la protección de los derechos de la ciudadanía, con 17 anexos al expediente principal, en cuya apertura se lee: (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.12)
El próximo lunes 19 de agosto se dará a conocer la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del PAN, en el marco de un proceso en el cual las personas aspirantes deberán reunir las firmas de apoyo de 10 por ciento de la militancia para su registro, se llevará a cabo al menos un debate y se garantizará que una mujer participe en la contienda.
En conferencia de prensa, la titular de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección (Conecen) del Comité Ejecutivo Nacional panista, Ana Teresa Aranda, explicó que a partir de ese día se recibirán las solicitudes de las personas interesadas en ocupar el cargo de presidente del blanquiazul, cargo que hoy ostenta Marko Cortés.
En el proceso participarán los militantes del PAN que cuenten con al menos cinco años dentro de las filas de ese partido, quienes tendrán hasta el 17 de septiembre para juntar 30 mil 298 firmas. Las muestras de respaldo a las y los candidatos no podrán ser mayores a 5 por ciento de la militancia panista en los estados. De igual manera, los interesados en contender en el proceso tendrán la posibilidad de entrar en él al conseguir al menos 114 firmas de los 381 consejeros políticos. (Fernando Camacho y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.12)
En dos operativos realizados en Sonora, fueron detenidos siete niños y adolescentes, algunos con armas y equipo táctico acompañados de presuntos integrantes de una célula delictiva que tenían a personas privadas de su libertad.
En acciones coordinadas por elementos de instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad (Sedena, Guardia Nacional y Policía estatal) en los municipios de Santa Ana y Átil, los agentes aseguraron vehículos, armamento de uso exclusivo del Ejército, y lograron el rescate de dos hombres que estaban secuestrados, José Osvaldo “N” y Joset Omar “N”.
El pasado 7 de agosto se efectuó un operativo en un inmueble de la calle Artículo 70 en la colonia Bella Vista, en el municipio de Santa Ana, donde presuntamente estaban las personas retenidas contra su voluntad. (Iris Velázquez, Reforma, Nacional, p.3)