La reciente llegada del buque de guerra destructor USS Spruance al Pacífico mexicano, tras el despliegue del USS Gravely en el Golfo de México, marca un giro hacia la militarización de la frontera marítima. Estos navíos, diseñados para operaciones antisubmarinas y dotados de helicópteros, misiles Harpoon y Tomahawk, hoy cumplen también la tarea de interdicción de personas migrantes. Con ello, la estrategia de la Casa Blanca se cierra cada vez más en torno a la disuasión y el control rígido de los flujos migratorios, sin atender las causas que empujan a miles de personas a dejar sus países de origen.
A la par, ha habido deportaciones exprés justificadas por los Estados Unidos en su Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Bajo este marco, 137 venezolanos fueron enviados a El Salvador con el argumento de que pertenecían a la banda Tren de Aragua. El gobierno venezolano sostiene que no existe evidencia firme de vínculos delictivos, y señala que, en los vuelos de repatriación anteriores, solo 16 personas tenían antecedentes con la justicia, sin que ninguna perteneciera a esa organización criminal. Así, queda al descubierto una práctica de deportación basada en procedimientos acelerados y poco transparentes, que pueden derivar en graves violaciones a los derechos humanos.
Otro ángulo de esta problemática lo representa la suspensión del financiamiento para la asistencia legal de niñas, niños y adolescentes migrantes. Los más recientes reportes periodísticos detallan que, a las organizaciones que recibían más de 200 millones de dólares en subvenciones federales, se les rescindió parcialmente el contrato, manteniendo solamente pláticas informativas para conocer sus derechos. Esto afecta directamente a 26 mil menores que se quedarán sin representación jurídica efectiva, abriendo la puerta a procesos desiguales en tribunales migratorios. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, sostiene que se trata de una “optimización de recursos”, pero el argumento cuestiona la supuesta prioridad que Estados Unidos otorga a la protección de la niñez.
Mientras tanto, en barrios como Corona, en Queens (Nueva York), el miedo colectivo ha provocado en los últimos días una drástica caída del consumo: muchos comercios reportan pérdidas de entre 40% y 60% desde que se endurecieron las medidas migratorias a principios de año. Esta contracción económica no solo golpea a familias migrantes; afecta a toda la comunidad que depende de esos ingresos. Además, la situación prolonga un estado de tensión constante, donde las deportaciones masivas se viven como una amenaza inminente.
Por el lado mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha contratado al menos 200 autobuses, para trasladar a migrantes mexicanos y extranjeros. Se contemplan rutas nacionales de hasta mil 250 kilómetros, así como trayectos internacionales a países centroamericanos. Aunque es entendible la necesidad operativa, varios especialistas señalan que estos acuerdos se dan bajo la presión de la Casa Blanca, que insiste en reducir la movilidad indocumentada hacia su territorio. Queda la pregunta ¿hasta qué punto estas iniciativas preservan la dignidad de las personas en situación irregular? y si efectivamente se traducen en una respuesta estructural o solo en mayores contenciones.
Lo cierto es que, con la primera administración de Trump y la continuidad de políticas restrictivas después, el número de migrantes se ha incrementado. Se estima que, durante la gestión de Joe Biden, ocho millones de personas intentaron ingresar a Estados Unidos, casi 45% procedentes de México. Esta alta demanda de mano de obra tanto calificada como no calificada en al menos ocho estados —donde predominan gobiernos republicanos— se enfrenta a disposiciones cada vez más punitivas. El contraste entre la necesidad económica y la narrativa oficial de “cierre de fronteras” genera una paradoja: la migración es funcional para sectores productivos estadounidenses, pero se le criminaliza y militariza al mismo tiempo.
Para quienes compartimos la visión de país que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, es evidente que la única salida real pasa por políticas de desarrollo y cooperación regional. El éxodo masivo no se detiene con buques de guerra ni con la anulación de derechos procesales; se ataca al fortalecer las economías locales y al garantizar condiciones de vida dignas que eviten la salida forzada de la gente. Si bien es cierto que México debe mantener una relación diplomática adecuada con Estados Unidos, también es indispensable insistir en el respeto a la soberanía y en la defensa de los derechos humanos de toda persona en tránsito.
La última reforma migratoria aprobada en Estados Unidos se remonta a casi cuatro décadas atrás. Hoy, más que nunca, resulta urgente un replanteamiento integral y humanista: uno que incluya mecanismos de protección a las familias, apoyo jurídico a la niñez, canales de migración legal y un enfoque solidario que reconozca la aportación de quienes llegan en busca de oportunidades. En ese sentido, el gobierno mexicano puede asumir un papel más firme y propositivo, articulando esfuerzos con otros países de la región para encarar las causas de raíz que impulsan estos flujos. Sin una mirada de corresponsabilidad y solidaridad, seguiremos atrapados en una dinámica de acciones punitivas, agravando la incertidumbre de miles de personas que solo anhelan una vida mejor. (Ulises Lara López, El Universal, Opinión, p. A15)
El debate sobre la diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas tiene un efecto catalizador en la consolidación del sistema nacional que permitirá la identificación de los ciudadanos. La creación de una plataforma única de identidad, con capacidad de consulta en tiempo real, implica la expedición de una cédula única con fotografía y huellas dactilares —¿y sin biométricos?— para los residentes en el país, sean mexicanos o extranjeros.
“Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital, esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares”, definió ayer la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Entre las obligaciones constitucionales para los ciudadanos (Artículo 36) está impuesta la inscripción en el Registro Nacional de Población. La legislación vigente también contempla la expedición de una cédula de identidad ciudadana, para los mayores de edad, y una cédula de identidad personal, para los menores de edad.
Durante dos décadas, el Estado mexicano —por razones político-partidistas—privilegió al Registro Nacional Electoral. Hasta el sexenio calderonista se registró un primer intento, fallido, por construir la cédula de identidad: en primera instancia, en tres entidades (Colima, Guanajuato y Baja California), en 2011 y paulatinamente se incluyeron 14 estados en la prueba piloto. A la mitad del sexenio peñista, solo se asignaron 1.8 millones de cédulas de identidad personal, de las cuales sólo 18 se otorgaron en 2014 y 2015, lo cual denota que prácticamente no operó desde 2013.
Esta reforma implica la consolidación del Servicio Nacional de Identificación Personal y la plena integración de las bases de datos nacionales de la CURP, de identidad biométrica (cédulas de identidad ciudadana y personal), y del Registro Civil (actas de nacimiento) para garantizar el derecho a la identidad.
Un objetivo estatal, pausado por lo menos durante dos décadas. Ahora, la expedición de la CURP con fotografía quedará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y abarcará a los residentes nacionales y extranjeros en el país y a los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
El Registro Nacional de Población (Renapo) —distinto a la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP)— requirió de acuerdos de la Secretaría de Gobernación con las entidades federativas para la adopción y uso de la CURP que nunca fueron totalmente efectivos, pero sobre todo necesitaba de las herramientas tecnológicas suficientes para la identificación y el registro de personas, así como del establecimiento de normas y manuales de operación para coordinar, con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el registro de los mexicanos en el extranjero y de los extranjeros residentes en el país.
Efectos secundarios
¿BAJO PERFIL? Altor, la financiera fundada por el exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, se ha posicionado como un actor clave en el ecosistema financiero del país. A pesar de estar inhabilitada por la SFP de Raquel Buenrostro y sancionada por la Cofece en 2019, obtuvo al menos 15 contratos federales por más de 71 mdp, según datos de Compranet; entre ellos destacan convenios con la Sedena para asesorías en el AIFA y el Aeropuerto de Tulum, por más de 40 millones de pesos. Además, Altor ha firmado contratos por 134.8 millones, con ocho gobiernos estatales para reestructuración de deuda. Su casa de bolsa, la única autorizada en este sexenio, también levantó 2,500 millones, mediante un CKD en BIVA. Esta expansión, impulsada por una red de exfuncionarios como Marcela Andrade Martínez y empresarios cercanos como el tabasqueño Gustavo Matías Gutiérrez León, demuestra cómo Altor ha replicado con éxito el modelo de consultoras como Evercore, que desvanecen las fronteras entre asesoría técnica y poder político. (Alberto Aguirre, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
DE ALTO GRADO de complejidad será la visita que recibirá el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese día estará en México la titular del todopoderoso Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, una de las figuras más radicales en el gabinete de Donald Trump.
LA JEFA DE Homeland Security es una fiel creyente de la política de cerrar las fronteras a la migración. De hecho lleva varias visitas a la frontera, donde se le ha visto recorrer en moto y en traje de campaña ver los trabajos para ampliar lo más posible el muro trumpista.
ADEMÁS, la visita de Noem a Sheinbaum se dará como parte de su gira por Latinoamérica, en la cual se reunirá, de entrada, con el salvadoreño Nayib Bukele, a quien tiene en un pedestal por aceptar recibir y encarcelar a unos 200 deportados venezolanos.
VISTO EL PERFIL de Kristi Noem y su afán por cerrar todas las entradas a los migrantes, será interesante ver con qué “regalo” la reciben en México el viernes. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Noem viene el viernes
Kristi Noem estará en México. Ella es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump y llegará a nuestro país después de visitas relámpagos a El Salvador y Colombia, donde se reunirá con Bukele y Petro, respectivamente.
La exgobernadora de Dakota del Sur es de los muy pocos funcionarios del gobierno de EU con derecho de picaporte en el Salón Oval, de modo que en Palacio Nacional están preparando con cuidado su entrevista con la presidenta Sheinbaum.
Se le mostrarán los avances sustantivos en materia de seguridad y migración registrados en los últimos meses. Se espera que para el viernes el concepto de “campo de exterminio” haya salido de los medios, y ya solo se hable de reclutamiento forzado y adiestramiento, para referirse al Rancho Izaguirre.
Lo cierto es que hay avances importantes y puede haber golpes mediáticos fuertes en las próximas horas, y el tema del rancho puede arruinar la estrategia. La idea es que Noem lleve a Trump el reporte positivo de que México y EU trabajan bien de manera coordinada. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
Se acerca conversación
Nos cuentan que ya comenzaron los preparativos para la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller Juan Ramón de la Fuente con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el próximo viernes. Será su primera visita a nuestro país, en la que la migración y la seguridad aparecen como temas estelares del encuentro. Con México inicia una gira por otros países del sur y del centro del continente, como Colombia y El Salvador. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
El pasado domingo por la noche el estadio de futbol en donde se llevó a cabo el encuentro ente las selecciones de México y Panamá estaba rebosante de paisanos, quienes quedaron con un buen sabor de boca por el triunfo de su equipo. Sus instalaciones se encuentran en Los Ángeles, California (un estado prácticamente recuperado por los mexicanos), y en las afueras (algunos más en el interior) pacientemente esperaba un nutrido grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para proceder como el cavernícola de la Casa Blanca les ha ordenado, es decir, denigrar, detener, esposar y encarcelar a todo aquel inmigrante indocumentado de cualquier nacionalidad, pero con énfasis en los denominados latinos, con los nuestros en primer lugar.
Los encolerizados muchachos del ICE no obtuvieron los resultados planeados. En cambio, a los paisanos que asistieron al estadio nadie logró borrarles la enorme sonrisa por el doble triunfo obtenido (el futbolero y el resultante de esquivar la intentona de los hijos putativos del cavernícola de la Casa Blanca).
Sin embargo, el siempre creativo gobierno estadunidense presume haber descubierto una suerte de piedra filosofal para evitar la migración indocumentada y deshacerse de esa calamidad –como le llama–, es decir, la misma mano de obra que a estas alturas representa alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos (mayoritariamente aportado por mexicanos) y, entre tantos otros beneficios, significa más de 70 por ciento de los trabajadores agrícolas en aquel país, o lo que es lo mismo, la que permite a los gringos alimentarse todos los días. En síntesis, con la política antimigratoria implementada por Donald Trump, Estados Unidos está cazando a uno de los motores de su economía.
Pero ese descubrimiento resulta igual de genial que ridículo, y consiste en lo siguiente: “En línea con sus políticas antimigratorias, la administración de Donald Trump reiteró su mensaje a las personas migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular: ‘autodeportarse’ –a través de una aplicación digital– o de lo contrario serán arrestados y deportados. Funcionarios de Washington exhortaron a las personas migrantes a usar la nueva función de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ahora se llama CBP-Home, en la cual la Casa Blanca ha invertido hasta ahora 200 millones de dólares. ‘Vamos a seguir promoviendo este mensaje, vamos a encontrar a quienes están aquí ilegalmente ( sic), los vamos a arrestar y a deportar. Lo mejor es que se autodeporten’, señaló la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense, Tricia McLaughlin, quien agregó que el uso de esta aplicación es opcional”. ¿Y cuántos autodeportados se registran a la fecha? Los funcionarios señalaron que aún no cuentan con ese dato ( La Jornada, Emir Olivares Alonso).
¿Qué tal? Brillante: al indocumentado se le permite autodeportarse ( online y mediante un simple clic) o esperar pacientemente a que lo hagan los muchachos del ICE, siempre respetuosos de los derechos humanos. Y para ello el gobierno estadunidense ha invertido 200 millones de dólares sin conocer el resultado. Entonces, los funcionarios de Donald Trump son igual de bestias que su patrón, que todo pretende arreglar a garrotazos, porque todo aquel que decida dar el clic recibirá el mismo trato brutal y tendrá el mismo destino que aquellos que sean detenidos y expulsados (sólo para intentarlo de nuevo).
Ante tal aberración, vale recordar el reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles y Latino Donor Collaborative: en 2022, el consumo latino (en Estados Unidos, desde luego) se situó en 2.53 billones de dólares, casi equivalente a la participación del consumo de 68 por ciento del PIB estadunidense en general. En términos de comparaciones internas, ese consumo es 5 por ciento más grande que toda la economía de Texas y 23 por ciento mayor que toda la economía de Nueva York. De 2010 a 2022, el consumo real de los latinos creció un total de 62.4 por ciento, mientras el de los no latinos se incrementó sólo 22.6 por ciento. Entonces, con o sin aplicación, el PIB latino es un motor de crecimiento y base de apoyo para la economía estadunidense.
Las rebanadas del pastel
Una vez más: a Trump se le ocurrió aplicar aranceles (25 por ciento) a todo aquel país que compre petróleo y gas a Venezuela. Pues bien, esta nación replicará la medida a todo aquel que consuma arepas en territorio estadunidense. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 18)
Solo los que no tienen madre
se meten con los hijos, Noroña.
Florestán
En México los homicidios dolosos son una tragedia insuperada, que en lo que va de este siglo suman 535 mil 970: 60 mil con Vicente Fox (2000-2006), 120 mil con Felipe Calderón (2006-2012), 156 mil con Enrique Peña Nieto (2012-2018) y los 199 mil 970 de Andrés Manuel López Obrador (2018-sep/24).
No hay una guerra en el mundo con ese número de muertes.
Esto dimensiona la violencia del país que vivimos y que heredó la presidenta Claudia Sheinbaum que, con su Gabinete de Seguridad y decisión política, se acabaron los abrazos del antecesor, ha logrado reducir la tendencia en cinco meses y 25 días de gobierno.
El otro tema terrible de esta guerra, hasta ahora perdida por gobiernos y sociedad, es el de los desaparecidos, que para muchos es emocionalmente más grave por la incertidumbre de no saber si un familiar vive, el no poder darle santa sepultura y que todos descansen en paz en lo que sobreviven decenas de miles de familias mexicanas.
La suma de los no localizados desde que se lleva este censo en los años sesenta supera los 115 mil, con un disparo a partir del sexenio de Calderón, 17 mil 54 desaparecidos; Peña Nieto, 34 mil 557, y López Obrador, 52 mil 500.
De ese total no hay información de los menores de edad, pero especialistas me hablan de al menos 20 por ciento. Por lo que son casi 24 mil niñas, niños y adolescentes menores de 18 años desaparecidos.
En México, según el Inegi, hay 38 millones de menores, de los cuales la inmensa mayoría, 33 millones, son indocumentados en su propio país al carecer de una identificación oficial, salvo los cinco millones que tendrían pasaporte, lo que facilita al crimen organizado su desaparición y dificulta al gobierno y familiares su localización.
¿No sería tiempo, presidenta Sheinbaum, de documentar a esas decenas de millones de indocumentados menores de edad en su plan para combatir las desapariciones?
Porque nadie lo ha hecho.
RETALES
Nos vemos mañana, pero en privado (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p. 3)
Cuando vinieron por los venezolanos guardé silencio porque no era venezolano.
Luego vinieron por los palestinos, pero guardé silencio porque no era palestino.
Luego vinieron por los empleados del Estado, pero guardé silencio porque no era empleado del Estado.
Luego vinieron por las personas gay y trans, pero guardé silencio porque no era ni gay ni trans.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
Actualizar las palabras del pastor luterano Martin Niemöller sobre el régimen nazi ayuda a explicar la situación en Estados Unidos bajo Donald Trump y la rapidez del colapso de la nación indispensable en un régimen autoritario. Los primeros blancos de sus ataques han sido migrantes, en particular venezolanos y estudiantes palestinos. Las acciones contra estos grupos revelan los vínculos que existen entre la política interna de criminalizar migrantes y crear chivos expiatorios con la política exterior de sancionar a Venezuela y destruir a Palestina. La estrategia de la administración de Trump, en contraste con la nazi, que operó paso a paso, grupo por grupo, es más tenaz, ya que ataca a todos los grupos e instituciones al mismo tiempo.
Trump lleva a cabo ataques sistemáticos, casi diarios, contra múltiples sectores de la sociedad, con la intención de fracturar la colectividad, revertir los derechos civiles y de género obtenidos en los años 60, así como desmantelar las instituciones del Estado establecido en los años 30 que pudieran ofrecer la más mínima resistencia. El otro sector bajo ataque son las universidades, donde, según el vicepresidente JD Vance, los profesores son nuestros enemigos. Hay que atacar las universidades. Más de 60 han recibido notificación de que están bajo investigación, mientras se eliminan los fondos con los que hacen investigaciones. Diariamente, bajo el liderazgo de Elon Musk, miles de empleados públicos son despedidos. Hasta el USAID y la Voz de América, viejos promotores de la guerra fría han sido desmantelados.
En una supresión sin precedente, los logros de las personas de color, de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, y con la intención de exaltar una masculinidad anglosajona, las instituciones del Estado –el Pentágono en particular– han removido de sus páginas de Internet a los soldados navajo que alzaron la bandera en Iowa Jima durante la Segunda Guerra Mundial, al ex militar y primer beisbolista afroestadunidense de las ligas mayores Jackie Robinson, y hasta varios generales afroestadunidenses, incluido Colin Powell, el antiguo presidente del Estado Mayor Conjunto. También han eliminado mujeres que habían alcanzado el rango de general, igual que varios militares gay y trans.
Trump ataca a grupos identificados como parte de la llamada guerra cultural que han fomentado los conservadores por varias décadas. Los migrantes son criminalizados y calificados como parte de un ejército invasor; los trabajadores del Estado, una burocracia ineficiente; los palestinos de terroristas; la diversidad étnica, factor que divide a la sociedad, y los gays supuestamente socavan la familia patriarca tradicional. En este contexto, Trump se representa como redentor, proclamando que fue escogido por Dios para liberar a Estados Unidos.
El objetivo de esta campaña es centralizar todo el poder político en la persona de Trump, elevando su papel al de figura suprema, el único árbitro en la sociedad con poder sobre todas las ramas del gobierno incluso sobre la Corte Suprema. Por eso todos los cambios implementados desde que asumió la presidencia (con excepción del presupuesto), han venido vía la acción Ejecutiva; el congreso no ha aprobado ninguna ley. El otro factor ha sido el control absoluto sobre el aparato represivo del Estado, en el que han instalado a individuos leales como directores de FBI, CIA y Seguridad Nacional. A diario se utiliza la inteligencia artificial para rastrear teléfonos y computadoras de personas que critican a Trump. A quienes desean ingresar al país se les graba el teléfono, a otros se les niega entrada.
Detrás de esta cortina de humo está una clase tecnoburguesa, cuyo propósito es monopolizar la economía y privatizar todos los servicios públicos. Cuando Trump desmantela los departamentos de Educación, de Trabajo, la Comisión Federal de Comercio o la oficina de Correos abre la puerta al saqueo de las principales instituciones del país.
Al derribar las alianzas militares de la posguerra y el sistema mundial de tratados, la represión doméstica de Trump confirma que busca un cambio profundo para Estados Unidos y el mundo, un neomercantilismo autoritario. Aunque hemos criticado al sistema neoliberal mundial y a las hipocresías de la ideológica estadunidense, jamás esperábamos que el futuro fuera el retorno del fascismo del siglo XX y del expansionismo del siglo XIX. Aunque varios académicos critican estos hechos, especialmente expertos en la política e historia del autoritarismo, los líderes de las universidades, los directores de los grandes bufetes de abogados y los dueños del medio han dado el brazo a torcer ante las demandas de Trump. A su vez, el presidente disfruta de su dominación y busca vengarse de quienes lo critican.
Con excepción del senador Bernie Sanders, la congresista Alexandra Ocasio Cortez y algunos otros pocos que impulsan una campaña contra la oligarquía, el partido demócrata brilla por su ausencia. Aunque grupos que apoyan a los trabajadores gubernamentales, estudiantes en comunidades migrantes y palestinos, así como los activistas anti Musk han comenzado a resistir, aún no surge una resistencia nacional. Por ahora, la estupidez e incompetencia de la mayoría del gabinete de Trump, que aplica leyes incorrectamente, no entiende los sistemas digitales del gobierno y no comprende las normas del sistema federal han sido su principal obstáculo. La locura de los dirigentes de la seguridad nacional al incluir un reportero en sus deliberaciones sobre el bombardeo de los hutíes sintetiza el segundo gobierno de Trump, una mezcla de lo absurdo, la incompetencia, la brutalidad, la represión, y el desastre. (Miguel Tinker Salas y Victor Silverman, La Jornada, Política, p. 12)
Quisiera señalar que desde el 1 de diciembre del 2018 como Procurador General de la República y, posteriormente, desde el 18 de enero del 2019 cuando fue nominado por el presidente López Obrador Fiscal General de la República y aprobado su nombramiento por el Senado, jamás había visto tan activo, como en los últimos días, a don Alejandro Gertz Manero, a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre, el rancho del terror. Si Murillo Karam tardó 51 días en encontrar la “verdad histórica” en Ayotzinapa, a Gertz Manero le bastaron dos para acabar con cualquier vestigio de ella. Además sin cansarse.
La figura de Gertz Manero surgió de entre las tinieblas, el polvo y el olvido para hacerse visible en los primeros días de marzo a raíz de los hallazgos realizados en el precitado rancho situado en Teuchitlán, Jalisco, a 65 kilómetros de Guadalajara, donde el grupo de madres y padres de desaparecidos, denominado “Guerreros Buscadores”, encontró montones de ropa, cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala, juguetes y hasta cartas de despedida. Se supone que el rancho, en aparente estado de abandono, fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, no sólo para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a su organización criminal, sino también para exterminar a aquellos que mostraran debilidad y/o impericia.
Según la fiscalía jalisciense, el rancho Izaguirre fue descubierto en septiembre del 2024 mediante un operativo de la Guardia Nacional que tuvo como resultado la aprehensión de 10 individuos, se liberaron a dos personas secuestradas y se encontró un muerto. Esto ha sido motivo de reproche para el gobierno de Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, quien gobernara Jalisco hasta el día 5 de diciembre del 2024.
Como siempre sucede en casos semejantes, los partidos políticos aprovechan las circunstancias para llevar agua a su molino. Movimiento Ciudadano quien lleva dos gubernaturas al hilo en Jalisco, dice que la responsabilidad de la existencia del rancho del terror es incumbencia del gobierno federal; por lo tanto corresponde a Morena y al expresidente López Obrador el incumplimiento de la ley al permitir este campo de reclutamiento y de posible exterminio.
Puesta en evidencia esta circunstancia, el PAN y el PRI se lanzaron cual jauría tras del zorro en contra del oficialismo como si ellos, en los tiempos que les tocó gobernar, hubieran salido incólumes.
Entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto del 2010, ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, una de las mayores matanzas cometidas en México. Setenta y dos migrantes procedentes de seis países: Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India fueron masacrados inmisericordemente, supuestamente por el Cártel de los Zetas. Pese a su magnitud, el gobierno mexicano encabezado por el panista, Felipe Calderón, jamás investigó a fondo sobre la participación en la masacre de las estructuras jerárquicas del Estado y del crimen organizado. Hasta la fecha el hecho cayó en los terrenos del Monje Loco, nadie sabe, nadie supo.
La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, siendo Presidente de la República, el priista, Enrique Peña Nieto, las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, así como la policía estatal de Guerrero y elementos de Ejército Mexicano y de la Armada atacaron y desaparecieron a 43 estudiantes de la “Normal Rural Isidro Burgos”, situada en Ayotzinapa, Guerrero. Sin que hasta la fecha haya culpables. Al pergeñar estas líneas me entero que la FGR a citado a declarar a Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero cuando se suscitó el pavoroso caso.
Basta esta pequeña y recatada reseña para concluir que a los políticos de todas las tendencias y sus partidos sólo les interesa el poder. Aprovechan cualquier desacierto del contrario para sacar raja para su causa. La política es un torneo de hipocresías y vilezas, cuyo premio apesta.
Punto final
Abrumado por la mala suerte, se tiró al vacío y estaba lleno. (Manuel Ajenjo, El Economista, Política y Sociedad, p. 42)