Estados Unidos enfrenta el mayor número de casos de sarampión en 25 años. Más de mil estudiantes y personal de dos universidades de Los Ángeles, California, fueron puestos en cuarentena en los campus o enviados a sus casas esta semana. El pasado viernes, luego que el condado de Los Ángeles ordenó tomar precauciones, aproximadamente 325 de los afectados habían sido autorizados a volver a sus actividades tras demostrar ser inmunes a la enfermedad por medio de registros médicos o exámenes, afirmaron autoridades de salud. (Agencias, La Jornada, Sociedad, p.29)
El inicio de actividades de la Guardia Nacional (GN) sin tener aún protocolos de uso de la fuerza ni leyes secundarias parece ser una acción mediática para dar una impresión de efectividad en la lucha contra la delincuencia, pero sin que estén realmente dadas las condiciones para ello, advirtió Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. No esperaría nada espectacular de la GN, porque en realidad es un organismo sin novedades que va a seguir haciendo los mismos operativos, pero con la deficiencia de no tener una ley orgánica ni facultades claras, aseveró. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.7)
La empresa Électricité de France (EDF) –apoyada por el gobierno de Oaxaca– insiste en realizar una consulta en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo para “imponer” la construcción de un parque eólico, sin cumplir con los requisitos básicos para realizar dicho ejercicio, y sin informar sobre las posibles afectaciones medioambientales del proyecto.
Así lo advirtió la luchadora social Guadalupe Ramírez Castellanos, quien señaló que la mencionada compañía ha fomentado la división de la localidad, al repartir dinero entre algunos de sus habitantes para que acepten la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú –sin importar el riesgo de despojo que implica– y se confronten con quienes se oponen al mismo. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.8)
Tecámac. Méx., Representantes de los 12 pueblos del municipio de Tecámac se manifestaron en las inmediaciones de la Base Aérea de Santa Lucía para exigir al gobierno federal que los pueblos originarios de la región sean consultados sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuya construcción inicia el lunes, pues temen que sus casas queden dentro de la franja de amortiguamiento.
El grupo de nativos y sus dirigentes exigieron que el gobierno se atenga al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a realizar una consulta libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en determinaciones gubernamentales sobre los impactos del proyecto aeroportuario en el modo de vida de los habitantes de la región. (Silvia Sánchez González, La Jornada, Política, p.9)