Esta semana se presentó la Estrategia de Seguridad. Es importante reconocer tanto los cambios importantes que se están planteando como los temas que faltan y riesgos.
Un cambio evidente es la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum: más empática con las víctimas, como lo vimos en su reacción ante la primera masacre del sexenio en Chiapas donde militares mataron a 6 migrantes. Aunque su mayoría constitucional genera preocupación tanto en el país como en el extranjero, por el riesgo de un gobierno autoritario, hasta ahora -por lo menos discursivamente- se ha manejado con moderación. Ahora esperamos que las palabras se traduzcan en decisiones asertivas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó una estrategia técnica, no ideológica, enfocada en reducir la delincuencia con objetivos claros: disminuir homicidios y delitos de alto impacto, neutralizar a los generadores de violencia, fortalecer a policías y fiscalías locales y mejorar el diálogo con la sociedad.
No obstante, persisten vacíos y riesgos. Falta una estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas y su entrega a las familias; un plan para el retorno seguro de los desplazados por las violencias y una política pública en migración. Además, lo que no se mide, no se puede mejorar, faltan indicadores para medir el éxito de la estrategia.
Por otro lado, aplaudo el énfasis en la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, las policías y las fiscalías, ya que de ello dependerá el éxito de convertir la inteligencia en investigaciones efectivas. Sin embargo, existe el riesgo de fracasar si no se toman medidas, la Ley de Seguridad no es clara sobre las responsabilidades de cada orden de gobierno; la regla en administraciones anteriores fue no compartir la información, no colaborar y pisar a las policías.
Otro riesgo es que el titular de la UIF, Pablo Gómez, siga actuando fuera de la ley intimidando a empresarios y organizaciones civiles en lugar de atacar las finanzas y los bienes de los criminales, que es un objetivo prioritario de la Presidenta.
Por último, en Causa en Común, coincidimos con el Secretario, quien subrayó que “la seguridad es una responsabilidad compartida”. Llevamos 15 años apoyando a víctimas, analizando leyes y políticas públicas, y formulando propuestas. Hemos criticado lo que no funciona y aplaudido lo bueno. Con esta experiencia, elaboramos un documento de propuestas (https://rb.gy/lapvga) para este sexenio.
Dado que tanto la Presidenta como el Secretario han manifestado su apertura al diálogo con la sociedad, me permito hacer una propuesta para lograr el éxito de la estrategia: un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia. Una agenda de seguridad no puede ignorar que hay políticas públicas que requieren tiempo y los vaivenes políticos disminuyen las probabilidades de éxito. Además, se deben reconocer las diferencias sociales, económicas y políticas de cada región del país, por lo que el Pacto también serviría para superar la polarización. Por tanto, debería incluir a autoridades, organismos autónomos, a medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones políticas, religiosas y sociales de todas las regiones. Bajo las siguientes premisas:
La política de seguridad debe ser una política de Estado que trascienda calendarios políticos.
Los participantes del Pacto deben subordinar sus intereses a la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado.
Los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión deben vigilar y ejecutar las estrategias emanadas del Pacto.
Todo compromiso debe incluir mecanismo s de rendición de cuentas y basarse en indicadores.
No olvidemos que los objetivos presentados por García Harfuch requieren de un aumento significativo en los recursos presupuestales a la seguridad civil y una enorme voluntad política de Sheinbaum para garantizar su éxito, caminemos juntos. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, A. 16)
Si las causas importan, ¿por qué los jóvenes se han convertido en el sector poblacional más vulnerable de México? En esta semana fue presentada la estrategia de seguridad pública y ciudadana que implementará la presidenta Claudia Sheinbaum durante su sexenio, y llamó la atención la retórica con la que se presentaron algunos puntos.
Nada más falso que relacionar la pobreza y la falta de oportunidades con la participación de las y los jóvenes en grupos criminales. No hay pruebas de esta relación determinista. Por el contrario, sí hay relación entre la migración de miles de jóvenes de los Estados con mayor pobreza o más violentos hacia Estados Unidos, por ejemplo, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, etcétera. De ahí las benditas remesas. (Ruth Zavaleta Salgado, Excélsior, Nacional, p. 7)
En un momento crucial para la política exterior de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha manifestado su convicción de que es hora de redirigir la agenda internacional del país hacia la protección de los intereses nacionales.
Tras un periodo caracterizado por caprichos, ocurrencias y rencillas personales que dañaron la gestión de la política exterior en años recientes, el PRI se muestra optimista ante la llegada del doctor Juan Ramón de la Fuente como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El PRI ha sido un actor fundamental en la historia política de México, y su experiencia le otorga una perspectiva valiosa en la formulación de políticas que buscan fortalecer la soberanía y los intereses del país. En este sentido, la nueva administración encabezada por el doctor de la Fuente representa una oportunidad para reorientar el enfoque que se ha tenido en los últimos años, donde las decisiones a menudo han estado más influenciadas por intereses personales que por una estrategia clara y coherente.
Uno de los temas centrales en esta nueva etapa será la relación con Estados Unidos, un socio estratégico para México. La proximidad geográfica y los lazos económicos hacen que esta relación sea vital para el desarrollo y bienestar de la nación. El PRI ha expresado sus inquietudes y visión sobre cómo se debe manejar esta relación, especialmente en el contexto de la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). La revisión del tratado es una oportunidad para lograr condiciones que beneficien a México, y el PRI considera esencial que se prioricen los intereses nacionales en este proceso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del doctor de la Fuente, deberá abordar temas complejos como el comercio, la migración y la seguridad, siempre teniendo en cuenta los intereses de México y la necesidad de establecer un diálogo constructivo con Estados Unidos. El PRI ha enfatizado la importancia de una política exterior que no solo responda a la coyuntura, sino que esté sustentada en una estrategia a largo plazo que valore la independencia y la dignidad de México en el ámbito internacional.
La tarea que enfrenta el doctor de la Fuente no es sencilla, pero el PRI confía en su capacidad para llevar a cabo un enfoque más equilibrado y centrado en los intereses nacionales. Es fundamental que su administración pueda generar un clima de confianza no solo con Estados Unidos, sino también con otros actores internacionales, lo que permitirá a México posicionarse como un interlocutor relevante en la esfera global.
En conclusión, el PRI se muestra decidido a contribuir a la construcción de una política exterior que responda a las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. Con el liderazgo del doctor Juan Ramón de la Fuente, se abre un camino hacia la redefinición de las relaciones internacionales de México, en un momento en que la protección de los intereses nacionales se convierte en una prioridad indiscutible. La política exterior debe ser un reflejo de la identidad y la soberanía del país, y es hora de que México recupere el rumbo en este ámbito. (Alejandro Moreno, El Universal, Opinión, A 16)