En un mundo cada vez más acosado por la movilidad forzada, México se ha convertido en uno de los cinco principales receptores de solicitudes de asilo en todo el mundo, con esto no solo es un país de origen y tránsito, sino también un destino cada vez más importante para las personas refugiadas. Solo entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de casi 1,4 millones de personas que viajaban por México en condición irregular, la mayoría con el objetivo de cruzar a Estados Unidos o solicitar asilo en México. Sumado a esto, se estima que unos 392.000 mexicanos fueron desplazados internos a finales de 2023, pero la cifra real probablemente es mucho mayor. Más de la mitad de las personas en movilidad en México afirman haber huido de sus hogares y países debido a la violencia y la inseguridad que ponen en peligro sus vidas.
Las políticas para impedir que los migrantes sigan su viaje hacia el norte no han funcionado como elemento disuasorio sostenible y a menudo acaban obligando a personas desesperadas y vulnerables a tomar rutas más clandestinas y peligrosas, dejándolas expuestas a más explotación y abusos.
Una mujer embarazada que habló con el Consejo Noruego para los Refugiados, en un campamento improvisado en la ribera del río Suchiate – frontera entre México y Guatemala, relató que fue violada mientras atravesaba la selva del Darién (Panamá), y ahora ella y su esposo lidian con el trauma mientras luchan por encontrar atención prenatal, comida y agua. “Ninguna mujer ni ninguna niña más deberían sufrir estas condiciones”, dijo.
Desde 2021, México ha recibido anualmente más de 119.000 solicitantes de asilo. El año pasado se batió un récord con 141.000. Y la diversidad de quienes emprenden este peligroso viaje es sorprendente: más de 100 nacionalidades diferentes. Muchas personas proceden de países como Honduras, Venezuela y Haití, pero las llegadas recientes también incluyen naciones lejanas como Afganistán, Ucrania y Angola. Esta preocupante tendencia refleja el creciente número de desplazados en todo el mundo. Aunque ha habido fluctuaciones en el número de solicitantes de asilo en México, debido a cambios políticos y contextuales en 2024, la cifra sigue siendo elevada y preocupante.
Para enfrentar el rápido aumento de la demanda, la autoridad de asilo de México ha cuadruplicado su capacidad de procesamiento desde 2018, cuando contaba con cuatro oficinas, a un total de 13 en todo el país y ha ampliado el apoyo en la programación de la integración local. Sin embargo, uno de sus principales obstáculos para garantizar una respuesta integral sigue siendo el presupuesto limitado.
El Estado mexicano gestiona la migración con un importante apoyo de la sociedad civil. La gran mayoría de los servicios de primera línea en México los prestan organizaciones religiosas y locales. No obstante, los esfuerzos son insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades, lo que somete a los sistemas a una presión extrema, deja a muchas personas sin acceso a servicios esenciales y subraya la urgente necesidad de una cooperación internacional sostenida. NRC estableció una nueva oficina regional para América Latina en 2024 para fortalecer aún más las ocho operaciones en la región y promover el reconocimiento y la respuesta a una creciente crisis de protección.
La actual tendencia mundial favorece que los Estados más ricos externalicen los controles migratorios y las responsabilidades asociadas a ellos a los países vecinos y recurran a políticas cada vez más restrictivas para gestionar la migración. Esto significa centrar los escasos recursos en frenar los flujos de personas, en lugar de abordar las complejas dinámicas que provocan que las personas huyan de sus hogares en primer lugar. Esto tiene que cambiar. Las respuestas a los retos de la migración masiva deben centrarse en abordar las necesidades humanitarias y facilitar el acceso a la protección, así como en mejorar los esfuerzos nacionales de apoyo a los programas sociales en países como México, para permitir una integración local efectiva.
La proximidad a Estados Unidos ha tenido un enorme impacto en la respuesta de México a la crisis migratoria. Estados Unidos es actualmente el mayor donante humanitario de México, pero también ejerce una presión considerable sobre su vecino del sur para que disminuya el flujo de migrantes hacia su frontera. La politización de la migración en un año electoral exacerba aún más esta dinámica, de la que la orden ejecutiva estadounidense anunciada el 4 de junio es la última muestra. La orden significa que no se dará prioridad a muchos de los más vulnerables, haciendo que el acceso al sistema de asilo sea más bien una lotería. De hecho, se bloqueará el acceso al asilo a algunos de los más necesitados de protección, dejándolos sin opciones viables en situación precaria y en lugares inseguros.
Para hacer frente a estos retos es imprescindible una respuesta mundial coordinada. Estados Unidos debe reflexionar sobre el impacto perjudicial de sus políticas, al tiempo que da prioridad a una gestión humana de la migración. La actual administración ha impulsado iniciativas que, aunque defectuosas, han pretendido facilitar vías más seguras para el asilo. Este discurso está en contradicción con la última orden ejecutiva.
Por su parte, el nuevo Gobierno de México debe aprovechar los avances logrados en los últimos años en materia de acogida y asilo, reforzar las políticas migratorias de regularización e integración local y destinar los fondos necesarios a los servicios de asilo. También debe priorizar la legislación y la respuesta al creciente número de mexicanos desplazados internamente.
De igual forma, los países europeos tienen un papel crucial que desempeñar a la hora de apoyar a México y a otros países de la región que dependen desproporcionadamente del apoyo financiero de Estados Unidos. Abordar este desequilibrio, así como ofrecer un mayor apoyo técnico y opciones de reasentamiento para aquellos que no pueden reconstruir sus vidas en México, permitiría una gestión más humana de esta crisis humanitaria a gran escala.
Mientras el mundo se enfrenta a esta oleada de desplazamientos forzosos sin precedentes, debe dar prioridad a una respuesta humanitaria eficaz frente a la disuasión, y asegurar el derecho de las personas a la protección. (El País, Andrés Ramírez Silva y Jan Egeland, Online)
En Puebla, las instalaciones administrativas del Instituto Nacional de Migración (INM) operan como un centro de retención de migrantes, en medio de condiciones insalubres y donde no se tiene ningún cuidado por la salud de los menores de edad.
De acuerdo con el expediente CNDH/5/2024/2065/Q de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Oficina Administrativa del INM en la ciudad de Puebla, se detectó que estaban detenidos, aproximadamente 80 personas, de las cuales 30 eran niñas, niños y adolescentes.
Los migrantes detenidos por las autoridades mexicanas que ingresaron de manera irregular al país se encontraban hacinados; mientras que los baños de las instalaciones presentaban condiciones insalubres, situaciones que se traducen en violaciones a los derechos humanos.
A pesar de que, en su momento, el INM dio a conocer que las instalaciones en Puebla para albergar a migrantes estaban cerradas, en la realidad siguen operando como una estación provisional. Una bodega es destinada para que los llamados “sin papeles” permanezcan en espera de conocer a su futuro que, en la mayoría de los casos, es la deportación.
Las investigaciones de la CNDH revelaron que, a principios de este año, los migrantes que estaban en hacinamiento en las instalaciones del INM en Puebla, fueron detenidos durante acciones de verificación migratoria realizada en una caseta de cobro de la autopista Tehuacán-Oaxaca.
“Trasladados a la Oficina Administrativa de NNA del INM en Puebla, donde estuvieron en condiciones insalubres, sin que se respetaran las garantías del debido proceso, al no notificar de inmediato a la Procuraduría de Protección y al Sistema Estatal DIF ambos en Puebla para que les brindaran asistencia y su canalización a un Centro de Asistencia Social (CAS)”, detalla el documento.
Ante las agresiones que están sufriendo los migrantes, la CNDH llamó a que se respete el derecho al trato digno que está reconocido en la Constitución Política de México.
Sin duda que, como lo establece la CNDH, la detención migratoria criminaliza la migración irregular; además, se violan los derechos ante las precarias condiciones de alojamiento y de las instalaciones del INM. (Jaime Zambrano, Milenio, Online)
Pedro tiene 20 años, nació y ha pasado toda su vida en Portobelo, en la región de Colón, Panamá, y vive del turismo. Aunque durante unos años fue pandillero, vendió drogas y estuvo detenido en un centro para menores, lleva 3 años trabajando en la cooperativa que lidera su padre: traslada en lancha por las aguas del mar Caribe a turistas locales y extranjeros que visitan las maravillas naturales de la zona. La vida ha pasado rápido por Pedro, entre su pasado rebelde y su actual oficio, con el que parece haber asentado cabeza, ha desempeñado otra función que describe como un servicio.
En más de una ocasión ha ayudado a migrantes provenientes de diversos países, principalmente Venezuela, Colombia y Haití, que buscan cruzar Panamá para llegar a Costa Rica. “Por aquí pasa gente desesperada que busca el sueño americano, algunos se quedan y otros siguen la ruta. Muchos van por el tapón del Darién, pero otros usan lanchas por la ruta de Sapzurro o La Miel hacia la frontera con Costa Rica. El trayecto en lancha dura 3 o 4 horas y después hay que caminar”. La opción que él ofrece a migrantes se suma a otras tantas rutas alternativas que se han generado para evitar los nuevos y más rígidos controles migratorios, como es el caso del trayecto por mar abierto desde la isla de San Andrés en Colombia hasta Nicaragua.
En entrevista señala: “Los paramilitares, los criminales, los policías, todos se dedican a abusar de los migrantes y hacer plata con ellos”. Guarda silencio un momento y agrega: “desde la llegada del presidente José Raúl Mulino hace unos meses, ordenó más seguridad, que no pasen… tienen bloqueado el Darién ahora mismo”.
“El costo por cruzar en lancha sin papeles desde Colombia hasta la frontera de Panamá con Costa Rica, evitando el Darién oscila entre los 1,000 y 2,000 dólares por persona, pues tan solo el combustible por viaje cuesta 1,000 dólares y el riesgo, con la vigilancia de las autoridades es alto”, señala. El pasado 1 de julio, el gobierno de Panamá firmó un acuerdo con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio a través de la Selva del Darién. El incremento en la vigilancia marítima y terrestre por parte del gobierno panameño ha dificultado el tránsito. Utilizan drones que se acercan a las embarcaciones buscando migrantes y después hacen revisiones minuciosas cuando se acerca a tierra. El flujo migratorio no ha cesado y las rutas alternativas son más costosas y peligrosas.
Jorge, joven que radica a las orillas del Darién, revela otro aspecto trágico del fenómeno migratorio en Panamá. Ha encontrado a migrantes desorientados y agotados en la parte trasera del rancho de su abuela. “Estas personas llegan al límite de sus fuerzas, he visto a familias enteras llegar aquí sin nada más que la ropa que llevan puesta”, comenta. Los migrantes, muchos de ellos venezolanos y haitianos, relatan cómo han perdido a seres queridos en la selva, víctimas de las enfermedades, los accidentes o, en algunos casos, de la violencia.
El Darién es un terreno selvático que cubre 575 mil hectáreas y marca la frontera entre Colombia y Panamá, es un lugar inhóspito y una de las rutas más peligrosas del mundo. Los migrantes enfrentan múltiples amenazas: presencia y control de grupos criminales, violaciones, robos, y los riesgos inherentes de la selva, como ríos caudalosos y acantilados mortales. Los testimonios de quienes cruzan describen la travesía como una pesadilla. En 2023 más de 500 mil personas cruzaron el Darién, y aunque para octubre había una disminución de aproximadamente 35%, se han identificado repuntes que sugieren la puesta en marcha de nuevas rutas migratorias.
A pesar de los esfuerzos por controlar el flujo migratorio en Panamá, la desesperación empuja a miles de personas a seguir migrando. Esto plantea grandes retos para la región y para México donde, con la llegada de un nuevo gobierno, los flujos migratorios siguen en aumento. En estos días se ha iniciado una nueva caravana, y otra ya ha sido anunciada, subrayando la urgencia de encontrar soluciones integrales, humanitarias y de seguridad para enfrentar el fenómeno. (Eunice Rendon, El Universal, Nación, A5)
Todos en el marco de incertidumbre derivado de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos: ¿nos irá muy mal con una o aún peor con otro? Amagos arancelarios, exacerbación del ánimo antinmigrante, la frontera y su presunto cierre como recurso electoral, la economía, la paridad cambiaria, el tratado norteamericano de comercio. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.10)
El poblado zapatista 6 de Octubre, integrante del hoy Caracol IX Jerusalén, se fundó formalmente ese día y mes de 1997, con las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Desde entonces, sus habitantes las han trabajado pacíficamente para bien de la comunidad.
Sin embargo, ahora habitantes de Nueva Palestina, junto a integrantes del crimen organizado, con el apoyo de la autoridades del municipio de Ocosingo y del gobierno de Chiapas, pretenden desalojarlos violentamente.
Desde junio de este año, desconocidos portando armas de distintos calibres y con uniformes de color negro recorrieron el poblado, amenazaron a sus habitantes y tomaron fotos. Días después, a dos bases de apoyo zapatistas que salieron a jornalear les advirtieron que tenían que irse de la comunidad o los iban a sacar por la mala. Un dron ha sobrevolado el pueblo. El 23 de septiembre, los atacantes levantaron chozas en el pueblo y se dedican a intimidar a los simpatizantes rebeldes.
Las autoridades comunales de Nueva Palestina aseguran contar con el apoyo de los jefes municipales de Ocosingo, provenientes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –el síndico Martín Martínez, conocido por las malas amistades con las que se junta, es originario de esa comunidad–. También con el del gobierno chiapaneco, en manos de Morena. Sin pelos en la lengua, aseguran que les van a dar a los agresores los papeles que acreditan la propiedad de las tierras despojadas. Por si fuera poco, afirman que el crimen organizado, con el beneplácito oficial, dio la instrucción de expulsar de esas tierras a las bases de apoyo zapatistas.La presencia del CNJG en la región es cada vez mayor.
Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal integran la comunidad lacandona. Formada a partir del decreto presidencial de 1972, que dotó de 614 mil 321 hectáreas del Desierto de la Soledad a 66 jefes de familia lacandones, se ha convertido, en terreno de operación y disputa del narco. Aunque históricamente los bienes comunales estuvieron en manos de los lacandones, en la última elección la asamblea escogió a un chol como presidente del comisariado. Sin embargo, a principios de 2024 éste fue desconocido por las autoridades agrarias federales. De manera que, hasta la fecha, el comisariado está descabezado.
Se trata de una región que es la última frontera en territorio mexicano antes de llegar a Guatemala. Hacia el norte, colinda con comunidades en resistencia, como el poblado zapatista 6 de Octubre.
Algunos lacandones (incluyendo autoridades) se han asociado al crimen organizado. En su territorio descienden avionetas cargadas con cocaína (https://shorturl.at/yHOv). En Frontera Corozal y en Nueva Palestina algunos comuneros, una minoría muy adinerada, son polleros y venden alcohol (actividad vinculada a la explotación sexual de centroamericanas migrantes). Están armados. Han acaparado tierras mediante préstamos leoninos y controlan indirectamente programas sociales como Sembrando Vida, rentando hectáreas de su tierra a campesinos que carecen de ella, para que participen del programa y las trabajen.
Para exorcizar el fantasma de la masacre de Viejo Velasco en 2006, las autoridades comunales impulsaron entre 2008 y noviembre de 2022 un proceso técnico y político para determinar un nuevo polígono de Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Se lograron acuerdos con 52 comunidades y vecinos colindantes. Eje de esta negociación es el Plan de Vida para el Manejo Biocultural de la selva. Como parte de la negociación, se llegó a un acuerdo con el poblado 6 de Octubre, uno de lo seis polígonos internos a Bienes Comunales.
Hasta noviembre de 2022 todo parecía estar listo para el nuevo decreto. Sin embargo, las autoridades de Lacanjá Chansayab interpusieron un recurso legal, alegando que ellos son los únicos beneficiarios del decreto de 1971 y que los tseltales, tsotsiles y choles son invasores del territorio. Esto frenó todo. Se filtró entonces una grabación en la que la entonces diputada Patricia Armendáriz regañaba a gritos a las autoridades de Lacanjá. Les exigía presentar un plan de desarrollo –que contrarrestara la propuesta comunitaria del Plan de Vida– para que junto con ella, vinculada a la Fundación NaBolom, pudieran recibir financiamientos de agencias internacionales. En el audio, la empresaria confiesa que financió personalmente al abogado que interpuso la demanda legal que frenó el proceso que definiría el Nuevo Polígono de Bienes Comunales (https://shorturl.at/rWjhU, minuto 1:09).
En febrero de 2023 nombraron autoridades comunales en Frontera Corozal, desconociendo al comisariado comprometido con el proceso agrario y el Plan de Vida. En diciembre de 2023, cambiaron a las autoridades comunitarias en Nueva Palestina, poniendo un comisariado con nula capacidad de gestión y experiencia. Fue así como, el pasado 30 de agosto, los comuneros de Nueva Palestina ligados al PVEM, al tráfico de indocumentados y cercanos al crimen organizado, acordaron agredir al predio zapatista 6 de Octubre, acompañados por desconocidos con armas de alto calibre.
Chiapas es un polvorín. Secuestros, asesinatos, amenazas de muerte y bloqueos se extienden por todo el territorio. Apenas el pasado 30 de septiembre, un comando armado incendió la presidencia municipal de Benemérito de las Américas. En las regiones Sierra y Frontera los combates entre cárteles se suceden sin interrupción, mientras miles de pobladores se encuentran desplazados. El 9 de octubre, en Ixhuatán se produjo un fuerte enfrentamiento armado, con un saldo de al menos dos muertos. Pobladores tomaron el chalán Rizo de Oro exigiendo la presentación con vida de cuatro pescadores desaparecidos. Migrantes fueron baleados por el Ejército en Villa de Comaltitlán. La agresión en contra del poblado zapatista 6 de Octubre es un parteaguas en esta escalada de violencia. El Caracol de Jerusalén era una de las sedes contempladas para la celebración de los encuentros de resistencia y rebeldía zapatista.
No es exageración, en Chiapas la guerra civil llama a la puerta. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, Política, p. 12)
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU) son un acontecimiento de importancia, no sólo para el mundo en general, sino sobre todo para México. Son un contexto que añade incertidumbre al hecho de estar inevitablemente unidos por una frontera de más de 3 mil kilómetros, lo que ha servido para todo tipo de presiones del país vecino; más malas que buenas, porque no hay duda de que es difícil ser el único país subdesarrollado en el mundo vecino de la potencia hegemónica mundial.
Sin embargo, llama la atención las reacciones que la reforma judicial constitucional en México ha suscitado en algunos sectores del vecino país, al grado de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó la preocupación del gobierno que representa y de la comunidad empresarial debido a las consecuencias de la reforma judicial para su sector privado y no sólo eso, sino que, en un tono que no debe aceptarse, señaló que marcará el camino de la relación de su gobierno con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que implica una clara amenaza en el sentido de que, si no se les da a los inversionistas lo que demandan, habrá problemas.
Esta virulenta reacción explica por qué el embajador de EU en México, Ken Salazar, se haya atrevido a criticar una decisión soberana del país en relación con sus leyes internas. Pero también explica por qué el ex presidente Andrés Manuel López Obrador decidió marcar una pausa en las relaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum, le señaló al embajador Salazar que no podía ver a los secretarios de Estado sin antes acordar con el canciller Juan Ramón de la Fuente.
¿Por qué están tan alebrestados los vecinos del norte? Porque la SCJN sirvió a los intereses foráneos, particularmente a los de EU, lo que se convirtió en un verdadero obstáculo para el desarrollo del país. Pero ahora, con la reforma judicial constitucional México podrá iniciar nuevos caminos que hagan valer, en primer lugar, sus decisiones sobre la soberanía del país. Por ejemplo, en relación con sus recursos naturales, sobre sus empresas estratégicas, así como concesiones mineras y sobre todo en relación con las condiciones laborales. Es decir, no más controles salariales, se luchará por un sindicalismo verdaderamente independiente, no ligado ni a élites nacionales ni extranjeras que favorecieron salarios de hambre, a través del tristemente famoso race to the bottom contra los trabajadores y para beneficio de los patrones. Y, por supuesto, se espera que también se apliquen regulaciones a las inversiones extranjeras, porque es inadmisible que simplemente repatrien los beneficios obscenos y ni siquiera dejen parte de la tecnología que desarrollan en el país, no más exenciones fiscales y sobre todo la absoluta prohibición de contaminar ríos, lagos, así como invadir terrenos de los pobladores mexicanos.
Por supuesto que esperamos que haya, por parte de México, una actitud soberana en la renegociación de los tratados. No debe olvidarse que las condiciones bajo las cuales se firmaron tanto el TLCAN como su renegociación, el T-MEC, fueron de entrega total a los inversionistas extranjeros, que han convertido a México en maquilador que exporta los productos extranjeros a costos altamente competitivos pero para Estados Unidos. Principal proveedor de vehículos y sus partes, equipo médico, frutas y verduras, bebidas y licores, combustibles minerales, muebles y colchones, lo que muestra por qué se perdieron las industrias nacionales y se descuidó el mercado interno.
Se devastó el campo mexicano y por ello se expulsó a los campesinos que se vieron forzados a migrar hacia el país vecino ante la imposibilidad de competir con los productos que extranjeros. Gracias a estos migrantes campesinos indocumentados los estadunidenses tuvieron comida en sus mesas, de magnifica calidad y bajos precios, en tanto que esos mexicanos indocumentados ni tiempo para la comida se les permitía.
No digamos sus labores en las industrias polleras, o en las despulpadoras de cangrejos que en su mayoría fueron ocupadas por mujeres migrantes. Todos ellos trabajadores migrantes indocumentados, porque se les puede sobrexplotar y deportar cuando convenga a sus empleadores. Y sin embargo, algunos políticos en EU se atreven a humillarlos, criticarlos y hasta decir que envenenan la sangre de los gringos, como el personaje de Donald Trump, que ha dicho con todas sus letras, que hará una de las mayores deportaciones de migrantes indocumentados de todos los tiempos, si llega a la Casa Blanca.
Los funcionarios estadunidenses afirman que con la reforma judicial habrá pérdida de independencia y del estado de derecho. Todo lo contrario, y por eso están tan alterados, porque México está ahora sí, ante la posibilidad de recuperar la independencia para diversificar sus opciones productivas con otros países y hacer realidad el verdadero estado de derecho tan lastimosamente violentado por las decisiones de los 40 años de neoliberalismo. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 16)
La campaña presidencial estadounidense de 2024, parece desarrollarse fuera de los parámetros normales. En un año normal, la economía sería la preocupación abrumadora. Y es uno de los temas importantes. Pero, a diferencia de otras elecciones, no es necesariamente el principal y quién sabe si será el determinante para el resultado.
En ese sentido, la ventaja sería para el republicano Donald Trump, toda vez que existe al menos la percepción de que la inflación y los precios altos son resultado de las políticas del presidente Joe Biden y, por tanto, extensivas a su vicepresidenta, la ahora candidata demócrata, Kamala Harris.
Es cierto que, según los números de la macroeconomía, la situación estadounidense es buena, pero el ciudadano promedio resiente en el bolsillo los aumentos de precios, la falta de vivienda barata y los alimentos caros.
Y, sin embargo, es sólo uno de los temas importantes. Trump debería tener una ventaja cómoda, pero no es así. Parece optar mejor por usar el temor, y ha logrado introducir temas como migración y la debilidad de las fronteras en el debate público, con historias que a veces parecen ridículas sobre la “invasión” de inmigrantes indocumentados. Pero hay quien le cree.
Harris sostiene por su parte que la economía está bien y que eso se refleja en un desempleo reducido, en posibilidades de bienestar importantes, y por supuesto lo acredita a las políticas desarrolladas por Biden después de la pandemia de COVID-19.
Paralelamente, agita el espectro de un Trump desaforado, uno que ha prometido ser “dictador por un día“ y usar las fuerzas armadas tanto para hacer detenciones masivas de migrantes indocumentados como para detener al “enemigo interno”, como define a todos los que no están de acuerdo con él, especialmente en la burocracia federal.
Trump promete también reducir impuestos a sectores adinerados para favorecer la inversión, y acusa de ignorantes a medios y organizaciones que señalan sus posibles efectos negativos, del Wall Street Journal al semanario The Economist, la agencia Bloomberg o el diario Financial Times.
Hasta ahora no parece haber ventaja real para ninguno de ellos. Harris alcanzó a Trump luego de que el presidente Biden retiró su candidatura y la Convención Nacional Demócrata de agosto.
Trump lleva cuatro años en campaña desde que perdió la Presidencia en 2020, pero tampoco ha rebasado a su audiencia. La campaña, pues, es un reflejo de la división casi por la mitad entre los estadounidenses, ni uno ni otro han podido despegarse.
A menos de tres semanas de la votación, el candidato es presentado como un anciano demagogo mientras que Harris, a los que se busca hacer corresponsable de los problemas del gobierno Biden, parece disfrutar de los beneficios de no ser Trump. El virtual empate político provoca preocupaciones, pues nadie espera que el republicano y sus partidarios acepten una nueva derrota. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. X)
Quien camine por cualquier rincón de los Estados Unidos verá innumerables imágenes de migrantes de origen hispano ataviados con cascos y chalecos o con herramientas para cuidar jardines o inmersos en cocinas de todo tipo o pizcando fresas o uvas, o realizando cualquier trabajo manual y de cuidados que requiera sus servicios.
Ellas y ellos son “The hands that built America”, como diría la canción de U2. Sin embargo, la despiadada retórica antinmigrante encabezada por Donald Trump se ceba sádicamente en su contra. Es ingrata, es injusta, profundamente cruel y totalmente racista.
A Trump le encanta hablar de genes buenos y genes malos, de sangres puras y envenenadas, lo que provoca preocupantes reminiscencias históricas que prefiguran exterminios y “limpiezas étnicas”.
Lo que empezó hace 10 años con un ataque a los migrantes mexicanos, acusándolos de asesinos y violadores, en combo con la demagógica oferta de un muro que sería pagado por nosotros, hoy ha degenerado a un ataque aún más deleznable, con amenazas graves e inquietantes.
Es muy distinto formular una oferta electoral basada en un muro para impedir que más personas entren al país a la actual amenaza de una deportación masiva, no por compleja y poco factible, menos aterradora.
Más allá de lo inviable de la idea, es el miedo, el verdadero terror, el que sacude las entrañas de esos millones de personas indocumentadas cuyo único “pecado” es trabajar, trabajar y trabajar para mandar dinero de regreso a sus familias.
Este miércoles, el agricultor Jorge Velázquez, residente de California y nacido en Huitzuco, Guerrero, tuvo la oportunidad de evidenciar esto directamente en la cara de Trump durante el town hall producido por Univision. https://ow.ly/E80850TNX5N
En un país envuelto en una profunda polarización, donde las tensiones económicas, políticas, culturales e internacionales (con el mundo en ebullición bélica en distintas regiones del planeta) es realmente sorprendente que la inmigración ocupe un lugar tan importante en las preocupaciones de los electores y, en el caso de los votantes republicanos, sea el asunto número uno para determinar su voto, incluso por encima de la economía (ahí la inflación es el problema que más les inquieta).
Muchas cosas están mal en Estados Unidos, pero que el 88 por ciento de los votantes que respaldan a Trump estén a favor de estas deportaciones masivas ilustra con claridad la manera en que el racismo tan característico de su historia no solo ha salido del closet, sino que está en pie de guerra. Las profundas motivaciones racistas de quien podría regresar a la presidencia (todos los sitios especializados ponen la contienda 50/50) no solo deberían preocuparnos sino también indignarnos.
Trump está pintando a los migrantes como los causantes de todos los males de su país: crimen, violencia, asesinatos, violaciones, robo de empleos, muertes por fentanilo más lo que se acumule esta semana.
En la era de la posverdad, el delirio de Trump quedará grabado en los anales de la historia con su surrealista afirmación sobre los inmigrantes haitianos —por cierto 100 por ciento con estancia documentada— que estaban comiéndose las mascotas —perros y gatos— de los residentes de Springfield Ohio, en una noticia tan alarmista como falsa. Un recurso demagógico que Trump está usando cada vez más es seleccionar eventos aislados donde participa algún o algunos migrantes en un crimen terrible y escandaloso.
A partir de ahí, como el eficaz demagogo que siempre ha sido, utiliza cínicamente las técnicas propias del amarillismo y la nota roja para espantar al estadounidense blanco y demonizar a seres humanos que en verdad son una fuerza muy positiva y constructiva para el país que quiere presidir.
Y para colmo, en una elección que se definirá por un puñado de votos hay otro fenómeno poco alentador: Trump está cerrando la brecha en el voto latino. Números más o números menos, la diferencia a favor de Kamala Harris será menor que la ventaja obtenida por Biden, Hillary u Obama.
Es cierto que mucho de esto es culpa también de los demócratas, que a lo largo de los años han dicho mucho, pero hecho poco a favor de la comunidad latina. Entre la comunidad latina, la simple promesa de una deportación masiva debiera ser suficiente para no emitir un solo voto a favor de un líder político que sádicamente da rienda suelta a su despreciable racismo.
Los trabajadores migratorios de nuestra comunidad merecen nuestra total y absoluta solidaridad, lo cual lamentablemente no está sucediendo https://ow.ly/ BLRf50TNNzL
Sería muy triste que el futuro del mundo cambie por la decisión de un puñado de votantes latinos que sufragarán por Trump por razones tan banales como la expectativa de que les baje los impuestos o tan inhumanas como las de quienes ya entraron al lugar y ahora egoístamente quieren cerrarles la puerta a otros. (Guido Lara, El Financiero, Opinión, p. 38)