La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años la información sobre el número y rango de los militares que brindan protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su quinta en Palenque, Chiapas; hasta 2029 se conocerá públicamente esta información.
En respuesta a una solicitud de información realizada vía transparencia por EL UNIVERSAL, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional justificó la clasificación al asegurar que, con estos datos, grupos de la delincuencia organizada podrían planear atentados en contra del exmandatario federal y el personal militar a su servicio.
En la Resolución de Información Reservada No. 201, fechada el pasado 20 de noviembre, la Sedena detalló que grupos de la delincuencia organizada estarían en condiciones de planear y ejecutar atentados en contra de López Obrador por las acciones que impulsó durante su gestión para desmantelarlos.
“Los grupos de la delincuencia organizada que actualmente realizan diversas actividades ilícitas en perjuicio de las instituciones, el patrimonio del Estado y atentado contra la vida de los funcionarios públicos, al tener conocimiento de la información solicitada, estarían en condiciones de planear y ejecutar atentados en su contra, debido a la toma de decisiones que con motivo del cargo hayan llevado a cabo durante sus gestiones, derivado de sus actividades, competencias y funciones, en contra de los grupos armados y transgresores de la ley, poniendo en riesgo el derecho fundamental de la vida del personal militar, funcionarios públicos y sus propias familias”, determinó. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Ocho Columnas)
La Secretaría de la Defensa Nacional clasificó como “reservada” por cinco años la información relacionada con la seguridad de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y los cuatro hijos del exmandatario, José Ramón, Andrés Manuel, Gonzalo y Jesús Ernesto.
“Por aspectos de seguridad y operación, ésta no es posible proporcionarla, toda vez que se vulneraría y dañaría la seguridad”, argumentó el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.
El Estado Mayor Conjunto es el órgano técnico operativo, colaborador inmediato de la o el titular de la dependencia, a quien auxilia en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional, transformando las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes, verificando su cumplimiento.
El referido órgano castrense advirtió que conocer la información solicitada “puede habilitar a alguna persona o grupo que pretenda realizar acciones en contra, al conocer detalles específicos de la seguridad; por lo anterior, dicha información se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años”. (Alberto Morales, El Universal, P.p.)
Pemex congeló los nuevos contratos con proveedores, mientras diseña un nuevo esquema para cubrir adeudos que al tercer trimestre eran de 402 mil 874 millones de pesos -unos 20 mil millones de dólares- con empresas que prestan servicios petroleros.
La suspensión temporal de Pemex Exploración y Producción (PEP) aplicará para los nuevos contratos que no se habían formalizado previamente, según un documento interno de la empresa al que tuvo acceso Bloomberg.
En el documento, fechado el 25 de noviembre pasado y firmado por Néstor Martínez Romero, director de PEP, se señala que en 2025 la petrolera tendrá menos recursos para llevar a cabo sus actividades, por lo que sólo se aprobarán contratos selectos que se consideren necesarios para llevar a cabo sus actividades.
Consultada al respecto, la empresa no dio comentarios.
Pemex debe a contratistas el equivalente a 20 mil 532 millones de dólares en pagos atrasados por trabajos en campos petrolíferos y otros servicios, de acuerdo con su último reporte financiero al 30 de septiembre pasado. (Reforma Staff, Reforma, Ocho Columnas)
Al referirse al tema en la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, estimó que la imposición arancelaria representaría un “tiro en el pie” para aquel país.
Explicó que las principales afectaciones serían para tres empresas automotrices estadounidenses establecidas en México desde hace casi un siglo, como Ford, Stellantis y General Motors; asimismo, las autopartes exportadas de México a Estados Unidos aumentarían 25 por ciento.
También señaló que los impuestos propuestos impactarían directamente en un equivalente a duplicar el impuesto sobre utilidades, lo que además generaría una pérdida de 400 mil empleos en Estados Unidos.
“O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos porque un arancel es un impuesto. Los impuestos propuestos, o sea, el 25 por ciento, tendrían un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p. Alonso Urrutioa, Alma E. Muñoz y Braulio Carbajal, La Jornada, P.p.)
Como parte de la negociación con Estados Unidos, México no planea imponer aranceles a la economía que será administrada por Donald Trump a partir de enero próximo.
En entrevista con medios, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que no se usará este método de “arancel por arancel”, ello ante la amenaza de imponer un impuesto del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas.
“Podemos estar tranquilos, (Trump) solo está elevando la negociación”, dijo Ebrard en el marco de la ampliación de la planta de Safran en Querétaro, donde aseguró que la idea del presidente electo estadounidense no va a prosperar porque impactaría a la propia economía de su país.
Previamente, en la conferencia matutina, Marcelo Ebrard advirtió la potencial pérdida de 400 mil empleos en EU, así como de inflación –por ejemplo un incremento de 3 mil dólares en el precio de una camioneta–, si Donald Trump impone aranceles a México, “se perderían esos empleos y eso lo consulté con las diferentes empresas”, declaró. (Aldo Munguía y Jassiel Valdelamar, El Financiero, P.p.)
Nombres de perfiles próximos a la Cuarta Transformación y parientes suyos, como Olga Sánchez Cordero, Bernardo Bátiz y Ulises Lara, están anotados como aspirantes para la elección judicial del 2025 en la lista de inscritos ante el Poder Ejecutivo, en la que además, hay registros duplicados.
De la familia de la diputada de Morena y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se encuentran inscritos su hija, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien buscará también ser ministra de la Corte, y su sobrino, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, quien aspira a una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Otros que figuran en la lista de más de 18 mil aspirantes pertenecen a la familia Bátiz, empezando por el actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Batiz, que busca ser también ministro de la SCJN, y su hija, Susana Bátiz Zavala, que aspira a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que será conformado a partir de la reciente reforma al Poder Judicial (PJ).
También se inscribió María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y busca llegar a la SCJN, así como la actual ministra Lenia Batres; también se anotó el actual encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara. (Yulia Bonilla Ulises Soriano, La Razón, P.p.)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concretó la integración del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, con la participación de 15 empresarios, quienes, junto con integrantes del gabinete federal, construyen el Plan México, para fomentar las inversiones privadas y fortalecer la industria del país, mediante el desarrollo regional.
Se trata de un grupo de representantes de la iniciativa privada que, además, acompañará al gobierno “en el cuarto de junto” en la renegociación del T-MEC en 2026.
La mandataria definió ayer que el Plan México busca el desarrollo transexenal del país, a través de los polos de bienestar, lo que incluye los 100 parques industriales que viene impulsando desde su campaña, para lograr desarrollo económico, bienestar de los mexicanos y la sustentabilidad de la nación.
“Por eso, cuando nos dicen ‘no les creemos que van a crecer 2.5 por ciento’, pues sí, créannos, porque tenemos un plan que no solamente es esperar a que lleguen las inversiones, sino potenciar el desarrollo del país, a través de cadenas productivas que permitan sustituir importaciones, que se fabrique aquí en México”, sostuvo (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Con el voto en contra de la oposición, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría la reforma a la Constitución que simplifica la estructura orgánica del Estado, con lo que desaparecen siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Los cambios al artículo 28 de la Carta Magna, avalados con 25 votos en pro y 11 en contra, crean una nueva autoridad en materia de competencia económica, que concentrará las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en áreas como preponderancia y regulación asimétrica, sumándolas con las de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El nuevo ente se ajusta al Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), al ser un órgano desconcentrado e independiente con capacidad de investigar y sancionar, con el objetivo de fomentar una mayor competencia económica.
Los senadores de Morena, PT y PVEM, también avalaron la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH). (Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de Omar Taboada Nasser, quien fuera secretario de Desarrollo Agropecuario al final de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y contra otros mandos de esa dependencia, a quienes se acusa de desvío de recursos.
En entrevista colectiva, Salazar Núñez indicó que la institución a su cargo ya notificó al Poder Ejecutivo estatal que, tras varias revisiones, se encontraron costales de fertilizante y de otros productos que traen las leyendas “Bienestar” y “Prohibida su venta” en lugares no oficiales para su almacenamiento.
Agregó que todo lo hallado “ya está a disposición, para que en estos días sea entregado al Gobierno del estado, para que a su vez la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) lo entregue a quienes debió haber sido entregado”.
Desde mayo de este año, productores del campo y trabajadores de la dependencia presentaron denuncias en contra de Taboada Nasser, a quien acusaron de no entregar fertilizante y maquinaria que estaban destinados para apoyar a los campesinos y de hacer negocio con ello, y calcularon los posibles desvíos en 27 millones de pesos. (Alan Gallegos, La Razón, P.p.)
El comandante de la célula anti-extorsión de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, estado de México, Rafael N y la agente Vianey Anallely N fueron aprehendidos ayer como parte de la operación Enjambre llevada a cabo por autoridades federales y estatales.
La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) informó lo anterior y precisó que ambos son acusados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino de iniciales IBSC.
El arresto se realizó en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y los ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla.
Detalló que el 5 de octubre anterior, el comandante y la uniformada, junto con otros individuos, ingresaron a un inmueble de dicha colonia, porque una mujer señaló a su pareja sentimental de haberla privado de la libertad. (Redacción, La Jornada, Contraportada)
El Cártel de Sinaloa continúa traficando a Estados Unidos toneladas de fentanilo pese a la cacería que las agencias de seguridad estadunidense han desatado en contra de sus líderes y colaboradores, así como de las amenazas que Donald Trump ha lanzado de cara a su regreso a la Casa Blanca.
De acuerdo con datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, a lo largo del año fiscal 2024 organizaciones delictivas con sede en México intentaron traficar por su frontera sur más de 9 mil 592 kilogramos de fentanilo.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ubicó en su último informe al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales responsables del trasiego de fentanilo.
Cabe destacar que, la mayoría de las incautaciones del potente opioide sintético se registraron en los corredores fronterizos de San Diego, Yuma y Tucson, zonas en donde históricamente ha tenido presencia el cártel fundado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. (Anel Tello, Milenio, P.p.)
Tras dos meses de leves retrocesos, en octubre el valor de las exportaciones mexicanas de mercancías escaló 11.2% a un monto récord -para un mes igual- de 57,671 millones de dólares, informó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El avance es el cuarto mayor en lo que va del año, uno en el que la trayectoria de las exportaciones ha sido fluctuante.
Durante sus primeros 10 meses, se han observado alzas en cinco períodos y descensos en los otros cinco, si bien de forma acumulada se consigna un avance de 4 por ciento.
El incremento de octubre se cimentó en la dinámica de las exportaciones no petroleras, que subieron 13.5%, englobando alzas en sus componentes de ventas de productos agropecuarios (+3.1%), extractivos (+57.1%) y manufactureros (+13.2 por ciento). (Octavio Amador, El Economista, Ocho Columnas, lara Zepeda, La Jornada, Contraportada)
Durante la administración federal que fue encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), registró una cantidad significativa de derrames marítimos de hidrocarburos, aun cuando el Gobierno de México tiene compromisos internacionales vigentes orientados hacia la protección de los océanos.
De acuerdo con información proporcionada vía transparencia por Pemex, durante el sexenio del expresidente López Obrador, dicha empresa estatal generó un total de 145 derrames marítimos de hidrocarburos, considerando distintos materiales que terminaron escapando hacia el mar, como los siguientes:
Aceite, aceite crudo, agua-aceite, combustóleo, condensados, crudo, diesel, hidrocarburo y refinados, según las clasificaciones que fueron utilizadas en los registros que brindó la empresa petrolera mexicana (folio 330023824007874).
Estos derrames marítimos de hidrocarburos donde resultó involucrado Petróleos Mexicanos ocurrieron en los mares que bañan las costas de ocho entidades federativas del país, con la siguiente incidencia: el estado más afectado ambientalmente es Campeche, pues frente a su litoral se presentaron 84 de estos hechos. (Luis Herrera, Reporte Índigo, P.p.)
Según un registro de las mesas de regalos de Palacio de Hierro, la Gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, contraerá nupcias con Rubén Hernández, el próximo 14 de diciembre.
El registro de boda con el folio 391532 no despliega una lista de enseres u obsequios sino que los novios solicitan dinero en cuotas de mil, mil 500 o 2 mil pesos y también está la opción del monto que sus invitados quieran proporcionar.
Rubén Hernández trabajó con los gobiernos del PRI y PRD, pero en 2021 se sumó al equipo de su suegro Félix Salgado, cuando era candidato a la gubernatura.
Siendo novio de la Gobernadora, Rubén fue designado Jefe de Gabinete y su hermano Óscar, director de Licitaciones de Desarrollo Urbano, quien ha sido señalado de beneficiar a empresas de sus allegados. (Jesús Guerrero, Reforma, P.p.)
Las recientes muertes de personas en cadenas de gimnasios en la Ciudad de México (CDMX) abren la puerta a una mayor vigilancia por parte de las autoridades de la capital y a que, desde el Congreso local, se exija la aplicación de la regulación para garantizar el bienestar y la seguridad de los usuarios de los establecimientos.
En la CDMX existen más de 400 gimnasios, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estos recintos cuentan con diversas actividades como musculación, zumba, crossfit, pilates, yoga y otras que se ofertan como alternativas saludables al sedentarismo.
Sin embargo, también se han convertido en lugares que no están preparados para atender emergencias, y cada vez son más frecuentes los desvanecimientos de personas en este tipo de instalaciones por la falta de atención oportuna, y que el personal de los establecimientos no está capacitado para brindar primeros auxilios a los usuarios.
Aunado a esto, la falta de rigor de los establecimientos para solicitar chequeos médicos a sus clientes, así como de las mismas personas que acuden a realizar actividades físicas sin un monitoreo médico adecuado, se ha convertido en un factor de riesgo que está provocando muertes. (José Luis Ramos, Reporte Índigo, Ocho Columnas)
Parácuaro, Mich.— Empacadores y cortadores de limón del Valle de Apatzingán se sienten seguros con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, que limitaron la extorsión de los criminales contra los productores en seis municipios de la región de la Tierra Caliente michoacana.
Sin embargo, sufren los efectos de la peor caída en el precio del cítrico, actualmente entre los 3 o 4 pesos por kilogramo, lo que impacta directamente en su ingreso y necesidades básicas.
Desde la empacadora en la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro, Teresa Rocha Cortés afirma que la variación en el precio repercute en ocasiones en su salario semanal.
Teresa Rocha lleva un año como empacadora de limones, labor que desempeña de lunes a sábado. Dice que el despliegue de las fuerzas federales les ha devuelto la tranquilidad, pero hay incertidumbre respecto a que se retomen las extorsiones si los militares se van. Foto: Diego Simón Sánchez | El Universal (Manuel Espino, El Universal, P.p.)
Tras una larga batalla jurídica, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó otorgar un amparo al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado Napoleón Gómez Urrutia, a efecto de que se concentren más de 20 expedientes y se resuelvan de manera integral los juicios promovidos contra el gremio, sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un extinto fideicomiso.
La trascendencia de la resolución radica en que el máximo tribunal del país ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolver con un mismo criterio o en una sola sentencia los 25 expedientes que derivaron del caso, y no sólo con 21 como se había hecho.
La autoridad laboral deberá tomar en cuenta los cuatro expedientes restantes que omitió, ya que contienen un caudal probatorio muy importante sobre la correcta distribución de los recursos del fideicomiso, enfatizó el sindicato.
En esos archivos, agregó, obran constancias con las que se acredita que el gremio ya pagó más de 23 millones de dólares a trabajadores. Además, se corrobora la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que indican que los recursos son rectoría del Sindicato Minero (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.17)