En las primeras horas del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras en la capital apenas había finalizado el ritual de la toma de protesta, en el extremo sur del país –en el tramo inicial de la ruta migrante que sale de Tapachula– ocurrió la primera masacre de migrantes del sexenio. Al menos ocho murieron en un operativo del Ejército. La versión oficial, de que los soldados dispararon en respuesta a una agresión, deja dudas. La nacionalidad de las víctimas, y de las otras personas que viajaban con ellas, es inusual: venían de países tan remotos como Egipto, Pakistán y Nepal. La fecha agrega un peso simbólico, de mal agüero, a la masacre.
Las víctimas del 1 de octubre no fueron las primeras, y me temo que tampoco serán las últimas, de la trágica crisis migratoria en la que llevamos años. San Fernando, Camargo, un tráiler en una curva de la autopista, cerca de Tuxtla Gutiérrez, son sólo algunos de los puntos en la geografía del terror por donde los migrantes transitan. En las historias trágicas hay de todo: militares que abrieron fuego contra personas indefensas, lo mismo que elementos de las policías “civiles”; secuestros masivos y ataques perpetrados por grupos criminales; accidentes de tránsito; muertes por asfixia. Parecen situaciones disímiles, pero hay un hilo conductor: el crimen organizado, que es el que controla, para cualquier efecto práctico, los flujos de migrantes en territorio nacional. Por supuesto, donde los criminales operan de forma tan generalizada y visible, también hay una autoridad que es indolente o cómplice.
Es un tema en el que se ha avanzado poco o nada. Hay buenas razones para ello. Los que mueren vienen de lejos, de países pobres. Sus familiares no pueden trasladarse a México a exigir justicia y sus gobiernos no tienen forma de ejercer presión. Las masacres y las muertes por asfixia, cuando ocurren, dan mala imagen, pero la mayor parte del tiempo el tema se puede ignorar. Si nos ponemos maquiavélicos, podemos llegar a la conclusión de que las historias de hacinamiento, extorsión y muerte incluso cumplen una función disuasiva. Así que mejor voltear para otro lado, y no moverle demasiado, como ha sido la directriz hasta ahora.
La solución al drama de los migrantes sólo puede partir de un imperativo moral, humanitario. Un atisbo de esperanza es que la Presidenta dijo que ‘no puede repetirse una situación así’. ¿Pero lo dijo en serio? ¿Qué haría el gobierno si de verdad tuviera intención de evitar más muertes?
La solución no sería fácil, ni bonita. No es cuestión de más cursos o manuales y discusiones teóricas sobre el uso de la fuerza letal. La solución pasa, por supuesto, por un tema de procuración e impartición de justicia. De que haya, por ejemplo, castigo para los elementos de tropa que dispararon el 1 de octubre, y que de verdad se investigue más arriba en la cadena de mando.
Pero eso no es suficiente. Está el tema de la prevención y la supervisión en campo. Los soldados y los policías también son humanos. Quieren volver a casa, se confunden y les entra miedo. Los operativos no se planean a partir de la inteligencia necesaria, a veces ni siquiera con el equipamiento que sería idóneo. Pero también hay una frontera entre la legítima defensa y el abuso; es una frontera que se rompe todo el tiempo en la soledad de las carreteras y las brechas donde ocurren los operativos y los ‘rescates’ de migrantes. Con las condiciones que prevalecen en México, no está dentro de la lógica interna, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional –ni de ninguna corporación policial– ponerse muy rigurosos con el cumplimiento de normas y lineamientos por parte de sus propios elementos. Lo que se necesita es una presencia más intensa en territorio, y una intervención proactiva y más independiente, de los organismos responsables de la protección de los derechos humanos.
Finalmente está el Instituto Nacional de Migración, que es una desgracia. La autoridad migratoria es la que debería encabezar la lucha contra las redes dedicadas a la extorsión y el tráfico de migrantes. Sin embargo, las mafias al interior del INM son las que solapan a los polleros y, en buena medida, orillan a los migrantes a recurrir a las redes de tráfico de personas. Hasta ahora, nadie ha podido con ellas. El actual titular del INM, Francisco Garduño, enfrenta desde 2023 un proceso penal en libertad condicional, por la muerte de 40 migrantes, durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sheinbaum no ha ratificado a Garduño, tampoco ha dicho quién podría ser su reemplazo. No está fácil encontrar a la persona con la capacidad que sería necesaria, y con la disposición para asumir el desafío. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 45)
BREVE TOLERANCIA
La información se guarda con celo.
Pero han trascendido algunas declaraciones y hechos simbólicos.
Por ejemplo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, permanece en el cargo y promete continuar en el nuevo sexenio.
Lo haría a pesar de la cauda de señalamientos por el mal manejo de las corrientes migratorias y la muerte de 40 extranjeros hacinados en un centro de retención de Ciudad Juárez.
Oficialmente Garduño Yáñez se encuentra bajo proceso, pero mantiene el cargo, sus percepciones, sus privilegios y presupuesto para operar e inclusive viáticos personales.
Cada secretario de Estado hace sus reportes y será ardua su tarea para liberar espacios y allegarse gente de mayor confianza y no enquistada como posición de partido o herencia del exmandatario.
Por lo investigado, Claudia Sheinbaum no tiene la intención de causar conflictos y menos darles difusión, por lo cual esperaría unas semanas -se habla de 45 días de tolerancia- a culminar negociaciones individuales o colectivas.
Lo lógico es encomendar esta tarea a la flamante secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre cuyas funciones está la buena marcha de las dependencias federales. (José Ureña, 24 Horas, Online)
Al periodo posterior a la toma de posesión del cargo de presidente se le conoce como “luna de miel”. Un periodo en el que la sociedad (clase política, medios de comunicación y ciudadanos) no reclama mucho al nuevo mandatario, un periodo en el que se le concede el beneficio de la duda en espera de que cese la inercia del gobierno anterior y comience a mostrar su propia fibra.
A las pocas horas de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México se interrumpió la breve luna de miel al conocerse que, en Chiapas, miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un camión de redilas que transportaba decenas de migrantes, dejando un saldo de 6 muertos y una docena de heridos graves. El Ejército, en su papel de policía fronteriza, regaló a la presidenta las primeras muertes violentas de su sexenio.
Apenas unas horas después de la primera masacre oficial del periodo presidencial de Claudia Sheinbaum, se anunció el descubrimiento de doce personas asesinadas en Salamanca. A estas muertes violentas se sumaron dos docenas más de asesinatos sólo en el estado de Guanajuato, que ha arrebatado a Sinaloa el primer lugar de la violencia desatada por el crimen organizado.
El Ejército no está entrenado para contener ni conciliar sino para disparar, y eso hicieron contra los migrantes en Chiapas. El crimen organizado, con presencia en casi la totalidad de los municipios del país, no está en plan de pactar acuerdos entre los distintos cárteles y bandas. La frágil ‘pax narca’ que quiso establecer el gobierno de López Obrador en el noroeste del país se fracturó con la captura del Mayo Zambada. No es una buena noticia que el cártel de narcotraficantes más poderoso del país y uno de los más temibles del mundo esté en pie de guerra interna. Los problemas, sin embargo, no terminan aquí. La luna de miel en muy pocos días se transformó en una luna ensangrentada.
Morena obtuvo en las urnas el 54 por ciento de los votos en el Legislativo. Valiéndose de trampas, interpretaciones sesgadas y con el descarado apoyo de la presidenta del INE, que no oculta su filiación ideológica, Morena se adjudicó una sobrerrepresentación del 74 por ciento que no obtuvo en las urnas. Valiéndose de esa mayoría espuria, se apresuraron a modificar la Constitución, cometiendo de paso irregularidades de procedimiento. Por lo menos una decena de jueces de todo el país presentaron amparos solicitando a la Suprema Corte que revisara la legalidad de lo que se aprobó atropelladamente. La Suprema Corte decidió iniciar esa revisión. Es su papel. ¿Quién tiene la razón?
En una democracia, ¿quién toma la última decisión, el Poder Legislativo o el Poder Judicial? En Derecho se le conoce precisamente cómo “la última palabra”. Es un debate complejo. Por eso mismo me parece un grave error que en Morena hayan decidido caricaturizar ese debate para poder mejor vender ante la ciudadanía la arbitrariedad que están a punto de cometer. Lo han hecho en todos los tonos y en todos los niveles. Desde el militante de a pie que pide la pena de muerte contra los ministros hasta la ministra Batres que ha solicitado que se finquen acusaciones penales contra sus colegas. Las más graves, sin embargo, han provenido del actual presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ambos, con diferentes palabras, han expresado que la reforma judicial de López Obrador va a pasar porque va a pasar, pésele a quién le pese. Que las expresiones provengan de alguien como el senador Noroña no es sorpresa. Que las afirmaciones vengan desde la detentadora del Poder Ejecutivo sí es un grave motivo de preocupación porque manda una muy clara señal de que en México el marco legal ha desaparecido y aquí lo único que vale es la ley de López Obrador, que en esencia se resume en su famosa frase: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Si la presidenta ya consideró el altísimo costo para el país que sus declaraciones traerán consigo, si ya calculó el impacto que tendrá entre inversionistas nacionales y extranjeros que en México se pueda pasar impunemente sobre el Poder Judicial y sus resoluciones, entonces no nos queda sino ponernos el cinturón de seguridad porque iniciamos ya la caída libre.
Un país militarizado, escenario de una guerra civil entre cárteles y bajo la amenaza de que se puede pisotear el Estado de derecho, es todo menos una luna de miel. Es, como le dijo Marcos al presidente Ernesto Zedillo, una bienvenida a la pesadilla.
El gobierno de Sheinbaum inicia con el pie izquierdo sus relaciones con el mundo al suscribir la absurda solicitud de perdón al rey de España. Si Sheinbaum reacciona, ante las probables acusaciones que comenzará a lanzar el aparato de justicia de EU contra el expresidente López Obrador, envolviéndose en la bandera, pulsando la cuerda nacionalista, entráremos a un orden superior de dificultades. No hay que olvidar que el nacionalismo fue la causa directa de los mayores horrores que ha conocido la humanidad en la era moderna. (Fernando García Ramírez, El Financiero, Opinión, p. 35)
Natura

(Chelo, El Universal, Opinión, p. A17)