El Ejército y la Marina han empezado a recibir un subsidio millonario de las concesionarias privadas de aeropuertos para financiar la operación de las 21 terminales que les entregó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el tercer trimestre de 2024, ambas dependencias terminaron de formalizar la creación de dos nuevos fideicomisos, ordenados por una reforma de finales de 2023 por la que se adicionó el artículo 220-A de la Ley Federal de Derechos.
Dicha reforma obliga a los concesionarios privados a pagar 9 por ciento de sus ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
“Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se concentrarán en la Tesorería de la Federación y se destinarán a las Secretarías de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar) para el fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo su coordinación, a través de los fideicomisos públicos federales sin estructura que se constituyan para tal fin”, establece. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p. 2)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene hasta el 15 de diciembre para entregar a la Tesorería de la Federación todos los recursos existentes en los 13 fideicomisos que crearon y fueron extinguidos por la reforma judicial; de no hacerlo incurrirán en responsabilidades graves, advirtió el senador de Morena Óscar Cantón Zetina.
Estamos alertas, no vamos a permitir ninguna burla, como el empleo de argucias legaloides para justificar gastos innecesarios con el fin de vaciar los fideicomisos y no entregar los cerca de 15 mil millones de pesos que están ahí, aseveró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Los recursos millonarios de tres de esos fideicomisos estaban destinados al pago de pensiones complementarias a mandos superiores y medios y personal operativo del Poder Judicial, y para gastos y atención médica extraordinaria. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 3)
La primera reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa está convocada para el miércoles 4 de diciembre en Palacio Nacional.
Padres y madres de los normalistas recibieron el oficio de la Presidencia en el cual el gobierno manifiesta su disposición de continuar con el diálogo y el compromiso de conocer la verdad para alcanzar la justicia en el caso.
Las familias ya tuvieron un encuentro previo con Sheinbaum, pero como virtual presidenta electa, el 29 de julio pasado en el Museo de la Ciudad de México, donde se comprometió a recibirlas una vez asumido el cargo y ofreció continuar con las investigaciones, así como encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo, verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 6)
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) notificó ayer a la mesa directiva del Senado la desincorporación de sus filas de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien desde el pasado 10 de septiembre, cuando dio a Morena el voto que le faltaba para aprobar la reforma judicial, se integró en los hechos a la bancada guinda.
Desde esa fecha, Yunes Márquez ha votado con el bloque de la 4T un total de 10 reformas constitucionales y aunque formalmente no ha pasado a la bancada morenista, está plenamente incorporado al grupo que coordina Adán Augusto López y tiene presencia en las principales comisiones, entre ellas la de Puntos Constitucionales.
El grupo blanquiazul dio a conocer que, por unanimidad de sus senadores, se decidió sacar de la bancada a Yunes Márquez, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General, del reglamento del Senado y los estatutos del partido. (Andrea Becerril y Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 4)
A propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución para negociar una convención sobre prevención y castigo de crímenes de lesa humanidad.
El viernes, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea General del organismo internacional aprobó convocar a una conferencia de plenipotenciarios para negociar la convención.
Se trata de una decisión histórica, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ayudará a cerrar una brecha de 75 años en el derecho internacional, en un tema crucial como la prevención y el castigo de crímenes de este tipo. (Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p. 7)
El Alcalde de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, acusó ayer presiones del crimen organizado para cederles el control de diversas direcciones en su Gabinete.
“En un principio, gente me criticó porque le dimos algunos vehículos blindados a funcionarios. Lo que pasa es que, en un principio, a mí me pidieron (los cárteles) que les entregara ciertas direcciones que nos pedían hace meses”, apuntó el morenista. “Pero nosotros, por supuesto, nunca lo aceptaríamos ni lo aceptamos. Nos lo pedía el crimen organizado. Nosotros determinamos darle seguridad a ciertas direcciones. Son varias direcciones de Gabinete (las solicitadas)”.
Ante su negativa, expuso, han atentado contra funcionarios municipales, como el director del Instituto para la Formación Policial de Celaya (Ifopol), Jorge Acuña Dávalos, quien salió ileso de un ataque el pasado viernes. El Presidente Municipal aseguró que no dejará el cargo.
“He dicho que he tenido miedo, como todos los ciudadanos que van al mercado, que van a las tortillas, que van al trabajo, que van a hacer deporte, que van a diversiones, etcétera, pero yo tengo un trabajo, y a pesar del miedo, tenemos que hacer lo que nos corresponde. (Iris Velázquez, Reforma, Nacional, p. 5)
Los turistas que lleguen a México en cruceros tendrán que pagar, a partir de enero, la cuota de 860 pesos por persona que actualmente sólo aplica para visitantes que ingresan por vía aérea o terrestre, estos últimos para estancias de más de siete días.
El cobro se sumará al nuevo impuesto local de cinco dólares que el Gobierno de Quintana Roo, principal destino de cruceros en el País, planea cobrar a partir del mes de enero, también por persona.
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reformar la Ley Federal de Derechos (LFD) para eliminar la exención a los pasajeros de cruceros, que estaba vigente desde 2012.
Además, el pago para todos los turistas, conocido como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, aumentará 20 por ciento, es decir, pasa de 717 a 860 pesos. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p. 2)