Durante mucho tiempo se trató de borrar aquella idea de que México era el patio trasero de Estados Unidos y justo cuando empezábamos a creer que no lo éramos, viene la amenaza arancelaria de la Casa Blanca.
Para evitar que la droga y los migrantes se sigan metiendo al vecino país del norte, el Gobierno federal envió a 10 mil elementos de la Guardia Nacional que vigilarán la frontera y así evitarán el paso de indocumentados hacia los Estados Unidos.
La estrategia, sin embargo, no será en la frontera, sino desde mucho antes, en territorio mexicano, en el sur, en el centro, donde las autoridades buscarán evitar el paso de las personas que van en pos del sueño americano. Esto ya lo vivimos y le cuento lo que sigue ocurriendo.
Haitianos que se quedan esperando horas y hasta días en las estaciones de autobuses, porque las empresas de transporte les piden que reúnan a cierto número de sus connacionales para mandarles un autobús para ellos solos. No los quieren llevar con los demás pasajeros.
La crisis migrante estará en las carreteras federales, donde las personas provenientes del sur y Centroamérica son extorsionadas por agentes de migración cada 10 kilómetros. No los devolverán a sus países, no los llevarán a una estación migratoria, sino que los dejarán hacer el “intento” subiéndose a transportes locales con la finalidad de detener el vehículo en un retén, bajarlos, sacarles dinero cada cierta distancia y luego regresarlos al punto de inicio.
Este viacrucis, que significa cruzar por México para llegar a Estados Unidos, se refleja perfecto en las centrales de autobuses, donde las grandes empresas transportistas dejan a los indocumentados comprar 10 lugares y, sorpresa, a la salida de las ciudades, alejados de las zonas urbanas, ya hay agentes federales esperando al autobús. Saben cuántos y cuáles lugares son ocupados por indocumentados, así que los bajan y los regresan nuevamente, cada vez más al sur.
Esos mismos lugares serán ocupados en la siguiente estación. ¿Acaso hay un pacto perverso entre autoridades y empresas para aprovecharse de las y los migrantes? Seguramente sí.
Pero no hay que irnos tan lejos para presenciar la crisis que estamos ayudando a crear. En el corazón de la Ciudad de México, en el campamento migrante en el barrio de La Merced, hay más de 300 niñas y niños que se encuentran varados, esperando a seguir o regresar a sus países. Pequeños que no están yendo a la escuela, que no tienen casa y que viven de lo que organizaciones civiles y algunos buenos vecinos les dan para sobrevivir todos los días. Dentro de poco, me cuentan, el gobierno local reubicará el campamento y los enviará a las periferias de la capital.
En las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, ya van más de ocho mil mexicanos deportados.
Se vienen tiempos muy complicados y, por si fuera poco, el viernes pasado los Estados Unidos decidieron enviar mil 500 soldados a su frontera para reforzarla y poner alambre de púas en la garita de San Ysidro —uno de los cruces más importantes entre Tijuana y San Diego— para así evitar cualquier ingreso ilegal.
En el baúl. ¿Por qué no se ha ido Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué espera el funcionario, incondicional del expresidente López Obrador, para retirarse e ir a escribir el libro que tanto anhela? Me dicen que con la llegada de Trump le pidieron que espere un poco para irse, porque si alguien conoce la estrategia para frenar las caravanas migrantes, ése es él. Así que, con todo y los escándalos, exigencias de que renuncie y las responsabilidades que tiene encima, estará al frente del INM un ratito más.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… ¡regresarééé! (El Duende, La Razón, México, p. 5)
Aumenta la expulsión de connacionales de EU
En las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump ya se han cumplido 11 mil 500 deportaciones a México. El argumento del gobierno estadunidense es que las personas expulsadas estuvieron en el país bajo una situación migratoria irregular. De dicha cifra, podrían ser 8 mil 500 connacionales y los 3 mil restantes de origen centroamericano y caribeño.
La expulsión masiva de mexicanos de Estados Unidos continuará; sin embargo, hay que distinguir las características que tienen los deportados.
Las autoridades estadunidenses tienen la cifra de 280 mil connacionales irregulares con cargos que no ameritan ser considerados criminales, empero. Hay otros 6 mil mexicanos que sí están cumpliendo una condena en las cárceles estadunidenses y que pueden ser repatriados a nuestro país, e incluso, ser enviados a la prisión de alta seguridad de Guantánamo, Cuba.
La resistencia de mexicanos a las redadas de indocumentados no deja de expresarse a través de la protesta callejera y pacífica en Texas, Nueva York, California y Chicago.
Asimismo, gran cantidad de trabajadores agrícolas mexicanos resisten extremando la medidas de seguridad para no ser presas de los agentes federales de inmigración y la policía local.
Si bien, en las ciudades santuarios se mantiene la resistencia a la no deportación en espacios sociales y religiosos, cabe decir que el gobierno de Donald Trump no deja de presionar para que los alcaldes de California o Chicago cumplan con las leyes federales de inmigración.
Ante tal situación, es necesario que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúen de manera beligerante para conocer la condición de los connacionales deportados, dar a conocer cuál será el destino de los mismos en territorio nacional e informar puntualmente cuántos han sido los deportados que llegan a ciudades fronterizas mexicanas. (Mario Trujillo Bolio, La Jornada, Política, p. 4)
Cabeza fría ante nuevos amagos de Trump
Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó de nuevo. Primero, dijo que anunciará aranceles de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, y más tarde, aseguró que México y Canadá no han hecho lo suficiente para detener el flujo de drogas y migrantes hacia EU. Pese a la estridencia de Trump nos hacen notar que no hubo respuesta de la presidenta Sheinbaum, ni del gobierno mexicano. Nos aseguran que la política de la mandataria de mantener la cabeza fría ante los amagos de Trump ha funcionado hasta ahora, por lo que ayer esta estrategia fue puesta en marcha. Será hasta esta mañana cuando la Presidenta haga algún comentario, teniendo la confianza de la pausa de un mes a los aranceles que logró en días pasados con Trump. Una vez más, cabeza fría. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Los números dicen otra cosa
A sólo tres días del inicio de la Operación Frontera Norte, el Gobierno de México reportó los primeros resultados: 139 detenidos, 102 migrantes rescatados y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos en seis estados fronterizos. En total, fueron decomisadas 82 armas de fuego, 28 de ellas provenientes de Estados Unidos, más de 12 mil cartuchos, 437 cargadores y más de 26 kilos de marihuana, 440 kilos de cocaína, media tonelada de metanfetaminas y 8.5 kilos de fentanilo. Además, fueron confiscados 109 vehículos y 16 inmuebles. Baja California, Coahuila y Sonora registraron el mayor número de migrantes rescatados, mientras que en Tamaulipas se incautó el mayor número de armas. Buenos números, nos comentan, que contrastan con las declaraciones que ayer mismo hizo el presidente estadounidense Donald Trump, a quien le siguen pareciendo insuficientes los esfuerzos de México en materia de seguridad. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
RESQUICIOS
La migración no parará. Está tomando también una pausa. Un dato que pinta el nuevo mapa migratorio es que la mayor cantidad de migrantes ya no viene sólo de Centroamérica, ahora son fundamentalmente sudamericanos. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La Dos, p. 2)
No son buenas épocas para estar a favor de la migración. Por el contrario, hoy la corriente principal en Occidente es rechazarla, y con mucha fuerza. Lo estamos viendo en los países desarrollados: Estados Unidos, Canadá y Europa. Los electorados están votando por cerrar las fronteras para evitar que llegue más gente en búsqueda de mejores oportunidades.
Yo sigo estando a favor de la migración.
Primero, por razones personales.
Soy nieto e hijo de migrantes. La familia de mi madre migró de Turquía a México vía Italia y Cuba. Mi padre nació en Francia unas cuantas semanas antes de la invasión nazi. Después de toda una andanza, mis abuelos y mi padre consiguieron una visa para viajar a México del famoso cónsul mexicano en Marsella, Gilberto Bosques. La militancia comunista de mi abuelo los salvó.
Mi padre atesora esa visa. La tiene colgada en su casa. El periodista Guillermo López Portillo la puso como portada del libro biográfico Gilberto Bosques: el hombre que desafió a los nazis. En la visa aparecen la foto de mi abuela joven y un bebé sonriente. Es mi papá. Siempre me ha gustado pensar que reía porque sabía que se habían salvado del Holocausto e iban a un país lejano que los recibió generosamente como migrantes.
Se me hace terrible e hipócrita que los descendientes de migrantes estén en contra de la migración.
He visto, por desgracia, este fenómeno en la población hispana en Estados Unidos. De aquellos que llegaron a ese país, con papeles o sin ellos, y ahora sus sucesores, ya con la nacionalidad estadunidense, se convirtieron en férreos opositores de la migración. Ellos ya pasaron y, una vez adentro, demandan que se cierren las puertas.
Es la historia del vecino del norte adonde, primero, llegaron los anglosajones y mataron o confinaron en reservas a los indígenas. Luego comenzaron las migraciones de otros países europeos (irlandeses, alemanes, holandeses, italianos), a quienes los anglosajones maltrataron por considerarlos inferiores.
A los judíos que venían de diversas naciones los trataron de manera caprichosa: a veces los aceptaban, a veces no.
La generación migrante de mexicanos, centroamericanos y caribeños también sufrieron horrores de los que ya estaban instalados en el sueño americano. Ni hablar, desde luego, de los africanos a los que llevaron a la fuerza como esclavos o de los chinos que trataron como siervos para construir los ferrocarriles.
Ahora, muchos de estos grupos, que hoy conforman el crisol estadunidense, todos migrantes en algún momento de su historia, están por cerrar las puertas a la migración. Son unos hipócritas.
Entiendo la idea de discriminar la migración legal de aquellos que llegan sin papeles (utilizo la palabra “indocumentados” y no “ilegal” porque me parece grosero calificar a una persona así por su estatus migratorio). Un país tiene la obligación de aplicar las leyes. Pero si éstas son restrictivas y la gente está desesperada por entrar, pues no le dejan de otra más que migrar sin papeles.
Porque una cosa es cierta: la inmensa mayoría de la gente que migra lo hace por necesidad. Ya sea porque lo están persiguiendo políticamente en su país de origen o por la violencia insoportable en éste o por la falta de oportunidades económicas.
Cuando estudié en Nueva York me gustaba platicar con los paisanos indocumentados. Todos habían migrado porque en México no conseguían buenas chambas. Sabían que cruzar al norte significaba ganar mucho más dinero, tanto que hasta podían ayudar a sus familias que se quedaban en sus lugares de origen. Todos estaban contentos de ganar dólares y enviar algo de dinero a su parentela en México. Pero todos extrañaban su tierra.
También platicaba con sus empleadores. Estaban felices con “sus mexicanos”, como les decían. Eran, en sus palabras, de los mejores trabajadores que existían en el mercado laboral. Cómo no, si los mexicanos se partían el lomo a cambio de salarios bajos.
Escribo esto ahora que la migración, documentada o no, se convertirá en un tema en México.
Nuestro país tendrá que hacer la reflexión de qué quiere hacer con miles de migrantes indocumentados de otros países que nos regresará Estados Unidos. Corremos el peligro de que aquí llegue la corriente antimigrante ante la súbita afluencia de extranjeros en territorio nacional.
Por nuestra historia, creo que ningún mexicano tendría que rechazar la migración. Debemos ordenarla con una visión humanitaria. Tal y como quisiéramos que trataran a los nuestros, con papeles o sin ellos, en el extranjero. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)
La base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, tiene una oscura fama desde que se envió y retuvo allí a presuntos terroristas relacionados con los ataques a las Torres Gemelas.
Barack Obama llegó a decir que esa instalación “nunca debió haberse abierto” para ese fin y que “se ha transformado en todo el mundo en un símbolo de un Estados Unidos que menosprecia el Estado de derecho”.
Por eso causó alerta la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para que en Guantánamo se prepare un enorme centro de detención de migrantes.
El antecedente de su uso con fines de retención carcelaria es deplorable: primero, porque cuando comenzó, se evidenció una intención de mala fe: el gobierno de Estados Unidos consideró que mantener a los detenidos fuera de su territorio privaría a las cortes federales de jurisdicción respecto de sus denuncias, premisa que fue declarada inconstitucional.
Y segundo, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que el gobierno estadounidense autorizó que allí se aplicaran diferentes tipos de tortura y ha demandado de manera insistente el cierre de ese centro de detención.
Nunca está de más que suenen las alarmas cuando puede prefigurarse una vulneración sistemática a derechos humanos, y en todo caso es preferible que se excedan las previsiones y no que sean rebasadas.
Pero cabe apuntar también que hay algo de estentóreo en la declaración de que se enviará a Guantánamo a 30 mil migrantes, una frase que se alinea con la grandilocuencia de moda.
Una retórica de este tipo proclama la mayor deportación masiva de la historia, pero a dos semanas de comenzar su ejecución, las autoridades reportaron la detención de ocho mil 760 migrantes y la deportación de seis mil. Si el ritmo de detenciones se mantuviera, al año se habría deportado a unas 230 mil personas, un número modesto comparado con la sonoridad del discurso.
Al anunciar la medida, el presidente Trump dijo que irían a Guantánamo “los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense… para evitar que Estados Unidos se convierta en un vertedero de criminales de países de todo el mundo.” Simultáneamente, funcionarios del gobierno han dicho que la estancia de migrantes en esa base naval será temporal y solo mientras se les envía a sus países.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha asignado a Guantánamo a 150 marines para levantar tiendas de campaña, en tanto que el 4 de febrero envió a 10 migrantes, al parecer venezolanos y presuntos integrantes del cártel Tren de Aragua.
¿Concentrará Estados Unidos en la base a decenas de miles de migrantes, a los que “arrojará a un agujero negro para seguir violando sus derechos”, como advierte Amy Fischer, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional?
Cabe en la esfera de lo posible, pero por ahora parece que la mención de Guantánamo en materia migratoria tiene únicamente finalidades de resonancia en el ánimo de los electores del presidente, a la vez que se utiliza como parte del discurso atemorizante en contra de los migrantes. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Editorial, p. 15)
En semanas recientes, la Dra. Claudia Sheinbaum, nuestra Presidenta, ha sido blanco de comentarios de quien, a partir de su regreso a la Casa Blanca, intensificó su retórica amenazante contra México: desde acusaciones infundadas respecto a nuestra gestión de la migración hasta amenazas de imponer aranceles a los productos nacionales, Donald Trump ha utilizado su poder e investidura para intentar desestabilizar al país.
En múltiples ocasiones, ha emitido críticas a México por, según sus dichos, no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico, cuando es bien sabido que el Gobierno federal intensificó los esfuerzos en esta lucha. Tampoco es la primera vez que intenta presionarnos con amenazas arancelarias. Durante su primer mandato buscó imponer su agenda migratoria a costa de la soberanía nacional.
En ese entonces, la respuesta del Presidente López Obrador fue determinante, defendiendo la autodeterminación y el respeto mutuo entre naciones. Sin embargo, no podemos ignorar que también persistían las voces conservadoras que apostaban a que México se doblegaría ante la presión extranjera.
La historia nos enseña que el conservadurismo y el intervencionismo extranjero siempre han sido una amenaza para nuestra soberanía, y los recientes y repetidos ataques por parte del mandatario estadounidense en contra de la Presidenta de México son un claro ejemplo de esa tendencia.
Hoy, aquellas voces continúan sonando. Persisten algunos actores políticos y sectores de la sociedad que parecieran alegrarse con los desplantes injerencistas. Este fenómeno, que ya analizamos en oportunidades previas y que se conoce como neopolkismo, no es más que la continuidad de una vieja tradición entreguista que ha intentado justificarse bajo distintos pretextos a lo largo de nuestra historia.
Así, nuestra nación ha padecido alianzas traicioneras y desleales. Por ejemplo, desde el México independiente, sobrellevamos disputas internas para definir si nuestro destino era ser imperio o una república.
Esto permitió que Estados Unidos (EU), durante la presidencia de James Polk, arrebatara y se anexionara, de manera abusiva, más de la mitad de nuestro territorio, mediante la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, impulsado por un Congreso dominado por intereses conservadores.
A mediados del siglo XIX, los conservadores justificaron también la Intervención francesa, argumentando que México necesitaba un emperador para alcanzar el orden y la estabilidad, y ocurrió lo que ya bien sabemos con Maximiliano de Habsburgo.
Durante el siglo XX, algunos sectores de la derecha vieron con buenos ojos la influencia de EU en nuestra economía y política, impulsando medidas neoliberales que beneficiaban a intereses extranjeros a costa de la soberanía nacional y del bienestar del pueblo mexicano.
Hoy, este mismo sector encuentra en las palabras de Trump una suerte de validación a sus propias posturas. No es casualidad que quienes se oponen a la Cuarta Transformación coincidan con la retórica de este personaje cuando ataca a nuestra Presidenta, cuando acusa sin pruebas al Gobierno de México de facilitar la migración ilegal o cuando pretende darnos lecciones sobre seguridad y economía, sin mirar la viga en el ojo propio.
La realidad los contradice: México sigue avanzando con políticas sociales que benefician a la mayoría y no a unas cuantas personas. A pesar de los intentos por desestabilizar nuestra economía con discursos alarmistas, los indicadores muestran fortaleza y crecimiento. A pesar de las acusaciones de inacción, la estrategia de seguridad basada en atender las causas de la violencia está dando resultados.
El neopolkismo no es sólo un acto de traición a la patria, sino un intento deliberado de entregar nuestro futuro a intereses ajenos a los del pueblo de México. Es la expresión de un pensamiento colonizado que sigue viendo en el extranjero la solución a los problemas nacionales, en lugar de confiar en nuestra capacidad para resolverlos.
Gratamente, su visión no representa a la mayoría de las y los mexicanos, y nuestra mandataria no está sola. Cuenta con el respaldo de millones de compatriotas que creen en el proyecto de transformación que impulsa; en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Nuestro país sigue demostrando que puede avanzar con independencia y dignidad, sin arrodillarse ante ninguna potencia extranjera. La Presidenta seguirá defendiendo la dignidad de México en el escenario internacional; no caerá en provocaciones ni en enfrentamientos estériles y continuará manteniendo la cabeza fría, pero tampoco permitirá que nuestra soberanía sea vulnerada por presiones externas o internas. Su liderazgo firme y su compromiso con la nación son la mejor garantía de que México se mantendrá como país libre y soberano. Coordinación sin subordinación.
Hoy más que nunca es fundamental evitar el entreguismo y los tintes neopolkistas en la vida pública. No debemos permitir que los intereses externos ni las voces conservadoras debiliten a nuestra nación; al contrario, tenemos que mantener la defensa de nuestra soberanía y continuar trabajando en unidad por un México cada vez más fuerte y más justo. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. A15)
Cuando los analistas aeronáuticos identificaron que entre 2024 y 2026 habría una disminución de asientos debido a problemas de fabricación de los motores de Airbus y Boeing, Andrés Martínez, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), consideró una afectación mayor para esos destinos.
Sin embargo, la fortaleza y rentabilidad del Caribe mexicano limitó el impacto negativo y han sido en los destinos menos rentables donde se ha concentrado esa problemática.
Con un escenario de un dólar más fuerte, lo que abarata México para los viajeros estadunidenses, y la experiencia del anterior gobierno de Donaldo Trump, que favoreció los negocios turísticos y a las aerolíneas de su país, Martínez anticipa ocupaciones de entre 75 y 80% en promedio al menos durante el primer semestre del año.
Además, hay muchas empresas estadunidenses instaladas en el Caribe mexicano y Cancún es su tercer aeropuerto internacional más importante, después de Londres y Toronto.
De hecho, Cancún es parte vital de su economía de viaje y, además, a Tulum ya vuelan American, Delta, United, JetBlue y vienen Spirit o Frontier.
Cómo especialista en mercadotecnia turística, Martínez está viendo que el Tren Maya comienza a generar rutas y secuencias para que los viajeros entren por una parte de la península de Yucatán y se retiren por la otra.
En la medida en que los proveedores entiendan estas oportunidades y, además, se comuniquen y comercialicen eficazmente, crecerá la importancia del tren como un nuevo elemento de la actividad turística.
Los visitantes canadienses, por ejemplo, ya están haciendo rutas llegando por Tulum y saliendo por Cancún, y viceversa, asegura Martínez.
Después de que en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur) de 2024 se anunció un nuevo vuelo de Lufthansa de Frankfurt a Tulum, ahora hay negociaciones para que una aerolínea española llegue directamente a Tulum.
No obstante las quejas de los colombianos debido a los malos tratos que han padecido algunos de ellos por parte de las autoridades migratorias, el vuelo Bogotá-Tulum sigue rebasando las expectativas.
Martínez reconoce a su jefa, la gobernadora Mara Lezama, como una gestora muy activa que ha tenido el punch necesario para negociar efectivamente con las autoridades federales, para eliminar las trabas que afectan al negocio de los viajes.
De Argentina llegarán más pasajeros y Brasil y Colombia se pueden recuperar rápidamente, si se solucionan los retos de emisión rápida de visas y de facilitación migratoria.
El Mundial de Futbol, señala, será pronto un tema de conversación, porque van a venir muchos brasileños y muchos colombianos, lo que es un aliciente más para que los temas mencionados estén a punto.
Otra sorpresa en Fitur sobre el cambiante negocio de la aviación provino de las conversaciones con ejecutivos de Air France y KLM, que están teniendo déficits en las tripulaciones porque no pueden volar en el espacio aéreo ruso, por la guerra con Ucrania. En cambio, ya están llegando a Tulum vuelos privados desde Qatar y pronto ocurrirá lo mismo con su aerolínea comercial.
La campaña en marcha, Nueva era del Caribe mexicano, se sustenta precisamente en novedades como el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el próximo Puente de Nichupté.
Traducir todo eso en nuevas opciones para los turistas, incluso con esa nueva y poderosa herramienta que es la inteligencia artificial, es otro de los retos para el CPTQ en este 2025. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 5)
Sería una estupidez que las autoridades de Estados Unidos lanzaran unilateralmente, durante las próximas semanas o meses, un ataque armado en algún punto del territorio mexicano, presuntamente controlado por alguna mafia criminal. Este rumor de ‘probable ataque’ lleva flotando varios días en los medios de comunicación de ambos países, alimentado por declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, pero ha tomado más vuelo con la reciente presencia de aviones y buques estadounidenses en el Mar de Cortés, los cuales están recolectando, al parecer, inteligencia diversa en las dos Baja California, Sinaloa y Sonora.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el experimentado periodista Gregorio Meraz declaró la semana pasada que “todo parece indicar que el gobierno de EU está afinando los detalles para un ataque sorpresa contra los cárteles mexicanos”. Meraz indicó que “de acuerdo a fuentes de inteligencia en Washington”, el lunes 3 de febrero, autoridades estadounidenses ordenaron el desplazamiento de un portaviones, un destructor con misiles guiados para ataques de precisión y un avión de reconocimiento aéreo (el cual habría sobrevolado en varias ocasiones el espacio aéreo mexicano para obtener señales de inteligencia de residencias, casas de seguridad, arsenales y bodegas de los cárteles) hacia el Golfo de California.
Francamente, yo no veo por ninguna parte los resortes para que un ataque de esta naturaleza ocurra en el corto plazo. Durante sus primeros meses, el nuevo gobierno de México ha realizado un esfuerzo notable en materia de combate al crimen, decomiso de drogas y contención migratoria. Además, todo indica que la restauración e impulso de la cooperación entre México y Estados Unidos es algo que podría suceder velozmente a lo largo de este año. A pesar del constante desgaste que experimentó la relación bilateral durante la gestión de AMLO, el profesionalismo, la energía y la buena disposición que ha exhibido el nuevo equipo de seguridad le permitirá seguramente remontar la situación actual y hacerse pronto de la confianza de sus contrapartes estadounidenses.
Por otra parte, las consecuencias de un ataque sorpresa de Estados Unidos a algún grupo criminal en nuestro territorio tendrían consecuencias nocivas a gran escala, por su fuerte efecto disruptivo en las relaciones entre ambas naciones. En tal escenario es fácilmente previsible una inmediata y profunda ruptura política de México con su vecino del norte, así como un distanciamiento inédito en la arena de la seguridad e inteligencia. En la esfera económico-comercial, el impacto quizás sería más diluido en el corto plazo, con la generación de una alta incertidumbre en el mediano y largo plazo. Habría que agregar, además, que si en el hipotético ataque murieran mexicanos —fuesen estos militares, policías, civiles o supuestos criminales—, los daños en la relación se incrementarían exponencialmente.
La reacción a un ataque de este tipo sería el repudio a Estados Unidos por parte de los principales liderazgos políticos y sociales del país, además de una reactivación masiva de un sentimiento antigringo en la opinión pública. Los actores políticos le reclamarían a Estados Unidos su rechazo a construir una relación, en el ámbito de la seguridad, basada en el diálogo, el respeto, la convergencia de intereses y la cooperación conjunta.
La agresión a la soberanía de México sería además explotada al máximo aquí por los sectores más conservadores y nacionalistas de México, así como por ‘ultras’ que se alojan en algunos entes gubernamentales o que ocupan asientos en el comité del partido oficial, para ‘demostrar’ que hay razones de seguridad nacional, no solo para disminuir drásticamente la cooperación en seguridad con Estados Unidos y descartar posibles acuerdos de cooperación futura, sino también para desarticular o cancelar otros esquemas de cooperación vigentes (tales como el T-MEC). México, entonces, entraría en una fase de búsqueda intensiva de nuevos aliados en el ámbito internacional, y enarbolaría una retórica oficial abiertamente antiyanqui y una ideología izquierdista más acentuada.
En resumidas cuentas, quienes más ganarían con una intervención anticrimen foránea serían, paradójicamente, los propios criminales, quienes aprovecharían las disputas y el distanciamiento de ambos gobiernos para avanzar en sus planes de expansión de negocios y búsqueda de socios en los gobiernos locales. Y, probablemente, la radicalización de posturas que experimentaría internamente el gobierno quizás exacerbe los ánimos autoritarios y de concentración de poder. Todo esto con el apoyo de una opinión pública enardecida por las acciones abusivas e intervencionistas de una potencia extranjera sobre México.
De modo que ese ataque externo sería un error costosísimo que podría tener un impacto desastroso para las aspiraciones de un México más seguro, estable, libre y próspero. Que Estados Unidos no se equivoque y escoja la vía del diálogo y la cooperación con México para combatir a un poderosísimo enemigo común. Solo podremos vencerlo juntos. Aparentes atajos son fantasías peligrosas. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
Estados Unidos quiere ir un paso más allá de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas: ahora busca eliminarlos. Sin duda, las organizaciones criminales mexicanas son su principal objetivo, ya que somos vecinos y argumentan que la seguridad en su país está en riesgo por estos traficantes.
Hace un par de semanas, en Estados Unidos, la cadena Fox News —afín al presidente Trump— reportó que una patrulla fronteriza había sido baleada por miembros de un cártel en Frontón, Texas, zona limítrofe con Tamaulipas.
La noticia indicaba que los criminales supuestamente dispararon desde la orilla mexicana del río contra la Border Patrol.
Esta información no se confirmó, pero es la línea de comunicación que se está manejando en Estados Unidos, donde Trump ha sembrado en sus seguidores la idea de que su país está bajo ataque y debe defenderlo. Un discurso que le ha funcionado muy bien, junto con el de la migración.
Lo cierto es que, en temas migratorios, no ha habido más deportaciones de migrantes a México que las que ya se venían dando en años pasados. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses están tratando de mostrarse lo más duros y amenazantes posible.
El pasado 5 de febrero, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un memorándum dirigido a todos sus empleados en el que anunciaba una serie de medidas para la “total eliminación de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales” en la lucha contra las drogas.
Bajo el argumento de proteger su “soberanía”, el documento señala que se deben redirigir recursos para perseguir a liderazgos y miembros de mediano rango dentro de las organizaciones, implementar la pena capital contra los criminales e incluso proponer una serie de reformas en el Congreso.
Esto es precisamente lo que ha venido diciendo el presidente Donald Trump desde su campaña. De hecho, el mismo día que tomó posesión, firmó una orden ejecutiva en la que declaraba como terroristas a los integrantes de los cárteles mexicanos de la droga.
Con esta orden ejecutiva aprobada por los estados donde tiene mayoría, Estados Unidos puede ir tras los cárteles de la droga que considere un “peligro para su país”, aunque éstos operen en territorio mexicano.
En el memorándum de la fiscal Bondi, el tono es aún más agresivo contra los cárteles mexicanos, justificando posibles o futuras acciones militares en territorio nacional.
Bajo esta lógica y sin necesidad de una investigación jurídica previa, Estados Unidos podría retener a cualquier persona asegurando que es parte de un cártel de la droga.
Ya ha sucedido en otros países que han considerado zonas de guerra, como Irak y Afganistán.
El gobierno estadounidense busca un mecanismo para no depender de acuerdos con el Gobierno de México y poder actuar directamente contra los cárteles sin ningún obstáculo. Pero también busca demostrar su fuerza.
Hace unos días, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló aguas internacionales, pero muy cerca del territorio mexicano. Aunque no viola las leyes internacionales, al estar tan cerca de aguas mexicanas, el mensaje es evidente. No es la primera vez que desde Estados Unidos se plantea atacar directamente a los cárteles de la droga. Mark Esper, quien fue secretario de Defensa durante el primer mandato de Donald Trump, reveló en su libro de memorias, publicado en 2022, que el entonces presidente le consultó sobre la posibilidad de bombardear laboratorios clandestinos de drogas en territorio mexicano.
En su primer mandato, Trump tenía un equipo que le decía que eso no era posible. Hoy, las cosas han cambiado. Trump ya no tiene oportunidad de reelección, por lo que no necesita cuidar demasiado las formas ni tiene a alguien que lo limite.
Desde el año pasado, se veía venir la feroz política de Washington contra los cárteles mexicanos. Cabe recordar que, en sus últimos días como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que la estrategia de “abrazos y no balazos” había fracasado y que México enfrentaba un problema de violencia e inseguridad “muy grande”.
En medio de las controversias por la imposición de aranceles de Estados Unidos y la intención de la Fiscalía de ese país de erradicar grupos criminales, el viernes 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la fiscal Pam Bondi: “Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero, como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencia, sólo coordinación”.
Al día siguiente, hubo otra respuesta. Durante una gira por Michoacán, la Presidenta afirmó: “México es un país libre, soberano e independiente. Y las y los mexicanos siempre estamos para defender nuestra patria”.
Es un hecho que el Departamento de Justicia estadounidense tiene como principales objetivos al Cártel Jalisco Nueva Generación, a las distintas fracciones del Cártel de Sinaloa —actualmente dividido en dos— y al Cártel del Tren de Aragua. Este último, aunque conformado en su mayoría por venezolanos, opera en México.
Faltan menos de tres semanas para que se cumpla el acuerdo con Trump sobre el control de la seguridad, los golpes contra los grupos delincuenciales, la migración y el respeto a los acuerdos comerciales. México, por su parte, ha pedido que EU controle el tráfico de armas.
Las fuerzas de seguridad mexicanas han trabajado de manera efectiva en el control de las fronteras, tanto en la colindante con Guatemala como en la que divide nuestro país con Estados Unidos. En menos de tres semanas, se definirá si Estados Unidos impone un arancel del 25 por ciento a productos provenientes de México.
Pero la tensión entre ambos países no termina aquí. Quedan cuatro años todavía por delante que, sin duda, serán complicados en las relaciones bilaterales. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 10)

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)

(Chavo del Toro, El Economista, El Foro, p. 46)

(Kemchs, El Universal, Opinión, p. A14)

(Waldo, El Universal, Opinión, p. A15)

(Alarcón, El Heraldo de México, p. 2)