El gabinete de seguridad federal aseguró ayer que en lo que va de 2025 ya hay avances en la estrategia para detener a generadores de violencia y construir la paz en Sinaloa.
En Mazatlán, informó que elementos federales sostuvieron un enfrentamiento armado con presuntos criminales, con saldo de tres agresores detenidos, a quienes les incautaron ocho armas largas, seis cortas, nueve vehículos, 35 cargadores, una cinta eslabonada con aproximadamente 350 cartuchos y equipo táctico, y se desmanteló un área habilitada como campamento.
Dicha acción fue producto de un trabajo coordinado entre las secre-tarías de la Defensa Nacional (Defensa), de la Mariana-Armada de México (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p. 10)
Fuerzas de seguridad federales y estatales aseguraron aproximadamente 15 mil litros de hidrocarburo y deshabilitaron dos tomas clandestinas en un cateo a un inmueble en Tlalnepantla, Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que además, las autoridades decomisaron tres bombas hidráulicas, siete cubitanques de mil litros de capacidad, dos mangueras de 60 metros de largo, cuatro mangueras de 15 metros de largo y cuatro vehículos.
Lo asegurado quedó a disposición de una agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que continúa con la carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por delitos cometidos en materia de hidrocarburos. (Natalia Vitela, Reforma, Nacional, p. 2)
El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una carga de trabajo excesiva debido a la falta de personal que arrastra hace años, la cual se agravó después del paro de labores que hicieron algunos empleados el año pasado.
Representantes seccionales del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) entrevistados por este medio señalaron que dicha circunstancia genera retrasos en la resolución de casos, al tiempo que en los empleados aumenta el estrés, la fatiga y afecta su calidad de vida.
Nidia Morales es representante de la sección 46 de Ciudad Obregón, Sonora, que incluye dos juzgados mixtos de distrito con 44 personas que atienden todo tipo de amparos. “Se despachan alrededor de 300 expedientes, lo que ocasiona que algunas personas se enfermen, pero no se cubren licencias. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 11)
Tras la suspensión de actividades del comité de evaluación del Poder Judicial –el 7 de este mes–, hasta la tarde de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 30 impugnaciones de diferentes actores que le demandan retomar los trabajos, a fin de que los aspirantes seleccionados puedan seguir en el proceso para la elección de jueces.
El día 31 vence el plazo para que los tres comités de evaluación publiquen el listado de quienes cumplieron con los requisitos de elegibilidad, de modo que la posibilidad de continuar en el proceso para quienes se registraron por la convocatoria del Poder Judicial está en duda.
El próximo miércoles, el tribunal electoral podría resolver estas demandas en la sesión pública, aunque hasta ayer no estaban incluidas en el orden de asuntos que discutirán el 22 de este mes. (Lilian Hernández Osorio, La Jornada, Política, p. 12)
Un grupo de activistas, académicos y víctimas de la violencia armada en México, representados por la firma estadounidense Arnold & Porter, presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Estados Unidos en respaldo a la demanda que inició el Gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas en 2021.
A través de una Amici Curiae (amigos de la Corte), el despacho que los representa pide tomar en consideración el impacto de las armas que se elaboran en Estados Unidos y se trafican hacia México en el incremento de homicidios, desplazamientos, migración, costo económico de la delincuencia y comisión de otros crímenes.
Esto, previo a la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos, que el próximo 4 de marzo deberá determinar si la legislación vigente en el país vecino protege a los fabricantes de armas de enfrentar cargos por negligencia en el tráfico ilícito. (Nadia Rosales, Reforma, Nacional, p. 7)
En la actualidad, las resoluciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no tienen ningún peso real y quedan como simples llamadas a misa, por lo que la diputada Laura Hernández García (MC) presentará una iniciativa para otorgarle más dientes a ese organismo y facultarlo para sancionar a quienes cometen el delito de discriminación.
El proyecto, explicó la legisladora en entrevista, reforma y/o adiciona diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para reforzar al Conapred y que pueda emitir sanciones, ¡pero ojo! Éstas no serían como las de los Ministerios Públicos, sino que serían únicamente administrativas, como una multa o un castigo de 36 horas de arresto.
De esta manera, enfatizó Hernández, no ocurriría ningún tipo de invasión de competencias con la labor de otros organismos, y sí en cambio buscarían que se repare el daño de forma integral para las víctimas y se garanticen medidas de no repetición, para que la actuación del Conapred no tenga un enfoque meramente coercitivo. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 14)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a deficiencias en la atención médica proporcionada en hospitales ubicados en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, pues vulneraron los derechos humanos de 17 personas –quienes fallecieron– y de sus familiares.
Al respecto, el IMSS manifestó que la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales recibe y atiende cada una de las recomendaciones planteadas.
La CNDH informó que de acuerdo con las investigacones, se determinó la violación a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, al trato digno, al interés superior de la niñez de las víctimas; además de afectaciones al derecho de acceso a la información en materia de salud de sus familiares, por la irregular conformación de los expedientes clínicos y en algunos casos a la afectación al proyecto de vida. (Redacción, La Jornada, Política, p. 17)
Las bancadas de diputados federales de PAN y PRI reprocharon ayer gasolinazos al gobierno federal, e incluso el primero inició una campaña con volantes en las calles del país para advertir a los ciudadanos de las consecuencias por el aumento en el precio de los combustibles.
Casi la mitad del precio por litro de gasolina corresponde a impuestos como IEPS e IVA, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, al insistir que es posible reducir su costo. Tras indicar en un comunicado que la 4T es un gobierno de mentiras, y el PAN no se va a cansar de repetirlo, aseguró que el costo no se debe a la inflación o a los precios internacionales, sino a que el gobierno no quiere bajar los impuestos. Desde la semana pasada, anunció que mantendrán una campaña permanente para pedir la reducción del costo, con la intención de que se tope el precio a máximo 20 pesos por litro. (Iván Evair Saldaña y Redacción, La Jornada, Política, p. 12)
Hasta el 18 de enero, 18 organizaciones habían solicitado al INE iniciar el proceso para convertirse en partido político, entre ellas, la organización del expriista César Augusto Santiago, Alternativa Popular, y la de Eduardo Verástegui, Viva México.
Ambas organizaciones eligieron realizar 20 asambleas estatales, con el objetivo de convencer a más de 256 mil ciudadanas y ciudadanos para que se afilien, como militantes, a esas propuestas de partidos políticos. De las 18 organizaciones, nueve eligieron asambleas estatales y el resto, asambleas distritales.
Estas últimas tienen que realizar 200 asambleas en el mismo número de distritos de todo el país para juntar los apoyos. Para el próximo 22 de enero se espera que acudan los fundadores del Frente Cívico Nacional a entregar su notificación. (Aurora Zepeda, Excélsior, Nacional, p. 5)
Tras un mes de labores se recuperaron los restos de 24 personas en una fosa clandestina localizada por el colectivo Luz de Esperanza. El pasado 13 de diciembre, el colectivo recibió una llamada anónima que alertaba sobre restos humanos en un punto identificado como Salto Colorado, en la colonia Lomas del Refugio, en Zapopan, Jalisco.
Durante las labores, el colectivo enfrentó complicaciones y tuvo que interrumpir la búsqueda por falta de maquinaria, hasta que la Secretaría de Agricultura les prestó una retroexcavadora. En las múltiples jornadas de actividad multidisciplinaria, encabezadas por la Fiscalía de Jalisco en coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y el colectivo Luz de Esperanza, en total se localizaron 72 bolsas con restos humanos. (Karla Méndez, Excélsior, Nacional, p. 16)