Aún no empieza el nuevo comienzo de la gobernadora electa y a ojo de buen cubero me parece un desacierto fusionar la Secretaría del Migrante con la de Derechos Humanos. Al menos así es como lo han venido explicando. El tema migratorio es una consecuencia de la falta de oportunidades en Guanajuato, pero también de la inseguridad y de los usos y costumbres en la región. A mi parecer, como sociedad y como gobierno, no hemos sabido entender ni atender el tema migratorio, pero la realidad es que es tan importante que sin duda requiere fortalecer el organismo que se encarga de atenderlo. Lejos de fusionarlo con otro, es decir, debilitarlo y a su vez quitarle importancia.
La migración, como lo menciona el Pacto Global, debe ser segura y ordenada, debe volverse una elección, lejos de una necesidad de fuerza mayor o supervivencia, porque no vamos a frenar la migración, pero sí podemos regularla y buscar las mejores condiciones para los que llegan, cruzan por aquí y los que se van. Asimismo, de los que regresan.
Lo dije fácil pero la realidad es que requiere muchos conocimientos técnicos, mucha cooperación, mucha comprensión de la materia y, sobre todo, mucho tacto.
En lo personal, siento que tenemos una deuda muy grande con la comunidad de migrantes. Menospreciar su importancia reduciéndolos a una subsecretaría dentro de una secretaría me parece un desacierto que espero puedan reconsiderar y reivindicar, el tema migratorio en Guanajuato es un tema integral que requiere atención integral. Con una secretaría no se logró el objetivo, pero se fueron acercando y sin duda fue mejor tenerla que no tenerla.
Quitarla sería retroceder en los avances que se habían logrado. (Nancy Fonseca, Milenio, Online)
En La Noria, barrio del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, entrevisté a una familia guatemalteca. La pareja huyó de Guatemala cuando tenían 16 años, su aldea fue incendiada por el ejército en aquel genocidio conocido como de arrase.
La vida de estas personas, su tranquilidad y sus medios de sobrevivencia vuelven a estar en riesgo de este lado de la frontera sur. El riesgo, las amenazas, la violación de los derechos humanos, los asesinatos tienen en zozobra a miles de personas en Chiapas. Las disputas entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación y sus aliados en Guatemala tienen sitiados a poblados enteros.
En el imaginario de los otros Méxicos se sigue viendo a Chiapas como un lugar de raíces precolombinas y un gran destino turístico. Esas imágenes han sido trastornadas.
Para el caso del norte de México hemos atestiguado desplazamientos forzados por la violencia del crimen organizado, solo recordemos varias poblaciones de Tamaulipas. Pero nos parecía poco problable un escenario donde los desplazamientos por estas mismas razones se dieran de México a Guatemala.
A diferencia de zonas y estados con alto nivel de inseguridad como tierra caliente, Tamaulipas, partes del Bajío, Zacatecas, Sinaloa, etcétera, Chiapas representa un caso de violencia y crisis humanitaria transnacional. Ante esto las autoridades locales tienen poco qué hacer, es el nivel federal el que debe demostrar capacidad para tomar el control y erradicar las fuentes de la tortura social. No sé de dónde podemos pensar con optimismo cuando hemos visto la ineficiencia con que han manejado otros casos en el mismo estado de Chiapas: Tapachula.
El carácter transnacional no solo está dado por los brazos de la delincuencia organizada en los dos lados de la frontera, sino por la acción del propio Estado mexicano, donde su preocupación había estado en administrar y ahora contener la migración proveniente del sur. Es por eso que cabe la duda: si no se ha hecho un trabajo humanitario y efectivo en la cuestión migratoria, ¿cómo podrán a la vez someter a los grupos criminales que ya controlan la zona?
Para entender la situación a que llegaron municipios como La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, resulta de mucha utilidad el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, elaborado por Colectivo Monitoreo-Frontera Sur, entre otras asociaciones de la Sociedad Civil en enero de 2024. Es de este informe en que me apoyo para el siguiente panorama.
Según el informe citado, desde 1998 la DEA consideraba la selva en su frontera con Guatemala como un corredor clave para el tráfico de drogas. Solo que años después ya no son preocupantes los estupefacientes, sino el despojo de tierras y la producción, la extorsión, el cobro de piso, el reclutamiento forzado o convenido, los secuestros, el abuso sexual, los asesinatos. Todo ello lleva a la población a un estado de sitio, temor e indefensión y a los delincuentes al control del territorio. Es en 2021 cuando por fin los medios llaman la atención sobre Chiapas por las disputas entre los dos grupos criminales.
Los hechos de barbarie propios de pueblos desamparados son innumerables de ataque con bombas molotov al Palacio Municipal de Frontera Comalapa; asesinato de un presidente municipal; bloqueos carreteros; en 2023 la “guerra de los 4 días” entre grupos rivales; explotación sexual; cierre de comercios y hasta despojo de mercados completos; prohibición a los agricultores de acercarse a sus parcelas; corte de suministros básicos como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica y de telefonía, cierre de caminos para salir de sus comunidades; suspensión de clases en el nivel básico y medio superior, así como servicios de salud; desapariciones forzadas; asesinatos. También ha sido vulnerado el derecho a la manifestación y organización: se ha impuesto la obligación de “pedir permiso” para realizar fiestas y celebraciones como cumpleaños, bodas, fiestas patronales, actividades reacreativas y en algunos lugares han sido impuestos toques de queda.
Despojar de tierras, ganado, viviendas es una forma efectiva de control territorial; pero hay otra actividades que solo pueden darse con la complicidad gubernamental como es el caso de la explotación mineral, control de precios de productos agrícolas, control del agua para el riego.
La población se ha manifestado ante la incompetencia de las autoridades. En septiembre de 2023 se manifestaron alrededor de 10 mil personas en la cabecera de Siltepec exigiendo paz y tranquilidad, y así se han visto otras tantas manifestaciones, pero también han reaccionado los delincuentes al asesinar a quienes animan y han liderado esas protestas.
De los cacicazgos históricos en Chiapas quedaron reminiscencias de grupos paramilitares y ahora en la presente administración federal con la remilitarización (después de la militarización por el levantamiento zapatista) han surgido dinámicas del conflicto donde la población levanta la voz contra la ocupación de territorio indígena sin consulta previa; reactivación del miedo en la población, en especial de las mujeres por los abusos sexuales; instalación de cantinas y prostíbulos para el servicio de integrantes de las fuerzas de seguridad.
¿Podrá resignificar la próxima administración federal la idea de los megaproyectos? Un megaproyecto es lograr el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de las poblaciones hoy en poder del crimen organizado. (Varios Autores, Milenio, Online)
En La silla del águila (2003) de Carlos Fuentes se narra un escenario de caos político en México, ubicado en el arranque del año 2020. En aquella fantasía, México contaba con dos presidentes, el constitucional y el sustituto, y el país se encontraba en un apagón de telecomunicaciones, provocado por Estados Unidos.
La represalia de Washington se debió a una serie de acciones de México en política exterior. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente había exigido el retiro incondicional de las tropas de Estados Unidos, que ocupaban Colombia. También había demandado el fin de la exportación de petróleo mexicano a Estados Unidos hasta que Washington pagara a México al precio fijado por la OPEP.
En aquel apagón, los dos presidentes, los secretarios del gabinete, los operadores políticos y todas y todos los que formaban parte de la corte presidencial, deciden comunicarse a través de cartas. Por la vía epistolar se dirimían los conflictos de la élite del poder, el diferendo con Estados Unidos, los dilemas de la sucesión presidencial, las propias políticas públicas, las intimidades y afectos.
He recordado la novela de Fuentes en estos días que concluye la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Se ha dicho, con y sin ironía, que una de las innovaciones, entre muchas, de este sexenio, en materia de política exterior, ha sido el concepto de “pausa”. El Presidente puso en pausa las relaciones con España, en 2021, a la espera de que Felipe VI pidiera disculpas a México por la conquista. Ahora ha puesto en pausa las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, hasta que “aprendan a respetar la soberanía de México”.
Otra innovación que se deriva de la anterior es el envío de cartas públicas a mandatarios del mundo, incluidos el monarca español, el papa Francisco y los dos presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. AMLO debe haber enviado unas siete cartas a sus homólogos estadounidenses en este sexenio. Además de esas cartas, sus cuatro viajes a Estados Unidos son la mejor evidencia de que la prioridad de su gobierno, en política exterior, fue la buena relación con el vecino del norte.
En su primera carta a Trump, en mayo de 2019, el Presidente recordó las buenas relaciones que sostuvieron Benito Juárez y Abraham Lincoln y Lázaro Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt, a pesar de conflictos bilaterales tan graves como los derivados de la expropiación petrolera en 1938. AMLO llamaba a Trump a evitar la confrontación: Estados Unidos no debía tomar medidas arancelarias coercitivas y México incrementaría sus controles migratorios.
La última carta a Trump, ahora como candidato a un segundo término, en el verano de este año, tiene el mismo tono amistoso. AMLO se solidarizaba con el mandatario por al atentado sufrido, lo llamaba “amigo” dos veces y aseguraba que Trump “siempre fue respetuoso de nuestra soberanía y cuidadoso de la amistad entre nuestros pueblos”. Entre elogio y elogio, López Obrador defendía dos cosas: el control migratorio mexicano y el T-MEC.
Las primeras cartas a Biden, más sobrias y tensas, estuvieron enfocadas, también, en la política migratoria, pero agregaron un nuevo diferendo por medio del reclamo al financiamiento concedido por la USAID a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En las de septiembre del 21 y agosto del 23, AMLO respaldaba los proyectos de colaboración para el desarrollo de Centroamérica, encabezados por Kamala Harris.
Sin embargo, en otras dos cartas a Biden, una de mayo de 2023 y otra de agosto de 2024, el tema único fue el financiamiento de MCCI. AMLO hablaba de ese financiamiento como un “acto intervencionista” o una “actitud injerencista”. La última carta a Biden, después de las declaraciones de Salazar, ya dan a la relación bilateral un tono ríspido, muy similar al que describe Fuentes en su distopía mexicana. (Rafael Rojas, La Razón, Infamativa, p. 4)