Vaya líos en los que está metido el gobernador de Sinaloa, sobre todo después de las revelaciones de la Fiscalía General de la República. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
EL ASESINATO del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas no es un delito más en un estado sin ley. O no puede serlo. Tendría que significar un quiebre en la forma en que el gobierno federal enfrenta la crisis de gobernabilidad que se vive en aquella región.
BAJO LA LÓGICA de “lo que no se menciona, no existe”, desde el sexenio anterior se ha venido minimizando lo que padecen en la entidad: control territorial del crimen organizado y crisis de desplazados por la violencia, que se suman a la pobreza y la marginación que arrastra Chiapas y que ningún programa de bienestar ha logrado revertir.
LA EJECUCIÓN del padre Marcelo, un indígena tzotzil que sólo pedía paz para su pueblo y que rezaba diariamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no puede ser sólo una cifra más en la estadística criminal de Chiapas. No debería serlo.
ALLÁ en Jalisco resulta que el gobernador Enrique Alfaro decidió tomarse un “break” de la chamba y anunció que se separa 10 días del cargo por “cuestiones personales”. ¿Y qué tiene de raro? Pues que a su gobierno sólo le quedan… ¡40 días!
PERO LO QUE más inquieta es que mientras el mandatario emecista opta por desaparecer, en los círculos militares se habla de que en ese estado está comenzando a operar una preocupante alianza: la del Cártel Jalisco Nueva Generación con “Los Chapitos”.
LA UNIÓN entre ambos grupos delictivos resulta extraña porque justo el jefe del CJNG, Nemesio Oceguera “El Mencho” fue quien secuestró a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en un restaurante de Puerto Vallarta, en agosto de 2016. Y quien logró que los liberara fue ni más ni menos que Ismael “El Mayo” Zambada, el mismo al que “Los Chapitos” se llevaron a pasear a Estados Unidos sin pedirle permiso.
PERO AHORA con la guerra que se desarrolla entre las facciones de la chapiza y la mayiza, los viejos enemigos habrían unido fuerzas para operar en Jalisco. ¿Y el gobernador? Bien, gracias.
DA LA IMPRESIÓN que el superasesor jurídico de la Presidencia, Arturo Zaldívar, no está haciendo del todo bien su chamba. Y es que nomás no se entiende que él, como ex ministro de la Suprema Corte, permita que Claudia Sheinbaum tome una ruta taaan arriesgada como es la de decidir qué acata y qué no acata de las resoluciones judiciales.
POR SUPUESTO la Jefa del Ejecutivo y su equipo tienen una postura fundamentada sobre el tema, pero eso no significa que así nomás, por sus pistolas, la Presidenta tenga la facultad para determinar qué decisiones judiciales son válidas y cuáles no. Justo para eso está la Suprema Corte, que es un tribunal cons-ti-tu-cio-nal.
UNA COSA es que en México la tradición sea decirle que sí a todo lo que diga quien encabeza la Presidencia, pero otra muy distinta es que su asesor Zaldívar no la prevenga de aparecer como alguien que ignora la separación de Poderes. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Preocupa dron del equipo de Sheinbaum
Nos cuentan que los encargados de la seguridad en los actos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum mostraron preocupación por los vuelos de un dron en los eventos de los fines de semana de la mandataria. El aparato en cuestión, nos detallan es del equipo de comunicación de la Presidencia, y lo usan para captar imágenes y difundirlas. El problema es que pese a ser un dron pequeño, lo activan incluso dentro de una carpa de lona y en caso de alguna falla podría caer o dañar las lonas y ocasionar un incidente en el que podría haber personas lastimadas. Veremos si toman medidas para evitar sorpresas desagradables, sin dejar de registrar las imágenes.
Busca la oposición fichar a legisladores oficialistas
Dirigentes de PAN y PRI en el Congreso, nos cuentan, se han puesto a trabajar en un plan para convencer a por lo menos un integrante de los grupos parlamentarios oficialistas de que se sume a la oposición. Hasta los oídos de los líderes opositores ha llegado información de que entre los 86 senadores que componen las bancadas de Morena, PVEM y PT hay quienes ya empiezan a inconformarse por la poca participación que les permiten, pues afirman que hay un grupo que tiene el poder y acapara los espacios. Además, nos dicen, en la fracción parlamentaria de Morena algunos cuestionan que el Senado se haya convertido en una oficialía de partes y no le cambie ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo. ¿Será que la oposición logra devolver el yunesazo? Tampoco es que tenga con qué amenazar o consentir a los candidatos a desertores, como se hizo desde el oficialismo con los Yunes.
Magistrados le apuestan a sus contramañaneras
A partir de mañana, los trabajadores del Poder Judicial iniciarán una estrategia con la que esperan competirle a la tribuna presidencial. Nos explican que jueces y magistrados darán conferencias de prensa en busca de responder a lo que se dice en las mañaneras de la Presidencia. También se informará sobre casos judiciales en general y se comunicarán las acciones de resistencia a la reforma judicial. Nos detallan que estas “contramañaneras” serán encabezadas por magistrados, empezando con Juan José Olvera y José Rogelio Alanís. A las 8:15 de la mañana comenzará este esfuerzo por competir con la comunicación oficial.
Noroña, en campaña por Los Ángeles
Nos cuentan que el senador Gerardo Fernández Noroña se dejó querer en su visita del fin de semana a Los Ángeles, California, donde fue apapachado y vitoreado por un grupo de seguidores. El presidente del Senado se apresuró a aclarar que todavía falta mucho para hablar de las elecciones de 2030, luego de los gritos de “presidente” de sus apoyadores. Lo que no se ha apresurado a aclarar, nos recuerdan, es quién paga por su gira internacional. Ya hay legisladores que preguntan si son recursos del Senado. Sería bueno que don Gerardo transparentara el asunto. De todos modos, se va a saber. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1 Perdición. Rutilio Escandón se despide de Chiapas en medio del derrumbe. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez sacudió aún más a un estado ya azotado por la violencia. Pérez, defensor de indígenas y crítico del narcotráfico, fue abatido en San Cristóbal de las Casas tras una misa. Aunque Escandón, quien deja el cargo el 7 de diciembre, promete justicia, el crimen se suma a una larga lista de homicidios no resueltos y a un entorno de guerra entre grupos criminales y autodefensas, una bomba que el mandatario nunca logró desactivar del todo. Con la transición a Eduardo Ramírez en curso, Chiapas no está caliente… se lo dejan en llamas.
2 Estado vs. jueces. . Los gobernadores de la 4T estallan contra los amparos “improcedentes” del Poder Judicial. Acusan a los jueces de sabotear reformas constitucionales y califican sus acciones de ilegales, afirmando que “se extralimitan” al frenar la publicación de leyes en el Diario Oficial. Liderados por Claudia Sheinbaum, los mandatarios estatales defienden la reforma judicial y rechazan cualquier medida cautelar que interfiera con la entrega de listas de jueces al Senado. Algunos críticos no se quedan callados: acusan a los firmantes de “deshacer el pacto federal”. La batalla institucional está encendida, y la independencia judicial se tambalea.
3 Peores que en el pasado. Pedro Armentía, líder de MC en el Congreso de Campeche, denunció el favoritismo del gobierno de Layda Sansores, pues la señora reparte recursos y asfalto sólo para alcaldías de Morena. El convenio de Pemex, que supera los mil millones de pesos, excluye a Biby Rabelo de la Torre, la alcaldesa campechana, quien lidia con el abandono estatal. Armentía critica la manipulación de medios proSansores y exige transparencia en la distribución de recursos. “Antes no se distinguían colores partidistas en Sedesol”, apunta el legislador, quien pide trato justo y equitativo para todos. Qué dolor de cabeza ha resultado la mandataria. Y lo que le falta…
4 Una de cal. El Ejército detuvo a Luis Alberto “N”, presunto líder de una célula del Cártel del Pacífico, en Culiacán. Capturado junto con cuatro individuos más, les aseguraron armas de alto calibre, granadas, equipo táctico y vehículos. La Sedena informó que la operación es parte del Plan de los 100 días para combatir la violencia en Sinaloa, donde grupos de El Chapo y de El Mayo Zambada mantienen una disputa tras el supuesto secuestro y traslado de Zambada a Estados Unidos. La FGR, de Alejandro Gertz, determinará la situación jurídica de los detenidos. La guerra no para donde gobierna Rubén Rocha, pero al menos llegó un golpe certero.
5 Dramático. Roberta S. Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, aclara sus dichos sobre Genaro García Luna y Felipe Calderón. En la red X, Jacobson aseguró que, en su momento, el gobierno de Calderón debía tener más información sobre los vínculos de García Luna con el narco. Sin embargo, niega haber afirmado que EU le advirtiera a Calderón sobre la corrupción de su secretario de Seguridad. La exdiplomática incluso se excusa por los posibles errores en su español, un detalle que no pasó inadvertido. ¿Confusión lingüística o diplomática? El discurso oficial sigue dejando más dudas que certezas. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 13)
Que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, encabezará este martes un encuentro en un hotel de Paseo de la Reforma con los diputados y senadores de su partido, liderados respectivamente por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, con el objetivo de coordinar agendas y esfuerzos para regresar a sus territorios y convocar a asambleas públicas que promuevan las “bondades” de la reforma al Poder Judicial, a fin de contrarrestar las críticas y cuestionamientos de juzgadores y especialistas, sobre todo después de la tómbola para seleccionar a los 850 juzgadores que serán relevados por voto popular en 2025.
Que siguiendo con el tema de la reforma judicial, los juzgadores federales anunciaron que a partir de hoy realizarán también conferencias mañaneras con el propósito de ejercer su derecho de réplica a los comentarios relacionados con la iniciativa que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en sus intervenciones matutinas ante la prensa. La idea de los trabajadores es tener una respuesta en tiempo real a la titular del Ejecutivo federal en un afán de posicionarse y ganar espacios en la opinión pública. ¿Será?
Que esta semana quedarán aprobadas por el Senado las primeras reformas que permitirán garantizar la igualdad sustantiva promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su etapa de candidata de Morena y que puso a consideración del Legislativo en los primeros días de su mandato; se prevé que el miércoles sean avaladas con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El siguiente paso, dicen, será la redacción y entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres para completar este proyecto en pro de la perspectiva de género y de una vida libre de violencia.
Que los funcionarios de la Secretaría de Salud, que encabeza David Kershenobich, regresarán pronto a la sede originalmente diseñada para alojar las oficinas de la institución encargada de política sanitaria del país, ubicada en Lieja 7, en Chapultepec. Se trata de un edificio histórico que comenzó a construirse en 1925, que se inauguró cuatro años después y que actualmente se está remozando debido el abandono de casi seis años. Esto quiere decir que la desconcentración administrativa prometida por el obradorismo para este sector tampoco se hará realidad. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Fin de semana en la península
Visita de lujo tuvieron los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuya gira estuvo acompañada por las secretarias de Bienestar y Gobernación, Ariadna Montiel y Rosa Icela Rodríguez, así como del titular de la SEP, Mario Delgado. Presentó programas sociales y en Yucatán, acompañada del gobernador Joaquín Díaz, anunció el impulso a Puerto Progreso, con una estación de Tren Maya y becas para 21.4 millones de estudiantes.
El Chapito sigue en la mira
En un embrollo está metido Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. La FGR, de Alejandro Gertz, informó que está relacionado con el secuestro de El Mayo y el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la universidad de Sinaloa, caso en el que también estarían involucrados policías, mp’s, peritos y la Fiscalía local.
Problemas azules
El PAN enfrenta dificultades en la organización de su elección, en la que Jorge Romero y Adriana Dávila, “disputan” la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. No cuentan con recursos humanos, económicos y materiales para instalar las mesas receptoras de votos y a Dávila le renunció la responsable de finanzas de su “campaña”
¿Conflicto postelectoral en EU?
A la expectativa se encuentra el gobierno de México por lo que ocurra con las elecciones de EU, entre Kamala Harris y Donald Trump, el 5 de noviembre. Como no ocurría hace tiempo, se prevé un conflicto postelectoral por lo cerrado de los resultados en Arizona, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Pensilvania, entre otros.
Segob hace su labor
Investigación a fondo es la que ya empezó la Secretaría de Gobernación, que lleva Rosa Icela Rodríguez, sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, la mañana de este domingo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La titular de la dependencia reprobó el suceso y aseguró que el homicidio no quedará en la impunidad.
Sólido inicio
La Secretaría de Agricultura inició a toda marcha. El titular, Julio Berdegué, llamó al sector privado a sumar esfuerzos y enfrentar desafíos para contar con un campo y costas más prósperas, productivas y sostenibles. Dijo que México tiene oportunidades en el sector agroalimentario porque hay una demanda de alimentos sanos.
Otra mañanera
Peculiar anuncio hizo la jueza Yazmín Murillo. Con jueces y magistrados organizaron su propia “mañanera”. El objetivo es responder al gobierno y Morena en torno a la Reforma Judicial. Desde avenida Revolución, al sur de la CDMX, a las 8 de la mañana, ejercerán su “derecho de réplica” con una sección de preguntas y respuestas. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
‘Sólo triquiñuelas’ de jueces y magistrados
Para el jefe de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, no tiene ya ni caso responder a la oposición, a los jueces, magistrados y ministros sobre las suspensiones que se han presentado contra la reforma judicial. “Son sólo triquiñuelas judiciales, subterfugios, era de advertirse, era de esperarse que hubiese reacciones que intentaran frenar lo que ya es derecho vigente y publicado”. Y por encima de la ola de críticas, sólo pidió “tener confianza” y prometió que el Comité de Evaluación que elegirá a los perfiles de los futuros juzgadores será “de alto nivel”, en el que “no van a poder pasar improvisados ni incondicionales de los poderes o sin capacidad y talento”. ¿Será?
Rumbo al relevo en la CNDH
El Senado realizará esta semana el parlamento abierto con organizaciones civiles de cara al inicio de comparecencias de los aspirantes a presidir la CNDH. Entre ellos estará Santiago Aguirre, director del Centro ProDH. A ver si no hay pleito entre éste y morenistas; recordemos que dicha organización fue una más con las que el expresidente López Obrador se peleó, con lo cual se convierte en “adversario” automático de la ‘4T’.
“¿Llegamos todas?”
Así cuestionaron ayer diputadas federales del PAN a la presidenta Sheinbaum. Reprocharon, en un pronunciamiento público, que ya olvidó su lema de “llegamos todas”, al ejercer una clara “intimidación, presión y violencia institucional” en contra de la jueza Nancy Juárez Salas, por ordenar que se elimine del DOF el decreto sobre la reforma judicial. A pesar de que la jurista “sólo está cumpliendo con su trabajo”, dicen, las acciones de la Presidenta “representan un grave retroceso para la justicia, la igualdad de género y los derechos fundamentales de las mujeres en nuestro país”.
El enredo de la Cooperativa Cruz Azul
Ante el añejo conflicto en la planta de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, se ha mantenido aparentemente al margen. El tema es que hay algunos en su gabinete intentando intervenir. Es el caso del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien la semana pasada se ofreció –a solicitud de los propios trabajadores, dijo– como mediador del conflicto para evitar más incidentes violentos. Pero con la intervención del funcionario al parecer se han enturbiado más las cosas, pues la propuesta de llegar a un arreglo de palabra echaría por tierra sentencias y juicios que están en los tribunales. Vaya galimatías.
‘Alma caritativa’ para Acapulco
La época de Día de Muertos ya está aquí, y ante las almas en pena que regresan del inframundo, la senadora Claudia Anaya se cuestionó si existe algún “alma caritativa que asuma la responsabilidad de la seguridad en Acapulco”. Esto luego de los deslindes de la alcaldesa morenista Abelina López y el senador Félix Salgado, pues la primera dijo no ser fiscal y el otro sólo un legislador, tras hechos de violencia registrados este fin de semana en el puerto.
Esperan postura de la titular del INE
A ver si esta semana Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, no se hace la olvidadiza y fija un posicionamiento en la mesa de consejeros frente al regalazo que le otorgaron Morena y aliados en el Legislativo, y con el cual podrá colocar a la gente que quiera en áreas clave. Recordemos que la semana pasada ni trató el tema con sus pares ni quiso ser clara respecto de si ejercerá o no esa nueva facultad. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 41)
Investigación otra vez en el bar República
Y anoche se abrió una indagatoria luego de darse a conocer información sobre un incidente en el que hubo disparos en el bar República, ubicado en Polanco. “En atención a una noticia criminal publicada en una red social”, la fiscalía capitalina “inició una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de lesiones dolosas por arma de fuego y disparo de arma de fuego, registrados en un establecimiento ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo”, informó anoche. El Ministerio Público, en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inició las diligencias, agregó. Horas antes Vampipe, creador de contenido político, había informado sobre el asunto que “no se habló mucho de eso porque el dueño es Javier Díaz (amigo de Andy López Beltrán) y porque convenció a quien le dispararon que no denunciara para que no lo clausuraran. Por cierto, a Javier Díaz se le atribuye la distribución del video del hijo de Xóchitl durante la campaña”. Así el tema.
Golpe en Sinaloa
Y en donde se empezaron a ver los frutos de la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno federal fue en Sinaloa, con la captura, por parte del Ejército, de Luis Alberto “N”, El Cañas, un destacado jefe de célula del Cártel de Sinaloa, y cuatro cómplices. Los cinco peligrosos sicarios fueron sorprendidos por los elementos castrenses en el poblado de Guamuchilera, en el municipio de Culiacán, el que se ha visto más afectado por la ola de violencia a la que no se le ve fin. En la acción, los militares aseguraron cinco armas de alto poder, 11 cargadores, 524 cartuchos, dos granadas, equipo táctico y dos vehículos. Uno de los pilares de la estrategia a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es la neutralización de generadores de violencia, que fue precisamente lo que ocurrió ayer en el citado poblado sinaloense. El Gobierno federal hace su trabajo en Sinaloa. ¿Y el estatal? Entre nubes y montajes, nos comentan. Uf.
En Morelos, ¿activos o lastres?
Y resulta que Ulises Bravo, dirigente local de Morena en Morelos, tuvo que interrumpir el discurso que pretendía pronunciar ante la dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, durante una asamblea informativa en Cuernavaca. Y es que al hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, nos platican, las bases morenistas le gritaban “¡fuera, fuera!”, y lo acusaban de “chapulín”, ante la mirada de molestia por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional guinda. “El objetivo no es generar discordia; entiendo que el proceso electoral pasado dejó algunas inconformidades, de las cuales no soy responsable, pero mi intención no es estar aquí para generar controversia y polémica, sino nada más para dar la bienvenida a los miembros de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, así que no quiero salirme de ese contexto y me despido saludándolos y diciéndoles que hay Ulises Bravo para rato, y estoy a sus órdenes”, manifestó el hermano del exmandatario que dejó sumida a la entidad en una crisis de inseguridad y retroceso social. Morena deberá ahora definir si la dirigencia estatal es un activo o es lastre.
Los poderosos comités de evaluación
Y nos piden estar pendientes de los nombres que se empiecen a barajar para integrar los comités de evaluación que cada uno de los tres Poderes de la Unión deben establecer a más tardar en 10 días. Y es que éstos, según la reforma al Poder Judicial, son el principal filtro que deben pasar quienes aspiren a postularse para ser jueces, magistrados o ministros en las elecciones que se llevarán a cabo en 2025. Ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que el comité de evaluación que establezca el Legislativo será “de alto nivel y de alto prestigio” y ha dicho también que “no van a poder pasar perfiles improvisados o incondicionales de los poderes o sin capacidad y talento”. Nos hacen ver que sería importante que además de los nombres de los integrantes, se pudieran conocer sus procedimientos administrativos —de recepción, resguardo y revisión de documentos—, o de evaluación de perfiles —si aplicarán pruebas o entrevistas— y, sobre todo, sea transparente y público. De lo contrario, tendrían que alistarse a recibir, como ha ocurrido hasta ahora, otra andanada de amparos.
A jugar con el Fobaproa
Hay muchos que creen que la propuesta del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, de liquidar el Fobaproa, sólo busca jalar los reflectores, pues si bien la idea parece atractiva, su puesta en práctica podría generar un sinfín de problemas. Eliminar de un plumazo el fondo en cuestión implicaría desconocer la deuda que el Estado aún tiene con inversionistas mexicanos y extranjeros. La forma en que dicho fondo fue creado, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, e instrumentado en el de Ernesto Zedillo, es debatible, pero lo cierto es que en estos momentos el Estado tiene un compromiso que no puede cancelar de buenas a primeras. Liquidar el Fobaproa, nos dicen los expertos, aumentaría la desconfianza de los inversionistas, de por sí lastimada por la reforma judicial y por la posible desaparición de los órganos autónomos. Meterse con el Fobaproa sin un análisis exhaustivo de las consecuencias y de los escenarios posibles, es jugar con fuego. Pendientes.
Recaban firmas contra ministros
Y nos cuentan que afuera de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, simpatizantes de Morena comenzaron a recabar firmas con el fin de solicitar a los diputados federales que se realice juicio político a los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron en favor de dar entrada a los recursos contra la reforma judicial. Nos comentan que los organizadores de esta iniciativa tacharon de “corruptos” y “traidores a la patria” también a jueces que resolvieron imponer suspensiones en contra de la enmienda constitucional. Ya se verá qué cauce toma esa iniciativa morenista, aunque, nos dicen, la idea de un juicio político no sólo ha surgido en las filas de simpatizantes, sino también en las cámaras de Senadores y de Diputados. Entre las caras visibles de realizar esa acción destaca por ejemplo la del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien preside la Mesa Directiva en San Lázaro y hace unos días informó que había presentado ya una solicitud de juicio político y denuncia penal contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y contra el juez Felipe Consuelo Soto. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Apagan voz crítica
El asesinato del padre Marcelo Pérez apagó a un líder que denunciaba, a pesar de no ser escuchado, la violencia en Chiapas: “hagan su trabajo”, “tomen en serio la violencia”, dijo a los Gobiernos federal y estatal hace un mes, en una manifestación de las tres diócesis de Chiapas, en la que denunció que ante la “avalancha de violencia” las autoridades no solo no hacen nada, sino que “la niega sistemáticamente”… ¿Ahora sí responderán? ¿O dirán que hay más violencia en Guanajuato? ¿Será?
Mañaneras de juzgadores
A partir de esta semana, existe “la mañanera de la justicia”, así es, los juzgadores decidieron hacer todos los días una conferencia de prensa en la que abordarán temas de la reforma judicial y acciones de resistencia, esta tendrá lugar a la misma hora que la de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que busca, dicen, es hacer un contraataque a las versiones y acusaciones que sobre los juzgadores salen desde Palacio Nacional. ¿Será?
Un montaje
Tanto se habla de montajes y resulta que el video del supuesto asesinato del rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, difundido por la Fiscalía del estado gobernado por Rubén Rocha Moya, parece ser eso, un vil montaje. Ayer, la Fiscalía General de la República confirmó que la ejecución se dio, justo en el mismo lugar en que fue “secuestrado” Ismael El Mayo Zambada, tal como lo describe su carta… Ahora hay que verificar qué tan cierta es la versión de que el gobernador también estaba invitado a esta reunión, y conocer si hay un vínculo del morenista con el jefe del Cártel de Sinaloa. ¿Será?
Propone diálogo
El secretario de Gobierno en Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, se postuló apenas la semana pasada como intermediario para tratar de solucionar el conflicto en la planta cementera de Tula; esto a pesar de que el gobernador Julio Menchaca se había mantenido al margen del tema. El problema es que hay quienes ven parcialidad en la intervención del funcionario, pues su propuesta de llamar al diálogo entre los particulares involucrados deja de lado los múltiples asuntos judiciales que hay de por medio; llámense carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y sentencias en firme. ¿Será?
Buenas señales
La Conferencia del Episcopado Mexicano fue de los organismos que le dieron el espaldarazo a la diputada Clara Luz Flores Carrales apenas y fue anunciada como la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social,en la Secretaría de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez. Y es que nos dicen que los obispos ven con buenos ojos la trayectoria de la excandidata a gobernadora de Nuevo León y externaron su disposición para trabajar de manera conjunta. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
Incluso por encima del debate sobre la reforma judicial, que las investigaciones ministeriales conduzcan al esclarecimiento de los hechos, terminará por crear confianza de la ciudadanía en la justicia. Finalmente, por encima del método de elección de magistrados y jueces el punto nodal es que la cadena MP-Juzgado-Sanción, renazca como una forma de resolver conductas indeseables. El caso de Guzmán-Zambada es una oportunidad para propiciarlo. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
Distraídos por lo que sucede en Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Michoacán, nos hemos olvidado de lo que está sucediendo en Chiapas, donde como en ningún otro estado, salvo donde desgobierna Evelyn Salgado, una alianza del crimen organizado, con autoridades estatales y partidos políticos, está realizando desplazamientos forzados para quedarse con tierras que desde hace tres décadas trabajaban las comunidades zapatistas y empujando a una lucha armada. “No es exageración”, escribió el viernes pasado Luis Hernández Navarro, director de las páginas de opinión de La Jornada y profundo conocedor de la problemática en ese estado; “en Chiapas la guerra civil llama a la puerta”.
Su afirmación, respaldada al día siguiente por un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación firmado por su jefe, el Subcomandante Moisés, no parece ser exagerada ni alejada de la realidad. Obedece a una agresión que comenzó hace varias semanas en el poblado zapatista 6 de Octubre, que pertenece al Caracol de Jerusalén, que hasta finales del año pasado fue la forma como se organizaban administrativamente las comunidades autónomas zapatistas, y que fueron desaparecidas, explicó en su momento Moisés, por la ocupación de los “sicarios” del crimen organizado, que realizan bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras, con el padrinazgo del gobierno de Rutilio Escandón.
No era algo nuevo. La violencia había estallado hacía más de un año en las comunidades lacandonas, vecinas a la frontera con Guatemala, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió con el envío de guardias nacionales, que fueron meros espectadores. En Chiapas, el silencio institucional fue criminal. En ese territorio, la disputa es entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y una facción de ambos que se denomina Chiapas y Guatemala, y los militares, según denuncias de las comunidades, habían tomado partido por alguno de los cárteles.
La agresión en contra del poblado zapatista 6 de Octubre, sin embargo, como calificó Hernández Navarro, “es un parteaguas en esta escalada de violencia”. Les está quitando sus tierras, sus pocas propiedades, y empujándolos a la nada. En su comunicado, afirma que pobladores de Nueva Palestina reclamaron la propiedad de las tierras del poblado 6 de Octubre –fundado hace 25 años en tierras ocupadas por el movimiento zapatista–, con el respaldo de las autoridades municipales de Ocosingo, controlado por el Partido Verde, y del gobierno de Escandón –que pertenece al grupo original que apoyó a López Obrador en Tabasco desde principio de los 90–. Hernández Navarro identificó al síndico verde Martín Martínez como uno de los operadores del asalto.
Moisés dijo que las amenazas fueron “subiendo de tono” hasta incluir la presencia de personas de Nueva Palestina con armas largas de alto poder, que amenazaron con violar mujeres, quemar casas y robo de pertenencias, cosechas y animales. Hernández Navarro especificó: “Desde junio de este año, desconocidos portando armas de distintos calibres y con uniformes de color negro recorrieron el poblado, amenazaron a sus habitantes y tomaron fotos. Días después, a dos bases de apoyo zapatistas que salieron a jornalear les advirtieron que tenían que irse de la comunidad o los iban a sacar por ‘la mala’. Un dron ha sobrevolado el pueblo. El 23 de septiembre, los atacantes levantaron chozas en el pueblo y se dedican a intimidar a los simpatizantes rebeldes.
“Algunos lacandones (incluyendo autoridades) se han asociado al crimen organizado. En su territorio descienden avionetas cargadas con cocaína. En Frontera Corozal y en Nueva Palestina algunos comuneros, una minoría muy adinerada, son ‘polleros’ y venden alcohol (actividad vinculada a la explotación sexual de centroamericanas migrantes). Están armados. Han acaparado tierras mediante préstamos leoninos y controlan indirectamente programas sociales como Sembrando Vida, rentando hectáreas de ‘su’ tierra a campesinos que carecen de ella, para que participen del programa y las trabajen”.
Las denuncias de Moisés y Hernández Navarro son puntuales. La del periodista debe ser reproducida para llamar la atención del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque las alertas de esa tragedia en la prensa nacional desde hace casi dos años fueron ignoradas por López Obrador, que abandonó las comunidades, se mostró negligente ante el avance del crimen organizado y apoyó a Escandón, que sumió a Chiapas en el peor momento de su historia moderna.
“Secuestros, asesinatos, amenazas de muerte y bloqueos se extienden por todo el territorio”, escribió Hernández Navarro. “Apenas el pasado 30 de septiembre, un comando armado incendió la presidencia municipal de Benemérito de las Américas. En las regiones Sierra y Frontera los combates entre cárteles se suceden sin interrupción, mientras miles de pobladores se encuentran desplazados. El 9 de octubre, en Ixhuatán se produjo un fuerte enfrentamiento armado, con un saldo de al menos dos muertos. Pobladores tomaron el chalán Rizo de Oro exigiendo la presentación con vida de cuatro pescadores desaparecidos. Migrantes fueron baleados por el Ejército en Villa de Comaltitlán”.
El senador verde Luis Armando Melgar urgió el sábado la inmediata intervención del gobierno de Escandón y el establecimiento de una mesa de diálogo que neutralice la amenaza contra la comunidad 6 de Octubre. Eso no sucederá con el gobernador siendo cómplice de los criminales. La presidenta Sheinbaum tiene que intervenir. La protección que le dio López Obrador a Escandón no puede ser parte de la continuidad del régimen que propone Sheinbaum. La connivencia de las autoridades locales y federales en Chiapas tampoco puede sostenerse.
Hace tres años se publicó en este espacio que la degradación de la vida social y el empeoramiento de la seguridad se estaba agravando aceleradamente. No se hizo nada, pese a que Chiapas está ubicado en una posición estratégica para México y en su frontera, la segunda más grande que tenemos, se dijo en su momento, se juega la gobernabilidad. Hoy, Chiapas vive en la ingobernabilidad y la vida la determinan tres cárteles trasnacionales. Chiapas era un cinturón de contención de esas organizaciones, y hoy es propiedad de ellas. Eso puede cambiar, si toma la decisión Sheinbaum, o cerrar los ojos como su mentor y dejar que el crimen organizado continúe su avance por el país hasta llegar, en algún momento, al Zócalo. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 44)
En una sola semana, la tercera que lleva en el poder Claudia Sheinbaum, la violencia narca, que se extiende por casi todo el país, se manifestó lo mismo en dos asesinatos violentos de alto impacto en pleno centro de la Ciudad de México, en el ataque a las instalaciones de un periódico en Sinaloa, que sigue viviendo una ola de terror por la guerra de cárteles; en el asesinato de un bañista en las playas de Acapulco, donde también incendiaron el mercado municipal, y en la narcoejecución de un sacerdote católico en Chiapas, que pugnaba por la paz en el estado sureño que está sumido en la violencia.
Fue como si la semana pasada, mientras ella defiende fanáticamente su Reforma Judicial al grado de pisotear la Constitución y se pasea muy sonriente y feliz por el Tren Maya, la realidad de violencia que sufren y padecen los mexicanos no cede con el cambio de administración y, por el contrario, arrecian el terror, las masacres y las ejecuciones del crimen organizado, mientras la doctora sigue repitiendo como mantra que “aquí ya no hay guerra como la de Felipe Calderón“, cuando no se entera que ciudades y regiones enteras del país están inmersas en las cruentas guerras de los cárteles que se disputan el territorio, ante la complacencia y la inacción del gobierno.
Porque muy poco o nada se ha notado aún de la entrada en acción de la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum y su anunciada apuesta por la “inteligencia” como el arma para frenar la violencia narca y pacificar al país. Ni siquiera el aura mediática del secretario Omar García Harfuch ha hecho que disminuyan los asesinatos violentos en el país y no se aprecia avance o cambio de ningún tipo todavía con la cuestionada, negligente y fallida estrategia de los “abrazos, no balazos” del sexenio anterior.
Y el mejor ejemplo de que no se siente aún la novedad o la efectividad de la estrategia de seguridad de la presidenta y su gabinete es Sinaloa. De poco o nada sirvió que el secretario García Harfuch se haya ido a pasear junto con el titular de la Defensa y de la Marina por las calles de Culiacán —eso sí perfectamente resguardados por un gran operativo militar— porque la situación de terror, balaceras, muertes y anormalidad que sufren los sinaloenses no mejoró ni un ápice, con todo y el envío de más tropas militares al estado y el paseíllo que se organizó el flamante Gabinete de Seguridad.
Pareciera que a los narcos y criminales que tienen asolado el país no les llegó ningún mensaje por parte del nuevo gobierno, de que la situación de impunidad y protección que les otorgó el expresidente, que de tanto defender a los delincuentes los acabó empoderando y los alentó a apropiarse de entidades enteras, vaya a cambiar o que, ahora sí, las fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional dejarán de ver hacia otro lado y comenzarán a confrontar y a someter a los violentos cárteles y sus sicarios sanguinarios. Eso todavía no ocurre ni se ve en ninguno de los estados o ciudades más violentas, en donde, si bien es temprano para evaluar resultados, la estrategia de la presidenta Sheinbaum y su mediático secretario de Seguridad no se ha notado para nada.
De las tres semanas que lleva en el cargo la doctora Sheinbaum en la tres se han registrado cifras de muertes y homicidios dolosos tan grandes que seguimos en los mismos altísimos promedios de hasta 80.8 asesinatos diarios, cifra que no se registraba desde 2022, con picos tan graves como el de 97 muertos justo el día en que tomó posesión la presidenta, el pasado 1 de octubre. Ciudades como Acapulco, Culiacán, Chilpancingo, Colima, Fresnillo, Monterrey y regiones enteras en Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas y Jalisco siguen registrando homicidios dolosos muy por encima de la tasa internacional. Se diría que si hubo algún cambio en la situación de inseguridad y violencia desde que arrancó el actual gobierno, este ha sido para empeorar.
Así que, mientras las prioridades para la presidenta y su partido sigue siendo la destrucción del Poder Judicial de la Federación y la creación de nuevas instituciones con juzgadores electos por voto popular, algo que por cierto sigue abonando a la incertidumbre para las inversiones extranjeras, además de la creación de nuevos programas sociales de ayudas económicas y las supuestas inauguraciones de proyectos de trenes en la República, la inseguridad y la violencia de los narcos sigue campeando por buena parte del país, sin que la doctora y su equipo reconozcan la gravedad de la situación ni manden un mensaje contundente de fuerza a los criminales que siguen aterrorizando, matando, extorsionando o desapareciendo a los mexicanos.
Por eso, sin ánimo de quitarle esa sonrisa que ahora distingue a la muy bien vestida y afable presidenta, muchos mexicanos que siguen viviendo bajo el imperio del terror del narco, se preguntan con urgencia y desesperación, ¿cómo para cuándo empezaremos a ver los anunciados “golpes de inteligencia” o de algún otro tipo a los violentos criminales? ¿Cuándo terminarán los abrazos y comenzará el peso de la ley para los que aterrorizan y matan a los mexicanos?
NOTAS INDISCRETAS… Al padre Marcelo Pérez lo mataron cobarde y cruelmente, como matan a cualquier mexicano que se atreva a alzar la voz y a denunciar el régimen del terror criminal que impera en México. La indignación en San Cristóbal de las casas, donde el sacerdote era un activista y defensor de los ciudadanos en contra de los narcos, se dejó sentir ayer en el funeral donde los gritos de justicia y las exigencias de paz resonaron con fuerza en el estado gobernado por el inútil e inepto gobernador morenista, Rutilio Escandón.
Pero la conmoción por la muerte de un sacerdote más llegó incluso hasta la ONU-Derechos Humanos, que calificó de “inaceptable” el crimen que cortó la vida del prelado católico y es muy probable que también las altas jerarquías de la iglesia católica alcen la voz para pedir que cese la violencia en contra de sus sacerdotes que, ante la indolencia e ineficacia de autoridades municipales, estatales y federales, se convierten a querer o no, en los únicos que cuestionan, denuncian y en ocasiones hasta negocian con los narcos en busca de un poco de paz para sus feligreses.
Por eso cuando se mata a un sacerdote no sólo están segando una vida violentamente, sino que se deja a las comunidades en las que son asesinados los clérigos, en la total indefensión y sin nadie que se atreva a denunciar el terrorismo de los narcos. Desde 1990 el Centro Católico Multimedial ha documentado 78 sacerdotes asesinados en México, lo que significaría un promedio de dos padres acallados por la violencia cada año. La mayoría de estos se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, con 25 asesinatos, 33 con Peña Nieto, mientras con López Obrador se contabilizaban nueve homicidios violentos en contra de curas católicos hasta el año 2023, y en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ya ocurrió el primero. ¿Cuántos más sacerdotes necesitan morir para que se frene la violencia?…
Mientras la Presidencia de la República se mantiene montada en su macho de que no tiene por qué acatar el amparo emitido por la jueza federal, Nancy Juárez Salas, la juzgadora ya advirtió desde el viernes que al no cumplirse con el plazo de 24 horas que le otorgó a la Presidenta para que eliminara la publicación de las leyes secundarias de la Reforma Judicial en el DOF, le dará vista al Ministerio Público lo que ocurrirá en las próximas horas, para pedirle que proceda en contra de la mandataria nacional por desacato a la orden judicial.
Veremos qué sucede en esta guerra declarada entre Poderes y si hay algún MP federal que se aviente el tiro de solicitar la orden de detención contra la presidenta mexicana que, según la jueza con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, tendría que enfrentar pena de cárcel de entre 6 y 9 años…
Y hablando de los jueces federales que seguirán en paro laboral de manera indefinida, hoy comienzan a dar también sus “conferencias matutinas de los jueces”, algo así como la mañanera de los juzgadores que todos los días darán una conferencia de prensa a las 8:15 am para responder a lo que se diga desde Palacio Nacional en contra de ellos, de sus denuncias y de su movimiento en contra de la cuestionada e incierta Reforma Judicial. Veremos qué tal les va a los jueces y magistrados que siguen en pie de lucha para defender la dignidad y la autonomía e independencia del Poder Judicial que está siendo destruido por Sheinbaum y Morena… Se lanzan los dados. Acecha la Serpiente en el inicio de semana. (Salvador García Soto, El Universal, Online)
MORELIA, Mich.- La crisis de desapariciones en México ha sido uno de los temas de discusión en la 22ª edición de la Festival Internacional de Cine, que se inició el viernes en esta ciudad.
El encuentro arrancó con la proyección de Emilia Pérez, filme del director francés Jacques Audiard, comedia musical y criminal francesa que cuenta la historia de El Manitas, un jefe de cártel que decide cambiar —no le adelanto más— y, una vez consumada su transformación personal, busca reparar el daño que causó, dedicándose a la búsqueda de los ausentes.
Cuando le informan que “¡hay más de 100 mil desaparecidos en México!”, El Manitas —en su nueva faceta— pone su propio dinero sucio y su red de informantes del bajo mundo al servicio de un colectivo para una tarea que ni en la película ni en los hechos realizan las autoridades.
La muestra también incluye el cortometraje El guardián, de la cineasta Verónica Maciel, que cuenta la historia ficcional de Atziri, una madre que vive en soledad, atormentada por el recuerdo de su hijo Jacinto, desaparecido diez años antes. En su casa, Atziri mantiene ordenada y limpia la recámara del niño, quien ya sería un adulto de 21 años de edad, y va marcando en el quicio de una puerta la altura aproximada que tendría Jacinto.
Cuando un colectivo le propone que se una a la búsqueda de los desaparecidos que hay en el poblado, ella dice que sabe que “los malos siguen levantando gente” pero que prefiere no ir a cavar porque está segura de que su hijo no ha muerto. “Yo no estoy buscando cuerpos”, dice a su interlocutora. “Jacinto está vivo. Lo sé, lo siento”. Ese debe ser el primer y espeluznante dilema de los familiares de los ausentes: buscar sus restos en campo o aguardar su regreso.
Antes de trabajar en su cortometraje, Maciel fue víctima de un secuestro cuando se trasladaba en un taxi de aplicación. “El momento más doloroso fue avisarle a mi mamá cómo iba vestida y por dónde estaba”, relató la cineasta al periodista David Rangel. Eso la llevó a “colaborar con grupos de buscadores de personas desaparecidas, quienes le compartieron sus historias de lucha y duelo”.
La realidad de las desapariciones brota a pesar de los esfuerzos oficiales por acallarla. Seiscientas personas se han sumado a la lista de las sustracciones en lo que va de la nueva administración. El promedio diario en los primeros 20 días de octubre es de 30, superior a los casi 25 con los que terminó el sexenio pasado, que acumuló en total 52 mil 805 ausencias, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación.
Las entidades con mayor número de casos en este mes son el Estado de México, con 124; Sinaloa —donde desde el 9 de septiembre están en guerra las facciones de Los Chapitos y La Mayiza—, con 54 reportados, aunque cifras extraoficiales hablan de dos centenares; Puebla, con 32; Nuevo León, con 28; Chiapas con 24; Michoacán —cuyo gobernador, por algo será, no se presentó en la inauguración del Festival—, con 23, y Morelos, con 18.
En el Estado de México, los municipios con mayor presencia de esta crisis son Ecatepec, que acumula 25 casos, más de uno al día; Toluca, con diez, y Chalco, con nueve. En Sinaloa, la enorme mayoría se reparte entre Mazatlán (25) y Culiacán (20).
Llama la atención que, pese a la gravedad del problema, en el plan de seguridad del nuevo gobierno no se mencione el tema y mucho menos una estrategia para enfrentarlo.
Sería una tragedia vivir otro sexenio de desidia oficial por la suerte de los 116 mil mexicanos desparecidos. Se podrá intentar barrerlo bajo el tapete, pero para las familias, el cine y el periodismo es una realidad imposible de soslayar.
BUSCAPIÉS
La reforma impulsada por el oficialismo olvidó un pequeño detalle: en lo que se realiza la elección de juzgadores que está contemplada por las modificaciones, el actual Poder Judicial federal no ha perdido vigencia. Gusten o no, sus fallos siguen siendo de cumplimiento obligatorio. No atenderlos se llama desacato, y es punible por ley. ¿O ya no la hay? (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Una cosa es que un hecho tenga apariencia de ser verdadero y otra que lo sea. Desde que fue publicado, en agosto pasado, era verosímil el texto donde Ismael El Mayo Zambada relató los eventos ocurridos alrededor de su secuestro y traslado a Estados Unidos.
Sin embargo, con el pasar de las semanas la mayoría de los elementos ahí mencionados dejaron de ser verosímiles para volverse verdaderos, es decir, que fueron corroborados con medios de prueba distintos a la voz del narcotraficante.
Ha sido confirmado, por ejemplo, el sitio donde ocurrió el plagio: un rancho a las afueras de Culiacán conocido como Huertos del Pedregal. También que Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no murió en una gasolinería.
Ayer, la Fiscalía General de la República aseguró haber encontrado rastros de sangre pertenecientes a este sujeto en la misma coordenada donde El Mayo afirmó que lo habían asesinado.
Aun si no han sido localizados los restos de Cuén, la información proporcionada por la FGR entrega credibilidad a la versión que El Mayo proporcionó desde un principio.
Hay, sin embargo, dos elementos de la carta que aún no han encontrado asidero: primero, que para la cita organizada en el rancho Huertos del Pedregal estuviese prevista la presencia del gobernador Rubén Rocha. Segundo, que el motivo supuesto de esa reunión fuera buscar una solución al conflicto de la universidad.
El que otros componentes contenidos en el texto de la carta de El Mayo hayan sido comprobados amplía el margen de credibilidad sobre aquellos que aún no encuentran confirmación.
En este contexto, hay una interrogante que no puede pasar desapercibida: ¿por qué habría acudido El Mayo a la cita del jueves 25 de julio si no estaba seguro de que tanto Rocha como Cuén iban a estar presentes?
El criminal afirma que él confió “en la naturaleza del encuentro”; en otras palabras, no calculó que ese día iba a ser traicionado por alguno de los asistentes.
No aclara El Mayo si previamente habría participado en reuniones similares con el gobernador Rocha; cabe, sin embargo, especular con que sí. De otro modo, ¿por qué este criminal experimentado se habría fiado del objetivo de la reunión?
Zoom: El Mayo no ha dicho todo lo que habrá de decir sobre el gobernador Rubén Rocha. Cuando lo haga, será muy tarde para que el mandatario de Sinaloa pueda desmentirlo. (Ricardo Raphael, Milenio, Al Frente, p. 3)
El Mayo, ¿pena de muerte?
LOS FISCALES ESTÁN pidiendo pena de muerte para El Mayo Zambada, cuyo proceso ha dado comienzo con el juez Cogan, quien sentenció a cadena perpetua a El Chapo Guzmán y a 38 años de cárcel a Genaro García Luna. Los Chapitos aparecen como responsables del secuestro y entrega de la principal figura del narco, y ya comenzaron las venganzas en Sinaloa. Se habían contabilizado más de 200 asesinatos antes de que se conociera la idea de la pena de muerte, Probablemente los enfrentamientos se agudizarán y correrá más sangre. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 12)
EN SINALOA, PARA dar otro ejemplo, se ha declarado que fue un montaje lo que la entonces titular de la Fiscalía General de la República, y el todavía gobernador, Rubén Rocha Moya, en su momento dieron por bueno: el presunto asesinato del diputado federal electo y jefe político de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en un “intento de robo” de camioneta en una estación surtidora de gasolina de Culiacán, el mismo día en que comenzó la crisis derivada de la sustracción o entrega de Ismael Zambada, El Mayo, para acabar en manos de agentes estadunidenses.
TAL MONTAJE REPRESENTÓ desde el primer momento un atentado a la inteligencia y a las reglas mínimas de la actividad forense. Pero aun así, el gobernador Rocha Moya tejió una salida amable e impune para la titular de la fiscalía, haciendo elogio de su trabajo que, ahora, la oficina de Alejandro Gertz Manero ha señalado como falso. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 14)
El gobernador Rubén Rocha Moya debe renunciar como lo hizo la ex fiscal de su estado por los señalamientos de falsedad en la investigación del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén, quien a todas luces participó en el encuentro que derivó en la “desaparición forzada” de Ismael “El Mayo” Zambada.
Ayer la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó en un comunicado que son falsas las investigaciones de la Fiscalía de Sinaloa que apuntaban a otro móvil del asesinato del ex rector. Analicemos las razones por las que debe renunciar el gobernador.
No tiene apoyo federal. El gobernador es un lastre para la presidencia de la doctora Claudia Sheimbaum Pardo. Las investigaciones de la FGR apuntan que el ex rector falleció en el rancho donde fue extraído de manera “forzada” el mayor criminal internacional buscado por EU y en donde se acusa que estuvo presente el gobernador.
Violencia extrema. Culiacán vive un estado de sitio y terror (NO/NO terrorismo) causado por décadas del pacto de impunidad político-criminal entre los últimos gobernadores que mantuvieron la paz a cambio de dejar que el Cártel de Sinaloa operara sin cortapisas.
Las traiciones al interior del Cártel de Sinaloa tuvieron su clímax con la “desaparición forzada” de “El Mayo” Zambada. Esto rompió el débil equilibrio de poder que mantuvo a su líder por dos décadas. La lucha entre sus herederos y los vástagos de Joaquín “El Chapo” Guzmán van a traer años de violencia si no se pone fin a su herencia delictiva.
La evidencia es palpable con más de 100 personas ejecutadas en el mes de octubre y cientos de personas desaparecidas en los últimos años. Esta columna da cuenta que la vida en Culiacán es un infierno según relatan muchos ciudadanos, la economía en la capital se está colapsando y muchas familias ya buscan residir en otra ciudad.
Ataques contra medios de comunicación. Son inadmisibles los ataques al periódico El Debate de Sinaloa, así como el secuestro de uno de sus colaboradores. Desde esta columna nos solidarizamos con todos los integrantes de este periódico que realizan un gran trabajo de periodismo a pesar de la violencia que vive la entidad.
La maldita geopolítica. La presidenta tiene la oportunidad de desmarcarse del gobierno de su antecesor y mandar el mensaje inequívoco que se rompió con el pacto de impunidad. Esto es terriblemente importante en el marco de las elecciones presidenciales en EU que pueden traer de regreso a un agresivo Donald Trump o a una vicepresidenta Kamala Harris que le afecta a su candidatura el problema del tráfico de drogas a su país.
El costo de la simbiosis entre políticos y criminales en Sinaloa es un asunto de seguridad nacional porque impacta negativamente la estabilidad del nuevo gobierno federal, incentiva las amenazas de EU con romper con el acuerdo comercial, desincentiva nuevas inversiones y lastima la imagen de México.
Agenda estratégica: El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, juez de la Corte Internacional de Justicia, será el conferencista magistral del 75 aniversario de fundación del Departamento de Relacionales Internacionales de la UDLAP este 22 de octubre. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 8)
El pasado viernes 18 de octubre, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se presentó a su audiencia en el mismo tribunal federal del este de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York, y ante el mismo juez Brian Cogan, quien ha llevado los casos como el de Joaquín El Chapo Guzmán.
Durante esta audiencia, el juez Cogan preguntó a los representantes de la Fiscalía de Estados Unidos si consideraban solicitar la pena de muerte, a lo que respondieron que analizan la posibilidad. Hoy está sobre la mesa en ese tribunal, que, de encontrar culpable a Ismael Zambada, podrían pedir la pena de muerte.
Los fiscales argumentaron que los delitos contra El Mayo son tan graves como los que hizo El Chapo Guzmán, pero con las agravantes de fentanilo.
Me imagino, por cómo trabajan esas fiscalías, lo que buscan es que El Mayo se declare culpable, para no tener todo el juicio y que colabore como testigo protegido y dé información. Ismael Zambada tiene conocimiento de mucho de lo que ha ocurrido en el mundo del narcotráfico en los últimos años y, además, cómo se ha expandido el mercado del fentanilo.
No creo que las autoridades estadounidenses quieran a un Mayo muerto, más bien uno que les dé toda la información y los nexos en el mundo criminal.
El Mayo fue detenido en Estados Unidos, cosa que no ocurrió con El Chapo Guzmán. Fue extraditado, por lo cual no se le pudo aplicar la pena de muerte. Los acuerdos internacionales piden que cualquier persona extraditada no pueda ser sentenciada a la pena de muerte.
Ismael Zambada García tiene acusaciones en cuatro estados de la Unión Americana. Una de ellas es en Nueva York, el único estado que lo acusa de traficar fentanilo.
La pena de muerte fue abolida en Nueva York en 2004, pero si las autoridades creen que su papel fue crucial para generar la peor crisis sanitaria por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, a este narcotraficante lo estarían considerando sumamente peligroso, con delitos tan graves similares a asesinatos en masa o crímenes de terrorismo.
En su audiencia que no duró más de 15 minutos, estuvo custodiado por siete oficiales del Servicio de Alguaciles, algunos de ellos armados. La próxima audiencia de Zambada está programada para que sea el 15 de enero del 2025 a las 11 de la mañana, hora de Nueva York.
Mientras tanto, el juez Brian Cogan advirtió de un “potencial conflicto de interés” promovido por la fiscalía, ya que Frank Pérez, principal abogado de Ismael El Mayo Zambada, es también abogado de Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, hijo de El Mayo, y quien es testigo protegido de Estados Unidos y posiblemente rinda declaración en el juicio que se lleve en contra de su padre.
Se supone que legalmente no se puede declarar en contra de hijos, padres o esposos. Este caso sería una excepción.
Cogan informó que necesita más detalles y tiempo para determinar si Pérez es removido, ya que dijo que apenas dos días antes de esa audiencia, le habían comentado esa información y consideró importante saber si los fiscales llamarán como testigo a El Vicentillo.
Éstos son los primeros pasos de Zambada a su juicio, recordando que el juez Brian Cogan es el mismo que en 2019 sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán y el que dos días antes de la audiencia de El Mayo sentenció a más de 38 años de prisión al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, presentando como pruebas únicamente la de narcotraficantes, muchos de los cuales el propio García Luna había detenido.
El tema de García Luna es que nunca se declaró culpable, ni colaboró con las autoridades como testigo protegido.
Poner en la mesa la posibilidad de la pena capital contra El Mayo Zambada es una manera de presionarlo para que se declare culpable, no se tenga que llevar a cabo un juicio y además brinde mucha información que le funciona a las autoridades estadounidenses.
Hoy en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos aparece que no está en prisión Joaquín Guzmán López, quien fue detenido con El Mayo y a quien le atribuyen una posible traición para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, desde la detención de Ismael Zambada, la violencia en Sinaloa ha escalado de forma notable.
Desde la llegada de Zambada a Estados Unidos, en Sinaloa se han contabilizado más de 110 asesinatos, casi seis víctimas diarias, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se sabe que hay un enfrentamiento entre la gente del Mayo y la de los hijos de Guzmán Loera.
Hoy, los hijos de El Chapo podrían estar negociando con personajes importantes dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, para que se conviertan en sus aliados, y tomen plazas que pelean sus antiguos aliados.
Mientras tanto, El Mayo, en la corte de Nueva York, si se acoge al programa de testigos protegidos, podría poner a temblar a más de uno en México. Con el caso García Luna, las autoridades estadounidenses tienen el camino andado para culpar a políticos y autoridades mexicanas, sólo con el testimonio de delincuentes. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 11)