Aun cuando la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), está pendiente que la valide la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es el máximo intérprete de la Constitución, advirtieron magistrados de la Ciudad de México.
Recordó que en una división de poderes cada uno tiene competencias específicas, y reiteró que la SCJN, como máximo intérprete, debe revisarla y aún está pendiente su validación. Si la Corte la declara inválida, esto no significa que va a definir cómo va a quedar la reforma, sino que será el legislador quien deberá determinar conforme lo que considere, en qué términos, de acuerdo con lo que el constituyente originario establece. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.4)
El consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, participará en el proceso para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la renuncia que presentaron ocho ministros del máximo tribunal para retirarse y obtener sus respectivas pensiones.
Bátiz Vázquez fue designado consejero el 4 de diciembre de 2019, cargo que concluye el 3 de diciembre. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UIA).
En el año 2000 fue designado por el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, como procurador de Justicia del Distrito Federal, cargo que mantuvo hasta el final de la administración, en 2006. (César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.6)
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, le disputa a Rosario Piedra la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el seno de la bancada de Morena hay un fuerte jaloneo entre quienes rechazan la reelección de Piedra Ibarra y los que están en favor.
El jefe del grupo, Adán Augusto López Hernández, aboga por la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. (Mayolo López, Reforma, Nacional, p.2)
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su anteproyecto presupuestal que supera los 33 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 13 mil millones están perfilados para la elección de jueces, ministros y magistrados en el 2025.
Luego de haber entrado en debate por diferir sobre si se podía o no siquiera discutir el presupuesto para la elección ante la incertidumbre por sanciones que los señalaban de desacato judicial, los consejeros electorales regresaron de un receso de dos horas bajo un acuerdo para fijar en su presupuesto el monto que necesitarán en caso de que los comicios judiciales sí se lleven a cabo.
Consejeros como la presidenta Guadalupe Taddei, Jaime Rivera y Dania Ravel coincidieron en apuntar que el INE se encuentra en medio de dos instrucciones: cumplir con sus obligaciones hacendarias, de enviar a la Federación el presupuesto que solicitará para 2025 a más tardar este 5 de noviembre, y también las judiciales, que mediante suspensiones le han ordenado detener los preparativos. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.10)
A los 16 años perdió a su padre en un accidente. Desde entonces, Claudia Rivera Vivanco tuvo que alternar el estudio con trabajos de medio tiempo para ayudar a su madre en la manutención de sus cinco hermanos: fue chofer de un camión de mudanzas, incursionó como taxista en Uber y hasta fue maestra de karate.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la hoy diputada federal por el estado de Puebla recuerda que se involucró en la política en el año 2006, cuando estudiaba la universidad y su mamá la llevó a la marcha en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
“Mi papá fallece de un infarto fulminante y a mi mamá le tocó ser, como muchas otras mamás en nuestro país, mamá soltera y tener que ver cómo resuelve en el camino. Te vas curando el corazón sobre la marcha y vas resolviendo lo que tienes que resolver (…) me empiezo a involucrar (en política) en 2005. Mi madre nos dice: ‘me van a acompañar a México, se está convocando a la Marcha del Silencio en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador’. Yo estaba en la universidad estudiando Economía y, te soy sincera, desconocía realmente lo que estaba pasando en nuestro país”, comenta. (Antonio Hernández, El Universal, p2)
La comunidad LeBarón denunció que, a cinco años de la masacre en la cual tres mujeres y seis niños de la comunidad fueron asesinados en un camino rural entre Sonora y Chihuahua, no hay sentencias para los detenidos y que, a pesar de que autoridades estadounidenses les habían asegurado que el caso no quedaría impune, no hay resultados.
Cerca de las 6:00 horas de este lunes, miembros de la comunidad LeBarón se reunieron en las cercanías de Palacio Nacional, en donde lamentaron que las autoridades federales “cerraran las puertas”.
Bryan LeBarón se refirió al simbolismo de que Palacio Nacional se encontrara blindado: “¿Qué sentimos al ver que nos cerraron el Zócalo? Es un símbolo de lo que hemos venido viviendo las víctimas de este país, ya por años. A las víctimas nos siguen cerrando las puertas, nos siguen negando la justicia”, dijo. (Cristina Ceja, La Razón, México, p.13)
Ante la tragedia en España, la solidaridad por encima de todo, es momento de solidarizarnos, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al rechazar hacer alguna aseveración sobre el actuar de las autoridades ibéricas frente a los impactos del paso del fenómeno natural depresión aislada de niveles altos (DANA).
En la mañanera de ayer, se le pidió una opinión en torno a si la respuesta que dieron la corona española y el gobierno de ese país ante las intensas lluvias de la semana pasada habría sido tardía, pero la mandataria federal insistió en que es momento para la solidaridad.
No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias (con México) en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo; es momento de solidarizarnos, remarcó. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.7)
Aprobará pleno en San Lázaro desaparición de siete órganos autónomos
Con el voto de Morena, la Junta de Coordinación Política decidió que la próxima semana el pleno de la Cámara de Diputados apruebe la desaparición de siete órganos autónomos, como propuso el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.
También, se votará ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluido el tráfico de fentanilo.
Esa instancia de dirección legislativa autorizó que a esos dictámenes, al igual que el de medidas contra el maltrato animal, se les dé publicidad en la sesión de mañana miércoles, y se discutan el 12 y 13 de noviembre. La junta fue notificada de que, a más tardar el viernes 15, la Secretaría de Hacienda entregará el paquete económi-co 2025. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.9)
A una semana de la elección interna con la que el Partido Acción Nacional (PAN) elegirá a su próxima dirigencia, Adriana Dávila, aspirante a la presidencia partidaria, sostuvo que no hay piso parejo en el proceso, lo cual ya fue motivo de denuncias ante la comisión organizadora, pero anticipó que los órganos del partido no harán nada ante dichas quejas. Aun así, confió en que los militantes saldrán a votar con responsabilidad el domingo.
Dijo que su contrincante en el proceso interno, Jorge Romero, representa el segundo piso de la continuidad de Marko Cortés, dirigente que está por concluir su gestión de casi seis años como presidente del partido.
Sobre sus propuestas, ofreció que, de ganar, los militantes definirán todas las candidaturas a las gubernaturas y “no habría designaciones ni alianza o coaliciones (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.9).
Por unanimidad de votos de legisladores de todos los partidos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen que avala, sin cambios, la minuta del Senado que incluye en la Constitución la igualdad sustantiva y la perspectiva de género para cargos en el gobierno, la igualdad salarial y en la investigación de delitos contra las mujeres.
Diputadas de las distintas fuerzas políticas respaldaron el dictamen, que se aprobará en la sesión de hoy y señalaron que los cambios constituyen un gran paso en favor de las mujeres.
El respaldo de las fuerzas políticas a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum redujo a una hora las posturas y, en este proceso, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó los números en que se traducen las distintas violencias ejercidas contra las mujeres. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.14)
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó ayer su primera ceremonia de izamiento y abanderamiento a escuelas de educación básica, en la que tomó protesta y entregó el lábaro patrio a las escoltas del jardín de niños Guadalupe Campos y de la primaria Víctor María Flores.
Durante la ceremonia realizada en la sede de la secretaría en la avenida Bucareli, Rodríguez Velázquez estuvo acompañada por la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina.
En tanto, Rocío Bárcena expuso que los símbolos nacionales recuerdan el largo camino que, como sociedad, se ha recorrido para construir un país libre, democrático y con justicia social para todas y todos. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.13)
“Es una lucha diaria aceptar que no estás en tu país. Y no es porque uno no quiera estar en el país, es porque te echaron a patadas, te corrieron: ‘Si no te corrés, te mato’”, ese es el testimonio de una persona nicaragüense que se vio obligada a exiliarse ante el clima político-social de represión que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua se dieron a la tarea de documentar las condiciones y violaciones a sus derechos que sufren 40 personas en el exilio.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que de 2018 –cuando se dieron las protestas contra el régimen– a junio del año pasado, más de 935 mil personas abandonaron Nicaragua. La cifra equivale a uno de cada ocho ciudadanos nicaragüenses. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.14)
La Relatoría Especial para la Li-bertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió ayer la violencia contra periodistas en México. Siete profesionales de la comunicación han sido asesinados en lo que va del año. En un comunicado, la oficina instó al Estado mexicano a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, identificar y sancionar a los responsables. Además, expresó su disposición a dialogar con representantes del gobierno sobre la grave situación de violencia que enfrentan las y los periodistas en el país. Condenó los homicidios de Enrique Hernández Avilez, Roberto Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez Noguez, Mauricio Cruz Solís, Patricia Ramírez González y Martín Olivier Rodríguez. El asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y no puede ser tolerado en sociedades democráticas; genera un efecto de autocensura que inhibe la labor periodística. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y garantizar una adecuada reparación a las víctimas. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.14)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó ayer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer público el protocolo de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz sobre la realización del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del programa para el desarrollo de esa zona.
El INAI explicó en un comunicado que una persona solicitó que la Semarnat le informara cómo se realizó la consulta, qué participación tuvieron las dependencias responsables, cómo se informó del proceso a las autoridades y comunidades y pidió que le entregara los documentos, reportes y observaciones de las dependencias, comisio-nes de derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas y de otras instancias involucradas.
Detalló que la Semarnat argumentó que sólo participó en la consulta como asesor técnico especializado, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por lo que el solicitante se quejó ante el instituto por la ausencia de la información requerida. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.14)