Opinión Migración 200924
Desde Afuera / Kamala Harris, los latinos y los demócratas
Estados Unidos puede reformar su “roto” sistema de migración y al mismo tiempo proteger a los “soñadores”, los hijos de inmigrantes indocumentados que llegaron al país de la mano de sus padres y crecieron en él, dijo la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata.
“Podemos hacer ambas cosas, crear un camino ganado a la ciudadanía y asegurar que nuestra frontera sea segura. Podemos hacer ambas cosas y debemos hacer ambas”, indicó Harris ante la Conferencia de Líderes Jóvenes del Consejo Congresional Hispánico.
El señalamiento de la candidata demócrata refleja tanto la necesidad de solidificar el vínculo con la creciente minoría hispana, como la realidad de un país donde la preocupación por una inmigración “descontrolada” y fronteras inseguras es parte de la agenda electoral de este año y un importante foco político para el Congreso en 2025. El tema migratorio y de frontera son argumentos de campaña del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, que desde su primera campaña, en 2015, ha martillado contra la ‘invasión’ de migrantes y la inseguridad fronteriza, reflejada en la entrada de drogas.
La formulación es parte de una sólida operación de acercamiento y cortejo a la minoría hispana de Estados Unidos, que según las últimas cuentas tendría hasta 34 millones de posibles votantes, aunque solo se espera que poco más de la mitad asista a las urnas. Los demócratas buscan, y al parecer han logrado, en parte, recuperar terreno en un sector que tradicionalmente les ha sido favorable, aunque hasta 40 por ciento se ha mostrado receptivo a los argumentos republicanos sobre economía, desorden migratorio y fronterizo.
Pero los mismos republicanos dieron a los demócratas una arma política cuando a principios de año rechazaron una propuesta de ley demócrata para endurecer la política migratoria y la vigilancia de la frontera porque deseaban usar el problema como herramienta electoral.
Del propio Trump dio un segundo argumento cuando anunció que, de ser electo, ordenaría una expulsión masiva de indocumentados. 60 por ciento de la población hispana de Estados Unidos, estimada en unos 60 millones de personas, es de origen mexicano.
El resto tiene raíces puertorriqueñas, cubanas, dominicanas y centro y sudamericanas, en especial salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos expulsados por problemas políticos y económicos. De acuerdo con reportes demográficos, el número de posibles votantes latinos aumenta casi en un millón por año, especialmente como resultado del crecimiento demográfico y en menor medida, de la inmigración.
La propuesta de Harris implica la renovada aceptación de un compromiso hecho por el gobierno de Barack Obama con los Dreamers (soñadores). Pero al mismo tiempo, el anunciado endurecimiento demócrata en su política migratoria plantea una posibilidad de fractura, por lo menos de acuerdo con grupos pro-migrantes y en la izquierda de ese partido, según reporte del diario cibernético Axios. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
Estados Unidos endurece reclamos por reforma judicial
No es casualidad que el mismo día en que se promulgó la reforma al Poder Judicial viniera a México el expresidente Ernesto Zedillo a proclamar la muerte de la democracia y la instauración de la tiranía; ni que, unas horas después, se hiciera pública una carta manuscrita de Genaro García Luna, quien desde su reclusión en Nueva York aseguró que la modificación constitucional fue promovida para proteger a narcotraficantes con los que AMLO está vinculado, según pruebas que dijo tener pero que no mostró ni ha mostrado.
Tampoco fueron casualidad en su momento la queja-amenaza del embajador Ken Salazar de que tales cambios quebrarán la relación comercial con Estados Unidos y sumirán en el caos a nuestra economía; ni la andanada en redes sociales de “narco presidente” y “narco candidata” viralizada durante la campaña presidencial y el proceso legislativo de la reforma constitucional de marras.
Detrás hay un común denominador: el gobierno de Washington con su cada vez más amenazante rechazo al rediseño de nuestro Poder Judicial, para lo cual echa mano, como históricamente ha ocurrido, de intereses particulares específicos y de grupos de poder que son en México furiosamente defensores del estatus quo y, en este caso, del modelo salinista de libre mercado a ultranza que AMLO y su movimiento han ido desmantelando y sustituyendo por uno populista-nacionalista durante los pasados seis años.
Ya sabremos en el transcurso de los días y los meses por venir si la reforma judicial resultará perniciosa o benéfica. Su implementación empezará a mediados de la semana próxima.
Washington, por lo pronto, intensifica el tono de su reclamo porque le resulta inaceptable que México se haya apartado tanto con AMLO de su órbita de influencia y que, en términos prácticos, ya no disponga de jueces a los que mangonear para que resuelvan a favor de sus intereses.
Eso explica, por ejemplo, los calificativos de autoritario, tiránico y atroz que Zedillo vino a endilgarle a López Obrador, en un discurso autoritario y tiránico que pronunció en un foro privado de abogados, y en el que se asumió (¡atroz!) como el padre de nuestra democracia.
No vino, claro, obligado por Washington, sino de muy buen grado alineado a sus intereses o “colonizado”, como le gusta decir a quienes aseguran que eso ocurrirá en el Poder Judicial. Esos intereses son en los que cree Zedillo y para los que trabajó al llegar a poder tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Todo esto ocurre en la fase final de la campaña presidencial estadounidense, en la que tanto Donald Trump como Kamala Harris y la Casa Blanca, agarran a México de saco de boxeo con temas como la migración y el narcotráfico.
Por eso el manejo intencionado de la carta de García Luna, a lo que debe agregarse el interés personal del desesperado exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ya declarado culpable por la justicia estadounidense y para el que se pedirá una sentencia de cadena perpetua y una multa de cinco millones de dólares que será dictada en un par de semanas.
Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos, a través del Servicio de Investigación del Capitolio (CRS) adelanta que apretará las tuercas a Sheinbaum recomendando a la Casa Blanca condicionar la ayuda, imponer medidas unilaterales sobre fentanilo, supervisar directamente la política migratoria y revisar el T-MEC con firmeza.
A ver si se deja Sheinbaum quien, por otra parte, ya recibió la confirmación de que la primera dama de Estados Unidos, Jill Baiden encabezará a la delegación que asistirá a su investidura el próximo martes primero de octubre. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, A14)
Las suspensiones no prosperarán
Aun en el remoto caso —mucho muy improbable, por desgracia— de que prosperaran las suspensiones emitidas contra la destructiva reforma constitucional al Poder Judicial o su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo previsible es que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum recurrieran al delictivo recurso de desacatar a la Suprema Corte.
Nada frenará la imposición porque el mandatario, su partido, sus legisladores y sus cómplices en el Congreso han violentado el estado de derecho durante casi seis años, trastocando a su capricho la institucionalidad y la legalidad.
Bastaría el excrementicio procedimiento legislativo de las antidemocráticas mayorías diputadiles y senatoriales del oficialismo cuando aprobaron la regresiva, inservible y demagógica reforma para echarla abajo: recuérdese que en la sesión realizada en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca no hubo manera de corroborar que quienes votaron por la aprobación fueran efectivamente diputados, y que en el Senado, mintiéndole al pleno, el coordinador de la bancada de Morena y el presidente de la Mesa Directiva, se cometió la marranada de completar la mayoría que requerían con la compra de un par de traidores al PAN y a Movimiento Ciudadano.
De que el gobierno ignoraría una sentencia de la Corte contra la reforma al Poder Judicial hay una oportuna constancia: ayer se aprobó en San Lázaro el dictamen sobre la propuesta de endosar al Ejército la Guardia Nacional, bajo cuyo mando de facto ha seguido, pese a que el máximo tribunal en abril de 2023, al resolver una acción de inconstitucionalidad, ordenó que a más tardar el 1 de enero de este año (han ya transcurrido casi nueve meses de vencido el plazo) el control de la Guardia Nacional fuera trasladado de la Secretaría de la Defensa a la Secretaría (civil) de Seguridad y Protección Ciudadana.
En este sensible tema, dicho sea de paso, para atizar el linchamiento de los ministros de la Corte, López Obrador les atribuye haber echado abajo la militarización de la GN sin tomar en cuenta que, por su propia iniciativa, el artículo 21 de la Constitución reza desde el 26 de marzo de 2019:
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil (…), que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública…”.
Con la misma impunidad que el Poder Ejecutivo ha desacatado sentencias de la Corte (como sobre la detención por más de 36 horas en las cárceles llamadas “estaciones migratorias” en agravio de tseltales (y otras acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), el Senado ha ignorado los fallos para completar el número de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales, instancia, por cierto, en capilla para ser absorbida y chatarrizada por la Federación y con ello acentuar la turbiedad en el manejo de la cosa pública.
AMLO no mintió: “lo mejor es lo peor que se va a poner…”. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
Cartones
Really?
(Camacho, Reforma, Opinión, p.8)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 19/09/2024