El Congreso de la Ciudad de México exhortó al comité ejecutivo nacional y a la dirigencia local del PAN a investigar los señalamientos contra Jorge Romero Herrera, recién electo dirigente del partido, por su presunta participación en el llamado cártel inmobiliario y en la desviación de 8 mil millones de pesos de la reconstrucción por el sismo de 2017, cuando fue diputado de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El punto de acuerdo propuesto por Morena derivó en un debate de casi cuatro horas, en el que se discutió la legalidad del exhorto. La oposición sostuvo que el Legislativo no tiene facultades para incidir en la vida interna de los partidos políticos, que por su naturaleza jurídica tienen ordenamientos propios. Sin embargo, Morena sostuvo que sí está en el marco legal, porque el financiamiento de los partidos proviene en gran parte del erario. (Sandra Hernández, La Jornada, Política, p. 8)
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe el maltrato animal y establece la obligación del Estado mexicano de garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado.
La reforma a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución fue avalada por 441 votos a favor y una abstención, pese a las críticas de legisladores de la Oposición, quienes advirtieron que las modificaciones abren la puerta al uso de animales silvestres en espectáculos con fines de lucro, algo que ya estaba prohibido.
“El Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley general en materia de protección y cuidado de los animales, considerando su naturaleza, características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios”, indica el artículo segundo transitorio. (Martha Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
El pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de igualdad sustantiva, que entre otros cambios plantea la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La Mesa Directiva informó que fueron 21 los Congresos que avalaron la reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Se trata de las Legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. La presidenta en turno, la morenista Dolores Padierna, fue la encargada de realizar la declaratoria. (Martha Martínez, Reforma, Nacional, p. 5)
La Suprema Corte de Justicia avaló ayer una reforma de 2022 que limita los gastos adicionales en que pueden incurrir estados y municipios al contratar deuda pública.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte rechazó una acción promovida por senadores de Oposición, que pedían invalidar la reforma de mayo de 2022 a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.
La reforma, derivada de una iniciativa de Morena, impuso un tope a los Gobiernos locales para los costos de contratación de deuda, de hasta 0.15 por ciento del monto del financiamiento requerido.
Los “costos adicionales” incluyen conceptos que usualmente cobran los bancos, entre ellos, comisión por apertura, comisiones por disposición y estructuración, gastos por contratación de calificadoras y honorarios por asesorías. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p. 2)
El Gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, adelantó que al asumir el cargo impulsará una reforma al Código Penal de la entidad para sancionar con castración química a delincuentes sexuales.
En conferencia, el morenista refirió que se aplicará la política de cero tolerancia a quienes violenten a mujeres o a niños.
“Voy a proponer desde Puebla la castración sexual contra los delincuentes sexuales, castración sexual”, anunció, tras lo que se escucharon aplausos.
“Me van a llamar la atención, pero lo vamos a hacer a nivel local”, agregó. Armenta aclaró que esta medida no implica la mutilación de ningún órgano sexual, sino que tiene el objetivo de evitar que cometa más delitos de esta índole. (Iris Velázquez, Reforma, Nacional, p. 2)
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobreseyó y desechó siete controversias constitucionales contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, que fueron interpuestas por autoridades locales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto al aplicar por primera vez la “supremacía constitucional”.
Esta enmienda –que entró en vigor el 1º de noviembre pasado– modificó los artículos 105 y 107 constitucionales. En el primero, se declaran improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna. En estrados de la Corte, se publicó el pasado lunes por la noche que el ministro puso fin a la controversia 286/2024 presentada por el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, antes de concluir su administración el 26 de septiembre pasado. (Iván Evair, La Jornada, Política, p. 4)
Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se mantiene firme en cuanto a dar luz verde a la elección de juzgadores, en el Instituto Nacional Electoral (INE) están en la fase de impugnación hacia el medio millar de solicitudes de amparos contra esa reforma constitucional y legal.
En el INE están en plena ruta jurídica, de ahí que todavía no hay humo blanco para comenzar con los preparativos para la elección de jueces, magistrados y ministros, que debe realizarse el primer domingo de junio próximo. Es decir, a escasos siete meses de esos comicios, los consejeros no han alcanzado un acuerdo que permita arrancar con la organización, mientras que sus abogados empezaron a enviar los recursos de sobreseimiento por medio de sus oficinas locales. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 4)
Con la reforma al artículo 21 constitucional –a debate en el Senado– queda claro que no hay militarización en el país, porque será el mando civil el que tenga a cargo la coordinación y dirección de la estrategia de seguridad, explicó Morena en la Cámara de Diputados.
“La iniciativa enviada al Senado y que discutiremos en la Cámara, deja perfectamente claro que el responsable directo tanto de definir la estrategia, las acciones y de coordinar los programas y actividades en materia de seguridad es directamente el titular de la dependencia”, expuso el vicecoordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar. En la redacción propuesta se prevé que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de formular la estrategia en la materia, también la coordinará y dirigirá, así como “auxiliará a la persona Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en seguridad nacional”. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 4)