Opinión Migración 161224
Uso de Razón / Por los senderos de la locura
Cada vez son más los prosélitos de la 4T que empiezan a caer en la cuenta acerca de a quiénes llevaron al poder.
Se asombran al ver que sus enemigos históricos, es decir la corrupción, la injusticia, las mafias y el gasto público en frivolidades se perfilan como los vencedores de la lucha que ellos apoyaron.
Para una prosélita como Sabina Berman, es incorrecto que se publicite una fotografía en la que aparecen, muy sonrientes, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Miguel Ángel Yunes en una combi.
Tampoco le gustó que Layda Sansores nombrara secretario de Desarrollo Económico al exsenador panista Jorge Lavalle, que trae un brazalete para estar al alcance de la policía por supuestos sobornos en Pemex dirigido por Emilio Lozoya.
Peor aún, que luego del nombramiento Layda sea recibida en Palacio Nacional y se difunda una foto en que ella y la presidenta Sheinbaum posan mejilla con mejilla y amplias sonrisas en el rostro.
Ni ella ni nadie de los prosélitos de la 4T (que sin militar en Morena pusieron su pluma y su cara al servicio del obradorismo), tendría que asombrarse al ver esas estampas que retratan a los ganadores de las elecciones.
Ya habrán visto el pleito que le echó el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, al líder de los diputados de ese partido, Ricardo Monreal.
Estamos hablando de una acre y pública discordia entre los dirigentes del partido gobernante en el Senado y en la Cámara de Diputados.
¿Por qué es la estridente disputa?
¿Fue por discrepancias en las reasignaciones presupuestales, en que uno opta por fortalecer a la educación superior sobre la básica?
¿Por la orientación en el gasto en salud?
¿Fue por visiones ideológicas distintas sobre el gasto público?
No. El pleito es por lana.
El tabasqueño se enojó porque le recortaron un poco los caudales de dinero que él maneja, y exhibió facturas dudosas del zacatecano en su paso por el Senado.
Esos son los líderes que los prosélitos de la 4T llevaron al poder.
Ya habrán visto, también, que el titular del Instituto Nacional de Migración en el sexenio de López Obrador, responsable de que fueran quemados vivos 50 migrantes centroamericanos en una cárcel ilegal en Ciudad Juárez, declaró que Solalinde, el cura favorito de AMLO, es “pollero” (que trafica con migrantes).
También habrán leído la advertencia de ayer de la Presidenta, luego de que un funcionario federal celebró su boda en el Museo Nacional de Arte: “Nada de lujos y parafernalia”, ordenó.
¿Y dónde estaba ayer la Presidenta cuando tronó los dedos contra esos disparates?
En una gira por el sureste, donde inauguró otro tramo del Tren Maya y recordó a los servidores públicos una frase de López Obrador: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
¿No les asombra eso?
El gobierno se enriquece con un tren de 515 mil millones de pesos, que pierde dinero, y para pagar ese lujoso capricho, se utilizan recursos que deberían destinarse a superar la pobreza: atención a la salud, mejor educación y crecimiento económico.
Carlos Elizondo, en su artículo de ayer, le puso números al oropel del dispendio de la 4T, donde se retrató la Presidenta: “Entre los 515 mil millones de pesos gastados en el Tren Maya y los 123 mil millones del México-Toluca se han erogado 638 mil millones de pesos. El costo de los intereses de esa cantidad que es parte de la deuda pública es de 50 mil 402 millones de pesos por año, dada la tasa promedio para 2025 de 7.9 por ciento”.
El tren de la locura, además del dispendio, ecocidio y fuente de enriquecimiento de los que llamaron “la mafia del poder”, es un lodazal de corrupción para beneficio de los nuevos ricos de la 4T.
Y qué tal los mafiosos de la 4T que gobiernan los estados. ¿No se asombran de ello los prosélitos del morenismo?
México está a un asesinato de ser Estado fallido.
¿Aún no se percibe?
El país paga con sangre y muertes la frivolidad del presidente López Obrador que por seis años dio manga ancha a los grupos criminales.
La presidenta Sheinbaum y Omar García Harfuch están literalmente rodeados de políticos que hicieron acuerdos con el narco y grupos criminales de otros giros, para ganar elecciones o hacer dinero, y terminaron dominados por ellos.
Con esas compañías no hay ninguna certeza de que el actual gobierno logre frenar la bola de nieve que se hace más grande cada semana.
Hay gobernadores morenistas que comparten el mando en sus estados con los grupos criminales y son inamovibles por su relación con López Obrador.
Apenas arranca el sexenio y los cárteles ya le cortaron la cabeza al alcalde de una capital estatal, a un diputado federal y a un magistrado que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Con este paso, cualquier día nos encontraremos con la noticia de que mataron a un gobernador, a un secretario de Estado, a un embajador, o a un dirigente de la oposición partidista o de la sociedad civil.
México no podría eludir el estigma de Estado fallido de ocurrir una desgracia así.
La mirada de las autoridades de Estados Unidos, de las que se van y de las que llegan, está puesta en México y su descomposición.
Con los ejércitos de propagandistas que tiene a su lado, Sheinbaum va a perder la batalla importante: recuperar el control del país.
Todos le venden humo.
El Poder Judicial, que necesitaba mejorarse, está destruido.
Quedará subordinado a la arbitrariedad del partido que ha llevado a México al borde de la ingobernabilidad, y en manos de los que con su actividad criminal nos conducen a ser los ciudadanos indefensos de un Estado fallido.
Eso y más comienzan a ver los prosélitos de la 4T.
Dejaron su nombre y su elevada o escasa reputación atada a vividores que llevan al país por la senda de la locura, que llega a quién sabe dónde, menos a un país más próspero, justo y libre.
Cuando reflexionen sobre las ruinas de su prestigio, les quedaría bien cierto tango de Gardel:
“Mire si no es pa’ suicidarse que por ese cachivache (la 4T) sea lo que soy…” (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 42)
Municipios fronterizos: la crisis que viene
Los municipios mexicanos que se encuentran en la frontera con EU podrían experimentar, en sólo 35 días más, una de las mayores crisis que hayan tenido en décadas. Las amenazas de Donald Trump de iniciar con deportaciones masivas a partir del primer día de su gobierno podrían ser una realidad, incrementando las condiciones existentes de por sí ya críticas en esos territorios.
Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Miguel Alemán, son varias de las ciudades fronterizas que, a pesar de haber logrado niveles importantes de crecimiento económico, generación de infraestructura y capacidades económicas, mantienen las contradicciones y muchos de los problemas estructurales que caracterizan a México en su conjunto.
En efecto, la vecindad con Estados Unidos y la generación de dinámicas de integración transfronteriza ha impulsado la formación de complejas unidades territoriales binacionales que enfrentan retos mayores, los cuales, con el segundo mandato de Donald Trump, podría entrar a una espiral de nuevos retos y una escalada de contradicciones que en el corto plazo pueden llevar a una severa crisis en varios frentes.
Sin duda, el desarrollo de la industria manufacturera de exportación, especialmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, ha generado empleo y ha contribuido al crecimiento económico regional; sin embargo, a pesar de ello persisten allí elevados niveles de desigualdad y pobreza. La concentración de riqueza en sectores específicos contrasta con la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios básicos para amplias capas de la población, que se expresan en cinturones y franjas de exclusión a lo largo y ancho de sus demarcaciones.
En evidencia, la región es un punto neurálgico para la migración, tanto de personas que buscan cruzar a Estados Unidos como de trabajadores transfronterizos que residen en México y laboran en el país vecino. Esta movilidad se ha incrementado, pero ha adquirido nuevos matices a partir de la intensificación de los flujos de personas provenientes de Centroamérica y del endurecimiento de las políticas migratorias norteamericanas.
Debe considerarse, además, que ese rápido crecimiento poblacional ha sobrepasado la capacidad de infraestructura y servicios públicos en muchas áreas clave para la garantía de los derechos humanos de la población: hay deficiencias en servicios públicos para las viviendas; los servicios de salud son de mala calidad e insuficientes; los servicios educativos no tienen la capacidad de atender a la población local, pero menos aún a las poblaciones migrantes que están llegando a esas localidades. Esto afecta la calidad de vida de los residentes; complejiza, incluso imposibilita una integración cordial para quienes llegan y en conjunto, limita las oportunidades y capacidades para la promoción del desarrollo humano.
Asimismo, toda la región fronteriza enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, pues se trata del espacio territorial con mayor número de cruces transfronterizos anuales en el mundo, lo cual incluye, por supuesto, todos los tráficos ilícitos imaginables, y en el contexto actual, particularmente en lo relativo a la presencia de los grupos de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas y armas.
Todo esto, en medio de una realidad que, debe insistirse, está caracterizada por la integración económica con Estados Unidos, lo que ha llevado a una dependencia que no habrá de modificarse en el corto plazo, y que determina las posibilidades y capacidades de nuestro país en lo relativo a la construcción de un curso de desarrollo incluyente y garante de los derechos humanos.
Con todo lo anterior, debe tenerse en consideración que la combinación de deportaciones masivas, la precariedad en infraestructura y servicios, así como una escalada de la violencia, acentuaría las desigualdades existentes en los municipios fronterizos, pues, a pesar de su importancia económica, enfrentan desafíos estructurales que las colocan en una situación particularmente vulnerable.
Estamos, pues, ante la urgencia de generar nuevas estrategias que prioricen el desarrollo regional, que garanticen derechos humanos y que generen tácticas socioeconómicas para hacer frente a las adversidades que se avecinan, y eso se logrará sólo en la medida en que diseñemos una nueva fórmula para crecer con equidad. (Mario Luis Fuentes, Excélsior, Nacional, p. 14)
El Informe Oppenheimer / Deportaciones masivas… ¿viable?
El Presidente electo Donald Trump dijo en su primera entrevista televisiva tras las elecciones que deportará a todos los que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, lo que sumaría más de 12 millones de personas. Pero recuerden mis palabras: eso no va a pasar.
Hay razones prácticas, legales y económicas por las que el republicano no podrá acercarse ni remotamente a expulsar a todos los indocumentados. Sin embargo, es probable que continúe usando su incendiaria retórica antimigrante como arma política para mantener entusiasmada a su base en los próximos cuatro años.
Cuando le preguntaron en su entrevista con la cadena NBC si su plan es “deportar en los próximos cuatro años a todos los que están aquí ilegalmente”, Trump respondió: “Bueno, creo que hay que hacerlo”.
El republicano dijo que comenzará por expulsar a los migrantes que tengan antecedentes penales. El encargado del control fronterizo designado por el Presidente electo, Tom Homan, afirmó que hay 1.5 millones de migrantes con antecedentes penales. Según datos oficiales de la agencia de Migración y Control de Aduanas (ICE), la cifra real es de 660 mil.
La mayoría de los expertos en migración dicen que Trump puede aumentar marginalmente el número de deportaciones, pero nunca llegar a expulsar a 12 millones o más.
Para poner las cifras en perspectiva, Trump deportó a 1.5 millones de migrantes durante sus cuatro años en la Presidencia. Biden habrá deportado una cifra similar durante sus cuatro años en el poder, sin contar las expulsiones bajo la ya extinta orden conocida como Título 42 para prevenir la propagación del Covid-19 durante la pandemia.
Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, me dijo que “es probable que veamos un aumento de las deportaciones” bajo el segundo Gobierno de Trump. Sin embargo, agregó que ese incremento “puede ser de unos cientos de miles de personas, pero no millones”.
En primer lugar, si el pasado es una indicación, hay que tomar con pinzas las promesas de campaña de Trump. El Presidente electo comenzó su primera campaña presidencial de 2016 prometiendo que construiría un muro a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de frontera y que haría a México “pagar por ese muro”. Pero no hizo ni una cosa ni la otra.
Trump solo construyó 5 kilómetros nuevos de barrera -el resto fue para reparar estructuras existentes- y México nunca pagó un centavo por ellas, según el sitio de verificación de datos Politifact.
En segundo lugar, deportar a más de 12 millones de indocumentados sería increíblemente caro. Según un estudio del American Immigration Council, costaría al menos 315 mil millones, “y esa sería una estimación muy conservadora”.
La cifra ni siquiera tiene en cuenta el costo de construir cárceles para más de 12 millones de potenciales deportados. Actualmente, las cárceles de Estados Unidos alcanzan para albergar una población penal de 1.9 millones.
En tercer lugar, deportar a todos los indocumentados causaría estragos en las industrias de la construcción, la agricultura y la gastronomía, que dependen en buena medida de trabajadores indocumentados. Si se les expulsa del país, los costos laborales subirían, y eso haría encarecer los precios de los alimentos y la vivienda, y aumentaría la inflación.
En cuarto lugar, habría enormes obstáculos legales para expulsar a todos los indocumentados, porque la Constitución garantiza el debido proceso a todas las personas que viven en el país, incluidos los migrantes irregulares. Esto significa que cada caso migratorio debe ser visto en los tribunales, lo que a veces puede llevar años.
Por último, puede que cada vez más estadounidenses se den cuenta de que Trump miente cuando dice que hay una “invasión” de indocumentados: la hubo en 2022 y 2023, pero el flujo cayó un 60 por ciento en 2024, según las cifras oficiales.
Trump omite mencionar que su famosa “invasión” ya no existe. Y tampoco menciona los numerosos estudios que muestran que los migrantes indocumentados cometen menos crímenes que los ciudadanos estadounidenses.
Lo más preocupante es que el Mandatario electo, quien ha dicho que los migrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, use a los indocumentados con fines políticos, para mantener entusiasmada a su base. Me temo que eso, además de causar daño a la economía, contribuirá a aumentar el racismo. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 19)
El nuevo embajador
Por una #SociedadHorizontal, por una #NuevaRepública
Desde su campaña, las promesas de Donald Trump han estado enfocadas a “poner fin al crimen migrante” y “parar el flujo de drogas peligrosas” desde la frontera sur a territorio estadunidense. Con este objetivo, la semana pasada, el republicano anunció que designará a Ron Johnson como embajador en México.
El perfil del diplomático ha causado gran revuelo. Tras haber servido en el Ejército de Estados Unidos a lo largo de tres décadas, graduarse en Inteligencia Estratégica y contar con experiencia dentro de la Central de Inteligencia (CIA), fungió como embajador en El Salvador. Debido a estos antecedentes, se ha subrayado que este nombramiento implicará un cambio drástico en la relación bilateral, especialmente respecto al tipo de operaciones que podrían implementarse en suelo mexicano.
Quienes conocen a Johnson afirman que es “pragmático” para alcanzar los objetivos que se plantea. Durante su estancia en Centroamérica, desincentivó el acercamiento de Bukele hacia China y frenó las “caravanas” migrantes. Aplaudió el arresto de pandilleros, la reducción de los índices delictivos, así como la estrategia implementada contra el crimen organizado. Pese a las críticas en torno a violaciones de derechos humanos por los arrestos masivos, abogó por que El Salvador mantuviera su certificación en cuanto a su “respeto a las libertades”.
Con este perfil, en México surgen varias preguntas: ¿Cómo actuará en su nueva encomienda? ¿Qué dinámica establecerá para cumplir con la encomienda establecida por Trump? ¿Qué implicaciones tendrá?
El mandatario entrante declaró puntualmente: “Juntos, vamos a poner fin a los crímenes de los migrantes, detener los flujos ilegales de fentanilo y otras drogas peligrosas a nuestro país, y hacer a Estados Unidos seguro otra vez”. Habrá que ver cuál es la directriz que el diplomático establezca, una vez que sea ratificado en el Senado estadunidense.
Por lo pronto, es previsible que su llegada genere dos escenarios posibles. Por un lado, puede darse que, con la intención de combatir los flujos de personas y drogas hacia el otro lado de la frontera, Johnson conviva, ignore y consienta implícitamente, la creciente pérdida de equilibrios institucionales que han provocado las recientes modificaciones constitucionales impulsadas por la llamada 4T en México.
La convivencia pragmática con los cambios hechos respecto al Poder Judicial, la militarización de la seguridad con la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa o la nueva “supremacía constitucional”, todas ellas percibidas por una parte importante de la sociedad mexicana como contrarias a la protección de los derechos humanos, podrían servir de aval tácito a un modelo que cada vez se aprecia más proclive al autoritarismo, por sus escasos contrapesos.
Por otro lado, la colaboración en torno al combate a los cárteles criminales abre la oportunidad de que el Estado mexicano recupere amplias regiones que hoy, por incapacidad o por franca colusión, tiene perdidas. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum realmente está comprometido con combatir el preocupante poderío que ha alcanzado la delincuencia organizada, la coordinación de esfuerzos es fundamental.
Cabe recordar que por primera vez en la historia, la crisis relacionada con el uso de drogas ha generado una muerte masiva de ambos lados de la frontera. En México, el sexenio de AMLO dejó casi 300 mil víctimas entre asesinatos y desaparecidos. En Estados Unidos, se habla de unos 550 mil que murieron por el uso de fentanilo. El problema obliga a un tratamiento diferente, a provocar cambios institucionales profundos.
Sirva este contexto para analizar la propuesta presentada recientemente por el estudioso Eduardo Guerrero sobre construir un Tratado de América del Norte en materia de Seguridad, con la finalidad de responder a los desafíos que prevalecen en la región. Un instrumento de esta naturaleza no sólo permitiría incrementar la inversión en aspectos tales como policías, aduanas, sino que también ayudaría a que la evolución institucional en materia de inteligencia, investigación e impartición de justicia eleve sus estándares, con la finalidad de reducir el impacto del crimen en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La llegada del nuevo embajador exige una reflexión. Más allá de su perfil y encomienda como funcionario, la #SociedadHorizontal puede ir más allá. Planteamientos innovadores como los que Guerrero ha puesto sobre la mesa, permitirían tener un mapa de ruta más allá de la coyuntura inmediata y el ruido poselectoral. La #NuevaRepública puede echar raíces profundas en torno a una relación proactiva entre México y EU, para unidos apuntalar el liderazgo global del hemisferio. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Nacional, p. 15)
Epicentro / El embajador no será un salvavidas
La oposición en México tiene la esperanza de que Donald Trump erija una barrera de contención para la aplanadora institucional del gobierno mexicano. Imaginan que Trump y su equipo de política exterior, encabezado por Marco Rubio como secretario de Estado, sin duda la persona con mayor experiencia en América Latina en ejercer ese cargo en la historia moderna de Estados Unidos, advertirán el deterioro de la democracia mexicana, la impartición de justicia, la división de poderes e insistirán en una suerte de corrección inmediata. Saben, por ejemplo, que Rubio ha sido muy crítico del gobierno anterior y tiene, junto con Trump y el resto del círculo cercano, diferencias ideológicas reales y profundas con el movimiento que hoy gobierna México.
De ahí que la oposición haya recibido con optimismo el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Apuntan a la experiencia de Johnson en inteligencia, seguridad nacional y conflicto armado para sugerir que marcará de entrada un contraste muy claro con Ken Salazar, el embajador de Joe Biden, que se encargó de proteger los intereses específicos de su gobierno, sobre todo en materia migratoria, y se hizo de la vista gorda ante los abusos crecientes del presidente anterior, hasta llegar al grado de defender la patraña del fraude electoral en México y otros fragmentos de la mitología fundacional del lopezobradorismo.
Johnson, suponen, será diferente. Lo mismo que Trump.
Puede ser que tengan razón, pero solo en los asuntos prioritarios para Trump. Es previsible que Johnson exija un viraje en la estrategia de seguridad en México. A Trump le gusta el espectáculo y durante mucho tiempo consideró la posibilidad de regalarle a su electorado imágenes de incursiones unilaterales en territorio mexicano para detener, al estilo Hollywood, a grandes capos de la droga. Eso está en las cartas ahora. Eso, y medidas menos espectaculares pero muy distintas al “dejar hacer, dejar pasar” del sexenio pasado.
También es prácticamente un hecho que México reforzará su estrategia punitiva contra los migrantes. Desde su obsesión con la imagen, Trump no tolera las caravanas hacia el norte, que interpreta (y lo ha dicho una y otra vez) como una suerte de invasión suave de Estados Unidos. Es una interpretación mentirosa, nativista y racista, pero eso importa poco en el contexto actual. Johnson llega con la encomienda de apretar México en función migratoria y seguramente lo va a hacer.
Lo que no va a hacer es lo que la oposición espera.
Lo más probable es que, si el gobierno de Claudia Sheinbaum coopera en lo que se espera que coopere, el embajador Johnson adoptará muy rápidamente el modelo Salazar. Y lo adoptará porque ha sido también el modelo Johnson.
Así lo indica su experiencia en El Salvador.
Johnson llegó a El Salvador al principio del gobierno de Nayib Bukele. Muy rápidamente puso en la mesa una serie de exigencias en materia migratoria y de control de la criminalidad. Encontró en Bukele a un socio entusiasta. Bukele aprovechó el respaldo del embajador para poner en práctica medidas punitivas que redujeron radicalmente la criminalidad en el país. Para alcanzar ese logro, Bukele atropelló derechos humanos hasta donde ha querido.
De eso, el embajador Johnson no dijo nada.
Johnson tampoco dijo nada cuando Bukele aprovechó su popularidad para perpetuarse en el poder y garantizar la permanencia de su proyecto. Lo que importaba al embajador de Washington era que Bukele hiciera lo que se requería de él en función de la agenda estadounidense. Lo que hiciera Bukele con su país era cuestión de Bukele.
Johnson y el presidente salvadoreño llegaron a tal entendimiento que consolidaron una amistad. Antes de que se fuera de El Salvador, Johnson recibió la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado Gran Cruz Placa de Plata y se convirtió en la primera persona en recibir la Gran Orden Francisco Morazán, la mayor condecoración otorga el gobierno salvadoreño.
Ese es el escenario más probable en México. Johnson llegará a la embajada con la encomienda de exigir el cumplimiento inmediato de la agenda prioritaria para Trump. Pero, de ahí en fuera, es muy poco probable que Washington se inconforme con la erosión institucional y democrática que se vive en México.
Quien espere lo contrario se hace ilusiones. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A13)
Bala de Terciopelo / Apología de la servidumbre
Son de esas cosas que dan pena escuchar. Una de dos: o no se dan cuenta de lo que dicen o piensan que el que no se va a dar cuenta es Donald Trump: “Ándele, Sr. Trump, quédese con nuestros indocumentados. Le conviene. Pertenecen a una potencia cultural con pirámides y toda la cosa. Llévelos, llévelos. Son baratos. Puede exigirles muchas horas de trabajo a la semana, más de 60 o hasta 80 si gusta. Se pueden cometer con ellos injusticias y con las mujeres violaciones. Y de que se vayan a quejar ni se preocupe, no hablan inglés y aunque supieran un poquito, no se atreverían, les daría miedo perder lo que usted allá les da y acá nosotros no pudimos”.
“Operación Aurora” es una promesa de campaña de Trump que plantea expulsar a 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales 45 por ciento son mexicanos. La mayor deportación en la historia de Estados Unidos y que Trump planea anunciar recién inicie su gobierno en enero. “No se va a atrever”, dicen muchos con esa ignorancia inocente que nos caracteriza a los mexicanos. Si aquí pensamos que nuestros gobiernos no se atreverían a hacer cosas que afectaran las finanzas y el funcionamiento del país y lo hicieron, ¿por qué no lo harían del otro lado?
“Es el mandato de las urnas”, dicen aquí y dicen también allá. Mantra y manto protector que protege cualquier decisión. Y aunque las urnas no entran en detalle, ni piden que las cosas se hagan de manera cruel o peligrosa para las finanzas o el funcionamiento de la nación, lo quiere el que ganó y con eso basta. Tienen mayoría, igual allá que acá. ¿O a poco usted piensa que van a ir boleta por boleta a preguntar si el que votó está consciente de las consecuencias de lo votado? Trump, además de la presidencia, tendrá las dos cámaras y la Suprema Corte de Justicia, ¿se da cuenta?, igual que acá.
“Envenenan la sangre del país”, “son criminales”, “tienen genes malos”, dijo durante su campaña el ahora presidente electo Donald Trump. A lo que aquí nuestra Presidenta respondió: “…no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, al contrario, benefician incluso a la economía de Estados Unidos”. Los articulistas llegan aún más lejos, dan datos de lo que dejan en beneficio económico los migrantes: en compras de productos gringos, en algún tipo de impuesto. Habrá que subrayar: ¡es la política, estúpido, no la economía! Más allá de que los que promocionan a nuestros ilegales mezclan los números con los migrantes legales para tratar de convencer a Trump. Como referencia, Clinton deportó a 12 millones, Bush a 10, Obama a 5, Biden casi a 4 y Trump en su primer periodo a 1.5. ¿Usted cree que Trump se quiera quedar atrás?
“Ándele, Sr. Trump, nuestros ilegales son a todo dar, trabajadores, vaciladores y pachangueros y viera nada más las remesas que mandan”. El negocio número uno de la nación, lo presumimos como propio porque ellos mismos nos lo mandan ¿qué no?
Qué pena y qué vergüenza andar promocionando a nuestros ilegales. Apología del esclavismo, porque como son ilegales aguantan la ilegalidad. Apología de la servidumbre, porque aguantan lo que los gringos, jamás.
Tanto presumir nuestras remesas y ¿ahora nos las van a quitar?
Llévelo, llévelo, Sr. Trump. Lléveselos ya. (Ana María Olabuenaga, Milenio, Política, p. 10)
Otros Ángulos / El embajador Johnson, más que un militar
El presidente electo Donald Trump ha designado como próximo embajador de Estados Unidos en México a Ronald Johnson, quien fuera embajador estadunidense en El Salvador entre 2019 y 2021. Este nombramiento ha generado algo de suspicacia y recelo en México debido a la trayectoria previa del nuevo embajador: Johnson fue miembro destacado de las fuerzas armadas estadunidenses, donde llegó a ser parte de sus fuerzas especiales (conocidas como Boinas Verdes) y se retiró del ejército en 1998 con el grado de coronel. Posteriormente, Johnson trabajó por cerca de 20 años en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Por ello, para muchos analistas no cabe la menor duda: Ron Johnson es un halcón y viene a promover una política de línea dura en contra de la migración y del crimen organizado. Es posible que así sea, pero quizá haya que valorar a Johnson no solo por su trayectoria, sino también por lo que piensa y por su visión geopolítica. A final de cuentas, Johnson estudió una maestría en Inteligencia Estratégica y su trabajo lo ha llevado a colaborar en áreas vinculadas con ciencia, tecnología, refugiados y derechos humanos, además de los temas obvios relativos al terrorismo y al narcotráfico. A mí me resultó particularmente interesante escuchar algunas cosas que dijo Johnson en un panel realizado el año pasado en el Instituto Gordon de la Universidad Internacional de Florida (https://www.youtube.com/ watch?v=xU05zxohGZg).
Allí, Johnson dijo lo siguiente (traducción libre): “Desde una perspectiva geopolítica, China se está convirtiendo en una de las fuerzas más dominantes en el mundo. (…) Nosotros hablamos de cómo competir con China. Se los voy a decir de manera dura y directa: no podemos. No puedes competir contra un país en donde las empresas y el gobierno están entrelazados y donde los sobornos se aceptan como parte del negocio. Nosotros no funcionamos así. Nosotros abordamos los temas con moralidad y con algo de lo que debemos hablar otra vez: ¿cómo relocalizamos las empresas que están en China o en Asia y cómo las traemos de regreso? No podemos traerlas todas a Estados Unidos porque el trabajo aquí es muy caro. Pero tenemos socios en América Latina que tienen mano de obra más barata y cuyos costos de transporte son menores porque están más cerca de nosotros. La relocalización de empresas puede crear trabajos para las personas que quieren crear un futuro para ellos y sus propios países.”
En la misma charla, por cierto, Johnson reconoció que las políticas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se habían traducido en el encarcelamiento de personas inocentes y que había que hacer algo para resolver su situación lo más pronto posible. No solo eso, también dijo que las causas fundamentales detrás de la expansión de las pandillas salvadoreñas era que los jóvenes no encontraban empleos que les ofrecieran una mejor vida o un mejor futuro.
Quizá Johnson sea un halcón; sin embargo, me parece que su postura puede coincidir con los intereses económicos de nuestro país y que su diagnóstico de los problemas sociales coincide con el del actual gobierno. En ese sentido, creo que puede haber margen para una relación fructífera y de cooperación con el nuevo embajador. Ojalá que así sea. (Gerardo Esquivel, Milenio, Justicia, p. 16)
Actores y estrategias
En el primer plano hay tres actores principales: los gobiernos de México y Estados Unidos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los tres han puesto en práctica estrategias que cada vez parecen más claras. El nuevo gobierno mexicano busca persuadir al gobierno entrante de Donald Trump sobre que las siguientes tres afirmaciones son ciertas: 1) en contraste con el gobierno anterior, la nueva administración de Sheinbaum cuenta con un equipo profesional en materia de seguridad, inteligencia e investigación; 2) el equipo de Sheinbaum cuenta con voluntad y capacidades suficientes para confrontar y desarticular al crimen organizado trasnacional con sede en México, y 3) el gabinete de seguridad de México ha diseñado una estrategia de combate al crimen en la que los intereses nacionales de México y Estados Unidos están alineados.
Abundo en los últimos dos puntos. Por lo que toca al punto segundo, el abultado número de operativos anticrimen a lo largo del país, y de arrestos de alto perfil en las apenas 10 semanas de desempeño del nuevo gobierno, demuestran tanto su decisión como su capacidad de debilitar al crimen organizado en varios puntos del territorio nacional. Esta capacidad implica una alta coordinación de esfuerzos, tanto al interior del gabinete encabezado por la Secretaría de Seguridad (SSPC), como entre ésta y los mandos policiales y fiscalías estatales. Esta alta coordinación deriva tanto de la centralización de la autoridad en el titular de la SSPC, quien forma parte del primer círculo presidencial, como de la disposición de colaboración que han mostrado los gobernadores, sin excepción.
Por lo que atañe al tercer punto, hay tres tipos de acciones que lo ilustran. Primero, México está realizando cotidianamente acciones que buscan simultáneamente pacificar algunas zonas del país, mediante la neutralización de generadores de violencia y, por otra parte, desmantelar la red más importante de producción, distribución y trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. A esta tarea se le otorga un nivel de importancia tan alto, que el mismo titular de la SSPC ha mudado temporalmente su despacho a Culiacán, con el fin de coordinar personalmente los operativos federales en la capital sinaloense. Segundo, México ha reactivado una valla de contención que impide la llegada de caravanas migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.
Mediante diversas acciones, sus autoridades han logrado disolver oportunamente nutridas caravanas migrantes, antes de que siquiera avancen al centro del país. Y tercero, hay suficiente evidencia para sostener que las autoridades federales y estatales están actuando de modo coordinado para decomisar masivamente mercancía ilegal proveniente de China. Repito: estos tres grupos de acciones tienen el propósito de ser exhibidas como pruebas de la voluntad de cooperación de México, y de su alto nivel de capacidad operativa durante las mesas de diálogo que seguramente se celebrarán próximamente entre ambas naciones.
Por lo que toca a Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ha emprendido una estrategia agresiva y astuta mediante la cual busca, manotazo en la mesa de por medio, orientar y acelerar el trabajo de las autoridades mexicanas (y canadienses) hacia el cumplimiento de las dos grandes misiones de su gobierno, enunciadas reiteradamente a lo largo de su campaña electoral: reducir las muertes por sobredosis de fentanilo y reducir también la inmigración irregular a su país, al mismo tiempo de deportar masivamente a miles (quizá millones) de inmigrantes que residen en Estados Unidos.
Con sus advertencias y amenazas, Trump busca conocer desde ahora si contará “por las buenas” con la colaboración de los mexicanos en su política migratoria y de combate a las drogas, o si necesitará echar mano de algunas sanciones, comerciales o de otra índole (como designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas), para contar con tal colaboración. Hasta ahora las autoridades mexicanas (al igual que las canadienses) buscan acumular una buena cantidad de ‘logros’ para evitar que las sanciones, anunciadas por Trump y sus colaboradores, se cristalicen.
Finalmente, hay un tercer actor que cada vez acumula más y más poder. Se trata de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual se ha beneficiado de la escisión del Cártel de Sinaloa (CDS). La disgregación gradual del CDS, y sus actuales guerras intestinas, han permitido al CJNG ocupar nuevos espacios territoriales, antes controlados por mafias o bandas del Cártel de Sinaloa, pero abandonados por dinámicas de guerra. El gran desafío de un CJNG recién fortalecido y de carácter hegemónico (o casi hegemónico), en la mayoría de las regiones del país, será cómo protegerse mejor o, en su caso, cómo pasar desapercibido en la persecución mexicano-estadounidense en su contra, que parece próxima a iniciar. Al respecto, dos decisiones de la cúpula del CJNG probablemente están en gestación: utilizar a la coalición de Los Chapitos como nuevo escudo protector y brazo armado en varias regiones del país (CJNG, para estar aliado con ellos en su confrontación con La Mayiza), e intensificar un proceso ya iniciado de camuflaje con diversas organizaciones sociales a lo largo del país. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 45)
Tendencias Financieras / ¿Aranceles?… una mala idea
De acuerdo con declaraciones recientes que han tenido gran difusión en medios de comunicación e impacto en los mercados de divisas de México y Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, desde el primer día de su mandato, pretende imponer un arancel de 25% a todas las exportaciones de nuestro país y Canadá —y otro de 10% adicional a las procedentes de China—. Lo anterior, en caso de que no detengan el flujo de drogas y migración hacia Estados Unidos.
Relación económica productiva y vigorosa
Ante las amenazas de aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio una respuesta mesurada, técnica y firme: “A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”, al señalar a empresas del sector automotriz en específico; sin embargo, también aseguró que el gobierno mexicano buscará la colaboración y diálogo para los temas de migración, seguridad y drogas, antes de llegar a medidas arancelarias. Además, en su reciente visita a Nuevo Laredo, la presidenta Sheinbaum comentó que existe un estrecho vínculo comercial entre México y Estados Unidos y expuso algunos datos económicos importantes sobre el comercio bilateral entre ambos países, a saber:
– A través de la frontera de más de tres mil kilómetros, diariamente cruzan de manera legal entre ambos países 70,000 tractocamiones con mercancías, un millón de personas y 240,000 vehículos de pasajeros.
– Los estados fronterizos en el sur de Estados Unidos y norte de México juntos representan la cuarta economía del mundo, si fuera una unidad.
– Entre México, Estados Unidos y Canadá se produce 30% del PIB mundial.
– La industria automotriz está muy integrada entre ambos países. En México se fabrica una buena parte de los vehículos que se venden en Estados Unidos, entre autopartes y vehículos completos y gracias a esto, el precio de los vehículos es más accesible en Estados Unidos.
– En Estados Unidos viven cerca de 37 millones de mexicanos de primera y segunda generación que contribuyen a la economía de ambas naciones: 80% de la riqueza generada se queda en Estados Unidos y 20% ingresa con las remesas a México.
Al final del día, los aranceles son impuestos direccionados a alterar el equilibrio de los precios en mercados y/o productos determinados. Dado el grado de integración económica entre las economías de México y los Estados Unidos, el costo de romper el equilibrio existente se antoja prohibitivo para ambos países.
Efectos negativos de los aranceles para EU
Una aproximación del costo para Estados Unidos que la política comercial planteada para iniciar el 21 de enero puede encontrarse en los impactos económicos y políticos de los aranceles impuestos a las importaciones —principalmente las procedentes de China—, durante la primera administración de Donald Trump.
Impactos económicos
1.- Aumento de los costos para los consumidores: los aranceles sobre productos importados, como el acero y el aluminio, aumentaron el costo de producción para las empresas estadunidenses, que se trasladó a los consumidores en forma de precios más altos.
2.- Impacto en las empresas: algunas compañías tuvieron que buscar proveedores alternativos para evitar los aranceles o trasladar sus operaciones fuera de Estados Unidos para mantener sus márgenes de beneficio.
3.- Reacciones internacionales: muchos países afectados por los aranceles impusieron medidas recíprocas a los productos estadunidenses, con impacto negativo a sectores como el agrícola, donde los productos como la soja, el cerdo y otros vieron una disminución en la demanda internacional.
4.- Impacto en el comercio mundial: la guerra comercial con China tuvo repercusiones significativas en la economía global. La incertidumbre en las relaciones comerciales afectó las decisiones de inversión y la estabilidad de los mercados internacionales de materias primas, divisas y capitales.
Impactos políticos
1.- Tensiones internacionales: la imposición de aranceles generó tensiones con aliados y socios comerciales tradicionales, como la Unión Europea, Canadá y México. Esto llevó a renegociaciones de acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se transformó en el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).
2.- Reacción doméstica controvertida: si bien algunos sectores industriales, como la siderurgia, apoyaron las medidas arancelarias, otros, especialmente en la agricultura y la manufactura, se opusieron debido a los impactos negativos en sus negocios.
3.- Aprobación política: los aranceles formaron parte de la agenda política de Trump y fueron utilizados para atraer a votantes en regiones industriales afectadas por la competencia internacional; sin embargo, también provocaron críticas de aquellos que se vieron perjudicados por las represalias comerciales y el aumento de los costos.
La imposición de aranceles por parte de Donald Trump tuvo una serie de efectos complejos y multifacéticos en Estados Unidos Si bien algunos sectores se beneficiaron de la protección arancelaria, otros sufrieron debido al aumento de los costos y las represalias comerciales. En términos generales, los aranceles contribuyeron a una mayor incertidumbre económica y a tensiones, tanto a nivel nacional como internacional. (José Arnulfo Rodríguez San Martín, Grupo Financiero Multiva, Excélsior, Dinero, p. 24)
CARTONES
En la mente de todos
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 14)
Debate de altura
(Rubén, El Sol de México, Análisis, p. 22)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 15/12/2024